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Israel y los Territorios Palestinos Ocupados

Israel y los Territorios Palestinos Ocupados 2019

Israel continuó sometiendo a discriminación institucionalizada a la población palestina que vivía bajo su gobierno en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). Las fuerzas israelíes mataron a 38 personas palestinas, entre ellas 11 menores, durante manifestaciones celebradas en la Franja de Gaza y Cisjordania. Muchas de ellas fueron víctimas de homicidio ilegítimo, ya que no suponían una amenaza inminente para la vida de nadie. Israel no garantizó rendición de cuentas ni reparación a las víctimas de estas graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los bombardeos aéreos y de artillería israelíes contra la Franja de Gaza mataron a 28 personas palestinas —entre ellas 10 menores— que eran civiles y no estaban participando directamente en las hostilidades. Israel mantuvo el bloqueo ilegal de la Franja de Gaza, sometiendo a sus habitantes a castigo colectivo y agravando la crisis humanitaria que sufrían. También continuó restringiendo mediante puestos de control y bloqueos de carretera la libertad de circulación de la población palestina en los TPO. Las autoridades israelíes mantenían detenidas ilegalmente en Israel a miles de personas palestinas de los TPO, cientos de las cuales estaban sometidas a detención administrativa sin cargos ni juicio. La tortura y otros malos tratos bajo custodia, infligidos incluso a niños y niñas, quedaban impunes. Israel desplazó a más de 900 personas palestinas en Cisjordania como consecuencia de demoliciones de viviendas. Las autoridades empleaban diversas medidas contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la persistente ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán sirios. También negaban a quienes pretendían solicitar asilo el acceso a un procedimiento justo y rápido de determinación de la condición de persona refugiada. Se encarceló a varias personas por su objeción de conciencia al servicio militar.

Información general

Israel celebró elecciones legislativas el 9 de abril, pero ningún líder de partido fue capaz de formar una coalición de gobierno. Por consiguiente, se convocaron nuevas elecciones, que se celebraron el 17 de septiembre. Tampoco entonces se formó gobierno, y las terceras elecciones estaban previstas para marzo de 2020. El 21 de noviembre, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, fue acusado de cohecho, fraude y abuso de confianza.

Israel continuó ampliando los asentamientos ilegales y la infraestructura conexa en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, mediante la legalización de puestos avanzados construidos sin autorización oficial israelí incluso en tierras palestinas de propiedad privada. El 19 de noviembre, el gobierno de Estados Unidos anunció que ya no consideraría ilegales en virtud del derecho internacional los asentamientos israelíes en Cisjordania. El 25 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció la soberanía de Israel sobre el territorio ocupado de los Altos del Golán, vulnerando las resoluciones del Consejo de seguridad de la ONU que habían declarado ilegal su anexión por Israel.

El 20 de diciembre, la fiscal de la Corte Penal Internacional anunció que el examen preliminar de la “situación en Palestina” había concluido con la determinación de que se habían cometido crímenes de guerra en los TPO y se habían “cumplido todos los criterios legales establecidos en el Estatuto de Roma para la apertura de una investigación”. Sin embargo, antes de proceder con la investigación, la fiscal decidió pedir a la Corte que confirmara que los territorios en los cuales ésta podía ejercer su jurisdicción abarcaban Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, y la Franja de Gaza.  

En marzo, grupos armados palestinos dispararon un cohete contra el centro de Israel desde la Franja de Gaza, hiriendo a 7 civiles. Israel tomó represalias atacando objetivos de Hamás en Gaza. Entre el 3 y el 6 de mayo, el ejército israelí lanzó cientos de ataques aéreos y de artillería sobre Gaza, matando a 25 personas. Por su parte, los grupos armados palestinos dispararon cientos de cohetes contra Israel, matando a 4. Entre el 12 y el 16 de noviembre, a raíz de que Israel matara en un ataque aéreo a un dirigente del grupo armado Yihad Islámica Palestina, volvieron a estallar hostilidades. Israel lanzó ataques aéreos que causaron 33 muertes, 15 de ellas civiles, mientras que los grupos armados palestinos lanzaron cohetes contra Israel y hubo personas que resultaron heridas. 

Israel también lanzó ataques aéreos contra objetivos iraníes y de Hezbolá en Siria, Líbano e Irak. 

Homicidios ilegítimos

El ejército y las fuerzas de seguridad israelíes mataron al menos a 38 personas palestinas, 11 de ellas menores, durante manifestaciones celebradas en la Franja de Gaza y Cisjordania, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH). Muchas de estas muertes fueron homicidios ilegítimos, cometidos con munición real o uso excesivo de la fuerza contra personas que no planteaban una amenaza inminente para la vida de nadie. Muchos de los homicidios ilegítimos parecían ser intencionados, por lo que podían constituir crímenes de guerra.

La población palestina de la Franja de Gaza continuó realizando protestas semanales en el contexto de la “Gran Marcha del Retorno”, que había comenzado en marzo de 2018. Según el Centro Palestino de Derechos Humanos, hasta el 27 de diciembre murieron 215 personas palestinas —entre ellas 47 niños y niñas—, 4 miembros de equipos de urgencias médicas y dos periodistas. En algunas manifestaciones palestinas se cometieron actos violentos, como lanzar piedras y cócteles molotov contra fuerzas israelíes.

El 28 de febrero, la comisión de investigación de la ONU sobre las violaciones del derecho internacional cometidas en el contexto de las protestas en Gaza entre marzo y diciembre de 2018 concluyó que las fuerzas israelíes podrían haber incurrido en crímenes de guerra, por ejemplo disparando deliberadamente contra población civil palestina.[1] En julio, los medios de comunicación israelíes informaron de que el ejército de Israel había decidido modificar su reglamentación para abrir fuego, que permitía a los francotiradores disparar a manifestantes en las piernas por encima de las rodillas, pero lo hizo más de un año después de saber que esa reglamentación estaba siendo causa de muertes y terribles lesiones innecesarias; los francotiradores recibieron instrucciones de disparar por debajo de las rodillas en el futuro.

El 16 de mayo, el ejército israelí concluyó, sin presentar ningún cargo, la investigación sobre el homicidio de Ibrahim Abu Thuraya, que iba en silla de ruedas, durante las protestas de Gaza de diciembre de 2017.

El 30 de octubre, el ejército condenó al soldado que había matado al niño palestino de 15 años Othman Halas al dispararle durante una protesta en Gaza, en julio de 2017, a prestar servicios comunitarios, y lo degradó por “poner una vida en peligro al desviarse de las órdenes recibidas”.

Los ataques aéreos y de artillería israelíes sobre la Franja de Gaza mataron a 28 personas palestinas —13 en las hostilidades del 3 al 6 de mayo y 15 en las del 12 al 16 de noviembre— que eran civiles y no estaban participando directamente en las hostilidades. Entre estas personas había 10 menores. Algunos de los ataques con víctimas civiles parecían haber sido indiscriminados, desproporcionados o llevados a cabo sin las debidas precauciones para no afectar a la población civil.

Los ataques de los colonos israelíes en Cisjordania se saldaron con 2 personas palestinas muertas y 112 heridas, según la OCAH. Era habitual que las fuerzas israelíes no intervinieran para detener dichos ataques y que el sistema judicial de Israel no hiciera rendir cuentas a los responsables.

Libertad de circulación: derecho a la salud

El ilegal bloqueo aéreo, marítimo y terrestre israelí de la Franja de Gaza, que restringía la entrada y salida de personas y bienes del territorio, continuó teniendo un impacto devastador sobre los derechos humanos de sus dos millones de habitantes por duodécimo año consecutivo. Tales medidas constituían castigo colectivo. En enero, la Organización Mundial de la Salud advirtió de que el bloqueo israelí a la entrada de combustible en Gaza estaba afectando gravemente a los hospitales y otros servicios de salud. Entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre, tras los ataques con cohetes sobre Israel, las autoridades israelíes redujeron a la mitad el suministro de combustible a Gaza, lo que dio lugar a un máximo diario de cuatro horas de electricidad.

En junio, el Centro Palestino de Derechos Humanos informó de una grave escasez de medicamentos para pacientes con cáncer y enfermedades crónicas en Gaza. Israel continuó negando arbitrariamente a residentes de Gaza permisos médicos para entrar en Israel o Cisjordania a fin de recibir tratamiento. En enero, Israel amplió la limitación de la pesca en la costa de Gaza a 12 millas náuticas, lo que seguía estando por debajo de las 20 millas náuticas establecidas en los Acuerdos de Oslo, firmados por Israel y la Organización para la Liberación de Palestina en la década de 1990.

En Cisjordania, al menos 100 puestos de control y bloqueos de carretera israelíes continuaban restringiendo enormemente la circulación de la población palestina, y persistía la prohibición de utilizar las carreteras construidas para los colonos israelíes si el documento de identidad presentado era palestino.

Detención

Detención y reclusión arbitrarias

Las autoridades israelíes llevaron a cabo cientos de redadas en Cisjordania para detener a personas palestinas, normalmente en sus casas y de noche. Las recluían en prisiones de Israel, junto con miles más detenidas también en los TPO en años anteriores. Esta práctica vulneraba el derecho internacional humanitario, que prohíbe el traslado de personas detenidas al territorio de la potencia ocupante.

El 31 de octubre, las fuerzas israelíes detuvieron a Khalida Jarrar, ex miembro del Consejo Legislativo Palestino y de la junta directiva de la Asociación de Derechos Humanos y Apoyo a los Presos Addameer. Fue acusada de “desempeñar un cargo en una asociación ilegal” y permanecía detenida al concluir el año. 

Las autoridades israelíes empleaban órdenes de detención administrativa prorrogables para mantener recluidas a personas palestinas sin cargos ni juicio. A fecha de 30 de noviembre, alrededor de 4.638 personas palestinas de los TPO —458 de ellas sometidas a detención administrativa— permanecían recluidas en prisiones israelíes, según el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel. En muchos casos no se permitía a sus familias entrar en Israel para visitarlas, especialmente si eran de Gaza.

Se procesó a civiles de los TPO, incluidos niños y niñas, en tribunales militares que no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos.

Menores de edad bajo custodia

A fecha de 30 de noviembre, Israel mantenía a 182 niños y niñas palestinos recluidos en prisiones, en dos casos en virtud de órdenes de detención administrativa. La organización Defensa de Niñas y Niños Internacional (Palestina) afirmó que se los interrogaba sin estar presentes sus progenitores y se los mantenía recluidos junto con adultos. Según el derecho internacional, la detención de niños y niñas debe ser siempre una medida de último recurso y aplicarse durante el menor tiempo posible.

El 22 de enero, las fuerzas israelíes detuvieron a Suleiman Abu Ghosh, de 14 años, en el campo de refugiados de Qalandia y lo sometieron a detención administrativa durante cuatro meses.

Discriminación

En septiembre, el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel rechazó una solicitud presentada por la Asociación por los Derechos Civiles en Israel para que se tradujera al árabe el reglamento penitenciario. Alegó que no estaba obligado a hacerlo, acogiéndose para ello a la ley sobre el Estado-nación, legislación de carácter constitucional que reservaba el derecho de autodeterminación al pueblo judío y discriminaba a las personas civiles que eran palestinas con medidas como atribuir a la lengua árabe una condición inferior.

Tortura y otros malos tratos: muertes bajo custodia

Soldados y policías israelíes, así como agentes de la Agencia de Seguridad de Israel, continuaban sometiendo impunemente a tortura y otros malos tratos a personas palestinas detenidas, incluso menores de edad. Entre los métodos denunciados figuraban palizas, bofetadas, aplicación dolorosa de grilletes, privación del sueño, inmovilización en posturas en tensión y amenazas. Era práctica habitual emplear como castigo la reclusión prolongada en régimen de aislamiento, en ocasiones durante meses.

El 29 de septiembre, el Ministerio de Justicia inició una investigación después de que Samir Arbeed fuera hospitalizado con varias costillas rotas y fallo renal tras haber sido sometido a tortura por las fuerzas israelíes durante su interrogatorio.[2]

Cuatro personas palestinas murieron bajo custodia, presuntamente a consecuencia de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas israelíes. Una de ellas, Nassar Taqatqa, que había sido interrogado por la Agencia de Seguridad de Israel, falleció el 16 de julio en prisión apenas un mes después de su detención. El Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel afirmó que estaba investigando su muerte. Las autoridades se negaron a entregar tres de los cadáveres.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

Israel demolió 621 viviendas y estructuras necesarias para el sustento en la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, desplazando a 914 personas, según la OCAH. Las autoridades israelíes afirmaban que los edificios demolidos carecían de permisos expedidos por Israel, algo prácticamente imposible de obtener para la población palestina. El derecho establecido en materia de ocupación prohíbe estas demoliciones salvo en caso de que sean absolutamente necesarias para las operaciones militares. El 22 de julio, las fuerzas israelíes demolieron hasta 16 edificios residenciales en el pueblo de Sur Baher, en Cisjordania, por su proximidad con la valla/muro, que Israel había construido en gran parte en suelo palestino.[3]

Israel demolió como castigo al menos 14 viviendas palestinas en Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, dejando sin hogar a 36 personas, entre ellas 15 menores, según la organización israelí de derechos humanos B'Tselem. Las demoliciones punitivas constituyen castigo colectivo y están prohibidas por el derecho internacional. 

Organizaciones de colonos israelíes entablaron actuaciones, con el apoyo de las autoridades israelíes, para proceder al desalojo forzoso de familias palestinas de sus hogares en Jerusalén Oriental. Según cálculos de la OCAH, en enero había alrededor de 200 familias palestinas con casos de desalojo pendientes, lo que ponía a 877 personas, incluidos niños y niñas, en riesgo de desplazamiento.

El 10 de julio, las autoridades israelíes desalojaron a la fuerza a la palestina Ilham Siyam y su familia de su casa en Silwan (Jerusalén Oriental) tras una sentencia del Tribunal de Distrito de Jerusalén sobre la propiedad de la vivienda que era favorable a la fundación de colonos israelíes Elad y que puso fin a una batalla legal que había durado casi 30 años.

El 28 de enero, las autoridades israelíes anunciaron su intención de trasladar a la fuerza a municipios establecidos por el gobierno a 36.000 personas palestinas beduinas que vivían en pueblos beduinos “no reconocidos” en Negev/Naqab (Israel). El Estado israelí se negaba a reconocer la legalidad de estos pueblos y a proporcionarles servicios municipales. En diciembre, las autoridades israelíes demolieron por 169ª vez el pueblo beduino palestino de Al Araqib.  

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades emplearon diversas medidas —como redadas, campañas de incitación, restricción de la libertad de circulación y hostigamiento judicial— contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas que criticaban la persistente ocupación israelí de Cisjordania, la Franja de Gaza y los Altos del Golán sirios.

En febrero, el Ministerio de Asuntos Estratégicos publicó un informe con una lista de trabajadores y trabajadoras de organizaciones palestinas de derechos humanos y activistas del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) a quienes calificaba de “terroristas trajeados”. Entre estas personas figuraban Shawan Jabarin, director general del grupo palestino de derechos humanos Al Haq; Raji Sourani, director del Centro Palestino de Derechos Humanos, y Salah Hamouri, investigador franco-palestino de la ONG Addameer. El 19 de septiembre, fuerzas israelíes asaltaron las oficinas de Addameer en Ramala y confiscaron material de trabajo.[4]

Israel negó la entrada de órganos de derechos humanos en los TPO, entre ellos el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los TPO. En octubre, Israel impidió salir de Cisjordania a Laith Abu Zeyad, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre Israel y los TPO, por “razones de seguridad”, aparentemente como castigo por el trabajo de derechos humanos de la organización.[5]

Durante la noche del 21 al 22 de julio, las autoridades israelíes intentaron deportar al fotoperiodista palestino Mustafa al Kharouf a Jordania, país en el que carecía de derechos de ciudadanía y de residencia, al parecer porque había documentado violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades israelíes en Jerusalén Oriental. Jordania bloqueó la tentativa, que habría constituido un crimen de guerra. Mustafa al Kharouf permaneció en detención arbitraria desde el 22 de enero hasta el 24 de octubre, fecha en que quedó en libertad condicional. 

Se empleó la Ley contra el Boicot contra activistas y organizaciones que criticaban las políticas de Israel. En noviembre, el Tribunal Supremo israelí confirmó la orden de deportación del director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, que se había dictado en aplicación de esta ley. Fue deportado el 25 de noviembre. En junio, la empresa pública Energix empleó la misma ley para demandar a Al Marsad - Centro Árabe de Derechos Humanos en los Altos del Golán, que había publicado un informe sobre un gran proyecto eólico desarrollado por esta empresa de producción de energía en tierras de propiedad privada siria en el territorio ocupado de los Altos del Golán.

Violencia de género

Persistía la violencia contra las mujeres en Israel, especialmente contra las ciudadanas palestinas. Al menos 13 mujeres murieron a consecuencia de la violencia de género.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y trabajadores y trabajadoras migrantes

Israel continuó negando a las personas solicitantes de asilo el acceso a un procedimiento justo y rápido de determinación de la condición de persona refugiada, lo que dejaba a muchas sin acceso a servicios básicos. Había alrededor de 30.000 solicitantes de asilo viviendo en Israel. A fecha de 30 de junio, no se había concedido asilo a nadie y seguían pendientes de resolución 15.000 solicitudes.

En septiembre, el Tribunal Supremo rechazó una petición presentada con objeto de que se suspendiera la deportación de niños y niñas nacidos en Israel cuyos progenitores fueran trabajadores y trabajadoras migrantes residentes en el país sin estatus jurídico.  

Objetores y objetoras de conciencia

Se encarceló al menos a tres israelíes por su objeción de conciencia al servicio militar. En agosto quedó en libertad el objetor de conciencia Roman Levin tras 82 días de reclusión en régimen de aislamiento.


[1] Israel/Territorios Palestinos Ocupados: Las conclusiones de una investigación de la ONU sobre los homicidios de Gaza deben preparar el terreno a la justicia por crímenes de guerra (noticia, 28 de febrero)

[2] Israel/Territorios Palestinos Ocupados: En estado crítico un detenido palestino sometido a tortura legalmente autorizada (noticia, 30 de septiembre, actualizada el 30 de octubre)

[3] Israel prosigue su política de desplazamiento forzado sistemático con una oleada de demoliciones de casas en Sur Baher (noticia, 22 de julio)

[4] Israel intensifica las agresiones contra la sociedad civil con intimidante asalto a la ONG palestina Addameer (noticia, 19 de septiembre)

[5] Israel/Territorios Palestinos Ocupados: Prohibición de viajar a miembro del personal de Amnistía como castigo por su trabajo de derechos humanos (noticia, 31 de octubre)

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