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Yemen

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Todas las partes en el prolongado conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. A pesar del acuerdo de alto el fuego, siguieron llevando a cabo ataques ilegítimos que mataron e hirieron a civiles, interfirieron en su acceso a la ayuda humanitaria y destruyeron bienes de carácter civil. El gobierno de Yemen reconocido internacionalmente y las autoridades de facto huzíes continuaron hostigando, deteniendo arbitrariamente y procesando a periodistas y activistas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o por su afiliación política. Todas las partes cometieron actos de discriminación y violencia por motivos de género. Las autoridades de facto huzíes prohibieron a las mujeres viajar sin un tutor masculino, lo que dificultaba cada vez más a las yemeníes trabajar y entregar o recibir ayuda humanitaria. Todas las partes continuaron sometiendo a las personas LGBTI a detenciones arbitrarias, tortura —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual—, amenazas y hostigamiento. Todas las partes en el conflicto contribuyeron a la degradación ambiental.

Información general

El 2 de abril, las partes en el conflicto aceptaron una propuesta de la ONU para un alto el fuego de dos meses en todo el país, que posteriormente se renovó bimestralmente hasta el 2 de octubre. Las partes acordaron detener las operaciones militares ofensivas en el interior de Yemen y en sus fronteras, y facilitaron la entrada de envíos de combustible en el puerto de Al Hudaida y la entrada y salida de vuelos comerciales en el aeropuerto internacional de la capital, Saná, desde y hacia destinos predeterminados. Sin embargo, tanto durante el alto el fuego como después de su finalización, las partes en el conflicto lanzaron ataques esporádicos contra zonas civiles y líneas de frente en las gobernaciones de Marib, Al Hudaida, Taiz y Dhala.

El 7 de abril, el presidente Abd Rabbu Mansour Hadi cedió el poder al recién creado Consejo de Liderazgo Presidencial, dirigido por el exministro del Interior, Rashad al Alimi. El Consejo, que se componía de ocho miembros, incluía a representantes de destacadas facciones políticas y militares contrarias a las autoridades de facto huzíes.

El acceso de la población yemení a los alimentos seguía siendo muy restringido. Esta situación se agravó por la depreciación del rial yemení, las elevadas tasas de inflación y la escalada de los precios de los alimentos en todo el mundo. Según el Programa Mundial de Alimentos, la inseguridad alimentaria alcanzó niveles críticos en 20 de las 22 gobernaciones.

Homicidios y ataques ilegítimos

Antes de abril, la coalición dirigida por Arabia Saudí y las fuerzas huzíes habían llevado a cabo ataques indiscriminados que mataron e hirieron a civiles y destruyeron y dañaron bienes de carácter civil, entre ellos instalaciones sanitarias y educativas e infraestructuras de telecomunicaciones.

El 20 de enero, la coalición dirigida por Arabia Saudí lanzó ataques aéreos contra la ciudad de Al Hudaida en los que murieron al menos 3 menores de edad y se destruyó un edificio de telecomunicaciones, lo que provocó un apagón de Internet en todo el país durante 4 días. El 21 de enero, la coalición dirigida por Arabia Saudí disparó munición guiada de precisión de fabricación estadounidense contra un centro de detención de Saada, en el noroeste de Yemen, que causó la muerte de al menos 80 civiles e hirió a más de 200.1

El 4 de mayo, un dron lanzó 4 proyectiles de mortero contra el edificio de la administración policial de la gobernación de Taiz y la calle adyacente en el barrio de Al Ardhi (distrito de Sala), donde había un centro oncológico, un parque infantil, la Facultad de Arte y 2 campos de fútbol. El ataque hirió a 6 civiles.

El 23 de julio, un proyectil de artillería mató a un niño de 3 años e hirió a otros 11 niños y niñas en el barrio residencial de Zaid al Moshki, en la gobernación de Taiz. Los huzíes negaron haber sido los responsables del ataque.

El 21 de octubre y el 9 de noviembre, los huzíes lanzaron sendos ataques con drones, uno en el puerto petrolero de Al Dhabah, en la gobernación de Hadramaut, y otro en el puerto petrolero de Qana, en la gobernación de Shabua, con el fin de interrumpir las exportaciones de petróleo.

Libertad de expresión

Las partes en el conflicto continuaban hostigando, amenazando, deteniendo arbitrariamente y procesando a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Autoridades de facto huzíes

En enero, las autoridades de facto huzíes asaltaron al menos seis emisoras de radio en Saná y las cerraron. El propietario de la emisora de radio Sawt al Yemen apeló contra el cierre ante el Tribunal de Periodismo y Publicaciones de Saná, y en julio obtuvo una orden judicial a favor de su reapertura. Sin embargo, el 11 de julio, las fuerzas de seguridad volvieron a asaltar y cerrar la emisora, y confiscaron sus equipos de radiodifusión.

Las autoridades de facto huzíes seguían manteniendo recluidos al menos a ocho periodistas, cuatro de ellos condenados a muerte, tras haberlos sometido a un juicio manifiestamente injusto en 2020. A partir de mayo, el tribunal de apelación de Saná aplazó en numerosas ocasiones la vista de apelación de los cuatro periodistas condenados a muerte, Akram Al Walidi, Abdelkhaleq Amran, Hareth Hamid y Tawfiq al Mansouri.2En julio, a Tawfiq al Mansouri se le negó tratamiento médico urgente a pesar de que su estado de salud era crítico.

El 22 de febrero, el Tribunal Penal Especializado con sede en Saná —tribunal reservado tradicionalmente a los delitos relacionados con la seguridad— condenó al periodista Nabil al Sidawi a ocho años de prisión tras un juicio manifiestamente injusto por cargos graves y falsos, entre ellos el de espionaje. El 28 de junio, el Tribunal Penal Especializado con sede en Al Hudaida condenó a los periodistas Mohammed al Salahi y Mohammed al Juniad a tres años y ocho meses de prisión cada uno tras un procedimiento secreto, sin que su abogado estuviera presente, por cargos de espionaje falsos.3

Gobierno de Yemen

El gobierno reconocido internacionalmente hostigó, citó para investigación o detuvo arbitrariamente al menos a siete periodistas y activistas en las zonas que estaban bajo su control, entre ellas las gobernaciones de Taiz y Hadramaut. Las autoridades judiciales procesaron al menos a tres periodistas por haber publicado contenidos críticos con autoridades e instituciones públicas. Entre los cargos formulados contra ellos figuraban los de “insultar” a un empleado público (cargo que acarreaba una pena de hasta dos años de prisión), “burlarse” de oficiales del ejército y “ofender un símbolo del Estado”.4

El 4 de julio, las fuerzas de seguridad de la gobernación de Taiz detuvieron arbitrariamente a un escritor por una publicación en las redes sociales en la que criticaba la corrupción en la prestación de ayuda humanitaria a las personas internamente desplazadas de la gobernación de Taiz. Las fuerzas de seguridad lo retuvieron en el departamento de seguridad del distrito de Jabal Habashi durante ocho horas y no lo dejaron en libertad hasta obligarlo a firmar un documento en el que se comprometía a abstenerse de publicar opiniones en las redes sociales.

Negación de acceso humanitario

Las partes en el conflicto seguían restringiendo la circulación y el suministro de ayuda humanitaria, entre otras cosas mediante la imposición de trabas burocráticas como la denegación de permisos de viaje o su entrega retrasada, la cancelación de iniciativas humanitarias y la interferencia en el diseño de proyectos y en la implementación de actividades humanitarias.

Las autoridades de facto huzíes mantenían cerradas las principales carreteras de entrada y salida de la ciudad de Taiz, lo que impidió en gran medida la circulación eficiente de alimentos, medicamentos y otros productos esenciales hacia y desde la gobernación de Taiz.5

Durante 2022 se produjo un alarmante aumento de los ataques contra el personal de ayuda humanitaria y de la violencia contra sus activos e instalaciones perpetrados por las partes en el conflicto. En el primer semestre del año, según la oficina de la ONU para Yemen, un trabajador de ayuda humanitaria resultó muerto, 2 resultaron heridos, 7 fueron secuestrados y 9 fueron detenidos. En el mismo periodo, también se produjeron 27 incidentes de amenazas e intimidación y 28 de robo de vehículos con violencia, lo que provocó la suspensión temporal de la circulación y la entrega de ayuda humanitaria en varias gobernaciones.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Las partes en el conflicto no proporcionaron justicia alguna a las víctimas de los abusos y violaciones generalizados del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidos durante el conflicto en curso ni repararon los daños que infligieron a la población civil.6

El 2 de junio, la ONG yemení Mwatana por los Derechos Humanos, el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos y la asociación Sherpa, con el apoyo de Amnistía Internacional, presentaron una denuncia penal ante el Tribunal Judicial de París contra las empresas armamentísticas francesas Dassault Aviation, Thales y MBDA France. Las organizaciones pidieron que se investigara penalmente a las empresas por su posible complicidad en presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Yemen, al haber exportado armas a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.

El 7 de octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU fracasó una vez más en su intento de establecer un mecanismo de vigilancia y rendición de cuentas creíble, independiente e imparcial en la resolución que adoptó sobre Yemen.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las autoridades de facto huzíes continuaban imponiendo su requisito del mahram (tutor masculino), que prohibía a las mujeres viajar por las gobernaciones bajo control huzí o a otras zonas de Yemen sin un tutor varón o una prueba escrita de su aprobación. Desde abril, las restricciones cada vez más estrictas de los huzíes impidieron trabajar a las mujeres yemeníes, especialmente a las que necesitaban desplazarse por su trabajo.7 Esta situación repercutió directamente en el acceso de las mujeres y niñas yemeníes a la atención médica y a los derechos de salud reproductiva, ya que las trabajadoras de ayuda humanitaria yemeníes tuvieron cada vez más dificultades para realizar trabajo de campo en las zonas controladas por los huzíes, y se vieron obligadas a cancelar visitas sobre el terreno y entregas de ayuda humanitaria.

En marzo, el Ministerio del Interior del gobierno emitió una circular para facilitar el acceso de las mujeres yemeníes a un pasaporte conforme a la legislación yemení. Esta medida se adoptó tras una campaña liderada por mujeres yemeníes, “Mi pasaporte sin tutela”, que se oponía a las prácticas consuetudinarias que les negaban el derecho a obtener un pasaporte sin el permiso de su mahram.

Los huzíes y las autoridades gubernamentales seguían manteniendo recluidas arbitrariamente a mujeres que habían cumplido sus condenas cuando no parecía que tuvieran un tutor varón que las acompañara a casa desde la prisión.

Las autoridades de facto huzíes seguían manteniendo recluida a la actriz y modelo Intisar al Hammadi, condenada en 2021 a cinco años de prisión por cometer un “acto indecente”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las fuerzas de seguridad del Consejo de Transición del Sur, los huzíes y el gobierno reconocido internacionalmente seguían actuando contra personas que no se ajustaban a las convenciones de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales, y las sometían a detenciones arbitrarias, torturas —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual—, amenazas y hostigamiento.

El Consejo de Transición del Sur y los huzíes detuvieron al menos a cinco personas y las recluyeron porque su apariencia o su comportamiento “femenino” o “masculino” en público o en las redes sociales no se ajustaba a las convenciones, o por su activismo en favor de los derechos de las personas LGBTI. Miembros de las fuerzas paramilitares del Cinturón de Seguridad vestidos de civil detuvieron a una persona del tercer género en la calle, la llevaron a un edificio oficial y la interrogaron, acusándola de practicar la "sodomía" y de ser agente de los enemigos del Cinturón de Seguridad; a continuación, la trasladaron a otra instalación oficial donde uno de sus miembros la golpeó y la violó.

Las fuerzas de seguridad huzíes detuvieron en la calle a un hombre queer por ser un “desviado sexual”. Lo mantuvieron retenido durante varias horas en un vehículo militar, y sólo lo pusieron en libertad con la condición de que accediera a colaborar en la vigilancia de personas que no se ajustaban a las convenciones sobre orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales. Le ordenaron que tendiera trampas a hombres en encuentros sexuales y los delatara a las autoridades huzíes, pero, una vez en libertad, él se negó a hacerlo. Ante eso, las fuerzas de seguridad huzíes se pusieron en contacto con él y con conocidos suyos, lo amenazaron y le dijeron que lo buscaban para detenerlo.

Degradación ambiental

Las partes en el conflicto seguían sin tomar medidas para proteger el medioambiente. La grave escasez de combustible hizo aumentar cada vez más la dependencia de la leña. Este mecanismo de afrontamiento nocivo para el medioambiente contribuyó a la deforestación y a la pérdida de biodiversidad.

Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente, la calidad del aire ambiente no cumplía los niveles de referencia de la OMS relativos a los contaminantes atmosféricos que afectan negativamente a la salud.

La mala gestión de una infraestructura petrolera en la gobernación de Shabua siguió contaminando el distrito de Al Rawda. En abril, un oleoducto dañado contaminó grandes extensiones de tierras destinadas a la agricultura y capas freáticas en las zonas de Wadi Ghourayr y Ghail al Saidi, según la organización ecologista local Holm Akhdar.

En julio, un petrolero deteriorado provocó vertidos en el puerto de Adén, en el sur de Yemen, lo que empeoró aún más la contaminación costera y marina de la zona.

En septiembre, una campaña de financiación colectiva (crowdfunding) de la ONU recaudó los 75 millones de dólares estadounidenses necesarios para la primera fase de la operación de emergencia realizada en el FSOSafer, un petrolero en mal estado atracado frente a la ciudad portuaria yemení de Al Hudaida, en el Mar Rojo. El riesgo de que ese petrolero derramara su carga de 1,14 barriles de petróleo era cada vez mayor, lo que suponía una amenaza de catástrofe ambiental y humanitaria que, de producirse, agudizaría la grave crisis humanitaria que ya sufría Yemen.8

  1. Yemen: Utilizada arma de fabricación estadounidense en bombardeo aéreo que mató a decenas de personas en escalada de ataques de la coalición encabezada por Arabia Saudí, 26 de enero
  2. Yemen: Las autoridades huzíes deben poner en libertad a cuatro periodistas condenados a muerte, 20 de mayo
  3. Yemen: Huthis Must End the Prosecution of Journalists and Crackdown on Media, 20 de diciembre
  4. Yemen: El gobierno debe poner fin al enjuiciamiento y hostigamiento de periodistas, 18 de agosto
  5. Yemen: Houthis should urgently open Taizz roads, 29 de agosto
  6. Joint NGO letter. International accountability critical to achieving justice for victims and promoting lasting peace in Yemen, 6 de septiembre
  7. Yemen: Los huzíes “ahogan” a las mujeres con el requisito de que tengan tutores varones, 1 de septiembre
  8. Joint response to Yemen’s supertanker crisis. An open letter to US, UK, EU member states, and other UN donor countries, 18 de julio
República de Yemen
Jefe del Estado: Rashad Mohammed al Alimi (sustituyó a Abd Rabbu Mansour Hadi en abril)
Jefe del gobierno: Maeen Abdulmalik Saeed