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Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Israel siguió sometiendo a discriminación institucionalizada a la población palestina que vivía bajo su dominio en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Desplazó a centenares de palestinos y palestinas en Israel y la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, como consecuencia de demoliciones de viviendas y de la imposición de otras medidas coercitivas. Las fuerzas israelíes continuaron usando fuerza excesiva durante operaciones de aplicación de la ley en Israel y los TPO. En los TPO mataron a 31 palestinos, incluidos 9 niños; muchos fueron víctimas de homicidio ilegítimo cuando no representaban ninguna amenaza inminente para la vida. Israel mantuvo su bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, sometiendo a la población a un castigo colectivo y empeorando la crisis humanitaria que ésta sufría. También siguió limitando la libertad de circulación de la población palestina en los TPO mediante puestos de control y controles de carretera. Las autoridades israelíes mantenían recluidos arbitrariamente en Israel a miles de palestinos y palestinas de los TPO, cientos de los cuales se hallaban sometidos a detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y los malos tratos a personas detenidas, incluidos niños y niñas, quedaban impunes. Las autoridades recurrieron a toda una serie de medidas para atacar a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán de Siria. Persistía la violencia contra las mujeres, especialmente contra las ciudadanas palestinas de Israel. Las autoridades negaban a quienes solicitaban asilo el acceso a un proceso imparcial y rápido de determinación de la condición de persona refugiada. Se encarceló a objetores y objetoras de conciencia al servicio militar.

Información general

Israel celebró en marzo elecciones parlamentarias, las terceras en poco más de un año. En mayo, los dos principales partidos de la Knéset, el Likud y la alianza Azul y Blanco, alcanzaron un acuerdo para compartir el poder que incluyó el anuncio de que Israel iba a anexionarse más territorios en la Cisjordania ocupada a partir de julio de 2020. Previamente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado su “acuerdo del siglo”, que incluía la ampliación formal de la soberanía israelí al valle del Jordán y a la gran mayoría de los asentamientos ilegales del resto de la Cisjordania ocupada, a cambio de tierras ubicadas en Israel. Israel aplazó los planes de anexión tras llegar a acuerdos diplomáticos con Emiratos Árabes Unidos y Bahréin en septiembre. El Parlamento fue disuelto de nuevo en diciembre, lo que dio lugar a otra ronda de elecciones transcurrido el plazo de tres meses.

En marzo y septiembre, Israel impuso medidas de confinamiento para contener la propagación de la COVID-19, lo que desencadenó oleadas de protestas en las que se pidió la dimisión del primer ministro. Las medidas permitían a la Agencia de Seguridad de Israel el uso de medios de vigilancia, utilizados normalmente sólo con la población palestina, para rastrear las infecciones de COVID-19. El juicio del primer ministro por cargos de corrupción comenzó en mayo.

En febrero, después de que las fuerzas israelíes mataran a un miembro del grupo armado palestino Yihad Islámica, éste lanzó 80 cohetes y bombas de mortero desde la Franja de Gaza hacia Israel, que causaron heridas leves a más de 20 personas. El ejército israelí llevó a cabo múltiples ataques aéreos en Gaza, hiriendo a 12 palestinos según el Ministerio de Salud palestino en Gaza.

En agosto y septiembre, Israel lanzó ataques de artillería y aéreos contra Gaza como represalia por el lanzamiento de globos y cometas incendiarios desde Gaza a Israel. Como respuesta, los grupos armados palestinos dispararon cohetes indiscriminadamente hacia Israel.

En agosto, Israel lanzó ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en Líbano, alegando que se habían efectuado disparos hacia Israel desde ese país. También lanzó ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbolá en Siria.

En julio, un tribunal de distrito desestimó una petición presentada con objeto de obligar al Ministerio de Defensa a retirar la licencia de exportación a la empresa de software espía NSO Group, lo que infligió un duro golpe a las víctimas de vigilancia internacional ilegítima y selectiva.

Traslados forzados, desalojos forzosos y demoliciones

Israel demolió 848 estructuras residenciales y dedicadas al sustento palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, desplazando a 996 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU. Las autoridades israelíes dijeron que muchos de los edificios demolidos carecían de permisos emitidos por Israel —prácticamente imposibles de obtener para la población palestina— o estaban en zonas militares cerradas. El derecho en materia de ocupación prohíbe este tipo de destrucción salvo que sea necesaria para operaciones militares.

En otros casos, Israel confiscó estructuras residenciales y dedicadas al sustento, algunas de las cuales habían sido donadas con fines humanitarios. Las fuerzas israelíes demolieron punitivamente al menos seis viviendas palestinas, dejando sin hogar a 22 personas, entre ellas 7 menores de edad, según B'Tselem. Las demoliciones punitivas constituyen castigo colectivo y están prohibidas por el derecho internacional.

El 5 de marzo, después de que un tribunal israelí denegara una petición de las familias afectadas contra la demolición punitiva de sus viviendas, fuerzas israelíes derribaron las casas de Walid Hanatsheh, en Ramala, y de Yazan Mughamis, en Birzeit, lo que provocó el desplazamiento de seis personas. El 11 de marzo procedieron también a la demolición punitiva de la vivienda de Qassam Barghouti en el pueblo de Kobar, cerca de Ramala. Estos tres hombres estaban encarcelados en Israel por su presunta participación en un ataque en agosto de 2019 que causó la muerte de una mujer y heridas a otros dos civiles israelíes a las afueras de la ciudad de Ramala, en la Cisjordania ocupada.

En Jerusalén Oriental, organizaciones de colonos israelíes iniciaron, con el apoyo de las autoridades israelíes, procedimientos de desalojo forzoso de personas palestinas.

La OCAH calculó en diciembre que alrededor de 200 familias palestinas de la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, tenían expedientes de desalojo pendientes contra ellas, lo que ponía en riesgo de desplazamiento a 800 personas adultas y menores de edad.

Las autoridades israelíes demolieron al menos 29 estructuras residenciales y dedicadas al sustento pertenecientes a ciudadanos beduinos que vivían en pueblos “no reconocidos” del Néguev/Naqab, según la ONG israelí Foro de Coexistencia de Néguev.

Discriminación

Israel seguía discriminando a los ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel en materia de urbanismo, asignaciones presupuestarias, control policial y participación política. Según el Centro Jurídico para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel Adalah, Israel mantenía más de 65 leyes que discriminaban a la población palestina.

Las administraciones locales palestinas de Israel se declararon en huelga para protestar por la discriminación en la distribución del presupuesto estatal para los municipios. La mayor parte de la población palestina de Israel, que representaba más del 20% de la población total, vivía en alrededor de 139 ciudades y pueblos que recibían sólo el 1,7% del presupuesto del Estado para las administraciones locales.

En agosto, Adalah y el Centro Árabe de Planificación Alternativa presentaron ante el Tribunal Supremo israelí, en nombre de 10 administraciones locales palestinas y de decenas de ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel, una petición contra la política oficial de discriminar a estas comunidades en el reparto de ayudas para vivienda, construcción y desarrollo rural en comparación con las comunidades judías vecinas, que gozaban de un mayor nivel socioeconómico y tenían acceso a estas prestaciones.

Mediante la aplicación de la discriminatoria Ley de Entrada a Israel, se siguió negando a los palestinos y palestinas de Cisjordania y Gaza casados con ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel el derecho a la nacionalidad.

En diciembre, el juzgado de primera instancia de Krayot, cerca de Haifa, rechazó una petición de acceso a la educación presentada por ciudadanos palestinos de Israel que vivían en Karmiel, esgrimiendo la discriminatoria Ley del Estado Nación. En su decisión, el tribunal afirmó que el establecimiento de una escuela árabe allí o la financiación del transporte para que sus residentes palestinos estudiaran en escuelas árabes de las comunidades vecinas iría en detrimento del “carácter judío” de la localidad.

En diciembre, el Ministerio de Salud israelí comenzó la distribución de vacunas contra la COVID-19 excluyendo a los casi cinco millones de palestinos que vivían bajo la ocupación militar israelí en Cisjordania y la Franja de Gaza.

Homicidios ilegítimos y uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas armadas y la policía israelíes empleaban fuerza innecesaria y excesiva en las actividades de aplicación de la ley, incluidas las operaciones de registro y detención y de control de manifestaciones.

Según la OCAH, las fuerzas armadas y de seguridad mataron al menos a 31 palestinos, 9 de ellos menores de edad, en la Franja de Gaza y Cisjordania. Muchos fueron víctimas de homicidio ilegítimo, pues se usó contra ellos munición real u otras formas de fuerza excesiva a pesar de que no representaban ninguna amenaza inminente para la vida. Algunos de estos homicidios ilegítimos podrían haber sido deliberados, por lo que constituirían crímenes de guerra.

En Kufr Qadum, las fuerzas israelíes emplearon a menudo fuerza excesiva contra los manifestantes que continuaban celebrando protestas semanales contra los asentamientos y su expansión. Según la OCAH, durante el año sufrieron heridas 214 personas, entre manifestantes y simples transeúntes.

El 15 de febrero, las fuerzas israelíes dispararon e hirieron en un ojo a Malek Issa, de nueve años, cuando volvía a casa de la escuela en el barrio de Issawiya, Jerusalén Oriental. La OCAH no tenía constancia de que hubiera enfrentamientos en ese momento. Las fuerzas israelíes mantenían una operación policial violenta e intensa en Issawiya como forma de castigo colectivo.

Las fuerzas israelíes abrieron fuego a menudo contra pescadores y agricultores en Gaza; según el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos, resultaron heridos 12 pescadores y 5 agricultores.

Libertad de circulación

Se mantuvo por decimotercer año consecutivo el ilegal bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí de la Franja de Gaza, que restringía la entrada y salida de personas y bienes del territorio y continuaba teniendo un impacto devastador en los derechos humanos de sus dos millones de habitantes. Israel impidió la entrada de materiales de construcción y combustible en Gaza en reiteradas ocasiones. Esta medida provocó el cierre de la única central eléctrica de Gaza, <a href="https://gisha.org/updates/11450"/>lo que desembocó en una reducción aún mayor del suministro de electricidad, que ya estaba restringido a unas cuatro horas al día. Israel también impuso un cierre marítimo total, y en varias ocasiones limitó la entrada de bienes y sólo permitió la de alimentos y medicinas. Estas restricciones constituyeron un castigo colectivo en un momento en el que aumentaron las infecciones por la COVID-19 en Gaza.</p> <p class="country-p">El 2 de febrero, tras un intercambio de ataques entre fuerzas israelíes y grupos armados palestinos, Israel canceló los permisos concedidos a 500 comerciantes de Gaza para viajar a Israel y a Cisjordania por negocios. Los reactivó el 18 de febrero.</p> <p class="country-p">El 18 de junio, murió en Gaza Omar Yaghi, bebé que padecía una enfermedad cardíaca, después de que Israel negara a la familia un permiso de entrada en Israel para someterlo a una operación programada para el 24 de mayo en el Centro Médico Sheba, en la ciudad de Ramat Gan.</p> <p class="country-p">En Cisjordania, al menos 593 controles de seguridad y de carretera israelíes seguían limitando enormemente la circulación de la población palestina y su acceso a derechos como la salud, la educación y el trabajo. Las personas con documento de identidad palestino seguían teniendo prohibido utilizar las carreteras construidas para los colonos israelíes</p> <p class="country-p">Las restricciones de Israel a la libertad de circulación siguieron dificultando el acceso de la población palestina a la atención sanitaria, con el consiguiente aumento del riesgo para las personas vulnerables durante la pandemia de COVID-19. La población palestina del barrio de Kufr Aqab y el campo de refugiados de Shufat de Jerusalén Oriental, que estaban separados del resto de la ciudad por estructuras militares, como controles de seguridad y la valla/muro, tuvo especiales dificultades para acceder a hospitales y clínicas especializadas durante la pandemia.</p> <h2 class="country-subheading"> Detención arbitraria </h2> <p class="country-p">Las autoridades israelíes realizaron cientos de operaciones en toda Cisjordania para detener a palestinos, por lo general en sus viviendas y por la noche. Las personas detenidas eran recluidas en prisiones de Israel, junto con miles de palestinos más de los TPO detenidos en años anteriores, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de detenidos al territorio de la potencia ocupante.</p> <p class="country-p">Las autoridades israelíes se valían de órdenes renovables de detención administrativa para mantener recluidos a palestinos sin cargos ni juicio. Según el Servicio Penitenciario de Israel, en diciembre había en las prisiones israelíes alrededor de 4.300 palestinos de los TPO, entre ellos 397 que estaban sometidos a detención administrativa. A las familias de muchos de ellos, especialmente a las que vivían en Gaza, no se les permitía entrar en Israel para ir a verlos.</p> <p class="country-p">El 16 de julio, las fuerzas israelíes detuvieron a Iyad Barghouti, astrofísico y profesor de la Universidad de Al Quds de Jerusalén, en un puesto de control próximo a la ciudad y lo sometieron a detención administrativa. Ya había estado sometido a ella en 2014 y 2016.</p> <p class="country-p">En octubre, Israel tenía a 157 palestinos menores de edad en prisión, 2 de ellos sometidos a detención administrativa. Según Defensa de Niñas y Niños Internacional Palestina, eran interrogados sin la presencia de sus padres y permanecían recluidos junto con adultos. El derecho internacional establece que la detención de menores debe ser una medida de último recurso y aplicarse durante el menor tiempo posible.</p> <h2 class="country-subheading"> Juicios injustos </h2> <p class="country-p">Se juzgaba a civiles palestinos de los TPO, incluidos menores de edad, ante tribunales militares que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos.</p> <h2 class="country-subheading"> Tortura y otros malos tratos </h2> <p class="country-p">Los soldados, policías y agentes de la Agencia de Seguridad de Israel continuaban sometiendo con impunidad a tortura y otros malos tratos a palestinos detenidos, incluidos niños y niñas. Entre los métodos denunciados figuraban actos como palizas, bofetadas, aplicación dolorosa de grilletes, privación del sueño, inmovilización en posturas en tensión y amenazas de violencia contra familiares. Se utilizaba habitualmente como castigo la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, a veces durante meses.</p> <p class="country-p">Las fuerzas israelíes negaban en ocasiones asistencia médica a palestinos heridos en el curso de operaciones de aplicación de la ley.</p> <h2 class="country-subheading"> Libertad de expresión y de asociación </h2> <p class="country-p">Las autoridades recurrieron a toda una serie de medidas, incluidos asaltos, campañas de incitación, restricciones de la libertad de circulación y acoso judicial, contra los defensores y defensoras de los derechos humanos que criticaban la ocupación militar israelí de territorios palestinos y sirios.</p> <p class="country-p">Israel continuó negando la entrada en los TPO a organismos de derechos humanos, incluido el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los TPO.</p> <p class="country-p">El 30 de julio, las fuerzas israelíes detuvieron en su domicilio, en Ramala, al defensor de los derechos humanos Mahmoud Nawajaa, coordinador en la Cisjordania ocupada del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones. Considerado preso de conciencia, quedó en libertad sin cargos el 17 de agosto.</p> <p class="country-p">El 13 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Jerusalén rechazó una petición presentada por Amnistía Internacional para que se levantara la prohibición arbitraria y punitiva de viajar impuesta al defensor de los derechos humanos Laith Abu Zeyad, empleado de la organización. Por razones desconocidas, las fuerzas de seguridad israelíes seguían prohibiéndole entrar en la Jerusalén Oriental ocupada y viajar al extranjero a través de Jordania.</p> <h2 class="country-subheading"> Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes </h2> <p class="country-p">Israel siguió negando a quienes solicitaban asilo acceso a un proceso justo y rápido de determinación de la condición de refugiado, lo que dejó a muchas personas sin acceso a servicios básicos. Había alrededor de 31.000 solicitantes de asilo viviendo en Israel.</p> <h2 class="country-subheading"> Violencia por motivos de género </h2> <p class="country-p">Persistía en Israel la violencia contra las mujeres, especialmente contra ciudadanas palestinas.</p> <p class="country-p">Al menos 21 mujeres perdieron la vida debido a la violencia de género.</p> <h2 class="country-subheading"> Objetores y objetoras de conciencia </h2> <p class="country-p">Se encarceló al menos a cuatro israelíes por su objeción de conciencia al servicio militar. Hillel Rabin pasó 56 días en una prisión militar por negarse a servir en el ejército israelí alegando políticas opresivas contra la población palestina.</p>

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