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Yemen

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Todas las partes en el prolongado conflicto armado cometieron con impunidad crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional. La coalición dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente bombardeó hospitales y otras infraestructuras de carácter civil, y efectuó ataques indiscriminados, matando e hiriendo a civiles. El grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él bombardearon indiscriminadamente con artillería zonas residenciales civiles de la ciudad de Taiz, así como territorio fronterizo saudí, matando e hiriendo a civiles. Las fuerzas huzíes y sus aliados imponían duras restricciones al derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en las zonas que controlaban, deteniendo arbitrariamente a quienes expresaban oposición o críticas, como periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, y obligando a cerrar ONG. Sometieron a algunas personas detenidas a desaparición forzada y a tortura y otros malos tratos. Las mujeres y las niñas continuaban sufriendo una arraigada discriminación y otros abusos, como el matrimonio forzado y la violencia en el ámbito familiar. La pena de muerte seguía vigente; no se disponía de información pública sobre condenas a muerte y ejecuciones.

El conflicto armado entre el gobierno del presidente Hadi, reconocido internacionalmente y apoyado por una coalición internacional dirigida por Arabia Saudí, y el grupo armado huzí y las fuerzas aliadas con él, entre las que había unidades del ejército leales al ex presidente Alí Abdulá Salé, continuó haciendo estragos durante todo el año. Los huzíes y las fuerzas aliadas con el ex presidente Salé seguían controlando la capital, Saná, y otras zonas. El gobierno del presidente Hadi controlaba partes del sur de Yemen, incluidas las gobernaciones de Lahj y Adén.

El grupo armado Al Qaeda en la Península Arábiga continuaba controlando partes del sur de Yemen. Siguió cometiendo atentados con explosivos en Adén y en la ciudad portuaria de Al Mukallah, que las fuerzas gubernamentales recuperaron en abril, y continuó siendo atacado por las fuerzas estadounidenses con misiles. El grupo armado Estado Islámico también efectuó atentados con explosivos en Adén y Al Mukallah, dirigidos en su mayoría contra funcionarios y fuerzas del gobierno.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde que comenzó el conflicto en marzo de 2015 habían muerto 4.125 civiles, entre ellos más de 1.200 niños y niñas, y más de 7.000 habían resultado heridos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU informó de que en octubre el conflicto había provocado el desplazamiento forzado de más de 3,27 millones de personas y de que casi 21,2 millones —el 80% de la población— dependían de la asistencia humanitaria.

En abril comenzaron en Kuwait unas conversaciones de paz entre las partes en el conflicto, auspiciadas por la ONU y acompañadas de un breve alto en las hostilidades. Tras el fracaso de las negociaciones el 6 de agosto, los combates se intensificaron. El 25 de agosto, el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, anunció un “nuevo enfoque para las negociaciones” que al finalizar el año no había producido resultados claros.

Las fuerzas huzíes y sus aliados nombraron un Consejo Político Supremo de 10 miembros para gobernar Yemen, que a su vez nombró al ex gobernador de Aden Abdulaziz bin Habtoor para dirigir un gobierno de “salvación nacional”. En septiembre, el presidente Hadi ordenó el traslado del Banco Central de Saná a Adén, lo que agravó la crisis fiscal causada por el agotamiento de sus reservas y la crisis humanitaria, al reducir la capacidad del gobierno huzí de facto de Saná para importar alimentos, combustible y material médico esenciales.

Violaciones del derecho internacional cometidas por grupos armados

Las fuerzas huzíes y sus aliados, entre los que había unidades del ejército leales al ex presidente Salé, cometieron reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, como ataques indiscriminados y desproporcionados. En las zonas que controlaban pusieron en peligro a la población civil al lanzar ataques desde las proximidades de escuelas, hospitales y viviendas y exponer así a sus ocupantes a sufrir ataques de las fuerzas progubernamentales, incluidos bombardeos aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí. También dispararon indiscriminadamente municiones explosivas con un radio de acción amplio, como bombas de mortero y proyectiles de artillería, contra zonas residenciales controladas o disputadas por fuerzas que se oponían a ellas, sobre todo en la ciudad de Taiz, causando la muerte y heridas a civiles. En noviembre se tuvo noticia de que las fuerzas huzíes y sus aliados habían efectuado al menos 45 ataques ilícitos en Taiz, matando e hiriendo a decenas de civiles. La ONU informó de que un ataque cometido el 4 de octubre había matado a 10 civiles, entre ellos 6 niños y niñas, y herido a otros 17 en una calle próxima al mercado de Bir Basha. Los huzíes y sus aliados también siguieron colocando minas terrestres antipersonal, prohibidas internacionalmente, que causaron víctimas civiles, y reclutaron y desplegaron a niños y niñas soldados. En junio, el secretario general de la ONU informó de que los huzíes habían sido responsables del 72% de los 762 casos verificados de reclutamiento de niños y niñas soldados durante el conflicto.

En Saná y otras zonas bajo su control, los huzíes y sus aliados detuvieron arbitrariamente a personas que expresaban críticas u oposición, así como a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, sometiendo a decenas de ellas a desaparición forzada. Hombres armados pertenecientes a Ansarullah, el brazo político huzí, practicaron numerosas detenciones en viviendas, centros de trabajo, puestos de control o lugares públicos como mezquitas sin orden judicial o motivos expresos, y sin revelar adónde se llevaban a las personas detenidas o dónde iban a ser recluidas.

En muchos casos las recluían en lugares no oficiales, como domicilios particulares, sin informarles del motivo de la detención ni darles ningún medio para impugnar su legalidad, como acceso a abogados y a los tribunales. Algunas fueron sometidas a desaparición forzada y recluidas en lugares secretos; las autoridades huzíes se negaban a reconocer su detención, así como a revelar información sobre ellas o permitirles acceder a un abogado y a sus familias. Algunas personas detenidas sufrieron tortura y otros malos tratos. En febrero la familia de una persona detenida denunció haber visto a unos guardias golpearla en el centro de detención de la Oficina de Seguridad Política de Saná.

Las fuerzas que se oponían a los huzíes y sus aliados llevaron a cabo una campaña de hostigamiento e intimidación contra el personal hospitalario y pusieron en peligro a civiles al emplazar combatientes y posiciones militares en las proximidades de instalaciones médicas, especialmente durante los combates en la ciudad meridional de Taiz. Se cerraron al menos tres hospitales debido a amenazas contra su personal.

Los huzíes y sus aliados también limitaban la libertad de asociación en las zonas sometidas a su administración de facto.

Violaciones del derecho internacional cometidas por la coalición dirigida por Arabia Saudí

La coalición internacional que apoyaba al gobierno del presidente Hadi siguió cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. El bloqueo marítimo y aéreo parcial impuesto por la coalición restringió aún más la importación de alimentos y otros productos de primera necesidad, agravando la crisis humanitaria causada por el conflicto, e impidió la llegada de vuelos comerciales a Saná.

Los aviones de la coalición bombardearon zonas controladas o disputadas por las fuerzas huzíes y sus aliados, sobre todo en las gobernaciones de Saná, Hayyah, Hudayda y Saada, matando e hiriendo a miles de civiles. Muchos ataques de la coalición estaban dirigidos contra objetivos militares, pero otros fueron indiscriminados, desproporcionados o tuvieron como blanco la población civil y bienes de carácter civil, como lugares donde se celebraban funerales, hospitales, escuelas, mercados y fábricas. La coalición dirigió algunos de sus ataques contra infraestructuras clave, como puentes, instalaciones de abastecimiento de agua y torres de telecomunicaciones. En agosto, un ataque destruyó el principal puente de carretera entre Saná y Hudayda. Algunos de los ataques de la coalición constituyeron crímenes de guerra.

En agosto, la ONG humanitaria Médicos sin Fronteras (MSF) declaró que había perdido la confianza en la capacidad de la coalición para evitar estos ataques letales. MSF retiró a su personal de seis hospitales del norte de Yemen después de que aviones de la coalición bombardearan un hospital apoyado por la ONG, por cuarta vez en un año, matando a 19 personas e hiriendo a 24. A principios de diciembre, el Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes, creado por la coalición dirigida por Arabia Saudí para investigar presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por sus fuerzas, concluyó que el ataque había sido un “error involuntario”. La declaración pública del Equipo Conjunto contradecía las investigaciones de MSF, que concluyeron que el incidente no había sido consecuencia de un error, sino de hostilidades llevadas a cabo sin respetar el carácter protegido de los hospitales y las estructuras civiles.

Según la ONU, el 21 de septiembre, un ataque aéreo de la coalición contra una zona residencial de la ciudad de Hudayda mató a 26 civiles, 7 niños y niñas entre ellos, e hirió a otros 24. El 8 de octubre, otro ataque aéreo de la coalición mató a más de 100 personas que asistían a un funeral en Saná e hirió a más de 500. Aunque inicialmente la coalición negó su responsabilidad en este ataque, tras las críticas internacionales la reconoció, declarando que se había efectuado sobre la base de “información incorrecta” y que sancionaría a los responsables.

Las fuerzas de la coalición usaron también en algunos ataques munición poco precisa, como bombas de fabricación estadounidense y británica de gran tamaño y amplio radio de acción, que causaban víctimas y destrucción más allá de los puntos donde impactaban directamente. Asimismo, siguieron usando municiones de racimo de fabricación estadounidense y británica en ataques lanzados en las gobernaciones de Saada y Hayyah, a pesar de que estaban prohibidas internacionalmente por su naturaleza intrínsecamente indiscriminada. Estas municiones esparcían pequeñas bombas explosivas por una amplia superficie y representaban un riesgo permanente al no explotar en muchos casos en el momento del impacto. En diciembre, la coalición admitió que sus fuerzas habían empleado municiones de racimo de fabricación británica en 2015 y afirmó que no lo haría en el futuro.

Todas las partes en el conflicto armado cometieron con impunidad violaciones graves del derecho internacional. Los huzíes y sus aliados no tomaron ninguna medida para investigar las cometidas por sus fuerzas y hacer rendir cuentas a los responsables.

En agosto se amplió otro año el mandato de la comisión nacional de investigación creada por el presidente Hadi en septiembre de 2015. La comisión hizo algunas investigaciones, pero carecía de independencia e imparcialidad, no podía acceder a grandes zonas del país y se centraba casi exclusivamente en las violaciones del derecho internacional cometidas por los huzíes y sus aliados.

El Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes también adolecía de graves deficiencias. No reveló detalles de su mandato, metodología o facultades, como la forma en que determinaba los incidentes que iba a investigar, realizaba las investigaciones o verificaba la información, ni el carácter que tenían sus recomendaciones para los mandos de la coalición o sus Estados miembros.

Todas las partes en el conflicto agravaron el sufrimiento de la población civil al restringir el envío de ayuda humanitaria. Durante 2016, las fuerzas huzíes y sus aliados continuaron limitando la entrada de alimentos y material médico vital en Taiz, la tercera ciudad más poblada de Yemen, dejando a miles de civiles expuestos a soportar aún más sufrimiento. En otras partes del país, personal de ayuda humanitaria acusó a agentes de seguridad huzíes de imponer restricciones arbitrarias y excesivas a la circulación de productos y personal, tratar de comprometer la independencia de las operaciones de ayuda humanitaria y obligar a cerrar algunos programas humanitarios.

El personal de ayuda humanitaria acusó a la coalición dirigida por Arabia Saudí de dificultar la entrega de la ayuda mediante la imposición de trámites excesivamente onerosos, que le exigía informar a la coalición por adelantado de las operaciones previstas a fin de evitar un posible ataque.

El conflicto armado causó desplazamiento masivo de civiles, sobre todo en las gobernaciones de Taiz, Hayyah y Saná. En octubre, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó de que había en el país alrededor de 3,27 millones de personas internamente desplazadas, la mitad de ellas niños y niñas, lo que representaba un aumento de más de 650.000 desde diciembre de 2015.

El Grupo de Expertos de la ONU sobre Yemen hizo público su informe final el 26 de enero. El Grupo concluyó que todas las partes en el conflicto habían atacado reiteradamente a civiles y bienes de carácter civil, documentando “119 incursiones de la coalición relacionadas con violaciones del derecho internacional humanitario”, muchas de las cuales fueron “múltiples ataques aéreos contra objetivos civiles”. Un informe posterior, presentado por un nuevo Grupo de Expertos al Consejo de Seguridad de la ONU y que se filtró en agosto, acusaba a todas las partes en el conflicto de violar el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

En junio, el secretario general de la ONU eliminó a la coalición dirigida por Arabia Saudí de una lista anual de Estados y grupos armados responsables de violaciones de los derechos de los niños y las niñas en los conflictos armados después de que el gobierno saudí amenazase con dejar de financiar programas clave de la ONU.

En agosto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió el establecimiento de un órgano internacional independiente para llevar a cabo investigaciones exhaustivas en Yemen. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU resolvió en septiembre que el Alto Comisionado continuase proporcionando apoyo técnico a la comisión nacional de investigación establecida en 2015 y asignó expertos internacionales adicionales a su oficina en Yemen.

Las mujeres y las niñas continuaban estando discriminadas en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos, como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado y otros abusos.

Continuaba vigente la pena de muerte para numerosos delitos; no se disponía de información pública sobre condenas a muerte y ejecuciones.

República de Yemen
Jefe del Estado: Abd Rabu Mansur Hadi
Jefe del gobierno: Ahmed Obeid bin Daghr (sustituyó a Jaled Baha en abril)
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