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Argelia

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión, asociación, reunión y religión, y procesaron en juicios injustos a personas que expresaban pacíficamente críticas, como defensores y defensoras de los derechos humanos. Se expulsó arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes. Los responsables de abusos graves cometidos en el pasado siguieron gozando de impunidad. Los tribunales impusieron condenas a muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.

En enero, el gobierno disolvió el Departamento de Información y Seguridad —principal organismo de seguridad, vinculado a la tortura y otros malos tratos de detenidos— y lo sustituyó por la Dirección de Servicios de Seguridad, que dependía directamente del presidente.

También en enero entraron en vigor los cambios introducidos en el Código de Procedimiento Penal, que incluían nuevas medidas de protección de testigos, límites al derecho de apelación en causas por delitos menores y reformas que permitían que una persona contactara con un abogado desde el momento en que era detenida por la policía. Los cambios no daban a las personas detenidas el derecho a que su abogado estuviera presente durante el interrogatorio.

En febrero se aprobaron enmiendas a la Constitución, entre ellas la creación del Consejo Nacional de Derechos Humanos, que sustituía a la Comisión Nacional Consultiva de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Otra enmienda fue la declaración del tamazight como lengua oficial, potenciando así los derechos culturales de la población amazigh.1

Las autoridades seguían bloqueando el acceso a Argelia de algunos mecanismos de derechos humanos de la ONU, entre ellos los titulares de los mandatos sobre la tortura y otros malos tratos, la lucha antiterrorista, las desapariciones forzadas y la libertad de asociación y de reunión pacífica. También continuaron impidiendo que algunas organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, realizaran visitas para investigar la situación de los derechos humanos.

Las autoridades siguieron dejando a muchas asociaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional Argelia, en una situación jurídica incierta al no aceptar sus solicitudes de inscripción en registro. Estas solicitudes eran obligatorias en virtud de la Ley 12-06, sobre asociaciones, que imponía a éstas restricciones arbitrarias de amplio alcance y sancionaba la pertenencia a asociaciones no reconocidas con penas de hasta seis meses de prisión y multas.

Las autoridades aplicaban restricciones severas a la libertad de reunión, manteniendo la prohibición de todas las manifestaciones en la capital, Argel, en virtud de un decreto de 2001, y deteniendo y enjuiciando a manifestantes pacíficos.

En enero, un tribunal de Tamanrasset impuso multas y penas de un año de prisión a siete manifestantes pacíficos declarados culpables de “concentración no armada” y de “ofender a instituciones públicas” por protestar en relación con un conflicto local sobre tierras en diciembre de 2015. Seis de los siete enjuiciados quedaron en libertad en julio en virtud de un indulto presidencial. El séptimo, el activista Dahmane Kerami, continuó encarcelado cumpliendo una pena de un año de prisión impuesta en una causa distinta, en la que había sido declarado culpable de participar en “concentraciones no armadas” y de “interrumpir el tráfico” durante unas protestas pacíficas, convocadas en Tamanrasset en 2015, en contra de la extracción de gas de esquisto por fracturación hidráulica y en favor de los trabajadores despedidos por una empresa minera aurífera local. Quedó en libertad el 31 de diciembre, tras haber cumplido la condena.2

En marzo, un tribunal condenó al activista Abdelali Ghellam a un año de prisión y al pago de una multa tras declararlo culpable de incitar a participar en una concentración no armada y de “interrumpir el tráfico”. Los cargos se referían a unos comentarios sobre la protesta de Tamanrasset que había publicado en Facebook. Quedó en libertad en abril.

Se enjuició a detractores pacíficos de las autoridades y se obligó a cerrar medios de comunicación.

En marzo, un tribunal de Tlemcen declaró culpable de difamación y de “ofender” al presidente y a un organismo público a la miembro de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos Zoulikha Belarbi y le impuso una multa. Los cargos se referían a la publicación en Facebook de un collage satírico que representaba al presidente Buteflika y a otras autoridades. En diciembre se añadieron a su condena seis meses de prisión en apelación.

En junio, las autoridades detuvieron al director y al productor del grupo privado de medios de comunicación Khabar Broadcasting Corporation, así como a una funcionaria del Ministerio de Comunicación, en relación con dos populares programas satíricos de actualidad. Los tres estuvieron varias semanas detenidos, hasta que un tribunal les impuso condenas condicionales de entre seis meses y un año de prisión por irregularidades en la licencia. La gendarmería clausuró los estudios de grabación en julio, obligando a la suspensión de ambos programas.3

En julio, un tribunal condenó al periodista independiente Mohamed Tamalt a dos años de prisión tras declararlo culpable de “ofender” al presidente y a las instituciones públicas en unos comentarios —publicados en Facebook y en su blog sobre corrupción y nepotismo entre altos cargos. En agosto, tras una vista en la que el periodista acusó a los guardias penitenciarios de haberlo golpeado, un tribunal de apelación confirmó la condena. Mohamed Tamalt, que había iniciado una huelga de hambre en el momento de su detención, en junio, entró en coma en agosto y murió en el hospital en diciembre. Las autoridades no investigaron adecuadamente las presuntas palizas que había sufrido bajo custodia, el trato que recibió en prisión ni su muerte.4

En noviembre, un tribunal de El Bayadh condenó al periodista y activista de derechos humanos Hassan Bouras a un año de prisión por los cargos de complicidad en ofender a funcionarios del Estado y a un organismo público después de que una emisora privada de televisión emitiera una entrevista que había hecho a tres personas que denunciaban corrupción policial y judicial.5

Según medios de comunicación y grupos de la sociedad civil, a partir del mes de junio las autoridades hostigaron a miembros de la comunidad musulmana ahmadí, deteniendo a más de 50 personas en las provincias de Blida y Skikda, así como en otras partes del país, a causa de sus creencias religiosas. Poco después de las detenciones de junio en Blida, el ministro de Asuntos Religiosos acusó públicamente a los ahmadíes de “extremismo” y de servir a intereses extranjeros. En noviembre, un tribunal de Skikda impuso a 20 ahmadíes multas y penas de entre un mes y un año de prisión; al finalizar el año seguían en libertad en espera del resultado de una apelación.

En agosto, un tribunal condenó a Slimane Bouhafs, cristiano converso de Sétif, a cinco años de prisión por “denigrar” el islam e “insultar” al profeta Mahoma en unos comentarios que había publicado en Facebook. Un tribunal de apelación le redujo la pena a tres años.6

Las autoridades hostigaron y enjuiciaron a defensores y defensoras de los derechos humanos. En marzo, un tribunal de Gardaya acusó al abogado Noureddine Ahmine de “insultar a una institución pública” y de denunciar falsamente un delito en relación con una denuncia de tortura que había presentado en 2014 aparentemente en nombre de una persona a la que representaba. Noureddine Ahmine había defendido a numerosos manifestantes y periodistas de cargos derivados del ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

En junio, un juez instructor de Gardaya dictó una orden de detención contra el abogado Salah Dabouz, miembro de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos, en relación con unos comentarios que había hecho sobre disturbios ocurridos en Gardaya y por llevar supuestamente un ordenador y una cámara a una prisión.

Durante 2016 siguieron recluidas en espera de juicio decenas de personas detenidas en relación con la violencia que se había desencadenado entre comunidades de la región de Mzab en 2015, y a las que las autoridades investigaban por cargos de terrorismo e incitación al odio. Entre ellas estaban el activista político Kameleddine Fekhar y otros partidarios de la autonomía de la región.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que Argelia había violado los artículos 2, 7 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en relación con la falta de investigación de las denuncias presentadas por el empresario Mejdoub Chani, según el cual funcionarios del Departamento de Información y Seguridad lo habían recluido en régimen de incomunicación y torturado durante el interrogatorio al que lo habían sometido tras su detención por corrupción y blanqueo de dinero en 2009. Al final del año, el empresario seguía en prisión en espera de que se resolvieran sus recursos ante el Tribunal Supremo.

El Código de Familia seguía discriminando a las mujeres en asuntos como el matrimonio, el divorcio, la tutela y custodia de los hijos e hijas y la herencia. Las mujeres y las niñas continuaban sin recibir protección adecuada frente a la violencia de género, ya que no existía una ley integral en esa materia. El Código Penal seguía prohibiendo la violación sin definirla y sin reconocer expresamente como delito la violación conyugal, y permitía que los hombres que violasen a niñas menores de 18 años eludieran el procesamiento casándose con la víctima. Además, el Código continuaba penalizando el aborto.

El gobierno seguía sin promulgar leyes que protegieran el derecho de asilo.

Hubo enfrentamientos entre residentes locales y migrantes del África subsahariana en Bechar y Ouargla en marzo; en Tamanrasset, en julio, y en Argel, en noviembre.

En diciembre, las fuerzas de seguridad detuvieron en Argel a alrededor de 1.500 personas migrantes y refugiadas subsaharianas, y en cuestión de días expulsaron arbitrariamente a cientos de ellas al vecino Níger. Las que no fueron expulsadas fueron puestas en libertad en la ciudad meridional de Tamanrasset, donde, según informes, se les prohibió usar el transporte público para impedirles regresar a Argel.

Se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados de oposición en varias zonas. Según las autoridades, las fuerzas de seguridad mataron a 125 presuntos miembros de grupos armados, aunque revelaron pocos detalles, lo que hizo temer que algunos pudieran haber sido víctimas de ejecución extrajudicial.

En marzo, el grupo armado autodenominado Al Qaeda en el Magreb Islámico reivindicó la responsabilidad de un ataque con cohetes contra un centro de producción de gas de Khrechba. No se tuvo noticia de ninguna víctima.

El gobierno seguía permitiendo que los abusos graves contra los derechos humanos cometidos en la década de 1990 continuaran impunes, al no investigarlos ni hacer rendir cuentas a sus responsables. Los homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, violaciones y otras torturas cometidas por las fuerzas de seguridad, así como algunos abusos cometidos por grupos armados, podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad.7

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 1993.

  1. Algeria: Constitution needs stronger human rights safeguards (MDE 28/3366/2016)
  2. En libertad seis manifestantes y encarcelado aún otro (MDE 28/4437/2016)
  3. Algeria: End media restrictions (MDE 28/4369/2016)
  4. Preocupación por la salud de periodista británico argelino (MDE 28/4738/2016)
  5. Un año de cárcel por denunciar corrupción (MDE 28/5299/2016)
  6. Preso de conciencia sigue encarcelado (MDE 28/4783/2016)
  7. Algeria: Time to end impunity for past and present abuses (MDE 28/3521/2016)
República Argelina Democrática y Popular
Jefe del Estado: Abdelaziz Buteflika
Jefe del gobierno: Abdelmalek Sellal
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