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Egipto

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Para reprimir las manifestaciones y la disidencia las autoridades utilizaron detenciones arbitrarias masivas que afectaron a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y manifestantes, y restringieron las actividades de las organizaciones de derechos humanos. La Agencia de Seguridad Nacional sometió a cientos de personas detenidas a desaparición forzada; sus agentes y los de otras fuerzas de seguridad infligían tortura y otros malos tratos bajo custodia. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva y letal en las actuaciones policiales habituales y en incidentes que podrían haber constituido ejecuciones extrajudiciales. Continuaron celebrándose juicios colectivos injustos ante tribunales civiles y militares. Las autoridades no investigaban adecuadamente las violaciones de derechos humanos ni llevaban a los perpetradores ante la justicia. Las mujeres seguían sufriendo violencia sexual y de género. El gobierno continuaba aplicando restricciones a las minorías religiosas e incoaba procedimientos judiciales por difamación de la religión. La presunta orientación sexual de las personas podía ser causa de su encarcelamiento por “actos licenciosos”. Cientos de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes fueron detenidas cuando trataban de cruzar el mar Mediterráneo. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte; se llevaron a cabo ejecuciones.

La recién elegida Cámara de Representantes se reunió el 10 de enero y tuvo 15 días para examinar y aprobar los decretos legislativos dictados por el presidente Al Sisi durante el periodo en el que no había habido Parlamento. Aprobó casi todos, incluida la Ley Antiterrorista (Ley 94 de 2015), que erosionaba las salvaguardias procesales e incluía en el derecho nacional facultades similares a las del estado de excepción.

Egipto continuó formando parte de la coalición militar dirigida por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen). En enero, el presidente Al Sisi aprobó legislación que autorizó un año más a las fuerzas armadas actuar fuera de Egipto.

Las relaciones entre Egipto e Italia se deterioraron tras la muerte en circunstancias misteriosas del estudiante italiano de doctorado Giulio Regeni cuando hacía una investigación sobre los sindicatos egipcios. Cuando se encontró su cuerpo el 3 de febrero, un mando policial declaró a los medios de comunicación egipcios que había muerto en un accidente de tráfico, pero las autopsias concluyeron que lo habían torturado. El 24 de marzo, dos semanas después de que el Parlamento Europeo expresara su preocupación por el homicidio, el Ministerio del Interior egipcio dijo que las fuerzas de seguridad habían matado a miembros de una banda delictiva responsable de la muerte del estudiante. El 8 de abril, Italia llamó a consultas a su embajador en Egipto. El 9 de septiembre, el fiscal de Egipto afirmó que las fuerzas de seguridad habían investigado brevemente a Giulio Regeni antes de su desaparición y asesinato.

Varios Estados continuaban suministrando armas y equipos militares y de seguridad a Egipto, como aviones de combate y vehículos blindados.

Según cifras de la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos, el gobierno abrió el paso fronterizo de Rafá con la Franja de Gaza sólo 46 días durante el año.

Las fuerzas armadas continuaron sus operaciones contra grupos armados activos en el norte del Sinaí, efectuando ataques con vehículos blindados, de artillería y aéreos. Según el Ministerio de Defensa, en cada una de estas operaciones se dio muerte a decenas de “terroristas”. Gran parte de la zona seguía en estado de excepción y cerrada, en la práctica, a observadores independientes de los derechos humanos y periodistas.

Grupos armados lanzaron reiterados ataques mortales contra las fuerzas de seguridad, así como contra autoridades del gobierno, funcionarios judiciales y otros civiles. La mayoría de estos ataques se produjeron en el norte del Sinaí, aunque se tuvo noticia de atentados con explosivos y disparos de grupos armados en otras partes del país. El grupo armado autodenominado Provincia del Sinaí, que había declarado su lealtad al grupo armado Estado Islámico, reivindicó muchos de los ataques. Durante el año, Provincia del Sinaí declaró que había ejecutado a varios hombres a los que acusaba de ser espías de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades restringían rigurosamente en la legislación y en la práctica el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

Se detenía, enjuiciaba y encarcelaba a periodistas, activistas y otras personas por cargos como promover protestas o participar en ellas, difundir “rumores falsos”, difamar a funcionarios y dañar la moral.

El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, y más de 730 personas más siguieron compareciendo en las vistas en un juicio colectivo injusto que había comenzado en diciembre de 2015. Mahmoud Abou Zeid se enfrentaba a cargos falsos, como “ingreso en una banda delictiva” y asesinato, por haber documentado una acampada de protesta organizada en la capital egipcia, El Cairo, el 14 de agosto de 2013. El tribunal juzgaba a muchos de los acusados in absentia.

El 1 de mayo, las fuerzas de seguridad irrumpieron en la sede del Sindicato de Prensa en El Cairo y detuvieron a los periodistas Amro Badr y Mahmoud al Saqqa por cargos como promover protestas y publicar “rumores falsos”. El Sindicato condenó la entrada en su sede y las detenciones. Un tribunal decretó la libertad con fianza de Amro Badr el 28 de agosto y la de Mahmoud al Saqqa el 1 de octubre. El 19 de noviembre, un tribunal condenó al director del Sindicato, Yahia Galash, y a los miembros de la junta directiva Khaled Elbalshy y Gamal Abd el Reheem a dos años de prisión por “cobijar a sospechosos”, entre otros cargos. El tribunal fijó un pago de 10.000 libras egipcias (630 dólares estadounidenses) para suspender las condenas.

Los jueces de instrucción aceleraron una investigación criminal sobre las actividades y la financiación de las ONG, interrogando a su personal y prohibiendo viajar a 12 defensores y defensoras de los derechos humanos y congelando los activos de 7, así como de 6 grupos. Las autoridades ordenaron el cierre de una organización de derechos humanos. El Parlamento aprobó nueva legislación para sustituir la Ley de Asociaciones (Ley 84 de 2002) que imponía severas restricciones a las actividades de las ONG y a su derecho a obtener la inscripción legal en registro y a acceder a financiación del extranjero. Al concluir el año aún no se había promulgado la legislación.

El 17 de febrero, funcionarios del Ministerio de Salud entregaron una orden de clausura al Centro El Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia. La organización siguió funcionando y recurrió contra la decisión del gobierno ante los tribunales, pero en noviembre las autoridades congelaron sus activos por un breve periodo.

El 17 de septiembre, un tribunal de El Cairo confirmó la congelación de activos de cinco defensores y defensoras de los derechos humanos y tres organizaciones —el Instituto Cairota de Estudios de Derechos Humanos, el Centro Jurídico Hisham Mubarak y el Centro Egipcio para el Derecho a la Educación—, ordenada por los jueces que investigaban sus actividades y financiación.

El 15 y el 25 de abril, las fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para dispersar protestas pacíficas en El Cairo y detuvieron a alrededor de 1.300 personas, a las que acusaron de infringir la legislación sobre protestas (Ley 107 de 2013) y sobre reuniones (Ley 10 de 1914). El 8 de junio, el gobierno anunció su intención de reformar la legislación sobre protestas; al concluir el año no había presentado ningún proyecto de ley al Parlamento.

El 3 de diciembre, el Tribunal Supremo Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la ley sobre protestas que confería al Ministerio del Interior facultades para prohibir arbitrariamente las protestas.

La policía, que continuaba usando fuerza excesiva y letal para zanjar disputas verbales, mató al menos a 11 personas a hirió a más de 40 disparando contra ellas. Los tribunales condenaron a dos policías a 25 años de prisión en sendas causas sobre disparos con resultado de muerte que habían provocado protestas vecinales.

El Ministerio del Interior anunció en reiteradas ocasiones la muerte de sospechosos por disparos de las fuerzas de seguridad durante asaltos a domicilios; entre las víctimas había miembros de la Hermandad Musulmana y presuntos miembros de grupos armados. Ningún agente de policía fue investigado formalmente, lo que hacía temer que las fuerzas de seguridad hubieran usado fuerza excesiva o, en algunos casos, cometido ejecuciones extrajudiciales.

Quienes criticaban y se oponían al gobierno seguían expuestos a sufrir detención arbitraria por cargos como promoción de protestas, “terrorismo” y pertenencia a grupos prohibidos, como la Hermandad Musulmana o el Movimiento Juvenil 6 de Abril. Las autoridades también detuvieron arbitrariamente a varios defensores y defensoras de los derechos humanos.

Según cálculos de una coalición de abogados egipcios de derechos humanos, entre mediados de abril y principios de mayo las fuerzas de seguridad detuvieron a alrededor de 1.300 personas en todo el país en un intento de sofocar las protestas. Aunque la mayoría quedaron en libertad, algunas fueron enjuiciadas posteriormente (véase infra, “Juicios injustos”).

Más de 1.400 personas llevaban en detención preventiva más de dos años, el plazo máximo establecido por la ley.

El 25 de marzo, un tribunal ordenó la libertad con fianza de Mahmoud Mohamed Ahmed Hussein, que llevaba más de dos años recluido sin juicio por haberse puesto una camiseta con el lema “Nación sin tortura” y un pañuelo con el logotipo de la “Revolución del 25 de enero”.

Malek Adly, director del Centro Egipcio por los Derechos Económicos y Sociales, fue detenido por las fuerzas de seguridad el 5 de mayo y acusado de difundir “rumores falsos” y de tratar de derrocar el gobierno. Había ayudado a presentar una demanda judicial contra la decisión del gobierno de ceder las islas de Tiran y Sanafir a Arabia Saudí. Un tribunal ordenó su libertad el 28 de agosto.

El 25 de abril, las fuerzas de seguridad detuvieron al presidente de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto, Ahmed Abdallah, y el 19 de mayo al director de minorías del grupo, Mina Thabet. La Comisión había documentado desapariciones forzadas en Egipto. Aunque se ordenó el ingreso en prisión de ambos, no se los acusó formalmente y quedaron en libertad con fianza el 18 de junio y el 10 de septiembre, respectivamente.

La Agencia de Seguridad Nacional secuestró a cientos de personas sin que mediara orden judicial y las recluyó en régimen de incomunicación durante periodos prolongados, sin supervisión judicial y sin acceso a familiares ni a asistencia letrada.1 Las autoridades siguieron negando este tipo de desapariciones forzadas. Las fuerzas de seguridad buscaban a presuntos simpatizantes de la Hermandad Musulmana y a activistas de otras afiliaciones políticas. Algunas desapariciones forzadas fueron obra de agentes de los servicios de Inteligencia Militar.

El 12 de enero, la Agencia de Seguridad Nacional detuvo a Aser Mohamed, de 14 años, y lo sometió a desaparición forzada durante 34 días. El niño dijo después que los interrogadores de la Agencia lo habían obligado mediante tortura a “confesar” cargos de “terrorismo” y que un fiscal lo había amenazado con seguir torturándolo si se retractaba de su confesión. Al terminar el año su juicio estaba en curso.

Los miembros de las fuerzas de seguridad infligían palizas y malos tratos al practicar detenciones. Los interrogadores de la Agencia de Seguridad Nacional aplicaban tortura y otros malos tratos a muchas víctimas de desaparición forzada para obtener “confesiones” que después utilizaban contra ellas ante los tribunales, con métodos como palizas brutales, descargas eléctricas y posturas en tensión. Grupos egipcios de derechos humanos documentaron decenas de denuncias de muerte bajo custodia como consecuencia de tortura y otros malos tratos y del acceso insuficiente a atención médica.

El 20 de septiembre, un tribunal condenó a nueve policías a sendas penas de tres años de prisión por haber agredido a médicos en un hospital del distrito cairota de Matariya en enero. Los dejó en libertad con fianza a la espera de la resolución de un recurso.

Los tribunales penales continuaron celebrando juicios colectivos injustos de decenas —a veces a cientos— de personas por cargos de participación en protestas y violencia política tras el derrocamiento del presidente Mohamed Morsi en julio de 2013.

En algunos juicios de personas que habían sido sometidas a desaparición forzada, los tribunales aceptaron como prueba “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Junto con las “circunscripciones” especializadas (tribunales especiales) para juicios por delitos de terrorismo, los tribunales militares juzgaron sin garantías a cientos de civiles, a veces en juicios colectivos. En agosto las autoridades prorrogaron cinco años más una ley que ampliaba enormemente la jurisdicción de los tribunales militares para incluir los delitos cometidos contra “instalaciones públicas”.

Los tribunales juzgaron a más de 200 personas por el cargo de participar en protestas contra la decisión del gobierno de ceder las islas de Tiran y Sanafir a Arabia Saudí, condenando a muchas a entre dos y cinco años de prisión y al pago de cuantiosas multas. Los tribunales de apelación anularon posteriormente la mayoría de las penas de prisión.

En un juicio colectivo iniciado en 2014, más de 490 personas, entre ellas el ciudadano irlandés Ibrahim Halawa, estaban acusadas de participar en actos de violencia durante una protesta en agosto de 2013. Amnistía Internacional consideraba que los cargos formulados contra Ibrahim Halawa eran falsos.

El 18 de junio, un tribunal condenó al presidente depuesto Mohamed Morsi a 25 años de prisión por dirigir un “grupo prohibido” y a otros 15 años por robar información clasificada. El tribunal condenó a muerte a otros 6 hombres en la misma causa, 3 de ellos periodistas juzgados in absentia.

Las autoridades no investigaron adecuadamente casi ninguna de las presuntas violaciones de derechos humanos —incluidas tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y uso generalizado de fuerza excesiva— cometidas por las fuerzas de seguridad desde 2011, y no llevaron a los perpetradores ante la justicia.

Los fiscales se negaban habitualmente a investigar las denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia, así como los indicios de que las fuerzas de seguridad habían falsificado las fechas de detención en casos de desaparición forzada.

El 15 de agosto, el presidente Al Sisi firmó reformas de la Ley de Autoridad Policial por las que se prohibía a las fuerzas de seguridad infligir “malos tratos a los ciudadanos” y se impedía a los agentes hacer declaraciones no autorizadas a los medios de comunicación y sindicarse.

Las mujeres continuaban sin recibir protección adecuada contra la violencia sexual y de género, y seguían estando discriminadas por motivos de género en la legislación y en la práctica, especialmente en aplicación de las leyes sobre la condición jurídica de las personas que regulaban el divorcio.

Se tuvo noticia de que, el 29 de mayo, una niña de 17 años murió de una hemorragia tras haber sido sometida a mutilación genital femenina en un hospital privado de la gobernación de Suez. Fueron procesadas por cargos de causar lesiones letales y mutilación genital femenina cuatro personas, entre ellas la madre de la niña y personal médico.

El 25 de septiembre, el presidente Al Sisi firmó una ley que aumentaba a entre 5 y 15 años la pena de entre 3 meses y 2 años de prisión prevista para las personas que realizaran una mutilación genital femenina, castigando también a quienes obligaran a las niñas a someterse a la intervención.

Las minorías religiosas, como los cristianos coptos, los musulmanes chiíes y los bahaíes, continuaban sufriendo restricciones discriminatorias en la legislación y en la práctica, y no recibían protección suficiente contra la violencia.

Se cometieron ataques reiterados contra cristianos coptos. El 11 de diciembre, un atentado con explosivos en una iglesia de El Cairo mató a 27 personas. El grupo armado Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad, pero las autoridades culparon a una “célula terrorista” vinculada a la Hermandad Musulmana.

El 28 de septiembre el presidente Al Sisi firmó una nueva ley que regulaba las iglesias, restringiendo arbitrariamente su construcción, reparación y ampliación.

En aplicación de la Ley 10 de 1961, se seguía deteniendo y enjuiciando a personas por el cargo de “actos licenciosos” debido a su orientación sexual o su identidad de género reales o supuestas.

Según cifras publicadas por el ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, las fuerzas de seguridad egipcias detuvieron a más de 4.600 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que trataban de cruzar el mar Mediterráneo hacia Europa.

El 8 de noviembre, el presidente Al Sisi firmó una ley que sancionaba a quienes trasladasen ilegalmente a personas de un país a otro con una multa de hasta 500.000 libras egipcias (32.130 dólares estadounidenses) y penas de hasta 25 años de prisión. La ley no distinguía entre contrabando de seres humanos y trata. Al mismo tiempo que eximía a las víctimas de trata y a los migrantes en situación irregular de penas de prisión y multas, disponía que el gobierno las devolviera a sus países de origen, potencialmente en contra de su voluntad. La ley no especificaba cómo debían tratar las autoridades a las víctimas de trata y a las personas refugiadas y solicitantes de asilo, ni si se las iba a proteger de la devolución (refoulement).

El 22 de septiembre, un barco en el que viajaban personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular naufragó frente a la costa egipcia, causando la muerte de más de 200 personas. Las fuerzas de seguridad detuvieron a la tripulación.

Las autoridades no reconocían a los sindicatos independientes que actuaban fuera de la Federación Sindical Egipcia, controlada por el Estado. Esto quedó reflejado en un nuevo anteproyecto de ley laboral que reforzaba el control central sobre los sindicatos.

Un tribunal militar sometió a un juicio injusto a 26 civiles que trabajaban en los astilleros de Alejandría por declararse en huelga.

Organizaciones egipcias de derechos humanos advirtieron reiteradamente de que el gobierno no estaba haciendo lo bastante para garantizar que sus políticas económicas, incluida la reforma de las subvenciones y la devaluación de la moneda, así como las propuestas de reforma de la ley de la función pública, no afectasen negativamente a las personas de ingresos más bajos y a quienes vivían en la pobreza.

Los tribunales penales seguían imponiendo condenas a muerte por asesinato, violación, narcotráfico, robo a mano armada y “terrorismo”. Se ejecutó a personas condenadas por asesinato y otros delitos.

El Tribunal de Casación anuló algunas condenas a muerte y ordenó nuevos juicios, incluidos una pena de muerte impuesta al presidente depuesto Mohamed Morsi y al menos un juicio colectivo injusto vinculado a los disturbios de 2013.

Los tribunales militares impusieron condenas a muerte a civiles en juicios manifiestamente injustos, empañados por desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos.

El 29 de mayo, un tribunal militar condenó a muerte a 6 civiles y a entre 15 y 25 años de prisión a otros 12 por los cargos de pertenecer a la Hermandad Musulmana, obtener información clasificada y poseer armas de fuego y explosivos. El tribunal hizo caso omiso de las denuncias de tortura y otros malos tratos de los acusados, así como de las pruebas de que las fuerzas de seguridad los habían sometido a desaparición forzada tras su detención en mayo y junio de 2015. También condenó a muerte a 2 hombres más y a 25 años de prisión a otros 6 in absentia. Los afectados recurrieron contra la sentencia ante un tribunal militar superior.

  1. Egypt: “Officially, you do not exist” – disappeared and tortured in the name of counter-terrorism (MDE 12/4368/2016)
Egipto
Jefe del Estado: Abdel Fatah al Sisi
Jefe del gobierno: Sherif Ismail
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