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Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Información extraída de nuestro INFORME 2022/2023

El pasado 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por Hamás contra Israel y con una operación sin precedentes de sus combatientes contra el sur de Israel. Por su parte, Israel respondió bombardeando cientos de objetivos en la franja de Gaza. Amnistía Internacional ha recordado que atacar deliberadamente a civiles, llevar a cabo ataques desproporcionados y ataques indiscriminados que causan la muerte o hieren a civiles son crímenes de guerra. Más información en nuestra nueva página sobre la crisis en Gaza e Israel.

El permanente sistema de gobierno opresivo y discriminatorio impuesto por Israel a la población palestina en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) constituía apartheid, un crimen de derecho internacional. En agosto, las fuerzas israelíes lanzaron una ofensiva de tres días contra la Franja de Gaza ocupada, durante la cual cometieron presuntos crímenes de guerra. Esto agravó el impacto de un bloqueo israelí que, con sus 15 años de duración, equivalía a un castigo colectivo ilegal y fragmentaba aún más el territorio palestino. Israel intensificó la represión de la libertad de asociación de la población palestina. También impuso restricciones arbitrarias a la libertad de circulación y cierres equivalentes a castigos colectivos, sobre todo en el norte de Cisjordania, supuestamente como respuesta a los ataques armados palestinos contra soldados y colonos israelíes. Durante el año se produjo un aumento del número de personas palestinas que murieron por homicidio ilegítimo o resultaron gravemente heridas a manos de las fuerzas israelíes en incursiones efectuadas en Cisjordania. Las detenciones administrativas de personas palestinas alcanzaron su nivel más alto en 14 años, y continuaron las torturas y otros malos tratos. Las fuerzas israelíes demolieron otra vez (la número 211) la aldea de Al Araqib, en el Néguev/Naqab. A otras 35 localidades beduinas palestinas situadas en Israel se les seguía negando el reconocimiento oficial, y sus residentes se enfrentaban a posibles traslados forzosos. Las autoridades no tramitaron las solicitudes de asilo de miles de personas e impusieron restricciones a su derecho al trabajo.

Información general

En marzo, el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados determinó que “el sistema político de gobierno arraigado” en la Cisjordania ocupada y la Franja de Gaza “satisfac[ía] el criterio probatorio imperante para la existencia del apartheid”. En noviembre, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada llegó a la misma conclusión respecto a las políticas israelíes de demolición de viviendas. Algunos Estados, entre ellos Sudáfrica, condenaron el apartheid israelí, haciéndose eco de las declaraciones de organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes e internacionales. A pesar de este creciente reconocimiento, Israel siguió gozando de impunidad gracias al apoyo de sus principales aliados.

En octubre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, concluyó que la ocupación de los Territorios Palestinos Ocupados era ilegal debido a su carácter permanente y a las medidas adoptadas por Israel para anexionarse partes del territorio palestino, tanto en la ley como en la práctica. En 2022, estas medidas incluyeron la autorización con efectos retroactivos de los puestos de avanzada, incluso por el Tribunal Supremo israelí.

En noviembre, Israel celebró sus quintas elecciones en tres años tras el colapso de un gobierno de coalición de ideología diversa, que había seguido discriminando a la población palestina a ambos lados de la Línea Verde. El voto estuvo polarizado entre los partidarios y los detractores del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, pero se mantuvo el consenso respecto a mantener la ocupación israelí de los territorios palestinos y sirios. El bloque de derechas, liderado por Benjamin Netanyahu y una coalición nacionalista religiosa, obtuvo la mayoría de los escaños y formó gobierno en diciembre.

Apartheid

En febrero, Amnistía Internacional publicó un informe de 280 páginas en el que mostraba cómo Israel estaba imponiendo un régimen de opresión y dominación institucionalizado contra el pueblo palestino allí donde ejercía control sobre sus derechos, fragmentando y segregando a las personas palestinas ciudadanas de Israel, a la población residente en los TPO y a las personas palestinas refugiadas a las que se negaba el derecho al retorno. Actos crueles e inhumanos como la confiscación masiva de tierras y propiedades, los homicidios ilegítimos, las lesiones graves, los traslados forzosos, las restricciones arbitrarias de la libertad de circulación y la denegación de la nacionalidad, entre otros, hacían a las autoridades israelíes responsables del crimen de lesa humanidad de apartheid, que es competencia de la Corte Penal Internacional.1

En marzo, las autoridades israelíes volvieron a promulgar la Ley de Nacionalidad y Entrada en Israel (Orden Temporal), que imponía restricciones drásticas a la reagrupación familiar de personas de nacionalidad o residencia israelí y sus cónyuges procedentes de los TPO, con el fin de mantener una mayoría demográfica judía.

En julio, el Tribunal Supremo israelí ratificó una ley que autorizaba a la ministra del Interior retirar la ciudadanía a las personas condenadas por actos que supusieran “deslealtad al Estado”. Desde que se promulgó en 2008, la aplicación de esta ley sólo se había planteado contra ciudadanas y ciudadanos palestinos. El 20 de septiembre, el Tribunal de Apelación israelí aprobó la revocación de los permisos de estancia o residencia temporal de 10 personas palestinas —4 menores, 3 mujeres y 3 hombres— que vivían en Jerusalén, por ser parientes lejanos de un hombre palestino que había cometido un atentado. El 18 de diciembre, Israel deportó al defensor de los derechos humanos franco-palestino Salah Hammouri, tras revocarle su permiso de residencia en Jerusalén Oriental.2

Ataques y homicidios ilegítimos

Conflicto armado entre Israel y grupos armados palestinos en Gaza

El 5 de agosto, Israel lanzó una ofensiva en la Franja de Gaza contra la Yihad Islámica Palestina y su brazo armado, en la que destruyó o dañó unas 1.700 viviendas palestinas y desplazó a cientos de civiles. El ejército israelí y los grupos armados palestinos cometieron presuntos crímenes de guerra durante los tres días de enfrentamientos. (Véase el apartado sobre el Estado de Palestina.)3

Según la ONU, en ese ataque murieron 49 personas palestinas, de las que 31 eran civiles. Amnistía Internacional constató que las fuerzas israelíes habían sido responsables de la muerte de 17 de los civiles —entre ellos 2 niñas y 6 niños—, y que otros 7 civiles (4 de ellos niños) habían muerto a consecuencia del impacto de un cohete fallido presuntamente lanzado por un grupo armado palestino. El 7 de agosto, un misil israelí, al parecer disparado por un dron, alcanzó el cementerio de Al Faluya, en el campo de refugiados de Yabalia, con el resultado de 5 niños muertos y otro herido, en un aparente ataque directo contra civiles o un ataque indiscriminado.

Cisjordania

Las fuerzas israelíes mataron a 151 personas palestinas en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, e hirieron a 9.875 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en los Territorios Palestinos Ocupados (OCAH-OPT), en un contexto en el que habían aumentado las incursiones militares con uso excesivo de la fuerza, incluidos homicidios ilegítimos y presuntas ejecuciones extrajudiciales.4 La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional – Palestina informó de que las fuerzas o los colonos israelíes habían matado a 36 niños y niñas en Cisjordania y Jerusalén Oriental.

El 11 de mayo, soldados israelíes mataron a la corresponsal palestino-estadounidense de Al Yazira Shirin Abu Akleh e hirieron a un compañero suyo mientras ambos cubrían una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Yenín. En septiembre, las autoridades israelíes admitieron que era “probable” que un soldado israelí hubiera matado a la periodista, pero concluyeron que no se había cometido ningún delito.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las autoridades israelíes siguieron negándose a cooperar con la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, pese a que en 2021 la Corte había decidido iniciar una investigación sobre la situación en Palestina. Las autoridades tampoco investigaron adecuadamente las violaciones y los crímenes de derecho internacional.

Libertad de circulación

En Cisjordania, las comunidades palestinas seguían estando controladas y fragmentadas por 175 puestos de control permanentes y otros controles de carretera, así como por decenas de barreras irregulares temporales y un régimen de permisos draconiano, respaldado por un represivo sistema de vigilancia biométrica.

En octubre, las autoridades israelíes impusieron nuevas restricciones a la libertad de circulación en la Cisjordania ocupada —supuestamente como respuesta a los ataques palestinos contra soldados y civiles israelíes— mediante cierres generalizados y arbitrarios que perturbaron gravemente la vida cotidiana y supusieron un castigo colectivo ilegal. En abril, el ejército israelí cerró los puestos de control de entrada a Yenín, medida que parecía destinada a asfixiar los negocios de la ciudad y las actividades comerciales con ciudadanos y ciudadanas palestinos de Israel. En octubre, las fuerzas israelíes volvieron a imponer un cierre en Yenín y además cerraron Nablús durante tres semanas, así como el campo de refugiados de Shufat, en la Jerusalén Oriental ocupada, durante más de una semana, lo que afectó gravemente a la libertad de circulación de la población civil palestina residente en esas zonas —cientos de miles de personas— y restringió su acceso a la asistencia médica y a otros servicios esenciales.

Según la Oficina de Coordinación de las Actividades en los Territorios (COGAT), que es una unidad del Ministerio de Defensa, Israel revocó los permisos para trabajar en Israel de 2.500 palestinos y palestinas como forma de castigo colectivo.

En octubre entró en vigor un nuevo procedimiento establecido por las autoridades militares israelíes que restringía la posibilidad de que las personas con pasaporte extranjero vivieran con sus cónyuges palestinos en Cisjordania, ya que limitaba sus visados a un máximo de seis meses y obligaba a las parejas a solicitar la residencia permanente en Cisjordania, lo que estaba sujeto a la aprobación israelí.

En Gaza, el bloqueo ilegal israelí entró en su decimosexto año. Según la organización de derechos humanos de Gaza Al-Mezan, 9 pacientes, 3 de ellos menores, murieron mientras esperaban permisos israelíes para recibir tratamiento vital fuera de la Franja de Gaza, en medio de un complejo enredo burocrático entre Israel, la Autoridad Palestina y la administración de Hamás.

La única central eléctrica de Gaza se vio obligada a cesar su actividad durante dos días en agosto debido al cierre israelí de todos los pasos fronterizos durante una semana, lo cual impidió el suministro de combustible.

Desalojos forzosos

Decenas de miles de personas palestinas seguían expuestas a sufrir desalojos forzosos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, entre ellas unas 5.000 que vivían en comunidades de pastores del valle del Jordán y las colinas del sur de Hebrón. Las autoridades israelíes demolieron unas 952 estructuras palestinas en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental, lo que provocó el desplazamiento de 1.031 personas palestinas y afectó a los medios de vida de miles de personas más.

El 4 de mayo, el Tribunal Supremo israelí confirmó la decisión de trasladar forzosamente a más de 1.000 residentes de sus tierras ancestrales en Masafer Yatta, en las colinas del sur de Hebrón, que Israel había designado como “Zona de Tiro 918”, un área de entrenamiento militar cerrada al acceso de la población palestina.

En julio, el Tribunal Supremo israelí legalizó el asentamiento de Mitzpe Kramim, construido en tierras de propiedad privada palestina en la Cisjordania ocupada, alegando que había sido “adquirido de buena fe”. Revocaba así su decisión de 2020, que ordenaba al gobierno evacuar el asentamiento.

Según la OCAH, en Jerusalén Oriental y Cisjordania volvió a aumentar en 2022 por sexto año consecutivo la violencia de los colonos respaldada por el Estado contra la población palestina, hasta alcanzar su punto álgido en octubre, durante la temporada de recogida de la aceituna. El ejército y la policía israelíes siguieron sin investigar las denuncias de personas palestinas respecto a estos actos de violencia.

En Israel, las autoridades seguían negándose a reconocer oficialmente 35 aldeas palestinas del Néguev/Naqab, privándolas así de servicios esenciales. En enero, la Autoridad de Tierras Israelí y el Fondo Nacional Judío comenzaron a plantar árboles en tierras pertenecientes al pueblo de Saawa al Atrash, en el Néguev/Naqab, para conseguir el traslado forzoso de la población palestina.

En diciembre, las autoridades israelíes demolieron otra vez (la número 211 desde 2010) jaimas y estructuras en Al Araqib.

Detención arbitraria

Las autoridades israelíes incrementaron el uso de la detención administrativa, lo que provocó un boicot masivo a los tribunales militares israelíes por parte de cientos de personas detenidas, entre ellas Salah Hammouri, que inició una huelga de hambre junto con otras 29 personas para protestar por su detención sin cargos ni juicio. A fecha de 31 de diciembre, había alrededor de 866 personas —todas palestinas menos dos— detenidas administrativamente, la cifra más alta en 14 años.

El 15 de abril, la policía israelí detuvo a más de 400 personas palestinas, entre ellas niños y niñas, periodistas y fieles, durante un asalto al recinto de la mezquita de Al Aqsa, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Según la Media Luna Roja Palestina, al menos 152 personas palestinas resultaron heridas por balas de goma, munición real y granadas aturdidoras, además de recibir golpes. Después de varias horas, la mayoría fueron puestas en libertad.

Tortura y otros malos tratos

Las fuerzas israelíes continuaron torturando y sometiendo a otros malos tratos a personas palestinas detenidas. Como en años anteriores, la Mahash, unidad de investigación interna de la policía, no investigó debidamente las denuncias de tortura. El 24 de noviembre, el Tribunal de Distrito de Beersheba prorrogó la reclusión en régimen de aislamiento de Ahmad Manasra, encarcelado en 2015 cuando tenía 13 años, y recluido durante cuatro meses en régimen de aislamiento desde noviembre de 2021, un acto equivalente a tortura. Ese mismo tribunal había rechazado en septiembre el recurso por el que solicitaba ser puesto en libertad anticipada por motivos médicos, a pesar de su grave estado de salud mental.

Libertad de asociación y de expresión

El 18 de agosto, soldados israelíes asaltaron las oficinas de siete organizaciones palestinas de la sociedad civil en Ramala y destrozaron equipos, confiscaron archivos y dictaron órdenes de cierre en virtud del Reglamento de Defensa (de Emergencia) de 1945.5

El 29 de septiembre, el Comité Electoral Central israelí inhabilitó al partido palestino Balad para presentarse a las elecciones parlamentarias israelíes porque pedía “un Estado para todos los ciudadanos”, en violación de la Ley Fundamental de Israel. El Tribunal Supremo israelí revocó esa decisión en octubre.

El 24 de noviembre, el ejército israelí renovó por cuarta vez y durante 45 días la detención de cuatro adolescentes judíos israelíes, una chica y tres chicos. Se trataba de Einat Gerlitz, Evyatar Moshe Rubin, Nave Shabtay y Shahar Schwartz, que habían sido encarcelados en septiembre por haberse negado a ser reclutados para el servicio militar obligatorio alegando motivos de conciencia.

Actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental

El 28 de junio, el gobierno presentó un proyecto de ley sobre el clima que proponía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de Israel en un 27% antes del fin de 2030. Al concluir el año, el proyecto seguía pendiente. Por otra parte, el complejo militaroindustrial de Israel, incluida su ofensiva de agosto en Gaza, agravó los daños ambientales causados en ataques anteriores que siguió sin tener en cuenta.

En marzo, aviones israelíes reanudaron las fumigaciones aéreas con herbicidas en la zona temporal de seguridad de la Franja de Gaza, lo que causó daños en las tierras de cultivo palestinas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El 14 de febrero, el Ministerio de Sanidad israelí publicó una circular que prohibía a los profesionales de la medicina realizar “terapias de conversión” para cambiar la orientación sexual de gays y lesbianas, pero no le concedió rango legislativo.

Derechos de las mujeres

En Israel, el matrimonio y el divorcio seguían siendo competencia exclusiva de los tribunales religiosos, lo que suponía una discriminación sistemática de la mujer en cuestiones de condición jurídica.

A pesar de la protección legal contra la violencia de género en el ámbito familiar, 24 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o familiares, según la policía israelí. Unas 69 mujeres fueron asesinadas entre enero de 2020 y agosto de 2022. La policía no llegó a resolver el 58% de los 40 femicidios cometidos contra mujeres palestinas en Israel durante ese periodo, mientras que sí se resolvieron los 29 femicidios de mujeres israelíes judías cometidos entre las mismas fechas.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Israel acogió a decenas de miles de personas que huían de Ucrania y permitió que miles de ucranianos judíos se establecieran en virtud de la Ley del Retorno de 1950, mientras seguía negando a las personas refugiadas palestinas su derecho al retorno.

Israel siguió rechazando las solicitudes de asilo de casi 30.000 personas africanas, principalmente de Eritrea y Sudán. En 2021, por decisión judicial, más de 2.000 solicitantes de asilo de nacionalidad sudanesa procedentes de Darfur, Nilo Azul y las montañas de Nuba obtuvieron permisos de residencia temporales, incluido el acceso al seguro nacional de salud y otras prestaciones.

En octubre, una comisión nombrada por la ministra del Interior israelí concluyó que las personas solicitantes de asilo de Darfur y las montañas de Nuba ya no corrían peligro de sufrir persecución por motivos étnicos y podían ser devueltas sin peligro a Jartum, capital de Sudán, lo que suscitó preocupación por una posible marcha atrás en la política general israelí de no deportación.

En octubre entró en vigor una normativa gubernamental que prohibía a unas 20.000 personas solicitantes de asilo trabajar en 17 ciudades israelíes, a menos que buscaran empleo en los sectores de la construcción, la agricultura, la hostelería y la enfermería institucional.

  1. El apartheid israelí contra la población palestina. Cruel sistema de dominación y crimen de lesa humanidad, 1 de febrero
  2. Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: La deportación de Salah Hammouri, consecuencia de una tormenta perfecta de políticas de apartheid, 21 de diciembre
  3. ‘They Were Just Kids’: Evidence of War Crimes During Israel’s August 2022 Gaza Offensive, 25 de octubre
  4. Israel/OPT: Continuing patterns of unlawful killings and other crimes further entrench apartheid, 11 de mayo
  5. Israel y Territorios Palestinos Ocupados: La campaña de represión contra las organizaciones de la sociedad civil palestinas debe terminar, 18 de agosto
Estado de Israel
Jefe del Estado: Isaac Herzog
Jefe del gobierno: Benjamin Netanyahu (sustituyó a Yair Lapid en diciembre, que a su vez sustituyó a Naftali Bennett en julio)