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Egipto

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Continuó la crisis de derechos humanos. Las autoridades sometieron a tortura y otros malos tratos y a desaparición forzada a cientos de personas y ejecutaron extrajudicialmente a decenas con impunidad. La represión de la sociedad civil se intensificó, con nuevos casos de interrogatorio, prohibición de viajar y congelación de activos a personal de ONG. Fueron habituales las detenciones arbitrarias seguidas de juicios manifiestamente injustos de personas que criticaban al gobierno o protestaban pacíficamente, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Los tribunales civiles y militares continuaron celebrando juicios colectivos injustos, en los que se condenó a muerte a decenas de personas. Las mujeres seguían sufriendo violencia sexual y de género, y estaban discriminadas en la legislación y en la práctica. Las autoridades presentaban cargos penales por difamación de la religión y “hábitos licenciosos” basándose en la orientación sexual real o supuesta de la persona.

En junio, el presidente Al Sisi cedió la soberanía de dos islas deshabitadas del mar Rojo a Arabia Saudí, desencadenando críticas públicas generalizadas. En julio se reanudaron las reuniones del Consejo de Asociación UE-Egipto por primera vez desde 2011 y se refrendaron las prioridades de la Asociación.

En febrero, un miembro del Parlamento propuso una reforma constitucional para ampliar el mandato presidencial de cuatro a seis años. En abril, el presidente Al Sisi aprobó un nuevo conjunto de reformas legislativas que mermaban las garantías de juicio justo y facilitaban la detención arbitraria, la reclusión indefinida en espera de juicio, la desaparición forzada y la imposición de más condenas. Las reformas permitían también que los tribunales penales incluyeran a personas y entidades en “listas de terrorismo” basándose únicamente en la información de la policía. También en abril, el presidente Al Sisi aprobó la Ley 13 de 2017, que le confería la facultad de nombrar a los presidentes de los órganos judiciales, incluidos el Tribunal de Casación y el Consejo de Estado, considerados hasta entonces los tribunales más independientes a la hora de pedir cuentas al poder ejecutivo.1

Resultaron muertos al menos 111 agentes de seguridad, la mayoría en el norte del Sinaí. El grupo armado Willayet Sinaí, afiliado al grupo armado Estado Islámico, se atribuyó la responsabilidad de la mayoría de los ataques llevados a cabo en el país, mientras que los de menor envergadura fueron reivindicados por otros grupos armados, como Hasm, Liwaa al Thawra y Ansar al Islam. En abril, el Estado Islámico se responsabilizó de dos atentados con explosivos cometidos contra sendas iglesias de Tanta y Alejandría y que causaron al menos 44 muertes. En octubre, al menos 16 funcionarios del Ministerio del Interior murieron en una emboscada en el desierto occidental, en un ataque poco habitual fuera del Sinaí. En noviembre se produjo un cambio significativo en los objetivos de los grupos armados al cometerse un atentado contra una mezquita en el norte del Sinaí durante la oración del viernes, que mató al menos a 300 personas.

Las autoridades continuaron limitando en un grado nunca visto el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos como parte de sus implacables esfuerzos por silenciar todas las voces críticas. En febrero, cerraron el Centro El Nadeem, ONG que ofrecía apoyo a sobrevivientes de tortura y violencia. Prosiguieron las investigaciones penales en la denominada “Causa 173”, abierta contra varias ONG y personas defensoras de los derechos humanos; durante el año, los jueces instructores citaron al menos a otros 28 defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros del personal de ONG para interrogarlos, elevando a 66 el número de personas citadas o investigadas en la causa desde 2013. Estas personas fueron interrogadas en relación con cargos que incluían “recibir financiación del extranjero para perjudicar la seguridad nacional de Egipto”, presentado en aplicación del artículo 78 del Código Penal y punible con hasta 25 años de prisión. Los jueces instructores también impusieron tres prohibiciones de viajar más, elevando a 25 el número de defensores y defensoras de los derechos humanos a quienes se prohibía salir de Egipto. En enero, un tribunal ordenó la congelación de los activos de las ONG Nazra para Estudios Feministas y Organización Árabe por la Reforma Penal y de sus dirigentes.

En mayo, el presidente Al Sisi firmó una nueva y draconiana ley que daba a las autoridades amplias facultades para denegar la inscripción en registro de ONG, disolverlas y destituir sus consejos de administración. La ley también estipulaba cinco años de prisión por publicar investigaciones sin autorización oficial.2 Al concluir el año, el gobierno no había publicado los reglamentos ejecutivos que le permitirían comenzar a aplicar la ley.

Entre enero y mayo, los tribunales impusieron penas de entre tres meses y cinco años de prisión al menos a 15 periodistas por cargos relacionados únicamente con sus artículos, entre ellos los de difamación y publicación de noticias consideradas por las autoridades “información falsa”. El 25 de septiembre, un tribunal condenó al ex candidato presidencial y destacado abogado de derechos humanos Khaled Ali a tres meses de prisión por “quebrantar la moral pública”, en relación con una fotografía en la que aparecía celebrando una resolución judicial que ordenaba la paralización de la entrega de dos islas a Arabia Saudí.3 A partir de mayo, las autoridades bloquearon al menos 434 sitios web, entre ellos los de diarios independientes como Mada Masr y organizaciones de derechos humanos como la Red Árabe por la Información de Derechos Humanos. En marzo, el ministro de Justicia remitió a los jueces Hisham Raouf y Assem Abdelgabar a una vista disciplinaria por participar en un taller organizado por un grupo egipcio de derechos humanos para elaborar una ley contra la tortura.

Entre abril y septiembre, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 240 activistas políticos y manifestantes por cargos relacionados con publicaciones en Internet que las autoridades consideraron “insultantes” para el presidente o por participar en protestas no autorizadas. En abril, un tribunal penal condenó in absentia al abogado y activista Mohamed Ramadan a 10 años de prisión en aplicación de la draconiana Ley Antiterrorista.4 En diciembre, un tribunal de Alejandría condenó a la abogada de derechos humanos Mahinour el Masry a dos años de prisión por su participación pacífica en una protesta.

Las fuerzas de seguridad continuaron deteniendo por su pertenencia real o supuesta a la Hermandad Musulmana a cientos de personas, a las que se llevaron de sus casas o centros de trabajo y, en un caso, de un centro vacacional.

Las autoridades utilizaban la detención preventiva prolongada, a menudo por periodos de más de dos años, como medio para castigar la disidencia. En octubre, un juez renovó la detención preventiva del defensor de los derechos humanos Hisham Gaafar, a pesar de que llevaba detenido más de dos años, el plazo máximo establecido por la ley. El fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shawkan, llevaba ya más de dos años en detención preventiva cuando se inició su juicio en agosto de 2015. Siguió recluido en 2017, al igual que otras 738 personas procesadas en la misma causa, mientras ésta continuaba tramitándose.

Era habitual la imposición de periodos de libertad vigilada de hasta 12 horas al día en una comisaría de policía local a los activistas políticos que salían en libertad, lo que constituía privación arbitraria de la libertad.

Las fuerzas del Ministerio del Interior seguían sometiendo a desaparición forzada y ejecución extrajudicial a personas presuntamente involucradas en actos de violencia política. Según la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, entre enero y agosto, las fuerzas de seguridad sometieron al menos a 165 personas a periodos de entre 7 y 30 días de desaparición forzada.

Según el Ministerio del Interior, durante el año murieron más de 120 personas en tiroteos con las fuerzas de seguridad. Sin embargo, en muchos de estos casos las víctimas ya estaban bajo custodia del Estado tras haber sido sometidas a desaparición forzada. En mayo, el Ministerio anunció la muerte del maestro de escuela Mohamed Abdelsatar “en un tiroteo con la policía”. No obstante, sus colegas habían presenciado su detención un mes antes en su centro de trabajo. En abril se filtró un vídeo en el que se veía a unos militares ejecutar extrajudicialmente a seis hombres desarmados y a un niño de 17 años en el norte del Sinaí.

La tortura y otros malos tratos seguían siendo práctica habitual en los centros oficiales de detención y eran sistemáticos en los que dependían de la Agencia de Seguridad Nacional. En julio, un hombre copto fue detenido por un delito menor y recluido en la comisaría de policía de Manshyet Nasir de la capital, El Cairo; 15 horas después había fallecido. Sus familiares dijeron que habían visto hematomas en la parte superior de su cuerpo, y, según el informe oficial de la autopsia, la muerte había sido consecuencia de un “presunto delito”.

Las autoridades penitenciarias, incluidas las de la prisión de máxima seguridad de Tora y las de la prisión de Wadi el Natrun, castigaban a los presos políticos sometiéndolos a aislamiento indefinido y prolongado. En febrero, el Ministerio del Interior modificó el reglamento penitenciario para aumentar el aislamiento a un máximo de seis meses, práctica que podría constituir tortura u otros malos tratos. El activista político Ahmed Douma pasó su tercer año en régimen de aislamiento en la prisión de Tora, recluido en su celda durante al menos 22 horas al día. El portavoz de la Hermandad Musulmana Gehad el Hadad, detenido el 17 de septiembre de 2013, seguía recluido indefinidamente en régimen de aislamiento en la prisión de máxima seguridad de Al Aqrab.

Persistían la negligencia médica y otras formas de malos tratos en las prisiones, donde murieron decenas de presos y presas, a menudo porque las autoridades penitenciarias se negaron a trasladarlos al hospital para que recibieran tratamiento médico. En septiembre, el exlíder de la Hermandad Musulmana Mohamed Mahdi Akef murió en prisión de cáncer de páncreas.

Cientos de personas fueron condenadas en juicios manifiestamente injustos, algunas de ellas a muerte. En septiembre, en la causa abierta por las protestas de agosto de 2013 en la mezquita de Al Fateh, un tribunal penal de El Cairo condenó a 442 personas a entre 5 y 25 años de prisión tras el juicio manifiestamente injusto de 494 encausados. Los tribunales seguían basando en gran medida sus condenas en informes de la Agencia de Seguridad Nacional y en pruebas poco sólidas, como “confesiones” obtenidas mediante tortura. Los tribunales militares continuaban juzgando a civiles en juicios injustos, y durante el año se remitió a ellos al menos a 384 civiles.

Los tribunales ordinarios y militares seguían imponiendo condenas a muerte en juicios colectivos manifiestamente injustos. En junio, el Tribunal de Casación confirmó las condenas a muerte de siete hombres impuestas en dos causas diferentes tras juicios manifiestamente injustos. Al menos seis de ellos habían sido objeto de desaparición forzada y torturados para obligarlos a “confesar”, y el tribunal se basó en gran medida en estas “confesiones” obtenidas mediante coacción para dictar sentencia. También en junio, el Tribunal Superior Militar confirmó las condenas a muerte impuestas a cuatro hombres en juicios manifiestamente injustos en virtud de “confesiones” obtenidas mediante tortura durante 93 días de reclusión en régimen de incomunicación.5 El 26 de diciembre, las autoridades ejecutaron a 15 hombres a los que un tribunal militar había declarado culpables de matar a 9 militares en el norte del Sinaí en 2013.

Las mujeres y las niñas continuaban sin recibir protección adecuada contra la violencia sexual y de género, y seguían estando discriminadas por motivos de género en la legislación y en la práctica. La inexistencia de medidas para garantizar la privacidad y la protección de las mujeres que denunciaban violencia sexual y de género seguía siendo un factor clave que impedía que muchas mujeres y niñas denunciaran estos delitos. Muchas de las que sí los denunciaban sufrían acoso y represalias de los perpetradores o sus familias. En algunos casos, autoridades estatales y parlamentarios culparon de la violencia sexual a las víctimas, atribuyendo los incidentes a que llevaban “ropa provocativa”. En marzo, una joven estudiante fue atacada y agredida sexualmente por una multitud en la ciudad de Zagazig, gobernación Oriental (Sharqia). En lugar de detener a los perpetradores y hacerlos comparecer ante la justicia, la Dirección de Seguridad de la gobernación emitió una declaración en la que decía que la víctima había “provocado el ataque de la multitud” por “llevar un vestido corto”.

Las mujeres seguían estando discriminadas en el poder judicial. Varias mujeres que intentaron presentar su candidatura como juezas al Consejo de Estado no recibieron los documentos necesarios para tramitar su solicitud. Una mujer demandó al Consejo de Estado por discriminación.

Las personas solicitantes de asilo y refugiadas seguían siendo objeto de detención, reclusión y expulsión por entrar o salir irregularmente del país. Entre enero y abril, las autoridades de inmigración expulsaron y enviaron a sus países de origen al menos a 50 solicitantes de asilo de Eritrea, Etiopía y Sudán, entre los que había niños y niñas de corta edad, sin darles acceso a representación legal ni al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. La expulsión de solicitantes de asilo eritreos, así como de personas de nacionalidad etíope y sudanesa con un temor fundado de persecución, constituía devolución (refoulement). En julio, las autoridades detuvieron al menos a 200 estudiantes chinos, en su mayoría de la minoría étnica uigur, y devolvieron al menos a 21 hombres y una mujer a China en contra de la obligación de Egipto de respetar el principio de no devolución (non-refoulement).

En la peor oleada de represión en más de un decenio, las autoridades detuvieron y enjuiciaron a personas en todo el país por su presunta orientación sexual, tras la exhibición de la bandera arco iris en un concierto en El Cairo el 22 de septiembre. Estos enjuiciamientos provocaron gran indignación pública. Las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 76 personas y efectuaron al menos 5 exámenes anales, práctica que constituía tortura. Entre los detenidos figuraban un hombre y una mujer que permanecieron recluidos durante tres meses por haber llevado la bandera arco iris en el concierto, así como personas que habían expresado en Internet su apoyo a la exhibición de la bandera. Muchas de las personas detenidas fueron atraídas por las fuerzas de seguridad mediante engaño a través de aplicaciones de contactos en línea. Los tribunales condenaron al menos a 48 personas a entre tres meses y seis años de prisión por cargos como “hábitos licenciosos”. El resto de los detenidos seguía bajo custodia para ser interrogados por los fiscales.

A finales de octubre, un grupo de parlamentarios propuso una ley profundamente discriminatoria que penalizaba expresamente las relaciones homosexuales y toda promoción pública de concentraciones, símbolos o banderas LGBTI. El anteproyecto de ley preveía penas de hasta 5 años de prisión, e incluso 15 si la persona era declarada culpable de múltiples cargos.

Las autoridades continuaban vulnerando el derecho a la libertad de religión al discriminar a la población cristiana. En agosto, las fuerzas de seguridad impidieron que decenas de cristianos coptos se reunieran a rezar en una casa del pueblo de Alforn, en la gobernación de Minya, alegando razones de seguridad. Persistía la impunidad de los ataques sectarios contra comunidades cristianas, y las autoridades seguían recurriendo a modos de reconciliación tradicionales y acuerdos entre los líderes religiosos y las autoridades locales. En este contexto de impunidad, la violencia de actores no estatales contra la población cristiana aumentó de forma significativa. Entre el 30 de enero y el 23 de febrero, grupos armados del norte del Sinaí mataron a siete personas cristianas coptas, desencadenando el desplazamiento interno sin precedentes de al menos 150 familias coptas que vivían allí,6 a las que las autoridades no ofrecieron la protección necesaria ni una indemnización adecuada. En diciembre, el Estado Islámico reivindicó la responsabilidad de la muerte por disparos de 10 personas en un ataque contra una iglesia en Helwan, en el sur de El Cairo.

En noviembre, un ataque contra una mezquita del norte del Sinaí durante la oración del viernes mató al menos a 300 fieles. Ningún grupo reivindicó la autoría del ataque.

Las autoridades sometieron a decenas de trabajadores y sindicalistas a detención, juicio militar, despido y diversas medidas disciplinarias sólo por haber ejercido su derecho a declararse en huelga y a fundar sindicatos independientes. En junio, un Tribunal de Apelación para Delitos Menores de El Cairo condenó a 32 trabajadores de la empresa privada Tora Cement a dos meses de prisión tras declararlos culpables de participar en una protesta no autorizada y de “agredir a las fuerzas de seguridad”, a pesar del carácter pacífico de la acampada de 55 días que habían organizado en contra de su despido. En diciembre, el Tribunal Militar de Alejandría reanudó el juicio de 25 trabajadores de los astilleros de la ciudad, de propiedad militar. El juicio había comenzado en mayo de 2016 por cargos como “incitar a los trabajadores a la huelga”. El gobierno y la Federación Sindical Egipcia, de carácter oficial, trataron de privar a los sindicatos independientes del reconocimiento de facto que habían obtenido en 2011 mediante una declaración del entonces ministro de Trabajo. Las autoridades continuaron negándoles el reconocimiento legal y obstaculizando su capacidad de funcionar libremente con diversas medidas.7 El 5 de diciembre, el Parlamento aprobó una nueva ley de sindicatos, en sustitución de la Ley 35 de 1976, que les imponía el requisito excesivo de tener al menos 150 miembros para obtener el reconocimiento legal so pena de ser disueltos automáticamente.

A pesar de una disposición de la Constitución que reconocía expresamente el derecho del pueblo indígena nubio a regresar a sus tierras ancestrales, el gobierno siguió negando a la población nubia desplazada el derecho a acceder a ellas, poniendo así en peligro la conservación de su identidad cultural, histórica y lingüística. El 3 de septiembre, activistas nubios celebraron una protesta para pedir a las autoridades la derogación de un decreto presidencial de 2014 que clasificaba 16 localidades situadas en tierras ancestrales nubias como zonas militares y prohibía a sus habitantes vivir en ellas. La policía detuvo a 25 activistas a quienes mantuvo bajo custodia durante tres meses.8

  1. Nueva legislación amenaza la independencia judicial en Egipto (noticia, 27 de abril)
  2. Egipto: Ley sobre ONG amenaza con aniquilar a los grupos de derechos humanos (noticia, 30 de mayo)
  3. Egipto: Condenado a prisión un ex candidato presidencial en un intento de impedir que se presente a las elecciones de 2018 (noticia, 25 de septiembre)
  4. Egipto: Diez años de cárcel por insultar al presidente, un indignante ataque a la libertad de expresión (noticia, 13 de abril)
  5. Egipto: Ejecución inminente de siete hombres torturados bajo custodia (comunicado de prensa, 16 de junio); Egipto: Ejecución inminente de cuatro hombres tras juicio militar manifiestamente injusto (MDE 12/6590/2017)
  6. Egipto: El gobierno debe proteger a la población cristiana copta, blanco de una serie de mortíferos ataques en Sinaí del Norte (noticia, 1 de marzo)
  7. Egypt: On Labour Day – relentless assault on labour rights (MDE 12/6154/2017)
  8. Egipto: Libertad para 24 activistas nubios detenidos tras protesta para pedir respeto a sus derechos culturales (noticia, 12 de septiembre)
Egipto
Jefe del Estado: Abdel Fatah al Sisi
Jefe del gobierno: Sherif Ismail
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