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derechos humanos en todo el mundo

Egipto

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las autoridades siguieron castigando toda muestra pública o aparente de disidencia y reprimieron severamente el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y de asociación. Decenas de periodistas sufrían reclusión arbitraria debido exclusivamente a su trabajo o sus opiniones críticas. Las autoridades restringieron la difusión de información sobre la COVID-19 que se desviara de la versión oficial y detuvieron a personal sanitario que expresó preocupación por la seguridad. Además, siguieron limitando severamente la libertad de asociación de las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima para dispersar las escasas protestas celebradas y sometieron a reclusión arbitraria a centenares de manifestantes y transeúntes para su investigación por cargos de “terrorismo” y otras acusaciones relacionadas con las protestas. Continuaron sometidas a detención prolongada en espera de juicio miles de personas, entre ellas defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, figuras políticas, abogados y abogadas e influencers en las redes sociales. Las condiciones de reclusión siguieron siendo crueles e inhumanas, y a las personas presas se les negaba atención médica adecuada, lo que provocó o contribuyó a provocar la muerte de al menos 35 de ellas en prisión o poco después de su excarcelación. Las garantías de juicio justo se incumplían de manera habitual. Se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. Se enjuició a mujeres por cargos relativos a la “moral” debido a su forma de vestir, actuar o ganar dinero en Internet. Decenas de trabajadores y trabajadoras fueron detenidos arbitrariamente y enjuiciados por ejercer su derecho a la huelga. Se llevaron a cabo desalojos forzosos en asentamientos informales. Las autoridades detuvieron y enjuiciaron por blasfemia a personas cristianas, musulmanas chiíes y de otras convicciones. Las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza a personas refugiadas que protestaban por la muerte de un niño sudanés y las sometieron a insultos racistas y palizas.

Información general

Entre agosto y diciembre se celebraron elecciones a las dos cámaras del Parlamento con una participación baja.

Las autoridades prorrogaron cada tres meses el estado de excepción, en vigor desde abril de 2017, eludiendo así el límite constitucional de seis meses. En mayo, se reformó la legislación de excepción con disposiciones que otorgaban al presidente poderes aún más amplios para restringir las reuniones públicas y privadas y aumentaban todavía más la jurisdicción de los tribunales militares sobre la población civil.

En junio, el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de 5.200 millones de dólares estadounidenses para ayudar a Egipto a responder al impacto económico de la COVID-19. En agosto, el gobierno redujo el tamaño del pan subvencionado. En septiembre, hubo protestas pequeñas y dispersas en varias comunidades urbanas y rurales pobres, desencadenadas sobre todo por el deterioro de la situación económica y las amenazas del gobierno de derribar edificios no registrados si sus moradores no pagaban una multa conforme a la ley de conciliación aplicable.

Continuaron de forma esporádica los ataques de grupos armados en el norte del Sinaí. Las fuerzas armadas anunciaron víctimas mortales en sus filas en mayo, julio y octubre, así como la muerte de decenas de activistas armados. Según los medios de comunicación, los grupos armados invadieron varios pueblos de la zona de Bir al Abd en julio, obligando a huir a la población. Tras regresar a sus hogares en octubre, algunas personas murieron por la detonación de dispositivos explosivos improvisados.

Egipto siguió siendo miembro de la coalición dirigida por Arabia Saudí en el conflicto de Yemen, así como de la coalición responsable de las sanciones impuestas a Qatar a consecuencia de la crisis diplomática existente en el Golfo. Egipto apoyó a las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias, parte en el conflicto armado de Libia, entre otras cosas permitiendo transbordos de armas procedentes de Emiratos Árabes Unidos, país que lanzó ataques con drones en Libia en nombre de aquellas desde la base aérea egipcia de Sidi Barrani.

Libertad de reunión

Las autoridades respondieron a protestas pequeñas y poco frecuentes realizadas en septiembre y octubre con el uso ilegítimo de la fuerza, detenciones masivas, censura y controles de seguridad al azar. Las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno, porras, perdigones y, al menos en una ocasión, munición real para dispersar las protestas. También irrumpieron con violencia en viviendas para detener a presuntos manifestantes, y mataron al menos a dos hombres e hirieron a otros.1 Cientos de manifestantes y simples transeúntes fueron arrestados y quedaron recluidos para ser investigados por “terrorismo” y otros cargos relacionados con las protestas.

Libertad de expresión

Las autoridades reprimieron la libertad de expresión tanto en Internet como fuera de ella.

Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a decenas de periodistas, a quienes recluyeron en espera de investigación por cargos de “uso indebido de las redes sociales”, “difusión de noticias falsas” o “terrorismo”.

El 24 de junio, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la oficina del sitio de noticias independiente Al Manassa en la capital, El Cairo, y detuvieron brevemente a su redactora jefa, Noura Younes.

Según grupos de derechos humanos, seguían bloqueados cientos de sitios web de noticias, derechos humanos y otros ámbitos. En abril, las autoridades bloquearon el sitio de noticias Darb después de que informase sobre cuestiones de derechos humanos.

Las autoridades restringieron la publicación de información independiente sobre la COVID-19 y advirtieron contra “la difusión de noticias falsas” sobre la pandemia. Detuvieron arbitrariamente al menos a nueve profesionales de la salud que habían expresado preocupación por la seguridad o criticado al gobierno en las redes sociales por su gestión de la pandemia y los recluyeron en espera de investigación por cargos de “terrorismo” y “difusión de noticias falsas”. Otros fueron objeto de amenazas, hostigamiento y medidas administrativas de carácter punitivo.

El 25 de agosto, la sección de terrorismo de un tribunal condenó in absentia a Bahey el Din Hassan, director del Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, a 15 años de prisión tras declararlo culpable de “insultar al poder judicial” y “difundir noticias falsas” por tuitear sobre violaciones de derechos humanos en Egipto.

Libertad de asociación

La investigación penal iniciada, por motivos políticos, sobre las actividades y la financiación de las organizaciones de derechos humanos, conocida como Causa 173, permanecía activa. Seguían sometidos a la prohibición de viajar al extranjero al menos 31 miembros del personal de diversas organizaciones de la sociedad civil. En julio, un tribunal de El Cairo desestimó un recurso presentado por 14 de ellos contra dicha prohibición.

En febrero, las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a su llegada a El Cairo procedente del extranjero a Patrick Zaki George, investigador de derechos humanos de la ONG Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales. Según sus abogados, la policía lo sometió a descargas eléctricas y palizas. Quedó recluido en espera de juicio mientras se lo investigaba por cargos infundados de “terrorismo”. En noviembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a los directores de Iniciativa Egipcia, Gasser Abdel Razek, Karim Ennarah y Mohamed Besheer, tras una reunión con varios miembros del cuerpo diplomático occidental en las oficinas de la ONG, y los dejaron recluidos en espera de investigación por cargos de terrorismo. Salieron en libertad tras una campaña mundial, pero las autoridades bloquearon sus activos en diciembre.

Se sometió a detención arbitraria y otros actos de hostigamiento a figuras de la oposición política. En marzo, un tribunal condenó a Zyad el Elaimy, exparlamentario y líder de un partido de oposición, a un año de cárcel por haber concedido una entrevista a los medios de comunicación en la que habló sobre la situación de los derechos humanos. En junio, un tribunal superior confirmó la sentencia. Quedó recluido en prisión. Tras introducirse en febrero reformas de la legislación antiterrorista que permitían a las autoridades judiciales designar entidades y personas como “terroristas” basándose únicamente en investigaciones policiales y sin que se hubieran producido “actos terroristas”, los jueces competentes en materia de terrorismo añadieron a los políticos Zyad el Elaimy y Abdelmoniem Abouelfotoh, así como a los activistas Ramy Shaath y Alaa Abdelfattah, y al defensor de los derechos humanos Mohamed el Baqer, a la “lista de terroristas” de Egipto por un periodo de cinco años, sin celebrar ninguna vista ni seguir el debido proceso.

Detenciones arbitrarias y juicios sin garantías

Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente sólo por ejercer sus derechos humanos o recluidas tras juicios manifiestamente injustos, incluidos juicios masivos o ante tribunales militares. Las autoridades también amenazaron, interrogaron y detuvieron arbitrariamente a familiares de disidentes en el exilio.

En agosto, la activista Sanaa Seif, detenida injustamente desde junio, fue llevada a juicio por “difusión de noticias falsas”, “insultos a un funcionario” y otros cargos formulados contra ella por denunciar la complicidad de un agente de policía en una agresión que había sufrido junto con su madre y su hermana frente al Complejo Penitenciario de Tora, a plena vista de las fuerzas de seguridad.

Los fiscales y los jueces prorrogaban de forma habitual la detención en espera de juicio de miles de personas que se hallaban recluidas para su investigación por cargos infundados de “terrorismo”; en algunos casos, lo hacían sin que estuvieran presentes los detenidos y sin permitir a sus abogados impugnar la legalidad de la detención. Muchas de estas personas llevaban detenidas en espera de juicio más de dos años, el límite máximo previsto en la legislación egipcia.

La Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado, división especial de la Fiscalía, responsable de investigar las amenazas contra la seguridad, hacía caso omiso de las decisiones de excarcelación adoptadas por los tribunales o las fiscalías tras un periodo prolongado de detención en espera de juicio y, para sortearlas, dictaba nuevas órdenes de detención por cargos similares. También empleaba tácticas parecidas para mantener recluidos arbitrariamente a presos convictos una vez que habían cumplido su condena.

Desaparición forzada y tortura y otros malos tratos

Las autoridades sometieron a desaparición forzada en paraderos no revelados a cientos de personas detenidas, algunas de las cuales eran presos y presas de conciencia.

Entre ellas estaba el sindicalista Ahmad Amasha, que fue víctima de desaparición forzada durante 25 días tras su detención el 17 de junio. El 12 de julio, la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado lo interrogó y ordenó su detención para ser investigado por cargos de “terrorismo”.

La tortura seguía estando muy extendida en los centros de detención oficiales y no oficiales. Personas detenidas en relación con las protestas de septiembre dijeron a los fiscales que las fuerzas de seguridad les habían propinado palizas y aplicado descargas eléctricas.

Por lo general, los fiscales no ordenaban investigaciones sobre las denuncias de tortura y desaparición forzada presentadas contra agentes de la Agencia de Seguridad Nacional. Sólo en contados casos de muerte bajo custodia las autoridades abrieron investigaciones penales. El 7 de septiembre, Islam al Australy, propietario de una pollería, murió en la comisaría de Monib, en la gobernación de Giza, dos días después de su detención. El Ministerio del Interior negó que hubiera muerto como consecuencia de torturas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a familiares y vecinos suyos y otros habitantes de la zona que protestaron por su muerte, pero los puso en libertad después de que la familia retirara su denuncia. La fiscalía ordenó la detención de cuatro policías de baja graduación para su investigación y puso en libertad bajo fianza a un oficial de policía.

En diciembre, la fiscalía italiana identificó a cuatro agentes de la Agencia de Seguridad Nacional como sospechosos del secuestro, tortura y homicidio del estudiante italiano Giulio Regeni en 2016.

Derecho a la salud: condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión en las cárceles y otros centros de detención seguían siendo crueles e inhumanas, y las personas privadas de libertad se quejaban de hacinamiento, mala ventilación, falta de higiene y de acceso a instalaciones sanitarias, y comida y agua potable insuficientes. Las autoridades torturaron a algunas personas detenidas recluyéndolas en condiciones terribles en régimen de aislamiento prolongado e indefinido.

Las autoridades negaron a personas presas acceso a atención médica adecuada, en algunos casos de forma deliberada para castigar la disidencia, lo que podría constituir tortura. Al menos 35 personas murieron en prisión o poco después de su excarcelación por complicaciones médicas y, en algunos casos, denegación de atención sanitaria adecuada; las autoridades no realizaron investigaciones independientes y efectivas sobre las causas y circunstancias de estos fallecimientos.

El 13 de agosto murió en prisión Essam El Erian, destacado miembro de la Hermandad Musulmana recluido desde 2013, que había denunciado ante los tribunales malos tratos en régimen de aislamiento y negación de atención médica.

Las autoridades no tomaron medidas para reducir el impacto del brote de COVID-19 en las prisiones y otros centros de detención al no proporcionar, por ejemplo, desinfectantes a las personas presas, no hacer pruebas y aislar sistemáticamente a las que pudieran estar infectadas o no tratar de abordar el hacinamiento. Tampoco excarcelaron a miles de personas sometidas a reclusión preventiva prolongada, sino que se limitaron a conceder los indultos anuales habituales para poner en libertad a miles de personas no encarceladas por motivos políticos. Las autoridades también detuvieron arbitrariamente y hostigaron a familiares y partidarios de personas presas por expresar preocupación por su salud.

Las autoridades prohibieron las visitas a las prisiones entre marzo y agosto, alegando el temor a la COVID-19, y mantuvieron la prohibición durante todo el año en el caso de decenas de personas recluidas por motivos políticos. Las autoridades penitenciarias no proporcionaron a las personas reclusas y a sus familias y abogados medios alternativos de comunicación periódica.

Pena de muerte

Los tribunales egipcios, incluidos los militares y los tribunales penales especializados en causas de terrorismo, impusieron condenas a muerte tras juicios masivos injustos. Los tribunales superiores confirmaron las sentencias en apelación. Se llevaron a cabo ejecuciones.

En marzo, un tribunal penal condenó a muerte a 37 hombres tras un juicio masivo injusto.2 Muchos de ellos habían sido objeto de desaparición forzada durante meses antes del juicio y sufrido tratos como golpearlos, aplicarles descargas eléctricas o tenerlos mucho tiempo colgados. En julio, el Tribunal de Casación confirmó la pena de muerte impuesta a Wael Tawadros, conocido como el padre Isaiah, tras un juicio empañado por tortura y desaparición forzada.

Se llevaron a cabo ejecuciones; entre las víctimas había personas condenadas en juicios manifiestamente injustos y marcados por denuncias de desaparición forzada y admisión como prueba de “confesiones” obtenidas bajo tortura. Solamente en octubre y noviembre, hubo casi el doble de ejecuciones que en todo 2019.

Discriminación y violencia sexuales y de género

Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica.

En respuesta a una campaña pública contra la impunidad de la violencia sexual, las autoridades detuvieron a varios hombres sospechosos de violación. Sin embargo, no garantizaron la protección de las supervivientes y testigos, ni previnieron ni investigaron adecuadamente la violencia generalizada contra mujeres y niñas. Las autoridades también tomaron represalias contra una sobreviviente de violación y otras mujeres que denunciaron violencia sexual.

En agosto, las autoridades detuvieron arbitrariamente a cuatro personas que se habían presentado como testigos en un caso de violación en grupo perpetrada en un hotel de El Cario en 2014, y abrieron investigaciones penales contra ellas por cargos relacionados con la “moral” y el “uso indebido de las redes sociales”, entre otros. Dos hombres detenidos también en relación con el caso, aparte de los sospechosos de la violación, fueron acusados de “perversión”, cargo utilizado a menudo en Egipto para enjuiciar relaciones homosexuales. Las autoridades sometieron a ambos a exámenes anales forzados, acto constitutivo de tortura. La causa contra estas seis personas se basaba principalmente en vídeos privados y fotografías de naturaleza íntima.

El 5 de septiembre, se reformó el Código de Procedimiento Penal para prohibir a los fiscales y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley revelar la identidad de las personas sobrevivientes de violencia sexual; sin embargo, no se establecieron penas para las violaciones de la confidencialidad ni se incluyeron disposiciones para proteger a testigos y otras personas que denunciaran violencia sexual.

A partir de abril, las autoridades intensificaron su represión de las influencers en las redes sociales por su forma de vestir, actuar y ganar dinero con aplicaciones como TikTok, y entablaron actuaciones judiciales al menos contra nueve mujeres por cargos de “escándalo” y “violación de principios y valores familiares”. Al menos seis mujeres fueron condenadas a entre dos y seis años de prisión.3

Derechos laborales

Tras el brote de COVID-19, decenas de miles de personas empleadas en el sector privado fueron despedidas u obligadas a aceptar un salario reducido, trabajar sin equipo de protección o tomarse un permiso indefinido sin sueldo. Las autoridades no proporcionaron medidas de protección social suficientes, como subsidios de desempleo, a quienes perdieron su medio de subsistencia como consecuencia del impacto económico de la COVID-19.

Las autoridades detuvieron arbitrariamente a decenas de trabajadores y sindicalistas sólo por ejercer su derecho a la huelga y a protestar pacíficamente.

En septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 41 trabajadores de una empresa textil estatal de la ciudad de Shebin al Kom que protestaban por el impago de salarios. Todos fueron puestos en libertad 10 días después.

El Tribunal de Casación aprobó mediante una sentencia de junio el despido de trabajadores de empresas de propiedad estatal que hubieran sido declarados culpables de cargos relacionados con protestas, incluso si eran absueltos por tribunales superiores.

Derecho a la vivienda y desalojos forzosos

Las autoridades llevaron a cabo desalojos forzosos en asentamientos informales y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas por protestar contra las amenazas de derribo de viviendas.

El 18 de julio, las fuerzas de seguridad dispersaron por la fuerza una protesta de residentes de Maawa el Sayadeen, en Alejandría, contra el derribo de sus viviendas, y detuvieron a alrededor de 65 manifestantes. Al menos 42 hombres pasaron hasta cinco meses detenidos para ser investigados por cargos de “participar en protestas no autorizadas” y “atacar a empleados públicos”. Todos quedaron en libertad posteriormente.

Libertad de religión y de creencias

Las autoridades siguieron discriminado a la población cristiana en la ley y en la práctica. Su derecho a construir o reparar iglesias continuaba restringido por una ley de 2016 que exigía la aprobación de las agencias de seguridad y otros órganos estatales. Según Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, desde 2016, estos órganos habían concedido la inscripción en registro completa y legal a menos de 200 iglesias de un total de 5.540 solicitudes, y sólo 1.412 iglesias habían recibido aprobaciones preliminares condicionales.

Se enjuició y encarceló por cargos de blasfemia o “terrorismo” a miembros de minorías musulmanas, así como a personas ateas, cristianas y de otras convicciones. En junio, dos hombres chiíes fueron condenados a un año de cárcel por practicar su religión. En agosto, las fuerzas de seguridad detuvieron al escritor y bloguero coranista Reda Abdel Rahman y lo sometieron a desaparición forzada durante 22 días, aparentemente como represalia por los textos religiosos y políticos de un familiar suyo exiliado. Quedó recluido en espera de juicio.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las autoridades continuaron deteniendo de forma arbitraria y recluyendo a personas refugiadas y migrantes. Entre enero y septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron y recluyeron al menos a 14 personas sirias, a 29 sudanesas y a una guineana en comisarías de policía del sur de Egipto por entrar o estar irregularmente en el país.

En noviembre, las fuerzas de seguridad dispersaron violentamente dos protestas pacíficas organizadas por personas refugiadas y migrantes de Sudán tras el asesinato de un niño sudanés. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de ellas y las sometieron a palizas, insultos racistas y otros malos tratos.

  1. Egipto: Fuerza ilegítima y detenciones masivas en respuesta a protestas esporádicas (noticia, 2 de octubre)
  2. Egipto: Pena de muerte para 37 personas declaradas culpables de terrorismo tras un juicio injusto (noticia, 2 de marzo)
  3. Egipto: Varias influencers de TikTok procesadas son sobrevivientes de violencia sexual y abusos en Internet (noticia, 13 de agosto)

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