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Yemen

Yemen 2019

Todas las partes en el conflicto cometieron violaciones graves del derecho internacional humanitario. Las fuerzas huzíes, que controlaban gran parte del país, lanzaron ataques de artillería contra barrios residenciales de Yemen y dispararon misiles contra Arabia Saudí de forma indiscriminada. La coalición dirigida por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (EAU) —que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente— continuó bombardeando infraestructuras civiles y lanzando ataques indiscriminados, que mataron e hirieron a cientos de civiles. Todas las partes en el conflicto reprimieron la libertad de expresión mediante detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura y otros malos tratos. Fueron víctimas de estas prácticas periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí. Se agredió sexualmente a menores de edad con impunidad. El conflicto siguió afectando de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, y su prolongación agravó aún más la discriminación de las mujeres y las niñas. Se dictaron decenas de sentencias de muerte y se llevaron a cabo varias ejecuciones.

Información general

Prosiguió el conflicto en Yemen, con la formación o renovación de frentes en Adén, Dhala, Hayya, Saada y Taiz, gobernaciones que se extendían del sur al norte del país.

El gobierno internacionalmente reconocido del presidente Abd Rabu Mansur Hadi, aunque en general tuvo el apoyo de la coalición dirigida por Arabia Saudí y EAU, vio desafiada su autoridad en algunas zonas del sur del país por el secesionista Consejo de Transición del Sur —respaldado por EAU— y su brazo militar, el Cinturón de Seguridad, que asumió en la práctica el control de zonas de las gobernaciones de Adén, Abian y Shabua en agosto. Hubo enfrentamientos durante varios días entre las fuerzas afines al presidente Hadi y el Cinturón de Seguridad tras un intercambio de disparos que se produjo el 7 de agosto cerca del palacio presidencial en la ciudad meridional de Adén. En ese momento, miles de personas asistían a los funerales de soldados muertos en un ataque con misiles que los huzíes —el grupo armado que controlaba la capital, Saná, y gran parte del norte de Yemen— había efectuado en la ciudad contra un desfile militar de graduación.

En octubre, EAU anunció que había retirado sus fuerzas armadas de Adén. Declaró que había cumplido su “función de liberar y estabilizar” la ciudad, aunque mantendría cierta presencia en varias gobernaciones como parte de su lucha contra las “organizaciones terroristas”. Arabia Saudí asumió el control de todas las fuerzas de la coalición en el sur de Yemen y de las operaciones militares en el oeste.

El 5 de noviembre, el Consejo de Transición del Sur y el gobierno del presidente Hadi firmaron un acuerdo político auspiciado por Arabia Saudí y se comprometieron a cumplir en el plazo de 90 días todos los términos especificados en él, incluidos la formación de un nuevo gabinete con representación paritaria del norte y el sur en un lapso de 30 días, el regreso del gobierno yemení a Adén con vistas a la reanudación de sus funciones y la integración de todas las fuerzas militares y de seguridad en los ministerios de Defensa e Interior, respectivamente.

El 16 de septiembre, el enviado especial de la ONU para Yemen denunció públicamente la falta de avances en la implementación del canje de prisioneros entre las fuerzas huzíes y el gobierno de Hadi acordado en las conversaciones auspiciadas por la ONU en Suecia en diciembre de 2018. Tres días más tarde, el presidente del Consejo Político Supremo, el órgano ejecutivo establecido en Saná por los huzíes, anunció inesperadamente que éstos estaban dispuestos a iniciar “negociaciones serias” con el gobierno de Hadi para iniciar el proceso. A partir de ese momento se llevaron a cabo intercambios semanales de prisioneros.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Las fuerzas huzíes y sus oponentes continuaron cometiendo con impunidad graves violaciones del derecho internacional humanitario. Llevaron a cabo ataques indiscriminados, bombardeando zonas residenciales en Adén, Dhala, Hayya y Taiz. Los huzíes lanzaron misiles de forma indiscriminada contra Arabia Saudí.

A mediados de mayo, iniciaron una nueva campaña de ataques transfronterizos contra infraestructuras militares, económicas y de transporte saudíes, incluidos aeropuertos civiles. En varias ocasiones, los ataques causaron víctimas civiles. Un ataque efectuado el 23 de junio contra el aparcamiento de vehículos del aeropuerto de Abha, en el suroeste de Arabia Saudí, se saldó con 22 víctimas civiles, una de ellas mortal. En septiembre se llevó a cabo un ataque con drones —cuya autoría reivindicaron los huzíes— contra una refinería de petróleo de Aramco en Abqaiq, Provincia Oriental de Arabia Saudí, que obligó a cerrar las instalaciones durante varias semanas y redujo a alrededor de la mitad la producción saudí de petróleo en ese tiempo.

Durante la batalla de agosto por el control de Adén, la población civil se vio atrapada en los combates entre las fuerzas afines al presidente Hadi y el Cinturón de Seguridad, que emplearon por igual tácticas aparentemente contrarias a la prohibición de los ataques indiscriminados. Ambas fuerzas dispararon de forma indiscriminada proyectiles de mortero y otra munición explosiva con efectos en amplias superficies contra zonas residenciales controladas o disputadas por sus oponentes, matando e hiriendo a civiles. En un ataque efectuado en agosto en Dar Saad, distrito de la gobernación de Adén, un niño de tres años resultó herido al caer en su casa un proyectil de mortero y tuvieron que amputarle un brazo.

La reanudación de los combates entre las fuerzas huzíes y sus oponentes en la gobernación meridional de Dhala causó decenas de muertes y el desplazamiento de miles de personas. En octubre, un proyectil de mortero impactó en un campo para personas internamente desplazadas en Dhala y causó víctimas civiles.

Aviones de la coalición bombardearon zonas controladas o disputadas por los huzíes y las fuerzas aliadas con ellos, a veces como represalia por ataques transfronterizos huzíes, y mataron e hirieron a cientos de civiles. El 28 de junio se utilizó munición guiada de precisión fabricada en Estados Unidos en un ataque aéreo de la coalición contra una vivienda situada en la gobernación de Taiz que causó la muerte de seis civiles. Tres de las víctimas eran menores de edad.[1] El 1 de septiembre, un ataque aéreo contra un centro de detención huzí de la ciudad suroccidental de Dhamar mató a 130 personas detenidas en él e hirió a 40 más.

Libertad de expresión y de asociación

Las fuerzas huzíes, el gobierno del presidente Hadi, la coalición dirigida por Arabia Saudí y EAU y las fuerzas yemeníes respaldadas por EAU continuaron recurriendo a la detención arbitraria para reprimir la libertad de expresión y de asociación.

En las zonas bajo su control, las fuerzas huzíes continuaron deteniendo arbitrariamente a personas críticas y oponentes, así como a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, sometiendo a decenas de personas a detención en régimen de incomunicación, juicio injusto y desaparición forzada. La mayoría de las víctimas eran miembros o simpatizantes del partido político Al Islah.

Las causas abiertas contra 10 periodistas acusados formalmente en diciembre de 2018, cuando llevaban más de tres años detenidos, fueron remitidas por la Organización de Seguridad Política —fuerza de inteligencia y seguridad interna— al Tribunal Penal Especializado establecido por los huzíes en Saná, concebido para ver casos de terrorismo. Entre los cargos figuraban delitos como espionaje —penado con la muerte— y apoyo a la coalición dirigida por Arabia Saudí y EAU. Durante su detención fueron sometidos a periodos de desaparición forzada, régimen de incomunicación intermitente y presuntas torturas y otros malos tratos, incluida privación de acceso a asistencia médica. Según informes, el 19 de abril un guardia de prisiones irrumpió en su celda de noche, les quitó la ropa y los golpeó brutalmente. Desde ese día los mantuvieron separados y sometidos a aislamiento.

En julio, el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte a 30 figuras de la política y del mundo académico por cargos falsos, entre ellos espiar para la coalición dirigida por Arabia Saudí y EAU, tras un juicio injusto.[2] Antes del juicio habían sufrido, entre otras cosas, desaparición forzada, prisión preventiva prolongada, reclusión en régimen de incomunicación, presuntas torturas y otros malos tratos, incluida privación de atención médica, y falta de acceso a asistencia letrada. Entre estas personas estaba Youssef al Bawab, catedrático de lingüística y destacado político, detenido de manera arbitraria a finales de 2016 y acusado formalmente en abril de 2019.

Violencia sexual contra niños y niñas

El prolongado conflicto y la quiebra de las instituciones y los mecanismos de protección del Estado agravaron la vulnerabilidad de niños y niñas, aumentando su indefensión frente a la violencia sexual y de otra índole.

En una sucesión de episodios que comenzaron en la ciudad de Taiz a mediados de 2018, tres niños fueron violados y un cuarto sobrevivió a un intento de agresión sexual. Uno de ellos tenía ocho años de edad. Un patrón recurrente de impunidad, represalias y otros obstáculos disuadía a las familias de denunciar los hechos. No obstante, los cuatro casos fueron denunciados ante la Dirección de Investigaciones Criminales de Taiz, que ordenó a uno de los principales hospitales de la ciudad que examinara a los tres niños violados y emitiera los correspondientes informes médicos. El hospital siguió las órdenes en dos de los casos, pero no en el tercero, a pesar de las reiteradas peticiones de la familia de la víctima. De hecho, pidió una suma de dinero que la familia no podía pagar a cambio de elaborar el informe.

Activistas y familiares de víctimas dijeron que conocían más casos de violencia sexual pero que no los habían denunciado por miedo a sufrir represalias de las milicias locales. Algunas familias afectadas tuvieron que mudarse en busca de seguridad. No se obligó a nadie a rendir cuentas por tales abusos.

Discriminación: personas con discapacidad

Las personas con discapacidad se enfrentaban a desafíos inmensos, en ocasiones agravados por una confluencia de factores, como el género, la edad y el origen.[3] Entre esos desafíos estaban los obstáculos para acceder en pie de igualdad a servicios de calidad en materia de salud, educación y oportunidades de empleo. Las que se vieron desplazadas por el conflicto se enfrentaban además a dificultades adicionales a la hora de escapar de la violencia y acceder a ayuda humanitaria, así como a condiciones de vida inadecuadas, que menoscababan su dignidad.

Personas con discapacidad desplazadas describieron a Amnistía Internacional difíciles y reiterados viajes en busca de seguridad y mejores oportunidades de ganarse la vida. La inmensa mayoría de las personas con movilidad limitada viajaban sin dispositivos de asistencia, como sillas de ruedas o muletas, y dependían de otras para desplazarse. A veces el viaje agravaba la discapacidad o la desencadenaba. Los lugares de desplazamiento carecían de alojamiento adecuado y de letrinas especiales.

El debilitamiento de las instituciones del Estado, el hundimiento económico y el desgobierno generalizado asociados al conflicto en curso causaron aún más interrupciones en la provisión de fondos para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. La madre de un muchacho de 14 años con parálisis cerebral contó a Amnistía Internacional que la interrupción de la ayuda que solían recibir le había supuesto tener que prescindir de las sesiones de fisioterapia, con el consiguiente retroceso en su estado físico, que había mejorado notablemente con ellas.

Derechos de las mujeres

El prolongado conflicto continuó agravando la discriminación de mujeres y niñas y aumentando su indefensión frente a la violencia sexual y otros tipos de violencia de género, incluido el matrimonio forzado.

Pena de muerte

Continuó en vigor la pena de muerte por numerosos delitos. Los tribunales impusieron decenas de condenas a muerte. Se llevaron a cabo varias ejecuciones.

Hubo un pronunciado aumento de los juicios ante el Tribunal Penal Especializado de Saná por delitos penados con la muerte. Las fiscalías huzíes parecían haber presentado los cargos como medio de perseguir a opositores políticos, periodistas, figuras del mundo académico y minorías religiosas.


[1] Yemen: Bomba de fabricación estadounidense usada en mortífero ataque aéreo contra civiles (noticia, 26 de septiembre)

[2] Yemen: Huthi-run court sentences 30 political opposition figures to death following sham trial (noticia, 9 de julio)

[3] Excluded: Living with disabilities in Yemen’s armed conflict (MDE 31/1383/2019)

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