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Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de palestinos y palestinas civiles, entre ellos niños y niñas, en Israel y en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO), y detuvieron a miles de palestinos y palestinas de los TPO que se oponían a la ocupación militar continuada de Israel, sometiendo a centenares a detención administrativa. La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo prácticas muy extendidas y quedaban impunes. Las autoridades continuaron promoviendo los asentamientos ilegales en Cisjordania, incluso intentando “legalizar” retroactivamente los construidos en terrenos privados palestinos, y aplicaron restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, cerrando algunas zonas tras ataques palestinos contra israelíes. Las fuerzas israelíes siguieron manteniendo el bloqueo de la Franja de Gaza, con lo que imponían a sus 1,9 millones de habitantes un castigo colectivo, y continuaron derribando viviendas palestinas en Cisjordania y de habitantes de los pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab de Israel, sometiendo a sus ocupantes a desalojo forzoso. Las autoridades encarcelaron a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar y detuvieron y expulsaron a miles de solicitantes de asilo procedentes de África.

Las relaciones entre Israel y Palestina siguieron siendo tensas. Fracasaron los esfuerzos internacionales para reanudar las negociaciones, e Israel continuó construyendo asentamientos ilegales en los territorios que ocupaba. En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución en la que se pedía a Israel que cesara toda la actividad de asentamiento en Cisjordania.

En junio, el gobierno anunció un acuerdo de reconciliación entre Israel y Turquía por el que ambos países restablecieron las relaciones diplomáticas. Israel accedió a indemnizar a las familias de los ciudadanos turcos a quienes las fuerzas israelíes habían matado al interceptar el barco de ayuda humanitaria Mavi Marmara en 2010.

En septiembre, el gobierno de Estados Unidos decidió aumentar su ayuda militar a Israel a 3.800 millones de dólares estadounidenses anuales durante 10 años a partir de 2019.

Durante el año se produjeron apuñalamientos, atropellos con automóviles, disparos y otras agresiones de personas palestinas contra israelíes en Cisjordania e Israel. Los ataques, cometidos en su mayoría por personas no afiliadas a grupos armados, causaron la muerte de 16 israelíes y un extranjero, en su mayoría civiles. Las fuerzas israelíes mataron a 110 palestinos y palestinas y a 2 extranjeros durante 2016. Algunos de estos homicidios fueron ilegítimos, pues las víctimas no constituían una amenaza para la vida cuando las mataron.

En Gaza, grupos armados palestinos dispararon periódicamente proyectiles de efecto indiscriminado —en concreto, cohetes y bombas de mortero contra Israel, sin causar muertes ni heridas graves. Las fuerzas israelíes respondieron con ataques aéreos y fuego de artillería, matando en Gaza a tres civiles palestinos, incluidos una niña y un niño.

El bloqueo militar israelí de la Franja de Gaza, que entró en su décimo año, seguía imponiendo un castigo colectivo a toda su población. El control israelí de la entrada y salida de personas y bienes de Gaza, combinado con el cierre casi total del paso fronterizo egipcio de Rafá y con la escasez de fondos, dañó la economía del territorio y obstaculizó la reconstrucción posconflicto. Había aún alrededor de 51.000 personas desplazadas de la guerra de 2014, y los artefactos explosivos no detonados de ese conflicto seguían matando e hiriendo a civiles. El número de palestinos que salían de Gaza por el paso de Erez disminuyó durante el año, pues las autoridades israelíes negaron, retrasaron o revocaron los permisos a personas que los necesitaban por negocios, a personal de organizaciones internacionales y a personas enfermas y sus acompañantes.

Las fuerzas israelíes mantenían una “zona de seguridad” dentro de la frontera de Gaza con Israel, y dispararon munición real y otras armas contra palestinos que entraron o se aproximaron a ella, matando a cuatro e hiriendo a otros. También dispararon contra pescadores palestinos que estaban dentro o cerca de la “zona de exclusión” impuesta por Israel a lo largo de toda la costa gazatí.

En Cisjordania, las autoridades israelíes aplicaron de forma discriminatoria restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, sobre todo en los alrededores de los asentamientos israelíes ilegales y cerca de la valla/muro. En respuesta a los ataques palestinos contra israelíes, las autoridades militares impusieron castigos colectivos, revocando permisos de familiares de los atacantes para trabajar en Israel y cerrando zonas y pueblos enteros.

Las autoridades recluyeron o continuaron manteniendo recluidos a miles de palestinos de los TPO, la mayoría en prisiones situadas en Israel, lo que contravenía el derecho internacional. No permitían entrar en Israel para visitarlos a las familias de muchos de ellos, especialmente a las que vivían en Gaza. Las autoridades israelíes siguieron deteniendo a cientos de niños y niñas palestinos en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental. Las fuerzas israelíes sometieron a muchos de ellos a abusos, como palizas y amenazas.

Las autoridades mantenían recluidos a cientos de palestinos, menores incluidos, en virtud de órdenes de detención administrativa renovables, basadas en información que no se revelaba ni a los propios detenidos ni a sus abogados. El número de personas afectadas por estas órdenes desde octubre de 2015 era el más alto desde 2007: más de 694 al final de abril de 2016 (último mes del que había datos fiables). Algunas emprendieron huelgas de hambre prolongadas como protesta. El detenido palestino Bilal Kayed estuvo en huelga de hambre 71 días; quedó en libertad sin cargos en diciembre. Anas Shadid y Ahmad Abu Farah pusieron fin a su huelga de hambre el 22 de diciembre, al cabo de 90 días sin tomar alimentos.

Tres judíos israelíes que estaban sometidos a detención administrativa salieron en libertad.

Las autoridades dictaron dos órdenes más de detención administrativa por seis meses contra el artista circense Mohammed Faisal Abu Sakha —una en junio y otra en diciembre— basándose en pruebas secretas. La primera orden contra él se había dictado en diciembre de 2015.

Los palestinos de Cisjordania contra quienes se presentaban cargos relacionados con protestas y otros delitos eran sometidos a juicios militares sin garantías, mientras que los tribunales civiles israelíes que juzgaban a palestinos de la Franja de Gaza imponían penas severas, incluso por delitos menores.

Tras su detención en junio, Mohammed al Halabi, trabajador de ayuda humanitaria de Gaza, no tuvo acceso a su abogado y fue interrogado intensivamente durante tres semanas. En agosto fue acusado formalmente de malversar fondos de la organización benéfica World Vision y entregarlos a Hamás, la administración de facto de Gaza. World Vision declaró que no había visto ninguna prueba sustancial de la acusación.

Soldados y policías israelíes, así como agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, sometían con impunidad a tortura y otros malos tratos a los palestinos detenidos, incluidos los menores de edad, especialmente en el momento de su detención y durante el interrogatorio. Entre los métodos denunciados figuraban actos como palizas, bofetadas, aplicación dolorosa de grilletes, privación del sueño, inmovilización en posturas en tensión y amenazas. Aunque las denuncias de tortura a manos de agentes de la Agencia de Seguridad de Israel eran tramitadas por el Ministerio de Justicia desde 2014 y se habían presentado más de 1.000 desde 2001, no se abrió ninguna investigación criminal. También eran habituales las denuncias de tortura u otros malos tratos de la policía israelí a solicitantes de asilo y miembros de la comunidad etíope en Israel.

El Comité de la ONU contra la Tortura realizó el quinto examen periódico de Israel y criticó la persistencia de las denuncias de tortura y otros malos tratos, la impunidad y el hecho de que las autoridades no hubieran tipificado la tortura como delito en la legislación. Las autoridades israelíes señalaron que el Ministerio de Justicia estaba redactando legislación que penalizaba la tortura, pero no se presentó ante la Knéset (el Parlamento).

En septiembre, el Tribunal Superior confirmó una ley de 2015 que permitía a las autoridades someter a los detenidos en huelga de hambre a alimentación forzada; la ley no se aplicó en 2016.

A lo largo del año, soldados, policías y guardias de seguridad israelíes mataron al menos a 98 palestinos y palestinas de los TPO en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, a 8 en la Franja de Gaza y a 3 en Israel. Además, la policía israelí mató en Israel a un ciudadano palestino de Israel, responsable de la muerte de tres israelíes en Tel Aviv el 1 de enero. La mayoría de las víctimas murieron por disparos, efectuados contra ellas cuando atacaban a israelíes o por ser sospechosas de intentar cometer un ataque. A algunas, entre ellas menores de edad, les dispararon sin que representaran una amenaza inminente para la vida de otras personas, por lo que aparentemente los homicidios fueron ilegítimos.

Ejecuciones extrajudiciales

Al parecer, algunos de los homicidios fueron ejecuciones extrajudiciales, entre ellos los de Mahmoud Shaalan, de 16 años, abatido a tiros por soldados israelíes en un puesto de control de Ramala en febrero; Mohammed Abu Khalaf, muerto a manos de la policía de fronteras israelí en Jerusalén Oriental en febrero, y Maram Abu Ismail y su hermano Ibrahim, de 16 años, abatidos a tiros en un puesto de control de Qalandia en abril por contratistas privados que trabajaban para el Ministerio de Defensa israelí.

Las fuerzas israelíes usaron fuerza excesiva, a veces letal, contra manifestantes palestinos en Cisjordania y la Franja de Gaza, disparando balas metálicas recubiertas de goma y munición real que causaron 22 muertos y miles de heridos. Muchas de las víctimas habían lanzado piedras u otros proyectiles, pero no representaban ninguna amenaza para la vida de los soldados israelíes, que iban bien protegidos, cuando dispararon contra ellas.

Tanto en Israel como en los TPO, las autoridades aplicaron diversas medidas contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que criticaban la ocupación continuada de territorios palestinos por Israel.

El 11 de julio, la Knéset aprobó la denominada Ley de Transparencia, que imponía nuevos requisitos de presentación de informes a las organizaciones que recibían más del 50% de su financiación de gobiernos extranjeros, casi todas las cuales eran grupos de derechos humanos u otras ONG críticas con el gobierno israelí.

Las autoridades utilizaban órdenes militares que prohibían las manifestaciones en Cisjordania para reprimir protestas palestinas y detener y enjuiciar a manifestantes y a defensores y defensoras de los derechos humanos. Tras la protesta anual celebrada en Hebrón el 26 de febrero con el lema “Abran la calle Shuhada”, las autoridades enjuiciaron a los defensores de los derechos humanos Issa Amro y Farid al Atrash por cargos como participar en una marcha sin autorización y entrar en una zona militar cerrada. Al parecer fueron enjuiciados por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Issa Amro se enfrentaba también a cargos derivados de su activismo pacífico en años anteriores.

Tras filmar la ejecución extrajudicial de Abed al Fatah al Sharif por un soldado israelí el 24 de marzo en Hebrón, Imad Abu Shamsiyeh, voluntario de B’Tselem, recibió durante meses amenazas de muerte de israelíes de los asentamientos ilegales próximos. Cuando trató de presentar una denuncia en agosto, la policía lo rechazó y amenazó con detenerlo.

Palestinos y personas de nacionalidad extranjera que ayudaban a ONG de derechos humanos como Al Haq con su trabajo en relación con la Corte Penal Internacional recibieron amenazas de muerte.

Varias destacadas organizaciones israelíes de derechos humanos, como Romper el Silencio, B’Tselem y Amnistía Internacional Israel, y su personal sufrieron una campaña del gobierno destinada a socavar su labor.

En mayo, las autoridades acusaron al ex denunciante de irregularidades de índole nuclear y preso de conciencia Mordechai Vanunu de violar las severas y arbitrarias restricciones de su derecho a la libertad de circulación y de expresión que le habían impuesto. La causa seguía abierta al final del año.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las autoridades israelíes demolieron 1.089 viviendas y otras estructuras construidas sin permiso israelí —un número de demoliciones sin precedentes—, sometiendo a más de 1.593 personas a desalojo forzoso. Los permisos seguían siendo prácticamente imposibles de obtener para la población palestina. Muchas de las demoliciones se llevaron a cabo en comunidades beduinas y de pastores que las autoridades israelíes planeaban trasladar en contra de la voluntad de sus habitantes. Las autoridades también infligieron castigos colectivos a las familias de palestinos que habían cometido ataques contra israelíes, demoliendo o haciendo inhabitables 25 viviendas palestinas y sometiendo a sus ocupantes a desalojo forzoso.

Además, demolieron centenares de viviendas y otras estructuras palestinas en Israel por considerar que habían sido construidas sin permiso, la mayoría en pueblos beduinos de la región del Néguev/Naqab. Muchos eran pueblos “no reconocidos” oficialmente.

Más de dos años después del final del conflicto de Gaza e Israel de 2014, en el que habían muerto alrededor de 1.460 civiles palestinos, muchos en ataques manifiestamente ilegítimos, crímenes de guerra incluidos, las autoridades israelíes sólo habían dictado auto de procesamiento contra tres soldados por saqueo y obstrucción de una investigación. En agosto, el procurador general militar anunció el cierre de las investigaciones sobre 12 incidentes, a pesar de los indicios de que algunos debían investigarse como crímenes de guerra. Las investigaciones militares de Israel no eran independientes ni imparciales, y no permitían hacer justicia.

En una decisión excepcional, las fuerzas armadas israelíes investigaron, dictaron auto de procesamiento y juzgaron a Elor Azaria, soldado de quien se habían tomado imágenes en el momento de cometer la ejecución extrajudicial a tiros de un palestino herido en Hebrón. Se esperaba que se dictara la sentencia en enero de 2017. La mayoría de los miembros de las fuerzas israelíes responsables de homicidios ilegítimos de palestinos no sufrían las consecuencias de sus actos. Las fuerzas armadas, el Ministerio de Justicia y la policía israelíes tampoco investigaron casos de presuntos homicidios ilegítimos de palestinos cometidos por las fuerzas israelíes en Israel y en los TPO, o, cuando lo hicieron, las investigaciones no fueron adecuadas o se cerraron.

Las autoridades enjuiciaron a varios colonos judíos por efectuar ataques mortales contra palestinos. En enero acusaron a dos israelíes de haber cometido un ataque incendiario en julio de 2015 en el que murieron tres miembros de la familia Dawabsheh, entre ellos un niño de 18 meses. En mayo, un tribunal de Jerusalén condenó a Yosef Ben David a cadena perpetua más 20 años de prisión tras declararlo culpable del secuestro y asesinato de Mohammed Abu Khdeir, palestino de 16 años, en julio de 2014.

La fiscal de la Corte Penal Internacional continuó realizando su examen preliminar de las denuncias de crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos desde el 13 de junio de 2014. El gobierno israelí permitió la visita de una delegación de la Corte Penal Internacional a Cisjordania en octubre.

Se conocieron nuevas denuncias de violencia contra mujeres, especialmente en comunidades palestinas de Israel. Según activistas, al menos 21 mujeres murieron a manos de sus parejas o de familiares durante el año. Se tuvo noticia de que algunas habían muerto a manos de parejas maltratadoras después de que la policía no les hubiera brindado protección adecuada.

Las autoridades continuaban negando a las personas solicitantes de asilo —eritreas y sudanesas en más del 90% de los casos— el acceso a un procedimiento justo y rápido de determinación de la condición de refugiado. Al concluir el año había más de 3.250 solicitantes de asilo en el centro de detención de Holot y en la prisión de Saharonim, en el desierto del Néguev/Naqab.

Según cifras del Ministerio del Interior, en octubre de 2016 había en Israel más de 37.000 solicitantes de asilo de Sudán y Eritrea. Ese mes había aún pendientes más 18.900 solicitudes de asilo.

En febrero, la Knéset aprobó la cuarta versión de una reforma de la Ley de Prevención de la Infiltración que permitía a las autoridades detener sin cargos a solicitantes de asilo por periodos de hasta un año. Se denunció que las condiciones de los centros de detención adolecían de graves deficiencias debido a la falta de alimentos y atención médica, el saneamiento inadecuado y el hacinamiento.

En septiembre, un tribunal de custodia de Jerusalén determinó en apelación que la política gubernamental de rechazar automáticamente las solicitudes de asilo de desertores del ejército eritreo no tenía validez, aunque se hubiera utilizado para rechazar miles de ellas.

En junio, las autoridades concedieron por primera vez asilo a un ciudadano sudanés, pero siguieron presionando a miles de solicitantes de asilo de Eritrea y Sudán, especialmente a las personas que estaban detenidas en Holot, para que abandonaran Israel “voluntariamente”. Según informes, al concluir el año más de 2.500 habían accedido a marcharse “voluntariamente”. El gobierno se negó a revelar si los acuerdos que, según informes, había alcanzado con las autoridades de Ruanda y Uganda contenían garantías de que las personas solicitantes de asilo que salieran voluntariamente de Israel no corrían un riesgo real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, lo que infringía la prohibición de la devolución (refoulement).

Se encarceló al menos a cinco objetores y objetoras de conciencia al servicio militar. Entre ellos figuraba Tair Kaminer, que estuvo casi seis meses en prisión, más de lo que había estado nunca una objetora de conciencia.

Estado de Israel
Jefe del Estado: Reuven Rivlin
Jefe del gobierno: Benjamín Netanyahu