1961-2021: 60 años actuando por los
derechos humanos en todo el mundo

Túnez

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las autoridades investigaron o enjuiciaron a personas que publicaban blogs o usaban las redes sociales por expresar de manera pacífica en Internet sus opiniones, en especial por criticar al gobierno por su gestión de la COVID-19. Hubo protestas por la escasez de ayuda y protección del gobierno al personal sanitario durante la pandemia. Se detuvo a personas refugiadas y solicitantes de asilo por entrar de forma irregular en Túnez. Continuó la detención arbitraria de personas migrantes indocumentadas en centros de acogida. Se arrestó y recluyó a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) por relaciones homosexuales mantenidas de mutuo acuerdo. El gobierno publicó en el Boletín Oficial el informe final de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, y continuaron los juicios ante salas penales especializadas de personas acusadas de violaciones de derechos humanos cometidas entre 1956 y 2013.

Información general

Tras las elecciones legislativas y presidenciales de octubre de 2019, el 27 de febrero tomó posesión un nuevo gobierno de coalición presidido por Elyes Fakhfakh. Ante las acusaciones de corrupción, éste dimitió el 15 de julio. El presidente Kaïs Saïed encargó al ex ministro del Interior Hichem Mechichi que formara un nuevo gobierno, que tomó posesión el 2 de septiembre.

El país estuvo sometido a un confinamiento general desde el 22 de marzo hasta el 4 de mayo para controlar la propagación de la COVID-19. El gobierno asignó 450 millones de dinares tunecinos (155 millones de dólares estadounidenses) a ayuda destinada a familias pobres y a quienes hubieran perdido sus ingresos debido a la pandemia, y adoptó otras medidas para apoyar a las empresas y a los trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos.

Continuaron las protestas por la falta de oportunidades de empleo, la precariedad de las condiciones de vida y la escasez de agua, sobre todo en las regiones marginadas y subdesarrolladas. Las personas afectadas económicamente por la crisis de la COVID-19 protestaron en varias gobernaciones, acusando a las autoridades locales de corrupción y exigiendo un reparto más transparente de la ayuda oficial.

El Tribunal Constitucional, cuyo establecimiento estaba previsto en 2015, siguió sin formarse, porque el Parlamento, una vez más, no eligió al primer tercio de sus miembros.

Las autoridades prorrogaron cuatro veces el estado de excepción vigente en todo el país desde noviembre de 2015.

Libertad de expresión

Al menos nueve personas que publicaban blogs y usaban las redes sociales fueron investigadas o enjuiciadas por la vía penal, en aplicación de restrictivas disposiciones del Código Penal y el Código de Telecomunicaciones que penalizaban el “insulto”, por haber publicado en Internet críticas a las autoridades locales, la policía u otros funcionarios del Estado. En cinco de estos casos, las personas afectadas estuvieron detenidas entre unas horas y dos semanas. Los sindicatos policiales amenazaron abiertamente con presentar cargos contra quienes hicieran críticas legítimas a la conducta policial.1

En abril, la policía detuvo al bloguero Anis Mabrouki y a la bloguera Hajer Awadi, que habían criticado en Facebook el reparto de la ayuda por las autoridades locales durante el confinamiento. El 13 de abril, la fiscalía del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de El Kef acusó a Hajer Awadi de “insultar a un funcionario público” y de “causar ruidos y disturbios públicos”, en aplicación de los artículos 125 y 316, respectivamente, del Código Penal, en referencia a un altercado entre ella y un policía que había intentado impedir que grabara en la calle.2 Estuvo detenida hasta el 20 de abril, cuando el Juzgado le impuso una pena condicional de 75 días de prisión. El 15 de abril, Anis Mabrouki fue acusado de “causar ruidos y disturbios públicos” y de “acusar a autoridades de delitos relacionados con sus cargos sin presentar pruebas de su culpabilidad”. Permaneció detenido hasta que el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Manouba lo absolvió el 30 de abril.

En julio, el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Túnez condenó a la bloguera Emna Chargui a seis meses de prisión tras declararla culpable de cargos relacionados con una publicación satírica en las redes sociales que fue considerada “ofensiva para el islam”. Los cargos —“incitar al odio entre religiones por medios hostiles o violencia” y “ofender religiones autorizadas”— se formularon en aplicación de los artículos 52 y 53 del Código de Prensa, respectivamente.3 El 8 de octubre de 2020, la activista contra la impunidad Myriam Bribrian compareció ante el Juzgado de Primera Instancia de Sfax tras haber sido acusada formalmente ese mismo día, en aplicación del artículo 86 del Código de Telecomunicaciones, por una queja del secretario general de un sindicato de las fuerzas de seguridad en Sfax, que la acusó de “insultar a la policía”.

Libertad de reunión

En junio, la policía usó fuerza innecesaria y excesiva al dispersar una protesta pacífica de tres semanas conocida como “el campamento de El Kamour”, en la gobernación meridional de Tataouine. El campamento bloqueó todas las carreteras que llevaban a la estación de bombeo de petróleo de El Kamour, lo que paralizó totalmente el trabajo en ella. La noche del 20 al 21 de junio, la policía lanzó temerariamente gas lacrimógeno en zonas residenciales densamente pobladas y algunos botes cayeron dentro de viviendas y cerca de un hospital. Pacientes, profesionales sanitarios, personal hospitalario y soldados que custodiaban el hospital sufrieron dificultades respiratorias debido a la exposición al gas lacrimógeno. Al menos 11 manifestantes detenidos arbitrariamente durante la dispersión dijeron luego que los habían insultado, propinado patadas, arrastrado por el suelo y golpeado con porras o con las culatas de las armas, incluso sin oponer resistencia. Los heridos estuvieron horas en comisaría antes de ser llevados a un hospital para recibir atención médica urgente.4

Derechos de las mujeres

El 15 de marzo, el Consejo Judicial Supremo aplazó todos los juicios civiles, incluidos los de derecho de familia, al suspender todas las actuaciones judiciales, salvo las “de urgencia o necesarias”. La medida dificultó el acceso de las mujeres a la justicia, porque los casos de “urgencia” especificados por el Ministerio de Justicia y el Consejo Judicial Supremo no tenían en cuenta su situación, al excluir los asuntos sobre malos tratos en el seno del hogar, custodia de los hijos e hijas, pensión alimentaria y medidas de protección, que los veía un juez de familia.

Según la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, las líneas de asistencia telefónica y los refugios para sobrevivientes de la violencia informaron de un gran aumento de las llamadas de ayuda y las solicitudes de refugio de emergencia durante la pandemia. Entre el 23 de marzo y el 31 de mayo, se registraron 9.800 llamadas en los teléfonos gratuitos del Ministerio de la Familia, nueve veces más de lo normal. De ellas, 2.700 fueron sobre casos de violencia. Según las organizaciones de derechos de las mujeres, durante el confinamiento, la policía no dio en muchos casos la respuesta necesaria a mujeres en riesgo de violencia de género en el ámbito familiar.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El 24 de junio, tras un año de retraso, el gobierno publicó por fin en el Boletín Oficial el informe de la Comisión de la Verdad y la Dignidad, la entidad que había analizado las violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1956 y 2013. El informe exponía el intrincado sistema de múltiples niveles de opresión y corrupción existente en Túnez durante 60 años y formulaba recomendaciones de reforma.

Continuaron celebrándose ante salas penales especializadas juicios de personas acusadas de violaciones de derechos humanos perpetradas entre 1956 y 2013 cuyos casos había remitido la Comisión, si bien a un ritmo lento y con frecuentes aplazamientos.

Las víctimas y las familias de víctimas que habían muerto seguían esperando la implementación del programa de reparación creado por la Comisión de la Verdad y la Dignidad. El gobierno estableció en junio un fondo para reparaciones, que se activó el 24 de diciembre. Las reparaciones incluían indemnización económica, rehabilitación, integración profesional o educación, restitución de derechos y disculpas oficiales.

La primera vista del juicio de los funcionarios de aduanas acusados de matar a Aymen Othmani en 2018 se celebró el 21 de enero ante el Juzgado de Primera Instancia II de Túnez capital sin la presencia de los dos funcionarios acusados de homicidio ni de otros tres acusados de omisión de socorro. Aymen Othmani había muerto en el barrio de Sidi Hassine de Túnez capital, después de que unos funcionarios de aduanas dispararan munición real durante el registro de un almacén de contrabando. Según el informe forense, Aymen Othmani recibió disparos en la espalda y en un muslo.

Derecho a la salud

Entre marzo y septiembre, profesionales sanitarios de hospitales de Kasserine, Sfax, Túnez y otras gobernaciones realizaron protestas contra las autoridades por no proporcionarles protección frente a la COVID-19 en el trabajo. El Sindicato de Profesionales de la Salud protestó por la escasez de equipos de protección individual (EPI) en los centros sanitarios y criticó al gobierno por no atender sus necesidades. Ante ello, en septiembre, el Sindicato y el Ministerio de Salud llegaron a un acuerdo que incluía el compromiso del gobierno de proporcionar EPI a los profesionales sanitarios, considerar la COVID-19 enfermedad profesional y dar a los trabajadores sanitarios prioridad en las pruebas de COVID-19.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

Las autoridades continuaron arrestando y recluyendo sin argumentos legales a migrantes y solicitantes de asilo indocumentados. Al menos 50 migrantes de países subsaharianos estuvieron detenidos arbitrariamente entre marzo y septiembre en el Centro de Acogida y Orientación de Ouardia, en la ciudad de Túnez. En junio, un grupo de 22 migrantes recluidos en el Centro presentaron una queja urgente ante el Tribunal Administrativo de Túnez impugnando su detención arbitraria. El 10 de julio, el Tribunal ordenó la suspensión de su reclusión. Entre julio y septiembre, el Ministerio del Interior puso en libertad gradualmente a las personas detenidas. El Centro de Ouardia seguía recibiendo a migrantes y solicitantes de asilo, y continuaba estando masificado, pues al menos 50 personas compartían cinco habitaciones, dos baños y un comedor común. Estas condiciones imposibilitaban prevenir la propagación de la COVID-19 y representaban un grave riesgo para la salud de todas las personas que trabajaban y vivían en él.5

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se siguió deteniendo y enjuiciando a personas LGBTI en aplicación de leyes que penalizaban las relaciones homosexuales consentidas, el “escándalo público” y actos considerados “ofensivos para la moral pública”. Según Damj, la Asociación Tunecina por la Justicia y la Igualdad, entre enero y octubre los tribunales condenaron al menos a 15 hombres y a una mujer en aplicación del artículo 230 del Código Penal, que penalizaba la “sodomía”.

Las personas transgénero sufrían acoso policial y seguían viviendo con el riesgo de ser detenidas en aplicación de imprecisas disposiciones del Código Penal sobre "moral pública", como el artículo 226 bis.

El 5 de agosto, un policía insultó a Rania Amdouni, activista feminista por los derechos de las personas LGBTI y presidenta de la asociación Minorías Chouf, en el centro de Túnez capital. A raíz de ello se produjo un altercado verbal con el agente que llamó la atención de los viandantes, que agredieron a Rania Amdouni y a tres de sus acompañantes. La policía no intervino para detener la agresión e incluso incitó a la violencia profiriendo insultos homófobos y tránsfobos. Las cuatro personas afectadas presentaron cargos y se abrió una investigación. Aunque se supo la identidad de los agentes de policía implicados, no fueron suspendidos de sus funciones ni detenidos tras la investigación.

Pena de muerte

Se impusieron condenas a muerte, pero no hubo ejecuciones.

En septiembre, el presidente Saïed dijo, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que estaba a favor de reanudar las ejecuciones.

  1. Túnez: Peligra la libertad de expresión a medida que aumentan los procesamientos (noticia, 9 de noviembre)
  2. Túnez: Dejen de procesar a blogueros y blogueras por criticar la respuesta del gobierno a la COVID-19 (noticia, 21 de abril)
  3. Túnez: Bloguera Emna Chargui condenada a seis meses de cárcel por una publicación en redes sociales (noticia, 15 de julio)
  4. Tunisia: Authorities must investigate excessive use of force in Tataouine (MDE 30/2747/2020)
  5. Túnez: Ante la pandemia de COVID-19, se debe dejar en libertad a las personas recluidas por motivos de inmigración (noticia, 29 de abril)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

República de Túnez
Jefe del Estado: Kaïs Saïed
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