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Palestina (Estado de)

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Tanto las autoridades palestinas en Cisjordania como la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza continuaron restringiendo la libertad de expresión, con medidas como detener a quienes expresaban críticas o hacían oposición política. También restringieron el derecho a la libertad de reunión pacífica e hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar algunas protestas. La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo una práctica muy extendida en Gaza y en Cisjordania. En Gaza continuaban celebrándose juicios injustos de civiles ante tribunales militares; en Cisjordania persistía la reclusión sin cargos ni juicio. Las mujeres y las niñas sufrían discriminación y violencia. Los tribunales de Gaza siguieron imponiendo condenas a muerte, y Hamás llevó a cabo ejecuciones; no se impusieron penas de muerte ni se llevaron a cabo ejecuciones en Cisjordania.

Las negociaciones entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por el presidente Mahmud Abás, permanecieron estancadas a pesar de los esfuerzos internacionales para que se reanudaran. La tensión persistente entre Fatah y Hamás socavó el gobierno palestino de consenso nacional formado en junio de 2014; la administración de facto de Hamás siguió controlando Gaza.

Gaza continuaba sometida al bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí, vigente desde junio de 2007. La persistencia de las restricciones a la importación de material de construcción debido al bloqueo y la falta de financiación provocó graves retrasos en la reconstrucción de viviendas y otras infraestructuras dañadas o destruidas en los anteriores conflictos armados. Por su parte, la persistencia de las restricciones a las exportaciones paralizó la economía y exacerbó el empobrecimiento generalizado de los 1,9 millones de habitantes de Gaza. El cierre casi total del paso fronterizo de Rafá con Gaza por las autoridades egipcias completó el aislamiento del territorio y agravó el impacto del bloqueo israelí.

En junio, el primer ministro Hamdallah anunció la celebración de nuevas elecciones municipales el 8 de octubre. Sin embargo, el Tribunal Superior palestino ordenó en septiembre la suspensión indefinida de los comicios debido a que los controles israelíes impedían la participación de la población palestina de Jerusalén Oriental y a la ilegalidad de los tribunales locales de Gaza. Las dos autoridades palestinas hostigaron y detuvieron a candidatos de oposición en el periodo previo a la resolución judicial.

Hubo un acusado aumento de la tensión en Nablús, Yenín y otras gobernaciones del norte de Cisjordania, donde hombres armados afiliados a Fatah se enfrentaron con las fuerzas de seguridad, causando algunas muertes.

En febrero, el presidente Abás firmó una ley sobre protección de menores, lo que facilitó la creación en marzo del primer tribunal de menores de Cisjordania en Ramala.

En marzo aprobó la Ley de Seguridad Social, estableciendo por primera vez un sistema estatal de protección para los trabajadores y trabajadoras del sector privado y sus familias. La nueva ley abarcaba asuntos como pensiones para las personas ancianas y las personas con discapacidad y prestaciones por accidentes de trabajo para quienes trabajaban en el sector privado palestino. Las organizaciones de la sociedad civil la criticaron por no fijar unas normas mínimas de protección y justicia social y porque podría marginar aún más a las personas más vulnerables.

En abril, un decreto presidencial estableció el Tribunal Supremo Constitucional palestino, formado por nueve jueces y con supremacía sobre otros tribunales palestinos; la medida se consideró en general un ejemplo sin precedentes de injerencia en el poder judicial. En octubre, el presidente del Consejo Judicial Superior fue cesado. En una entrevista con los medios de comunicación dijo que lo habían obligado a firmar su dimisión al tomar posesión de su cargo.

En diciembre, el presidente retiró la inmunidad a cinco miembros del Consejo Legislativo palestino, entre los que había opositores políticos suyos, tras dictar el Tribunal Supremo Constitucional una sentencia que le permitía hacerlo. Las organizaciones de la sociedad civil criticaron la medida por considerar que menoscababa el Estado de derecho y la separación de poderes.

Palestina ratificó en junio las enmiendas de Kampala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre el crimen de agresión. Representantes de la Fiscalía de la Corte visitaron Israel y Cisjordania, pero no se desplazaron a Gaza.

Las autoridades responsables de la seguridad —en especial las fuerzas de Seguridad Preventiva y los servicios generales de inteligencia, en Cisjordania, y el Servicio de Seguridad Interna, en Gaza— detenían arbitrariamente a quienes expresaban críticas y a partidarios de organizaciones políticas rivales. En Cisjordania, las fuerzas de seguridad, a instancias de los gobernadores, utilizaban la detención administrativa para recluir a personas sin cargos ni juicio durante periodos de hasta varios meses.

Tanto en Cisjordania como en Gaza, las autoridades no respetaban el debido proceso y los derechos básicos asociados, como el acceso sin demora a asistencia letrada y el derecho a ser acusado o puesto en libertad. A instancias de los gobernadores regionales, en Cisjordania las fuerzas de seguridad palestinas mantenían recluidas sin juicio durante largos periodos a las personas detenidas, y en decenas de casos tardaron en cumplir o incumplieron las órdenes judiciales de dejarlas en libertad. En Gaza, los tribunales militares de Hamás continuaban dictando sentencias condenatorias en juicios injustos, incluso contra civiles, en los que a veces imponían la pena de muerte.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual, cometida con impunidad por la policía palestina y otras fuerzas de seguridad en Cisjordania y por la policía de Hamás y otras fuerzas de seguridad en Gaza. En ambas zonas hubo menores de edad entre las víctimas. La Comisión Independiente de Derechos Humanos, órgano nacional de derechos humanos de Palestina, afirmó que había recibido un total de 398 denuncias de tortura y otros malos tratos de personas detenidas entre enero y noviembre; de ellas, 163 eran de Cisjordania, y 235, de Gaza, y tanto unas como otras eran en su mayoría contra la policía. Ni el gobierno palestino de consenso nacional ni la administración de facto de Hamás en Gaza llevaban a cabo investigaciones independientes de las denuncias de tortura ni hacían rendir cuentas a los responsables.

Basel al Araj, Ali Dar al Sheikh y otros tres hombres denunciaron que agentes de los servicios generales de inteligencia los habían mantenido en régimen de incomunicación y sometido a tortura y otros malos tratos durante casi tres semanas tras su detención el 9 de abril. Explicaron que los habían golpeado, obligado a permanecer en posturas en tensión y privado de sueño, por lo que iniciaron una huelga de hambre de protesta el 28 de agosto. Los agentes los sometieron a régimen de aislamiento mientras permanecieron en huelga de hambre. Quedaron en libertad con fianza y comparecieron ante el Tribunal de Primera Instancia de Ramala el 8 de septiembre, acusados de posesión ilegal de armas, entre otros cargos. Al terminar el año su juicio no había concluido.

Ahmad Izzat Halaweh murió en la prisión de Jeneid de Nablús el 23 de agosto, poco después de ser detenido. Un portavoz del gobierno de consenso nacional declaró que miembros de los servicios de seguridad le habían propinado una brutal paliza antes de su muerte. Las autoridades iniciaron una investigación bajo la dirección del ministro de Justicia, que proseguía al finalizar el año.

Las autoridades de Cisjordania y Gaza aplicaron duras restricciones del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, hostigando y deteniendo a sus detractores y a seguidores de sus rivales políticos, y dispersando protestas por la fuerza, con agresiones a periodistas y a otras personas.

En Cisjordania, la policía detuvo al profesor universitario Abd al Sattar Qassem en febrero, después de que criticara a las autoridades palestinas en Al Quds TV, emisora afiliada a Hamás. Acusado de incitación, quedó en libertad con fianza al cabo de cinco días.

En Gaza, agentes de los Servicios de Seguridad Interna detuvieron brevemente, en septiembre, al periodista Mohamed Ahmed Othman, quien denunció luego que lo habían sometido a tortura y otros malos tratos para tratar de obligarlo a revelar la fuente de un documento oficial que había publicado. Aunque quedó en libertad sin cargos al día siguiente, en los dos días posteriores fue citado de nuevo en dos ocasiones.

En febrero, un paro de dos días de maestros y maestras de Cisjordania que protestaban por los bajos salarios se convirtió en varias semanas de huelgas y protestas multitudinarias tras la contundente intervención de las fuerzas de seguridad palestinas, que bloquearon las carreteras en torno a Ramala para impedir que los docentes participaran en las manifestaciones y detuvieron a 22 de ellos. La mayoría de las personas detenidas quedaron después en libertad sin cargos. Al finalizar el año continuaba el hostigamiento a los docentes, especialmente a quienes organizaban un nuevo sindicato.

Las fuerzas de seguridad de Cisjordania mataron al menos a tres hombres e hirieron a otros mientras llevaban a cabo actividades de aplicación de la ley.

El 7 de junio, Adel Nasser Jaradat murió por disparos de las fuerzas de seguridad de Cisjordania en Silet al Harethiya, pueblo situado al noroeste de Yenín. Las autoridades no hicieron rendir cuentas a los responsables.

El 19 de agosto, las fuerzas de seguridad mataron a Fares Halawa y Khaled al Aghbar en Nablús en circunstancias poco claras. Aunque las autoridades locales mantuvieron que habían muerto en enfrentamientos, según testigos, los hombres estaban vivos e iban desarmados cuando los capturaron las fuerzas de seguridad. Al finalizar el año proseguía la investigación.

En Gaza, el brazo militar de Hamás, las Brigadas Izz Al Din Al Qassam, ejecutó sumariamente a uno de sus miembros, Mahmoud Rushdi Ishteiwi, el 7 de febrero, tras declarar que sus “jueces militares y de la ley islámica” lo habían condenado por “excesos de comportamiento y morales”. La familia de la víctima dijo que las Brigadas lo habían tenido recluido en régimen de incomunicación desde el 21 de enero de 2015. La administración de facto de Hamás en Gaza no adoptó ninguna medida para investigar los hechos ni para llevar a la justicia a los perpetradores.

Las mujeres y las niñas continuaban estando discriminadas en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos, especialmente los homicidios en nombre del “honor”. Se tuvo noticia de muertes de mujeres y niñas en el contexto de homicidios de este tipo cometidos por sus familiares.

En febrero, el fiscal general publicó una decisión por la que se establecía una unidad de procesamiento especializada para investigar y enjuiciar casos de violencia en el ámbito familiar y de violencia contra las mujeres.

La pena de muerte seguía en vigor para los casos de asesinato y otros delitos. Los tribunales de Cisjordania no impusieron ninguna condena a muerte durante el año.

En mayo, miembros del Bloque Cambio y Reforma, el grupo parlamentario de Hamás en Gaza, facilitaron que las autoridades de Gaza ejecutaran a presos cuyas condenas no habían sido ratificadas por el presidente palestino, vulnerando la Ley Fundamental palestina de 2003 y el Código de Enjuiciamiento Criminal de 2001.

Estado de Palestina
Jefe del Estado: Mahmud Abás
Jefe del gobierno: Rami Hamdallah
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