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Palestina (Estado de)

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Las autoridades palestinas de Cisjordania y la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza reprimieron la disidencia y recurrieron a la reclusión arbitraria, la tortura y otros malos tratos, y al uso de fuerza excesiva contra manifestantes. En Gaza se juzgó a civiles ante tribunales militares. Grupos armados palestinos dispararon cohetes de forma indiscriminada hacia Israel. La distribución de vacunas en Cisjordania favoreció a altos cargos en detrimento del personal sanitario. Las mujeres gozaban de menos derechos que los hombres en lo relativo a divorcio, custodia de los hijos y herencia, y la violencia contra las mujeres aumentó.

Información general

Del 10 al 21 de mayo estalló un conflicto armado entre Israel y grupos armados palestinos en Gaza, el quinto conflicto en 15 años.

Las facciones gobernantes palestinas continuaron divididas territorialmente: Fatah a cargo de Cisjordania y Hamás en la Franja de Gaza. La población palestina en ambos territorios continuó bajo la ocupación militar de Israel y su gobierno discriminatorio que constituía apartheid.

El 15 de enero, el presidente Abás anunció para 2021 un calendario de elecciones parlamentarias, elecciones presidenciales y elecciones al Consejo Nacional Palestino, pero el 30 de abril canceló todos los comicios. Las últimas elecciones se celebraron en 2006. Según Aman, grupo consultivo palestino en favor de una gobernanza transparente, las asignaciones presupuestarias a partidos políticos, departamentos gubernamentales y personal de seguridad, y las licitaciones para la gestión de recursos naturales adolecían de corrupción.

El 10 de marzo, Yahya Sinwar, exjefe de un grupo armado palestino, fue reelegido líder de Hamás en Gaza. El 1 de agosto, Ismail Haniyeh fue reelegido líder del buró político de Hamás. Las elecciones internas de Hamás no contaron con observadores independientes.

En junio, las autoridades palestinas con sede en Cisjordania sustituyeron los consejos municipales elegidos por comités interinos supervisados por el Ministerio de Gobierno Local.

El bloqueo israelí de Gaza vigente desde 2007 prohibía la importación de materiales que, a juicio de Israel, constituían una amenaza para la seguridad, entre ellos recambios mecánicos y sustancias químicas, que en algunos casos se introducían a través de túneles irregulares e inseguros bajo el perímetro Gaza-Egipto. Los túneles también se usaban para eludir los impuestos que recaudaba Hamás sobre bienes de consumo procedentes de Egipto. El 18 de abril, el ejército egipcio afirmó que había destruido cinco túneles.

El 30 de agosto y el 28 de diciembre, el presidente Abás se reunió con el ministro de Defensa de Israel como parte de las medidas de fomento de la confianza.

En octubre, representantes de Fatah y Hamás participaron en conversaciones en Egipto para formar un gobierno de unidad.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El 24 de junio, el activista político crítico Nizar Banat murió bajo custodia de fuerzas del servicio de Seguridad Preventiva palestino que lo habían detenido y torturado en Hebrón, en el sur de Cisjordania.1 Estos hechos desencadenaron manifestaciones por la libertad de expresión en otras ciudades palestinas,2 a las que las autoridades respondieron con fuerza excesiva e innecesaria. Manifestantes y transeúntes fueron objeto de detención y presuntas torturas. Según Addameer, organización de apoyo a las personas presas palestinas, las fuerzas de seguridad palestinas llevaron al menos a 15 manifestantes, periodistas y defensores de los derechos humanos a un centro de detención de la ciudad de Jericó (Cisjordania), conocido como “el matadero”, a finales de junio y principios de julio, en el contexto de las protestas. Según un profesional de la abogacía de Addameer, los acusaron de “incitar a conflictos sectarios y raciales”.

Durante las manifestaciones de los días 26 y 27 de junio en la ciudad de Ramala, en el centro de Cisjordania, efectivos de las fuerzas de seguridad vestidos de civil atacaron a mujeres que se manifestaban, rompieron materiales y confiscaron los teléfonos de ocho periodistas.

Según la Comisión Independiente por los Derechos Humanos —la institución nacional de derechos humanos palestina—, los días 21 y 22 de septiembre, la policía accedió al campus de la Universidad de Al Azhar, en la ciudad de Gaza, y golpeó a 15 estudiantes que asistían a un acto de introducción. La Comisión registró 129 denuncias de reclusión arbitraria en Cisjordania y 80 en Gaza, en muchos casos relacionadas con la libertad de expresión y de asociación.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En virtud de un decreto presidencial del 2 de marzo, las ONG debían presentar su plan anual al gobierno para su aprobación.

Unos 12 hombres fueron detenidos antes de una protesta pacífica prevista el 5 de julio. Uno de ellos era Ubai Aboudi, que trabajaba para Bisan, ONG palestina que se ocupaba de los derechos económicos y sociales, y que fue acusado de “participar en una concentración ilegal”. El 30 de noviembre, el juzgado de primera instancia de Ramala lo absolvió de todos los cargos por falta de pruebas, junto con otros 7 activistas.

El 4 de julio, Mohannad Karajah, director del grupo de derechos humanos palestino Abogados por la Justicia, fue detenido mientras trabajaba. El fiscal general lo interrogó el 10 de noviembre por cargos de “calumniar a la Autoridad Palestina”, “participación en una concentración ilegal” e “incitación a conflictos sectarios”. Mohannad Karajah dijo que le comunicaron que la denuncia presentada por los Servicios Generales de Inteligencia contra él y Abogados por la Justicia estaba relacionada con su campaña en los medios de comunicación contra la reclusión ilegal de activistas políticos.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades palestinas continuaron haciendo uso generalizado de la tortura. La Comisión Independiente por los Derechos Humanos recibió 104 denuncias de tortura y otros malos tratos contra las autoridades de Cisjordania y 104 contra las de Gaza. El 6 de septiembre, la fiscalía concluyó una investigación sobre la tortura y muerte bajo custodia de Nizar Banat. La autopsia había revelado fracturas, hematomas y abrasiones en todo el cuerpo. En septiembre se abrió juicio contra 14 agentes de baja graduación de las fuerzas de Seguridad Preventiva en Hebrón.

El 22 de mayo, Tarek Khudairi, activista político crítico, fue detenido en un acto celebrado en Ramala. Posteriormente dijo a Amnistía Internacional que le propinaron bofetadas, lo empujaron contra una pared durante los interrogatorios, lo tuvieron en posturas forzadas y le negaron atención médica durante dos días.

Derecho a un juicio justo

Los decretos presidenciales promulgados el 11 de enero por los que se designaba a miembros del Consejo Judicial Superior de Transición, que había sustituido al Consejo Judicial Superior y disuelto el Tribunal Superior en enero de 2019, menoscababan aún más la independencia de la judicatura.

El 21 de octubre, la Autoridad para la Justicia Militar de Gaza, dirigida por Hamás, anunció la imposición de condena a 13 hombres declarados culpables de tráfico de drogas. Los encausados, todos civiles, habían sido juzgados en tribunales militares sin acceso a asesoramiento jurídico y, según el Centro Palestino de Derechos Humanos, algunos dijeron que los habían torturado para obtener “confesiones”. Uno de ellos fue condenado a muerte; 10, a penas de entre 10 y 18 años de trabajos forzados, y 2 fueron absueltos.

Abusos cometidos por grupos armados

Entre el 10 y el 21 de mayo, grupos armados palestinos en la Franja de Gaza dispararon miles de cohetes hacia Israel, la mayoría de los cuales fueron interceptados por la tecnología “Cúpula de Hierro” de Israel. El lanzamiento indiscriminado de cohetes es un crimen de guerra. Un total de 13 personas murieron en Israel como consecuencia de ataques con cohetes, entre ellas Khalil Awad y su hija de 16 años, Nadine, el 12 de mayo, cuando un cohete impactó en el patio de su casa en Dahmash, cerca de la ciudad de Lod, en el centro de Israel. Los cohetes también causaron la muerte de al menos 20 personas y heridas a 80 en la Franja de Gaza, según la organización de derechos humanos palestina Al Mezan. Bara al Gharabli, de 6 años, y Mustafa Mohammad al Aabed, de 14, murieron el 10 de mayo en la ciudad de Jabalia, en el norte de la Franja de Gaza, según Defensa de Niñas y Niños Internacional-Palestina.

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) descubrió un túnel bajo sus escuelas de Zaitoun, en la ciudad de Gaza, que, al parecer, utilizaban grupos armados palestinos y que fue alcanzado por misiles israelíes los días 13 y 15 de mayo.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 3 de marzo, la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, abrió una investigación sobre la situación en Palestina. El 27 de mayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión internacional de investigación, dirigida por Navi Pillay, para investigar las violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y en Israel, lo que la dirección palestina acogió con satisfacción. Ambas investigaciones tenían como objetivo abordar los presuntos delitos y violaciones de derechos humanos cometidos por las autoridades y los grupos armados palestinos, así como los presuntamente perpetrados por las autoridades israelíes (véase el apartado sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados).

Desapariciones forzadas

Seguía sin conocerse la suerte de seis hombres sometidos a desaparición forzada por las autoridades palestinas en Cisjordania en 2002, y las autoridades no tomaron medida alguna para investigar.

Dos ciudadanos israelíes con problemas de salud mental, Avera Mengistu y Hisham al Sayed, continuaban desaparecidos desde que entraron en la Franja de Gaza en 2014 y 2015, respectivamente. Hamás utilizó su detención en negociaciones para la liberación de personas palestinas bajo custodia de Israel, pero no proporcionó información sobre su salud ni sobre su capacidad de comunicarse con sus familias en Israel.

Derecho a la salud

El Ministerio de Salud de Cisjordania confirmó el 2 de marzo que había distribuido unas 1.200 vacunas contra la COVID-19 a altos cargos en vez de a personal sanitario.

El 14 de octubre, una auditoría gubernamental con sede en Cisjordania concluyó que las prestaciones sociales para personas afectadas por la COVID-19 no se distribuían de manera justa y transparente, y que sólo habían recibido pagos 5.533 de los 40.000 casos de extrema necesidad con derecho a ayuda en la Franja de Gaza.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres seguían teniendo menos derechos que los hombres en lo relativo a divorcio, custodia de los hijos y herencia. Algunas mujeres que se negaban a renunciar a su herencia o pleiteaban por otros derechos relacionados con la condición jurídica de las personas sufrían ataques de familiares suyos y no recibían protección adecuada de las autoridades.

La violencia contra las mujeres aumentó en el contexto de las medidas contra la COVID-19 y el agravamiento de la crisis económica. Según el Centro de Mujeres para Ayuda Jurídica y Asesoramiento, 28 mujeres y niñas murieron por violencia de género en el ámbito familiar. El 16 de junio, una mujer murió a manos de un familiar varón que la golpeó en la cabeza tras una disputa por la herencia en Gaza.

El 8 de septiembre, representantes del gobierno, de la sociedad civil y de organismos de la ONU se comprometieron a aumentar el apoyo para luchar contra la violencia de género. Tras el cierre de refugios para mujeres durante los confinamientos asociados a la COVID-19, los hospitales palestinos abrieron salas seguras para mujeres.

Pena de muerte

La administración de facto de Hamás dictó condenas a muerte en Gaza. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Aunque las cosechas de aceituna y uva se habían visto afectadas durante años sucesivos debido al cambio climático, las autoridades palestinas no implementaron las soluciones agrarias propuestas para la adaptación climática de bajos recursos.

Degradación ambiental

En las zonas bajo control palestino de Cisjordania, un tercio de los residuos sólidos terminaban en vertederos informales que carecían de protecciones ambientales, y sólo se reciclaba el 1% de estos residuos.

  1. Palestina:La investigación sobre muerte bajo custodia de activista palestino debe ser transparente y efectiva, 24 de junio
  2. Las fuerzas de seguridad palestinas intensifican brutal campaña de represión, 7 de julio

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