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Egipto

Egipto 2019

Las autoridades recurrieron a varias medidas represivas —desapariciones forzadas, detenciones en gran escala, tortura y otros malos tratos, uso excesivo de la fuerza y estrictas medidas de libertad vigilada— contra manifestantes y personas consideradas disidentes, especialmente tras protestas contra el presidente que tuvieron lugar el 20 de septiembre. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 20 periodistas sólo por expresar pacíficamente sus opiniones. Las autoridades siguieron restringiendo drásticamente la libertad de asociación de los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos. Se aprobaron enmiendas constitucionales que ampliaron las atribuciones de los tribunales militares para enjuiciar a civiles y socavaron la independencia del poder judicial. Tras las protestas del 20 de septiembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ordenó la detención de miles de personas para su investigación por cargos de “terrorismo” vagamente formulados. El uso generalizado de tribunales de excepción dio lugar a juicios manifiestamente injustos y, en algunos casos, condenas a muerte. Continuaron llevándose a cabo ejecuciones. La tortura seguía siendo una práctica extendida en los lugares de detención oficiales y no oficiales. Las condiciones de reclusión continuaban siendo pésimas, lo que provocó huelgas de hambre colectivas. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica, y las autoridades no las protegían contra los altos índices de violencia sexual y de género. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales detenidas eran obligadas a someterse a invasivos exámenes anales y de determinación del sexo. Decenas de sindicalistas y trabajadores y trabajadoras fueron detenidos arbitrariamente y enjuiciados por ejercer su derecho a declararse en huelga y a participar en protestas. Las autoridades restringieron el derecho de la población cristiana a practicar su religión, cerrando al menos 25 iglesias y no autorizando la construcción o reparación de miles más. Se detenía arbitrariamente a personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo por entrar o salir irregularmente de Egipto.

Información general

En abril, el Parlamento aprobó enmiendas constitucionales que ampliaban el mandato presidencial de cuatro a seis años, lo que permitiría al presidente Abdel Fatah al Sisi permanecer en el poder hasta 2030 si ganase otras elecciones. Las enmiendas se aprobaron en un referéndum. Las autoridades prorrogaban cada tres meses el estado de excepción, en vigor desde abril de 2017, eludiendo así el límite constitucional de seis meses.

El gobierno puso fin a los subsidios a los combustibles en julio. Un estudio estadístico oficial concluyó que el 32,5 % de la población vivía por debajo del umbral de pobreza, lo que suponía un aumento de casi el 5 % desde 2015.

En septiembre, el ex contratista militar Mohammed Ali publicó unos vídeos en los que se acusaba de corrupción al presidente y a las fuerzas armadas e instó a organizar protestas. En respuesta a ello, centenares de personas se manifestaron el 20 de septiembre en la capital, El Cairo, así como en la segunda ciudad más importante del país, Alejandría, y en otras localidades.

Continuaron produciéndose ataques esporádicos de grupos armados en el Sinaí, aunque en menor grado que en años anteriores. En abril, un atentado suicida con explosivos mató a 7 personas e hirió a otras 26 en un mercado de la ciudad de Sheij Zuweid.

El 13 de noviembre, Egipto se sometió al tercer Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos miembros formularon 373 recomendaciones.

Egipto siguió siendo miembro de la coalición de Estados encabezada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos en el conflicto armado de Yemen. También continuó perteneciendo, junto con Bahréin, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, a la coalición que imponía sanciones políticas y económicas a Qatar.

Libertad de reunión pacífica

Ante las protestas pacíficas que tuvieron lugar en marzo, septiembre y octubre, las autoridades respondieron con uso ilegítimo de la fuerza, detenciones arbitrarias en gran escala, cierres desproporcionados de carreteras y censura.

En marzo se detuvo a decenas de manifestantes y transeúntes tras una protesta espontánea después del descarrilamiento de un tren que había causado al menos 27 muertes en el centro de El Cairo. Muchas de esas personas continuaban recluidas en espera de juicio al finalizar el año.

En respuesta a las protestas del 20 de septiembre, las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza, bloquearon carreteras y cerraron estaciones de metro del centro de El Cairo. Además, detuvieron al menos a 4.000 personas, en la mayor oleada de detenciones en gran escala llevada a cabo desde que el presidente Abdel Fatah al Sisi llegó al poder.[1] Las autoridades practicaron detenciones masivas de centenares de personas —algunas menores de edad— que se manifestaban pacíficamente, así como detenciones arbitrarias más selectivas de abogados y abogadas de derechos humanos, periodistas, personas que hacían activismo político y figuras políticas. Al menos 3.715 de las personas detenidas continuaron privadas de libertad para ser investigadas por cargos de “terrorismo”, en la mayor investigación penal relacionada con protestas de la historia de Egipto. La policía abordaba a personas al azar en El Cairo y Alejandría, les ordenaba entregar el teléfono o mostrar sus cuentas en redes sociales y, en algunos casos, las detenía.

Libertad de expresión

Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 20 periodistas sólo por expresar pacíficamente sus opiniones.

Entre estas personas figuraban Sayed Abdellah, periodista, y Mohammed Ibrahim, periodista y fundador del conocido blog Oxygen Egypt, detenidos arbitrariamente desde septiembre por publicar vídeos y noticias sobre las protestas contra el presidente.

El 23 de noviembre, unos agentes de seguridad detuvieron arbitrariamente, cuando se encontraba en su domicilio, a Shady Zalat, periodista de la plataforma de medios de comunicación independiente Mada Masr, y lo tuvieron recluido durante casi dos días. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las oficinas de Mada Masr y detuvieron a 16 miembros del personal durante un breve periodo. El 26 de noviembre fueron detenidos la periodista Solafa Magdy y los periodistas Hossam el Sayed y Mohamed Salah y quedaron privados de libertad en espera de investigación por cargos de “terrorismo”.[2]

Las autoridades incluyeron los sitios web de noticias de la BBC y Alhurra en una lista de 515 ya bloqueados en Egipto, entre ellos sitios web de organizaciones de prensa y de derechos humanos.

Libertad de asociación

Las autoridades siguieron restringiendo drásticamente la libertad de asociación de los partidos políticos y las organizaciones de derechos humanos.

Los partidos políticos se enfrentaban a restricciones arbitrarias de su trabajo, incluidas actividades como organizar actos públicos, y a detenciones cada vez más frecuentes de sus miembros. Se detuvo a destacadas figuras políticas, entre ellas Zyad el Elaimy, Hisham Fouad y Hossam Moanis, con objeto de impedir que creasen una coalición para presentarse a las elecciones parlamentarias de 2020.[3] En septiembre y octubre, la policía detuvo a varios miembros de cinco partidos políticos que habían instado a las autoridades a respetar el derecho de reunión; entre ellos figuraba Khaled Dawoud, ex secretario general del partido Dostour.

En agosto, el presidente ratificó una nueva ley sobre las ONG que mantenía las disposiciones más draconianas de su predecesora de 2017, como dotar a las autoridades de amplios poderes para disolver grupos independientes de derechos humanos y criminalizar las actividades legítimas de las ONG.[4]

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La investigación penal por motivos políticos sobre las actividades y la financiación del personal de las organizaciones de derechos humanos conocida como Causa 173 permaneció activa. Se mantuvo la prohibición de viajar al extranjero que afectaba al menos a 31 miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil.

Tras las protestas del 20 de septiembre se intensificó la detención, tortura y otros malos tratos, la reclusión prolongada y la investigación penal de defensores y defensoras de los derechos humanos.

El 22 de septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron a Mahienour el Masry, abogada y defensora de los derechos humanos, cuando salía de la sede de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado en la región metropolitana de El Cairo, donde había estado representando a un abogado de derechos humanos detenido. A la semana siguiente, Mohamed el Baqer, abogado y director del Centro Adalah de Derechos y Libertades, fue detenido y sometido a malos tratos después de representar a un activista detenido. Días más tarde, unos policías vestidos de civil secuestraron a Esraa Abdelfattah, defensora de los derechos humanos y periodista, y la torturaron en un lugar no revelado. Al finalizar 2019, las dos defensoras y el defensor de los derechos humanos continuaban recluidos en espera de juicio por cargos infundados de “terrorismo”.

Juicios injustos

Las enmiendas constitucionales aprobadas en abril ampliaban las atribuciones de los tribunales militares para enjuiciar a civiles. También socavaban la independencia del poder judicial, al otorgar al jefe del Estado más poderes para nombrar a los presidentes de los órganos judiciales, y consagraban la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas.

Tras las protestas del 20 de septiembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado —departamento especial del Ministerio Público responsable de investigar las amenazas a la seguridad nacional— ordenó la detención de miles de personas, entre ellas al menos 111 menores de edad, en espera de investigación por cargos de “terrorismo” vagamente formulados.[5] No se permitió a las personas acusadas ni a quienes les prestaban asistencia letrada examinar los cargos, que estaban basados en informes de la Agencia de Seguridad Nacional. A los abogados y abogadas se les impedía con frecuencia representar adecuadamente a sus clientes, y en algunos casos fueron víctimas de secuestro o detención. Tales medidas socavaban gravemente el debido proceso. Al menos en cinco casos, la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado sorteó las decisiones judiciales de poner en libertad a personas sospechosas dictando nuevas órdenes de detención por cargos parecidos.

El uso generalizado de tribunales de excepción, entre ellos las secciones de terrorismo, los tribunales militares y los tribunales de seguridad del Estado, dio lugar a juicios manifiestamente injustos. Aunque las autoridades redujeron de nueve a cuatro el número de secciones de terrorismo, éstas declararon culpables y condenaron a decenas de personas en causas empañadas por denuncias de desaparición forzada y tortura, a menudo sin establecer adecuadamente responsabilidades penales individuales. Los tribunales siguieron ampliando el periodo de reclusión de las personas sospechosas a instancias de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado, en algunos casos por encima del límite de dos años especificado en la ley. En octubre, 6 personas fueron condenadas a muerte, 8 a cadena perpetua y 12 —entre ellas dos hombres juzgados por delitos cometidos cuando eran menores de edad— a 10 años de prisión por el tribunal de una sección de terrorismo. Todas estas personas habían sido sometidas a desaparición forzada y afirmaban haber sido torturadas.

Los tribunales también impusieron represivas medidas de libertad vigilada a decenas de personas —entre ellas presos y presas de conciencia recluidos tras juicios sin garantías— como medida punitiva tras su excarcelación y para disuadirlas de llevar a cabo actividades políticas, ordenándoles pasar hasta 12 horas al día en la comisaría. Al menos cuatro personas que ya habían estado recluidas arbitrariamente fueron detenidas de nuevo mientras se encontraban en las comisarías cumpliendo los requisitos de su libertad vigilada. Entre ellas figuraba el bloguero y activista Alaa Abdel Fattah, que volvió a ser detenido el 29 de septiembre en una comisaría de El Cairo. La Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado ordenó su detención en espera de investigación por cargos de “terrorismo”.

Pena de muerte

Los tribunales, en especial los militares y las secciones de terrorismo, impusieron condenas a muerte a hombres y mujeres tras juicios colectivos y sin garantías. El Tribunal Supremo Militar de Apelación y el Tribunal de Casación ratificaron condenas a muerte, y se llevaron a cabo ejecuciones.[6] En febrero, por ejemplo, fueron ejecutados 15 hombres declarados culpables en tres juicios diferentes relativos al asesinato de autoridades. Sus juicios se habían visto empañados por denuncias de desaparición forzada y tortura, así como por el uso de confesiones forzadas.

Desapariciones forzadas

Centenares de disidentes sufrieron desaparición forzada por periodos de hasta 183 días. Según la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, al menos 710 personas estuvieron sometidas a desaparición forzada durante el año. Una de ellas fue Ibrahim Ezz el Din, investigador de la Comisión sobre derecho a la vivienda, que había sido detenido el 11 de junio y reapareció el 26 de noviembre frente al edificio de la Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado. La Agencia de Seguridad Nacional afirmó que sólo había estado detenido un día antes de su reaparición. Ibrahim Ezz el Din dijo que las fuerzas de seguridad lo habían torturado. La Fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad del Estado no abrió una investigación sobre sus denuncias de desaparición forzada y tortura.

Tortura y otros malos tratos

La tortura seguía siendo una práctica extendida en los lugares de detención oficiales y no oficiales. Las autoridades sólo enjuiciaron en contadas ocasiones a responsables de presunta tortura.

Tras ser detenido de nuevo el 29 de septiembre, el bloguero Alaa Abdel Fattah fue trasladado a la infame prisión 2 de máxima seguridad de Tora, en el sur de la región metropolitana de El Cairo, donde miembros del personal penitenciario le vendaron los ojos, lo desnudaron, lo patearon y golpearon reiteradamente y lo insultaron.[7]

En agosto, Hossam Hamad falleció en la prisión de Al Aqrab. La Fiscalía no investigó las denuncias de que había sido torturado.

Se tomaron algunas medidas en relación con casos anteriores. En febrero, un tribunal de Suhag condenó a tres años de prisión a tres policías por haber torturado y matado en 2016 a Mohamed Saleh, que estaba detenido, y a un año de prisión a un médico por encubrir el delito. En octubre, la fiscalía presentó acta de acusación contra 10 agentes de policía por la tortura y muerte en 2016 del vendedor callejero Magdy Maken en la comisaría de Ameriya de El Cairo. En noviembre, el Tribunal de Casación confirmó la condena de tres años de prisión impuesta a seis policías por haber torturado a un detenido hasta la muerte en 2016. En diciembre, el Tribunal Penal de El Cairo condenó a nueve policías a tres años de prisión por haber torturado y matado a Hussein Farghali en la comisaría de Wayli de El Cairo en 2016.

Condiciones de reclusión

El hacinamiento y la falta de higiene en las celdas, la falta de ventilación, la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la negación de las visitas de familiares constituían condiciones inhumanas de reclusión en todo el país. Las personas consideradas críticas con el gobierno soportaban reclusión prolongada en régimen de aislamiento y privación de atención médica adecuada, condiciones que constituían tortura. Entre ellas figuraba Aisha al Shater, que, según fuentes consultadas por Amnistía Internacional, llevaba recluida en régimen de aislamiento desde su detención en noviembre de 2018, tras la cual había sido torturada con palizas y descargas eléctricas. Aisha se encontraba gravemente enferma al finalizar el año.[8] En julio, unas 130 personas recluidas en la prisión de Al Aqrab llevaron a cabo una huelga de hambre debido a sus condiciones de reclusión, incluida la negación de las visitas familiares durante años.[9] Decenas de personas murieron en lugares de detención, algunas de ellas como consecuencia de sus condiciones de reclusión, según la información recibida.

En junio, el ex presidente Mohamed Morsi murió durante una audiencia judicial tras haber pasado años recluido en régimen de aislamiento y sin la debida atención médica. La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales concluyó que el régimen carcelario de Egipto podría haber sido la causa directa de su muerte.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica,

Los actos de violencia contra las mujeres seguían siendo generalizados, sin que las autoridades los impidieran, los investigaran suficientemente ni castigaran a quienes los cometían. Tampoco respetaban la confidencialidad de las supervivientes durante las fases de denuncia y litigio. En algunos casos, la policía obligó a mujeres supervivientes de violencia a pasar la noche en la comisaría cuando acudieron a presentar la denuncia, o se negó a admitirla. Hubo informes de varios casos en los que la policía había exigido a mujeres que presentaban denuncias de violencia sexual someterse a una prueba de virginidad. En uno de los escasos casos de violencia sexual que se estaban investigando, la policía detuvo a tres hombres sospechosos de haber violado a una mujer de 17 años en Farshout, localidad del sur de Egipto.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las autoridades seguían deteniendo y enjuiciando a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas, y a menudo las sometían a exámenes anales y de determinación del sexo forzosos, práctica que constituía tortura. En enero, un tribunal condenó a Mohamed al Ghiety, presentador televisivo que había expresado públicamente opiniones homófobas, a un año de prisión y al pago de una multa por haber entrevistado a un gay en televisión. La condena sirvió para intimidar a la gente y disuadirla de debatir públicamente cuestiones LGBTI.

Malak al Kashef, mujer transgénero defensora de los derechos humanos, fue detenida arbitrariamente en febrero en relación con una protesta. Estuvo recluida durante cuatro meses en la prisión para hombres de Mazraat Tora y fue sometida a un examen anal forzoso en un hospital público, en el que también sufrió otras formas de agresión sexual por parte del personal médico.[10]

Derechos laborales

En agosto, el Parlamento reformó la Ley de Sindicatos de 2017, que socavaba el derecho a la huelga y a formar sindicatos independientes. Las modificaciones reducían el número mínimo de miembros requerido para formar un sindicato y eliminaban el castigo de prisión por infringir las disposiciones de la ley, incluida la falsificación de los documentos fundacionales. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo y sus direcciones adscritas siguieron negándose a reconocer formalmente nuevos sindicatos independientes, valiéndose para ello de la obstaculización o el retraso de los trámites burocráticos, restringiendo así el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse libremente, obtener el reconocimiento jurídico de sus sindicatos, llevar a cabo sus actividades legítimas y elegir sus órganos ejecutivos.

Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente al menos a 41 sindicalistas y trabajadores y trabajadoras, algunos de los cuales fueron encausados sólo por ejercer su derecho a declararse en huelga y a protestar pacíficamente. En septiembre, la policía detuvo a seis trabajadores y trabajadoras de la zona de inversiones de Ismailía que pedían incrementos salariales y mejores prestaciones. En octubre, la policía detuvo a 17 miembros del personal de la tabacalera pública Eastern Tobacco Company por manifestarse para conseguir un aumento de sueldo, contratos por tiempo determinado para los trabajadores y trabajadoras temporales y otras mejoras de sus condiciones.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades siguieron restringiendo en la legislación y en la práctica el derecho de la población cristiana a practicar su religión. El derecho de las comunidades cristianas a construir y reparar iglesias seguía restringido en virtud de una ley de 2016 que exigía la aprobación de los organismos públicos, incluidas las agencias de seguridad. Según la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales, esos organismos autorizaron la inscripción completa en registro a menos de 200 iglesias, de un total de 5.540 que habían presentado la solicitud, y sólo 1.412 obtuvieron la aprobación condicional preliminar. Las fuerzas de seguridad cerraron al menos 25 iglesias por su situación ilegal o con la excusa de evitar tensiones sectarias. En abril, las fuerzas de seguridad cerraron la iglesia de Naga al Ghafir de Suhag y prohibieron el culto colectivo en ella.

El activista cristiano copto Ramy Kamel fue detenido arbitrariamente el 23 de noviembre, días antes de la celebración del Foro de la ONU sobre Cuestiones de las Minorías en Ginebra (Suiza), donde tenía previsto participar en una sesión. Quedó recluido en relación con cargos de “terrorismo” por hablar sobre los derechos de las minorías religiosas de Egipto y por haber colaborado con la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada durante su visita a Egipto en 2018.

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo

Las autoridades siguieron deteniendo arbitrariamente a personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Entre julio y septiembre, las fuerzas de seguridad recluyeron al menos a 23 personas sirias —entre ellas 13 menores de edad— en la comisaría policial de la ciudad meridional de Edfú por cruzar irregularmente la frontera entre Sudán y Egipto. Todas ellas permanecían detenidas al finalizar el año.


[1] Egipto: La mayor oleada de detenciones colectivas desde que el presidente Abdelfatah al Sisi llegó al poder (noticia, 2 de octubre)

[2] Egipto: Detención arbitraria de tres periodistas (MDE 12/1602/2019)

[3] Egipto: Detenidos arbitrariamente tres políticos (MDE 12/0839/2019)

[4] Egipto: Las enmiendas a la represiva ley sobre ONG son poco más que cambios “cosméticos” simbólicos (noticia, 16 de julio)

[5] Egypt: Permanent state of exception – abuses by the Supreme State Security Prosecution (MDE 12/1399/2019)

[6] Egipto: La ejecución de nueve hombres tras un juicio injusto, una terrible vergüenza (noticia, 20 de febrero)

[7] Egipto: La tortura del activista Alaa Abdel Fattah ilustra el uso de brutalidad extrema para aplastar la disidencia (noticia, 10 de octubre)

[8] Egipto: Aisha el-Shater, gravemente enferma en medio de tortura y negación de atención médica en prisión (noticia, 21 de noviembre)

[9] Egypt: Mass hunger strike at al-Aqrab prison over denial of family visits and dire conditions (noticia, 31 de julio)

[10] Egipto: Una mujer transgénero sometida a desaparición forzada está expuesta a sufrir violencia sexual y tortura (noticia, 7 de marzo, y actualización del 11 de marzo)

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