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Yemen

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Las partes en el conflicto de Yemen siguieron cometiendo con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos. La coalición dirigida por Arabia Saudí, que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente, y las fuerzas huzíes siguieron llevando a cabo ataques en los que se mató e hirió a civiles y se destruyeron bienes civiles de manera ilegítima. Todas las partes en el conflicto llevaron a cabo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios injustos de personas a las que perseguían únicamente por sus vínculos políticos, religiosos o profesionales, o por su activismo pacífico. Las partes en el conflicto obstaculizaron la circulación de productos de los que dependían vidas humanas, como alimentos, medicinas y combustible, y las fuerzas huzíes continuaron imponiendo restricciones arbitrarias a los organismos de ayuda humanitaria. El brote de la pandemia de COVID-19 ejerció una presión adicional sobre un sistema de atención de la salud ya mermado, que sólo tenía en funcionamiento el 50% de sus hospitales e instalaciones sanitarias en comparación con 2016. Además, la disminución del 50% del fondo de respuesta humanitaria con respecto a 2019 agravó aún más los efectos de la pandemia en lo que quedaba del sistema de salud, aumentó la inseguridad alimentaria y limitó el acceso a agua apta para el consumo, saneamiento y servicios de salud pública. Las personas con discapacidad y la población trabajadora migrante sufrieron de forma desproporcionada los efectos combinados del conflicto y la pandemia. Se dictaron sentencias de muerte por una amplia variedad de delitos, y se llevaron a cabo ejecuciones.

Información general

En diciembre, el gobierno yemení reconocido internacionalmente informó de que el número de casos de COVID-19 ascendía a 2.078, en concreto en las gobernaciones de Hadramaut, Adén, Taiz, Lahij Abian, Almahra, Aldala, Marib y Shabua. Al mismo tiempo, las autoridades de facto huzíes informaron únicamente de un reducido número de casos en el norte de Yemen. El secretario general adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia calculó en junio que posiblemente hubiera hasta un millón de personas afectadas por el virus en el país, con una tasa de mortalidad del 25%, cinco veces mayor que la media mundial. Según la ONU, el personal sanitario, incluido el que trabajaba en primera línea para responder a la COVID-19, sufrió de manera considerable los efectos del recorte de la ayuda humanitaria en casi el 50%. La ONU calculó que esta reducción daría lugar al cierre de programas de abastecimiento de agua y saneamiento de los que se beneficiaban 4 millones de personas, a la suspensión de la vacunación ordinaria de 5 millones de niños y niñas y al cierre de programas contra la malnutrición y otros programas de salud más amplios de los que se beneficiaban 19 millones de personas.

El conflicto armado continuó durante todo 2020 y se intensificaron los ataques de las partes contendientes, sobre todo en las gobernaciones de Marib, Al Yauf, Al Baida, Dahle, Al Hudaida, Abian y Shabua.

En marzo, la petición del secretario general de la ONU de un alto el fuego inmediato, global y humanitario para poner fin a las hostilidades y responder a la COVID-19 fue bien recibida por todas las partes, excepto las fuerzas huzíes, que se negaron a participar. El enviado especial de la ONU para Yemen continuó las negociaciones con las partes en el conflicto, y en septiembre se presentó un proyecto de declaración conjunta que incluía directrices sobre un alto el fuego de ámbito nacional, medidas humanitarias y participación en el proceso político.

En abril, el Consejo de Transición del Sur, respaldado por Emiratos Árabes Unidos, declaró el “autogobierno” en las zonas bajo su control del sur del país, tras retirarse del acuerdo de paz que, auspiciado por Arabia Saudí, había alcanzado en 2019 con el gobierno yemení reconocido internacionalmente. Las conversaciones se reanudaron posteriormente, y en el curso de ellas el Consejo de Transición del Sur retiró su declaración de autogobierno. El 18 de diciembre se formó un nuevo gobierno compartido en el marco del acuerdo de Riad, encabezado por Maeen Abdulmalik Saeed.

Emiratos Árabes Unidos anunció la conclusión de su retirada militar gradual de Yemen. Sin embargo, siguió desviando ilícitamente armas y material militar a milicias de Yemen y llevando a cabo ataques aéreos.

Homicidios y ataques ilegítimos

Todas las partes en el conflicto siguieron cometiendo con impunidad violaciones graves del derecho internacional humanitario, incluidos ataques indiscriminados que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil.

Las fuerzas huzíes usaron armas poco precisas en zonas pobladas; colocaron minas terrestres antipersonal, prohibidas internacionalmente, en tierras de cultivo, pozos y poblados, y efectuaron bombardeos indiscriminados, causando cientos de víctimas civiles. En marzo, ataques indiscriminados de las fuerzas huzíes alcanzaron el hospital de Al Thaura, el mayor hospital público de Taiz, y en abril alcanzaron la prisión central de la ciudad, causando la muerte de 5 mujeres y un niño y heridas al menos a 11 civiles.

El 30 de diciembre fue atacado el aeropuerto de Adén poco después de la llegada a la ciudad de miembros del nuevo gobierno desde Riad. Murieron 26 personas, entre las que había personal de ayuda humanitaria, y resultaron heridas otras 50, pero no hubo víctimas entre los miembros del gobierno. La autoridad de facto huzí no reivindicó la autoría del ataque.

Entre junio y agosto, la coalición dirigida por Arabia Saudí llevó a cabo múltiples ataques aéreos en el norte, que causaron la muerte de al menos 49 civiles, entre ellos 6 menores de edad. El Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre el Yemen de la ONU determinó que estos incidentes justificaban nuevas investigaciones, y señaló que el elevado número de víctimas civiles planteaba interrogantes acerca de la proporcionalidad de los ataques y de si la coalición dirigida por Arabia Saudí había tomado todas las medidas necesarias para proteger a la población civil y reducir al mínimo el número de víctimas. En agosto, un ataque aéreo alcanzó un colegio universitario que las fuerzas huzíes utilizaban como centro de detención y causó la muerte de 134 personas allí recluidas, y heridas a otras 40.

En julio, el gobierno de Reino Unido reanudó la concesión de licencias de venta de armas a Arabia Saudí, revocando una decisión de 2019, por entender que “no hay un riesgo claro de que las exportaciones de armas y material militar a Arabia Saudí puedan ser utilizadas en la comisión de una violación grave del derecho internacional humanitario”.

Libertad de expresión y de asociación

Todas las partes en el conflicto continuaron reprimiendo la libertad de expresión y asociación por medio de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, hostigamiento, tortura y otros malos tratos, y juicios sin garantías. En octubre, el enviado especial de la ONU para Yemen informó de la liberación de 1.000 personas presas, un número muy bajo habida cuenta de la magnitud de la constante de casos de desaparición forzada y detención que se producían en el país.

En marzo, Mahdi al Mashat, presidente del Consejo Político Supremo de Yemen, órgano ejecutivo con sede en Saná creado por los huzíes, anunció la liberación de todos los presos políticos bahaíes.1 Cuatro meses después quedaron en libertad seis personas de la confesión bahaí, entre ellas Hamid Haydara, que estaba detenido desde 2013.

En abril, el Tribunal Penal Especializado huzí condenó a muerte a cuatro periodistas en un juicio plagado de irregularidades y basado en cargos falsos. El mismo mes, este tribunal anunció la liberación de otros seis periodistas, entre ellos Salah al Qaedi, que había sido condenado a tres años de arresto domiciliario. Los 10 periodistas llevaban cinco años detenidos sin cargos ni juicio.2

Penas crueles, inhumanas o degradantes

Las condiciones de las prisiones y los centros de detención —que incluían hacinamiento, falta de acceso a servicios de salud y deficiencias en materia de saneamiento e higiene—, unidas a la propagación de la COVID-19, expusieron a la población reclusa a importantes riesgos para la salud. Las autoridades yemeníes no tomaron medidas para protegerla y contener la propagación del virus en las prisiones y los centros de detención suministrándole mascarillas y otros productos de higiene.

Entre las personas presas en espera de ejecución figuraba Tawfiq al Mansouri, uno de los cuatro periodistas condenados a muerte en 2020. Padecía enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, problemas cardiacos, inflamación de la próstata y asma, y en junio contrajo la COVID-19. Las autoridades de facto huzíes siguieron negándole un tratamiento médico del que podía depender su vida a pesar de su estado de salud crítico.3

Todas las partes en el conflicto continuaron manteniendo recluidas y sometiendo a tortura a cientos de personas únicamente por sus vínculos políticos, religiosos o profesionales o por su activismo pacífico. También sometían a tales prácticas a periodistas y defensores y defensoras de los derechos, en muchos casos, desde 2016. Las personas detenidas eran recluidas en centros de detención no oficiales y en condiciones peligrosas. Por ejemplo, en Adén, el Consejo de Transición del Sur respaldado por Emiratos Árabes Unidos recluía a los detenidos en una construcción de latón y una dependencia subterránea en el campo de Al Jala. Según la organización de derechos humanos Mwatana for Human Rights, al menos 13 personas fueron recluidas arbitrariamente en el campo de Al Jala y 17 fueron torturadas entre mayo de 2016 y abril de 2020.

Según el Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre el Yemen, el gobierno yemení reconocido internacionalmente fue responsable de malos tratos, en algunos casos constitutivos de tortura, infligidos a personas recluidas en la prisión de seguridad política de Marib, como palizas, descargas eléctricas y quemaduras en los genitales, amenazas de esterilización y obligar a los detenidos a gatear sobre cristales rotos.

Negación de acceso humanitario

La pandemia de COVID-19 supuso en Yemen un desafío para un sistema de salud ya frágil. Dado el agravamiento de la situación como consecuencia de la escasez de financiación, el bloqueo, la obstrucción de la ayuda y la crisis de combustible, los hospitales no tenían medios para responder al brote de COVID-19, lo que dio lugar a renuncias de personal sanitario, a cierres de hospitales y a la propagación general de la enfermedad entre la población. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advirtió de que la respuesta a la pandemia y otras enfermedades se interrumpiría en varias gobernaciones, lo que afectaría a 18 millones de personas, de las que 6 millones eran niños y niñas.

Todas las partes en el conflicto obstaculizaron el acceso a ayuda humanitaria. Según la ONU, en 2020 aproximadamente el 80% de la población necesitaba ayuda humanitaria y protección —con acceso limitado a atención de la salud o agua apta para el consumo— y 20 millones de personas estaban en situación de inseguridad alimentaria.

Las partes en el conflicto aumentaron las restricciones burocráticas e interfirieron en los proyectos de ayuda, por ejemplo, mediante el bloqueo de la evaluación de las necesidades. La intensificación de los combates restringió aún más la libertad de circulación e impidió la entrega de ayuda.

En marzo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) suspendió la entrega de 73 millones de dólares de los 85 millones prometidos a las ONG que prestaban ayuda en zonas controladas por los huzíes.

En mayo, las fuerzas huzíes bloquearon contenedores pertenecientes a la Organización Mundial de la Salud y envíos de equipos de protección individual para la respuesta a la COVID-19.

En septiembre, el enviado especial de la ONU para Yemen advirtió de que el barco petrolero FSO Safer, atracado cerca del puerto de Al Hudaida, podría explotar o verter más de un millón de barriles de petróleo al mar Rojo, lo que supondría una catástrofe ambiental, económica y humanitaria. En noviembre se llegó a un acuerdo entre las autoridades de facto huzíes y la ONU. Las autoridades de facto permitieron el acceso de expertos de la ONU para evaluar el petrolero, y se esperaba que el equipo de la misión de la ONU llegara al lugar a mediados de febrero de 2021.

Discriminación

Personas con discapacidad

Las personas con discapacidad seguían sufriendo exclusión, desigualdad y violencia, en gran medida porque las autoridades yemeníes, las organizaciones humanitarias y los Estados donantes se abstenían sistemáticamente de tomar medidas para garantizar sus derechos y responder a sus necesidades.

El conflicto las sumió aún más en la pobreza y las privó por completo del limitado apoyo que recibían de la seguridad social. Tampoco tenían acceso a información sobre prevención y protección contra la COVID-19, pero no se recopilaron datos concretos sobre ellas para determinar la magnitud del problema.

Personas migrantes

La pandemia de COVID-19 agravó la ya precaria situación de las personas migrantes en Yemen, que sufrían de forma constante discriminación, estigmatización, expulsión y abusos, incluida violencia sexual.

Las fuerzas huzíes recluyeron a migrantes en condiciones deficientes y les negaron el acceso a procesos de protección y asilo. Cuando la pandemia se propagó, las autoridades huzíes expulsaron a miles de personas migrantes a Arabia Saudí, donde eran recluidas en condiciones peligrosas para la vida, en espera de su repatriación.4

Pena de muerte

La pena de muerte continuó en vigor para muchos delitos, y las autoridades seguían usándola para silenciar a la disidencia. Todas las partes en el conflicto llevaron a cabo ejecuciones. El Tribunal Penal Especializado huzí impuso condenas a muerte in absentia por traición.

  1. Yeman: Decisión de las autoridades huzíes de liberar a bahaíes en prisión es una “señal positiva” (noticia, 26 de marzo)
  2. Yemen: Huthis must end use of judicial system to silence dissent (declaración pública, 25 de marzo)
  3. Yemen: Niegan tratamiento médico a periodista condenado a muerte (noticia, 7 de diciembre)
  4. Saudi Arabia: “This is worse than COVID-19”: Ethiopians abandoned and abused in Saudi prisons (MDE 23/3125/2020)

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República de Yemen
Jefe del Estado: Abd Rabu Mansur Hadi
Jefe del gobierno: Maeen Abdulmalik Saeed

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