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Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Información extraída de nuestro Informe 2015/16

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes cometieron homicidios ilegítimos de palestinos y palestinas civiles, entre ellos niños y niñas, y detuvieron a miles más que protestaban contra la ocupación militar continuada de Israel o se oponían de otras formas a ella, sometiendo a centenares a detención administrativa. La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica habitual y quedaban impunes. Las autoridades continuaron promoviendo los asentamientos ilegales en Cisjordania y aplicaron restricciones severas a la libertad de circulación de la población palestina, que endurecieron aún más a partir de octubre, en un contexto de escalada de la violencia en que se produjeron ataques palestinos contra civiles israelíes y aparentes ejecuciones extrajudiciales de las fuerzas israelíes. En Cisjordania se perpetraron con casi total impunidad ataques de colonos israelíes contra la población palestina y sus bienes. Israel mantuvo su bloqueo militar de la Franja de Gaza, que imponía un castigo colectivo a sus habitantes. Las autoridades continuaron demoliendo viviendas palestinas en Cisjordania y dentro de Israel, especialmente en pueblos beduinos de la región del Négev/Naqab, sometiendo a sus residentes a desalojo forzoso. También efectuaron miles de detenciones y expulsiones de africanos y africanas solicitantes de asilo, y encarcelaron a israelíes por su objeción de conciencia al servicio militar.

Las relaciones entre Israel y Palestina continuaron siendo tensas durante todo el año. En enero, después de que Palestina solicitara la adhesión a la Corte Penal Internacional (CPI) y aceptara su jurisdicción sobre los delitos cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) desde junio de 2014, Israel suspendió temporalmente el pago de la recaudación tributaria mensual debida a las autoridades palestinas. Ese mismo mes, la fiscal de la CPI inició un examen preliminar de presuntos crímenes de derecho internacional cometidos por Israel y por grupos armados palestinos; Israel condenó la decisión, pero en julio inició una colaboración limitada con la Fiscalía de la CPI.

Pese a los esfuerzos internacionales, las negociaciones israelo-palestinas no se reanudaron. El gobierno israelí continuó apoyando la promoción y la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y tomó medidas para autorizar varios puestos de avanzada establecidos en Cisjordania sin su permiso.

A partir de octubre se produjo una intensificación significativa de la violencia, durante la cual personas palestinas, en su mayoría no afiliadas a grupos armados, llevaron a cabo apuñalamientos, ataques con armas de fuego, atropellos con automóviles y otras agresiones contra civiles y miembros de las fuerzas israelíes tanto en Israel como en Cisjordania, y también se incrementaron las protestas contra la ocupación militar israelí. Las fuerzas israelíes respondieron a los ataques y las protestas con fuerza letal. Un total de 21 civiles israelíes y un estadounidense murieron por ataques palestinos durante el año, todos ellos, excepto cuatro hombres, entre octubre y diciembre. Las fuerzas israelíes mataron a más de 130 palestinos y palestinas entre octubre y diciembre.

En Gaza, grupos armados palestinos dispararon esporádicamente cohetes de efecto indiscriminado contra el sur de Israel; no se tuvo constancia de ninguna muerte. Israel respondió con ataques aéreos contra Gaza; en uno, efectuado en octubre, murieron dos civiles. También efectuó varios ataques aéreos y de otros tipos en Siria.

Las fuerzas israelíes mantuvieron el bloqueo terrestre, marítimo y aéreo en Gaza, vigente desde 2007, que imponía un castigo colectivo a sus 1,8 millones de habitantes. Los controles israelíes a la entrada y salida de personas y bienes del territorio, en particular de material de construcción esencial, combinados con el cierre del paso fronterizo egipcio de Rafá y la destrucción de túneles transfronterizos, obstaculizaron gravemente la reconstrucción posconflicto y la prestación de servicios esenciales, lo que agravó la pobreza y el desempleo.

Las fuerzas israelíes continuaron imponiendo una “zona de seguridad” dentro de la frontera de Gaza con Israel, y dispararon con munición real contra palestinos que entraron o se aproximaron a ella. También dispararon contra pescadores palestinos que estaban dentro o cerca de la “zona de exclusión” impuesta por Israel a lo largo de toda la costa gazatí, matando a uno e hiriendo a varios.

En Cisjordania, Israel restringió severamente la circulación de la población palestina, impidiendo su acceso a amplias zonas designadas como campos de tiro para adiestramiento militar o situadas cerca de la valla/muro construida por Israel o en asentamientos ilegales, y mantuvo una serie de puestos de control militares y carreteras de circunvalación que limitaban la circulación de la población palestina, mientras que permitía circular libremente a los colonos israelíes. En el contexto de la escalada de la violencia que comenzó en octubre, las fuerzas israelíes establecieron nuevos puestos de control y barreras, especialmente en Jerusalén Oriental y la gobernación de Hebrón, sometiendo a cientos de miles de palestinos y palestinas a restricciones que constituían castigo colectivo.

Las autoridades mantenían recluidos a miles de palestinos de los TPO, a la mayoría en prisiones situadas dentro de Israel, lo que contravenía el derecho internacional. Centenares permanecían recluidos sin cargos ni juicio, en virtud de órdenes de detención administrativa renovables, basadas en información que no se les revelaba ni a ellos ni a sus abogados; algunos mantuvieron huelgas de hambre prolongadas como protesta. El abogado Mohammed Allan permaneció en huelga de hambre durante 65 días para protestar contra su detención administrativa; quedó en libertad sin cargos en noviembre.

En el contexto de la intensificación de la violencia que comenzó en octubre, las autoridades israelíes iniciaron una nueva campaña de represión de las protestas palestinas en los TPO, deteniendo a más de 2.500 personas, entre ellas cientos de niños y niñas, e incrementando significativamente su uso de la detención administrativa. Al concluir el año había más de 580 palestinos sometidos a detención administrativa, entre ellos al menos 5 menores de edad. Además, se sometió a detención administrativa a varios judíos israelíes sospechosos de planificar ataques contra palestinos.

Los palestinos de los TPO contra quienes se presentaban cargos eran procesados por tribunales militares sin las debidas garantías. En diciembre, la parlamentaria palestina Khalida Jarrar fue condenada a 15 meses de prisión y al pago de una multa tras llegar a un acuerdo de sentencia después de meses de procedimientos judiciales militares injustos. 1

Las fuerzas militares y policiales israelíes, así como personal de la Agencia de Seguridad de Israel, sometían a tortura y otros malos tratos a los palestinos detenidos, incluidos los menores de edad, especialmente en el momento de su detención y durante el interrogatorio. Las denuncias de tortura aumentaron a partir de octubre, en el contexto de las detenciones masivas de palestinos. Se utilizaban métodos como palizas con porras, bofetadas, estrangulamiento, sujeción prolongada con grilletes, inmovilización en posturas forzadas, privación de sueño y amenazas. También denunciaron tortura judíos detenidos como sospechosos de ataques contra palestinos. La impunidad de la tortura era generalizada. Las autoridades habían recibido casi 1.000 denuncias de tortura bajo custodia de la Agencia de Seguridad de Israel desde 2001, pero aún no habían iniciado ninguna investigación criminal.

En julio, la Knéset, el Parlamento israelí, contó con el respaldo del gobierno para ampliar legislación que eximía a la policía y la Agencia de Seguridad de grabar los interrogatorios de palestinos sospechosos por razones de seguridad, lo que contravenía una recomendación de 2013 de la Comisión Turkel (véase infra). Ese mismo mes, la Knéset aprobó legislación que permitía a las autoridades someter a los detenidos en huelga de hambre a alimentación forzada, pese a la oposición de grupos de derechos humanos y de la ONU.

A lo largo del año, soldados y policías israelíes mataron al menos a 124 palestinos de los TPO en Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, 22 en la Franja de Gaza y 10 dentro de Israel. Al parecer, muchos, incluidos menores de edad, fueron víctimas de homicidio ilegítimo. Entre ellos se encontraban Muhammad Kasba, de 17 años, y Laith al Khalidi, de 15, que recibieron disparos en la espalda el 3 y el 31 de julio, respectivamente, tras arrojar piedras o cócteles molotov contra puestos de control o vehículos militares israelíes, y Falah Abu Maria, al que las fuerzas israelíes dispararon en el pecho el 23 de julio tras irrumpir en su casa.

Muchas de las muertes se produjeron en el último trimestre del año, cuando las fuerzas policiales y militares israelíes dispararon contra palestinos que habían cometido o eran sospechosos de intentar cometer apuñalamientos u otros ataques contra militares o civiles israelíes, en circunstancias en las que no representaban una amenaza inminente para la vida y podrían haber sido apresados, lo que hacía ilegítimos los homicidios. En algunos casos, las fuerzas israelíes mataron, disparando contra ellos, a palestinos que yacían en el suelo heridos, o no les proporcionaron atención médica a tiempo.

Ejecuciones extrajudiciales

Al parecer, algunos palestinos fueron víctimas de ejecución extrajudicial, entre ellos Fadi Alloun, al que las fuerzas israelíes mataron a tiros el 4 de octubre en Jerusalén; Dania Ershied, de 17 años, y Saad al Atrash, muertos por disparos de las fuerzas israelíes en Hebrón el 25 y el 26 de octubre, respectivamente, y Abdallah Shalaldah, a quien miembros de las fuerzas israelíes encubiertos mataron el 12 de noviembre en el hospital Al Ahli de Hebrón.

Las fuerzas israelíes, especialmente unidades encubiertas, usaron fuerza excesiva y letal contra manifestantes en Cisjordania y la Franja de Gaza, disparando balas metálicas recubiertas de goma y munición real que causaron decenas de muertos, 43 sólo en el último trimestre del año, y miles de heridos. Aunque muchas de las víctimas habían lanzado piedras u otros proyectiles, en general no representaban ninguna amenaza para la vida de los soldados israelíes, que iban bien protegidos, cuando dispararon contra ellas. En septiembre, el gabinete de seguridad israelí autorizó a la policía a usar munición real en Jerusalén Oriental. El 9 y el 10 de octubre, las fuerzas israelíes utilizaron munición real y balas metálicas recubiertas de goma contra palestinos que se manifestaban en zonas fronterizas de la Franja de Gaza, matando a nueve, incluido un niño, e hiriendo a decenas más.

Se utilizaban órdenes militares israelíes que prohibían las manifestaciones no autorizadas en Cisjordania para reprimir protestas palestinas y encarcelar a activistas, entre ellos el defensor de los derechos humanos Murad Shtewi, que quedó en libertad en enero de 2016 tras cumplir una condena de nueve meses y medio en aplicación de la Orden Militar 101. Las fuerzas policiales y militares israelíes agredieron o dispararon en numerosas ocasiones a periodistas que informaban sobre protestas y otros sucesos en Cisjordania.

Asimismo, las autoridades incrementaron las restricciones a los palestinos residentes en Israel, prohibiendo el bloque norte del Movimiento Islámico y cerrando 17 ONG asociadas con él en noviembre, y deteniendo a más de 250 manifestantes y organizadores de protestas entre octubre y diciembre.

En septiembre, el denunciante de irregularidades israelí Mordechai Vanunu fue condenado a una semana de arresto domiciliario tras una entrevista concedida a la cadena israelí Channel 2. Continuó teniendo prohibido viajar al extranjero y mantener comunicación electrónica con personas extranjeras durante todo el año.

En Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, las fuerzas israelíes demolieron al menos 510 viviendas y otras estructuras palestinas construidas sin permiso israelí —prácticamente imposible de obtener—, y sometieron a más de 610 personas a desalojo forzoso. Asimismo, demolieron o dejaron inhabitables 19 viviendas de familias de palestinos que habían efectuado ataques contra israelíes, sometiendo a desalojo forzoso a más de 120 personas. En la Zona C de Cisjordania, sometida a total control israelí, decenas de comunidades de beduinos y pastores continuaban sometidas a reasentamiento forzoso.

Las autoridades también demolieron decenas de viviendas palestinas en Israel por considerar que habían sido construidas sin permiso, en su mayoría en pueblos beduinos de la región del Négev/Naqab. Muchos eran pueblos “no reconocidos” oficialmente. En mayo, el Tribunal Supremo aprobó el plan de demolición del pueblo “no reconocido” de Um al Heiran y el desalojo de sus habitantes beduinos para construir una nueva ciudad judía. En noviembre, el gobierno aprobó el asentamiento de cinco nuevas comunidades judías en la región, dos de ellas en emplazamientos de pueblos beduinos.

Israelíes que vivían en asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada lanzaron ataques frecuentes contra civiles palestinos y sus bienes, a veces en presencia de soldados y policías israelíes que no intervenían. El 31 de julio, un ataque incendiario de colonos contra la casa de la familia Dawabsheh, en el pueblo de Duma, cerca de Nablús, mató al bebé de 18 meses Ali y a sus padres, Saad y Riham, e hirió de gravedad a su hermano Ahmad, de cuatro años. El incidente puso de manifiesto un aumento de los ataques de colonos dentro de comunidades palestinas, que dio pie a que muchos palestinos se sintieran inseguros en sus casas. Posteriormente se detuvo a sospechosos, algunos de los cuales continuaban bajo custodia al concluir el año.

El 17 de octubre, un civil israelí disparó y mató a Fadel al Qawasmeh muy cerca de soldados israelíes en la Ciudad Vieja de Hebrón, pero no se lo detuvo en el momento y nada indicaba que fuera a ser juzgado.

Aunque dos de los tres israelíes acusados de secuestrar y matar al adolescente palestino Muhammad Abu Khdeir en julio de 2014 fueron declarados culpables en noviembre y estaba previsto que les impusieran la condena en enero, en la mayoría de los casos la policía israelí no llevaba a cabo investigaciones efectivas de los delitos perpetrados presuntamente por colonos ni enjuiciaba a los sospechosos, lo que perpetuaba la impunidad de los actos de violencia de colonos.

En junio, la Comisión Independiente de Investigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza de 2014 publicó su informe, que documentaba crímenes de guerra de las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos durante los 50 días de conflicto y pedía rendición de cuentas. Israel rechazó las conclusiones de la ONU y continuó sus investigaciones militares, pero éstas no eran independientes ni permitían hacer justicia. Las autoridades militares israelíes iniciaron investigaciones de muertes de palestinos a manos de las fuerzas israelíes en Cisjordania. Sin embargo, estas investigaciones adolecían de deficiencias similares, y sólo en un caso de 2013 dieron pie a una acusación formal por “uso negligente de un arma de fuego”, tras demoras prolongadas y la interposición de un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Israel.

En septiembre, una comisión gubernamental publicó su examen de las recomendaciones formuladas en 2013 por la Comisión Turkel en relación con los sistemas de investigación israelíes y su conformidad con el derecho internacional. Eludía en él algunas de las recomendaciones, como la de tipificar los crímenes de guerra como delitos en la legislación nacional, y no definía ni las medidas prácticas ni los presupuestos necesarios para implementar otras.

Se conocieron nuevas denuncias de violencia contra mujeres, especialmente en comunidades palestinas de Israel. Según activistas, al menos 18 mujeres fueron asesinadas en Israel, la mayoría por sus parejas o por familiares y en algunos casos tras haber solicitado protección policial.

Las autoridades continuaban negando a las personas solicitantes de asilo, eritreas y sudanesas en más del 90 % de los casos, el acceso a un procedimiento justo de determinación de la condición de refugiado. Al concluir el año había más de 4.200 recluidas en el centro de detención de Holot y en la prisión de Saharonim, en el desierto del Négev/Naqab.

En agosto, el Tribunal Superior de Justicia declaró desproporcionadas las disposiciones de una reforma de diciembre de 2014 de la Ley de Prevención de la Infiltración que facultaban a las autoridades para mantener recluidas en Holot durante 20 meses a las personas solicitantes de asilo, y ordenó al gobierno revisar la Ley y dejar en libertad a las que llevaran más de un año recluidas en el centro. Alrededor de 1.200 solicitantes de asilo, de un total aproximado de 1.800, quedaron posteriormente en libertad, pero se les prohibió arbitrariamente la entrada en las ciudades de Tel Aviv y Eilat. Se citó en Holot a miles más en virtud de criterios de detención ampliados, y el número de personas recluidas en el centro alcanzó su máximo histórico. En noviembre, el gobierno presentó un proyecto de reforma que facultaba a las autoridades para recluir en Holot durante un año, prorrogable seis meses, a las personas solicitantes de asilo.

De las miles de personas eritreas y sudanesas que habían solicitado asilo, al concluir el año éste se había concedido a apenas un puñado, y las autoridades continuaron presionando a muchas, especialmente las detenidas en Holot, para que abandonaran Israel “voluntariamente”. Al concluir noviembre, más de 2.900 solicitantes de asilo habían aceptado este tipo de “retorno voluntario”. En noviembre, un tribunal de distrito confirmó una decisión gubernamental anunciada en marzo de expulsar a Ruanda y Uganda sin su consentimiento a algunas de las 45.000 personas solicitantes de asilo que continuaban en el país o recluirlas de manera indefinida en la prisión de Saharonim. El gobierno se negó a informar con detalle sobre los presuntos acuerdos con Ruanda y Uganda y a dar garantías de que las personas expulsadas “voluntariamente” o por otros procedimientos no serían transferidas posteriormente a sus países de origen, lo que infringía la prohibición de la devolución (refoulement).

Se encarceló al menos a cuatro objetores de conciencia. Entre ellos se encontraba Edo Ramon, encarcelado reiteradamente desde marzo por negarse a prestar servicio en el ejército israelí.

  1. Israel/Occupied Palestinian Territories: Palestinian parliamentarian sentenced: Khalida Jarrar (MDE 15/3031/2015)
Estado de Israel
Jefe del Estado: Reuven Rivlin
Jefe del gobierno: Benjamín Netanyahu
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