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Argelia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades siguieron deteniendo arbitrariamente a participantes en manifestaciones pacíficas, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas. Las asociaciones continuaron sufriendo restricciones indebidas, y siguió vigente la legislación que restringía el derecho a fundar sindicatos. Se enjuició injustamente a miembros de la minoría religiosa musulmana ahmadí. Persistió la impunidad de los abusos cometidos en el pasado. Las personas migrantes corrían riesgo de expulsión colectiva. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.

En enero, nuevas medidas de austeridad anunciadas por el gobierno desencadenaron protestas y huelgas, sobre todo en las regiones septentrionales de la Cabilia y la Chauía. En febrero, un decreto presidencial creó una nueva institución nacional de derechos humanos, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, que sustituyó a la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En mayo, Argelia se sometió por tercera vez al examen periódico universal de la ONU.1 También en mayo, unas elecciones legislativas caracterizadas por la escasa participación modificaron de forma limitada la representación de los partidos en el Parlamento, y, tras una remodelación del gobierno, Abdelmadjid Tebboune fue brevemente primer ministro, hasta que en agosto lo sustituyó Ahmed Uyahia.

Hubo enfrentamientos esporádicos de baja intensidad entre las fuerzas de seguridad y grupos armados de oposición en varias zonas. En agosto, un hombre mató a dos policías en un atentado suicida con explosivos contra una comisaría de policía de Tiaret, al oeste de Argel, la capital, que reivindicaron posteriormente tanto el grupo armado Estado Islámico como Al Qaeda en el Magreb Islámico.

Las autoridades continuaron deteniendo y enjuiciando a activistas pacíficos, incluidas personas que protestaban por el desempleo y los servicios públicos. También detenían a quienes protestaban en solidaridad con activistas detenidos, y a periodistas y blogueros que informaban de las protestas en las redes sociales.

En enero, la policía detuvo al conocido bloguero Merzoug Touati en Bejaia, en la Cabilia, tras las protestas celebradas en esa región contra las medidas de austeridad. Las autoridades lo mantuvieron recluido mientras lo investigaban por entrevistar en su blog a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí y por publicar información sobre las protestas.

En junio, la policía detuvo al periodista Said Chitour como sospechoso de espionaje y de vender documentos clasificados a diplomáticos extranjeros. En noviembre se trasladó su caso al Tribunal Penal.

Las autoridades mantuvieron la prohibición de celebrar protestas en Argel impuesta en virtud de un decreto de 2001.

Las autoridades siguieron dejando a numerosas asociaciones, entre ellas Amnistía Internacional Argelia y otros grupos de derechos humanos, en una situación jurídica incierta al no aceptar sus solicitudes de inscripción en el registro en virtud de la Ley de Asociaciones, que era enormemente restrictiva. Las autoridades locales negaron a la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH) la autorización para celebrar una reunión en relación con los derechos humanos en octubre y un acto público para conmemorar la Declaración Universal de Derechos Humanos en diciembre. El gobierno no había elaborado aún un nuevo anteproyecto de ley que respetase la libertad de asociación, tal como exigían las reformas de la Constitución de 2016.

En enero fue excarcelado el defensor de los derechos humanos Hassan Bouras, después de que un tribunal le redujera la pena de un año de prisión a una condena condicional de seis meses. La policía lo había detenido por publicar un vídeo en el canal de YouTube de la sección de la LADDH en El Bayadh en el que denunciaba corrupción entre altos cargos de esta ciudad.

En marzo, un juzgado de Gardaya ordenó el enjuiciamiento del abogado de derechos humanos Salah Dabouz, miembro de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación con unos comentarios que había hecho en la televisión sobre disturbios ocurridos en Gardaya y por supuestamente llevar consigo un ordenador y una cámara durante una visita a unos activistas detenidos. El juzgado lo había mantenido bajo supervisión judicial desde julio de 2016 hasta marzo de 2017, obligándolo a comparecer ante él dos veces a la semana, lo que suponía recorrer más de 600 kilómetros desde su domicilio, en Argel.

En abril, un juez instructor de Medea trasladó una causa abierta contra el abogado de derechos humanos Noureddine Ahmine, miembro de la Red de Abogados para la Defensa de los Derechos Humanos, a un tribunal de Gardaya para que fuera juzgado por los cargos de “insultar a una institución pública” y denunciar “falsamente” un delito. Los cargos tenían relación con una denuncia de tortura que había presentado en 2014 aparentemente en nombre de otra persona.

En mayo, un tribunal de Medea declaró injustamente culpables de asesinato, terrorismo y otros delitos graves al fundador del Movimiento por la Autonomía del Mzab, Kamaleddine Fekhar, y a 21 de los 41 hombres enjuiciados en la causa, por su presunta participación en la violencia entre comunidades ocurrida en la provincia de Gardaya entre 2013 y 2015, en la que murieron alrededor de 25 personas.2 El tribunal les impuso penas parcialmente condicionales de entre tres y cinco años de prisión. Todos salieron en libertad entre mayo y julio de 2017 por haber cumplido ya sus condenas. De los 41 procesados, 37 habían estado en prisión preventiva, muchos desde 2015.

En julio, las autoridades españolas detuvieron a Salah Abbouna y Khodir Sekkouti, activistas del Movimiento por la Autonomía del Mzab, tras presentar Argelia una solicitud de extradición contra ellos alegando sus críticas a las autoridades argelinas en Facebook. En octubre, pusieron a ambos en libertad bajo fianza en espera de la decisión de la Audiencia Nacional española sobre la extradición.

Durante el año, más de 280 miembros del movimiento religioso minoritario ahmadí fueron juzgados en relación con sus creencias y prácticas religiosas.3 A partir de abril, los tribunales excarcelaron a 16 ahmadíes tras reducir o suspender sus condenas, aunque decenas más seguían siendo objeto de investigación o enjuiciados y 5 permanecían detenidos. En agosto, las autoridades volvieron a detener a Mohamed Fali, presidente de la comunidad ahmadí de Argelia, en Ain Safra, provincia de Naama, antes de someterlo a juicio ante el Juzgado de Primera Instancia de Ain Tedles por recaudar donativos sin licencia, “denigrar el dogma islámico” y “pertenecer a una asociación no autorizada”. Al concluir el año, estaba enjuiciado en seis causas ante diferentes tribunales en relación con la práctica pacífica de sus creencias religiosas.

Las autoridades no tomaron medidas para abrir investigaciones y hacer frente a la impunidad de abusos graves contra los derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, como homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, violación y otras formas de tortura, cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados en la década de 1990, durante el conflicto interno de Argelia, que se saldó con la muerte o desaparición forzada de alrededor de 200.000 personas.

En enero, los tribunales suizos archivaron una investigación sobre crímenes de guerra contra el ministro de Defensa argelino retirado Khaled Nezzar por hechos acaecidos entre 1992 y 1994 en Argelia, alegando inadmisibilidad debido a la ausencia de conflicto armado en el país en esas fechas.

En febrero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró que las autoridades argelinas habían violado el derecho a interponer recurso, el derecho a la vida y la prohibición de la tortura en relación con Mohamed Belamrania, sometido a desaparición forzada y a ejecución extrajudicial en 1995. Unos días después de que se hiciera pública la conclusión de la ONU, la policía detuvo a su hijo, Rafik Belamrania, y lo acusó de “propugnar el terrorismo en Facebook”. Rafik Belamrania había denunciado el caso de su padre ante el órgano de la ONU y documentado otros casos de desaparición forzada, detención arbitraria y ejecución extrajudicial perpetradas por las fuerzas de seguridad argelinas contra presuntos simpatizantes del Frente Islámico de Salvación (FIS) durante la década de 1990. En noviembre fue condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 100.000 dinares argelinos (alrededor de 870 dólares estadounidenses).

Entre abril y junio, un grupo de 25 personas refugiadas sirias, entre las que había 10 menores de edad, estuvieron bloqueadas en la zona temporal de seguridad de la frontera de Marruecos con Argelia, en pleno desierto.4 En junio, las autoridades argelinas anunciaron que les permitirían entrar en Argelia y que el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados— les proporcionaría asistencia. Sin embargo, posteriormente se negaron a dejarles entrar a través de un paso fronterizo no oficial. Todo el grupo estuvo bloqueado en el desierto hasta que Marruecos les concedió protección.

Entre agosto y diciembre, las autoridades detuvieron arbitrariamente a más de 6.500 migrantes subsaharianos y los expulsaron a los vecinos Níger y Malí basándose en criterios raciales.5

En febrero, un tribunal de Annaba declaró culpables de salir irregularmente de Argelia a 27 hombres, algunos de ellos argelinos, que habían intentado salir del país en barco, y les impuso sendas multas de 20.000 dinares argelinos (unos 180 dólares estadounidenses).

El Código de Trabajo siguió restringiendo indebidamente el derecho a crear asociaciones sindicales al limitar las federaciones y confederaciones a sindicatos de un único sector laboral, permitir crear organizaciones sindicales sólo a personas nacidas en Argelia o que tuvieran la nacionalidad argelina como mínimo desde hacía 10 años y restringir la financiación extranjera de los sindicatos. Las autoridades continuaron negando la inscripción en registro de la Confederación Autónoma General de Trabajadores Argelinos, de carácter independiente y multisectorial, que había presentado su solicitud por primera vez en 2013.

En mayo, el Ministerio de Trabajo prohibió el Sindicato Autónomo Nacional de la Electricidad y el Gas al retirarle el reconocimiento; sin embargo, un funcionario del gobierno negó públicamente la prohibición durante una sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo celebrada en junio.

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.

  1. Human Rights Council adopts Universal Periodic Review outcome on Algeria (MDE 28/7152/2017)
  2. Algeria: Ensure fair trial for minority rights activists (noticia, 29 de mayo)
  3. Argelia: Oleada de detenciones y procesamientos de cientos de ahmadíes (noticia, 19 de junio)
  4. Necesidad urgente de ayuda para personas refugiadas sirias atrapadas en el desierto en la frontera entre Marruecos y Argelia (noticia, 7 de junio)
  5. Argelia: Aplicación generalizada de criterios raciales para expulsar a más de 2.000 migrantes subsaharianos (noticia, 23 de octubre)
República Argelina Democrática y Popular
Jefe del Estado: Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno: Ahmed Uyahia (sustituyó en agosto a Abdelmadjid Tebboune, que había sustituido a Abdelmalek Sellal en mayo)
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