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Argelia

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Las autoridades continuaron deteniendo y enjuiciando a personas que expresaban su disidencia en Internet o asistían a manifestaciones. También siguieron utilizando leyes antiterroristas para procesar a periodistas y participantes en acciones pacíficas, y para cerrar o amenazar con cerrar asociaciones. El personal penitenciario torturaba y maltrataba impunemente a la población reclusa. Las autoridades cerraron tres iglesias y denegaron las licencias para construir otras, y además restringieron la libertad de circulación de activistas y periodistas. Tres abogados fueron procesados en relación con su defensa de personas que ejercían el activismo político o por protestar por una muerte sospechosa bajo custodia. Se denunciaron 37 femicidios; no se introdujeron cambios en la ley para proteger a las mujeres. Los tribunales impusieron condenas a muerte, pero no se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

El 4 de julio, cuando se cumplía el 60 aniversario de la independencia de Argelia, el presidente Tebboune indultó a 1.076 presos y dictó medidas de clemencia para 70 personas acusadas de participar entre 2019 y 2022 en el movimiento de protestas pacíficas masivas conocido como Hirak.

En julio, el rey de Marruecos pidió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Argelia, que en agosto de 2021 había roto las relaciones con Marruecos por lo que denominó “actividades hostiles” relacionadas con el largo contencioso en torno al Sáhara Occidental (véase el apartado sobre Marruecos/Sáhara Occidental).

En septiembre, el gobierno pospuso por octava vez desde 2011 la visita prevista del relator especial sobre la libertad de reunión pacífica y de asociación.

Libertad de expresión y de reunión

Se intensificó la represión generalizada de la libertad de expresión y de reunión pacífica, y las autoridades aplastaron cualquier forma de disidencia. Al finalizar el año, al menos 280 activistas, personas defensoras de los derechos humanos y manifestantes permanecían en prisión por cargos relacionados con el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

En marzo, un tribunal de la capital, Argel, condenó a 5 jóvenes activistas de Hirak, entre ellos Mohamed Tadjadit y Malik Riahi, a 2 años de prisión por publicar un vídeo en el que un adolescente de 15 años decía que la policía lo había agredido sexualmente.1 Tras la liberación de Mohamed Tadjadit en agosto, el tribunal de Sidi Mhamed de Argel volvió a ordenar en octubre su detención provisional por cuarta vez en 3 años, pero lo puso en libertad una semana después.

En abril, un tribunal de lo penal de la ciudad de Adrar, en el sudoeste de Argelia, condenó al activista ambiental Mohad Gasmi a 3 años de prisión por “compartir información confidencial sin intención de traición” en relación con unos intercambios de correos electrónicos sobre la explotación de gas de esquisto en Argelia. Mohad Gasmi ya estaba cumpliendo una condena de prisión por “enaltecimiento del terrorismo” por una publicación en Facebook en la que atribuía la radicalización de un destacado extremista argelino a la inacción de las autoridades a la hora de tratar con justicia y dignidad al pueblo.

Libertad de asociación

Las autoridades suspendieron al menos a un partido político y amenazaron con disolver al menos dos asociaciones. También utilizaron cargos falsos de terrorismo contra miembros de partidos políticos de la oposición y movimientos considerados opositores. Se estaba preparando una nueva ley sobre asociaciones.

El 20 de enero, por orden del Ministerio del Interior, el Consejo de Estado suspendió al Partido Socialista de los Trabajadores (PST), obligándolo a cesar en todas las actividades y cerrar sus instalaciones. El PST recurrió, pero no obtuvo respuesta y continuó suspendido. También en enero, el Ministerio del Interior pidió al Consejo de Estado la suspensión de otros dos partidos políticos: la Unión por el Cambio y el Progreso y la Agrupación por la Cultura y la Democracia.

En abril, fue encarcelado por múltiples cargos Abdelrahman Zitout, hermano menor de un miembro de Rachad, movimiento opositor que las autoridades calificaban de “terrorista”. No se presentaron pruebas de terrorismo contra él ante el tribunal. Abdelrahman hizo varias huelgas de hambre para protestar por su encarcelamiento.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos continuaron perpetrándose con impunidad.

En abril, Mohamed Benhlima, activista contra la corrupción, exmilitar y denunciante de irregularidades, fue trasladado a la prisión militar de Blida, al sudoeste de Argel, recluido en régimen de aislamiento, torturado y sometido a otros malos tratos, y no se le permitió recibir alimentos, ropa ni libros del exterior.

Libertad de religión o de creencias

Las autoridades siguieron aplicando el Decreto Ley 06-3, que restringía todas las religiones que no fueran el islam suní, para enjuiciar a miembros de la Religión Ahmadí de la Paz y la Luz y cerrar al menos 3 iglesias protestantes, lo que elevó a 29 el número de iglesias cerradas desde 2018. Las autoridades no habían expedido ninguna licencia para el culto no musulmán desde 2006.

Las autoridades se negaron a conceder licencias de construcción a la iglesia protestante de Argelia, que contaba con 47 templos en todo el país.

En enero, el gobierno rechazó la opinión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que consideraba que la condena, en virtud del artículo 144 bis.2 del Código Penal, de Hamid Soudad, cristiano, a 5 años de prisión por “ofender el islam” era incompatible con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El gobierno alegó que dicho artículo protegía el orden público.

En junio, el tribunal de primera instancia de Bugía, en el este de Argel, acusó a 18 miembros de la Religión Ahmadí de la Paz y la Luz de “participación en un grupo no autorizado” y de “menospreciar el islam”, en virtud del artículo 46 de la Ley de Asociaciones y del artículo 144 bis.2 del Código Penal, respectivamente. El juez ordenó la detención de 3 de ellos y la libertad del resto en espera de posteriores investigaciones. En noviembre se retiraron todos los cargos contra el grupo. El 16 de noviembre, el Ministerio de Asuntos Religiosos emitió un edicto religioso contra el grupo en el que declaraba “herejes” a sus miembros y afirmaba que debían ser “condenados y castigados de conformidad con la ley”.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, más de 140 personas refugiadas y solicitantes de asilo fueron detenidas o deportadas entre enero y mediados de septiembre, y al menos 21.870 personas fueron deportadas a Níger en 2022.

En noviembre, las autoridades trasladaron forzosamente a más de 60 hombres, mujeres, niños y niñas sirios y palestinos al otro lado de la frontera con Níger y los abandonaron en el desierto.

Libertad de circulación

Se impidió salir del país sin que mediara orden judicial al menos a cinco activistas y periodistas, lo que vulneraba su derecho a la libertad de circulación.

En febrero, Lazhar Zouaimia, ciudadano argelino-canadiense y miembro de Amnistía Internacional en Canadá, fue acusado de “terrorismo” por su presunta relación con el Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia y con Rachad. Las autoridades le impidieron salir de Argelia en dos ocasiones, antes de permitirle viajar a Canadá en mayo.2 En septiembre, un tribunal de la ciudad de Constantina dictó sentencia condenatoria contra él in absentia y le impuso una pena de cinco años de prisión y una multa.

En agosto, personal del aeropuerto de Orán y las autoridades interrogaron al activista Kaddour Chouicha y a la periodista Jamila Loukil y les impidieron viajar a Suiza para asistir a una conferencia de la ONU.

Derecho a un juicio justo

Las autoridades detuvieron arbitrariamente a abogados defensores, menoscabando así el derecho a un juicio justo. En junio, el tribunal de primera instancia de la ciudad de Tebessa, en el nordeste de Argelia, condenó al abogado Abderraouf Arslane a tres años de prisión, dos de ellos en suspenso, después de que hubiera estado más de un año en detención previa al juicio. Abderraouf había sido detenido en mayo de 2021 por defender a tres activistas de Hirak y acusado de “difundir noticias falsas” y de delitos relacionados con el “terrorismo”.

En mayo, los abogados Abdelkader Chohra y Yassine Khlifi fueron detenidos por protestar por la muerte bajo custodia en circunstancias sospechosas de un activista y acusados de “difundir noticias falsas” y de “promover una concentración no armada”. Ambos fueron condenados el 15 de agosto a una pena condicional de seis meses de prisión, por lo que quedaron en libertad el mismo día.

Derechos de las mujeres

El Código Penal y el Código de Familia seguían discriminando ilegítimamente a las mujeres en asuntos de herencia, matrimonio, divorcio, custodia de hijos e hijas, y tutela. La “cláusula de perdón” del Código Penal permitía a los violadores eludir la condena si obtenían el perdón de la víctima, y no reconocía expresamente la violación conyugal como delito.

El grupo activista Feminicidios Argelia registró 37 femicidios denunciados en 2022.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El Código Penal continuó penalizando las relaciones homosexuales consentidas, que eran castigadas con penas de entre dos meses y dos años de prisión y una multa.

Derechos laborales

El Código de Trabajo seguía restringiendo el derecho a constituir sindicatos.

Las autoridades negaron la inscripción en registro a la asociación independiente Confederación General Autónoma de Trabajadores Argelinos, como llevaban haciendo desde 2013.

El 30 de abril, la policía de la ciudad de Bugía citó a Nacer Kassa, coordinador regional del Sindicato Nacional Autónomo del Personal de la Administración Pública, para pedirle que desconvocara una protesta en la que se exigía la mejora de los derechos laborales. El sindicato no llevó a cabo su protesta, pero denunció la prohibición. En octubre, las autoridades locales de Bugía se negaron, sin explicación alguna, a permitir que el sindicato celebrara su asamblea general.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron dictando condenas a muerte, entre otros, por motivos políticos. La última ejecución tuvo lugar en 1993.

En octubre, Mohamed Abderrahmane Semmar, director del portal de noticias Algérie Part, fue condenado a muerte por “alta traición” por haber filtrado información sobre acuerdos petroleros argelinos.

En noviembre, el Tribunal Penal de Primera Instancia de Dar El Beida, en Argel, condenó a muerte a decenas de personas, entre ellas una mujer, por el asesinato del activista Djamel Ben Smail, que había sido linchado por una multitud en agosto de 2021 en la región de la Cabilia, en el nordeste de Argelia. El juez condenó in absentia a cinco de las personas acusadas por sus presuntos vínculos con el Movimiento por la Autodeterminación de la Cabilia, que las autoridades calificaban de “terrorista”.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Argelia no había actualizado su objetivo de emisiones en 2030 para cumplir con el imperativo de 1,5 °C, y la legislación nacional seguía siendo insuficiente para proteger y promover el derecho a un medioambiente limpio y saludable.

En agosto, los incendios forestales destruyeron unas 10.000 hectáreas de bosque y causaron la muerte de 43 personas.

  1. Argelia: Pongan fin al procesamiento de activistas que denunciaron tortura de un menor bajo custodia policial, 22 de marzo
  2. Argelia: Lift arbitrary travel bans on diaspora activists, 6 de mayo
República Argelina Democrática y Popular
Jefe del Estado: Abdelmadjid Tebboune
Jefe del gobierno: Aïmene Benabderrahmane