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Emiratos Árabes Unidos

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades siguieron restringiendo arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, valiéndose de leyes antiterroristas y sobre la difamación criminal para detener, enjuiciar, condenar y encarcelar a personas críticas con el gobierno y a un destacado defensor de los derechos humanos. Continuaban en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos, entre ellas presos y presas de conciencia. Las autoridades mantenían a las personas detenidas en condiciones que podían constituir tortura, y no investigaron denuncias de tortura formuladas en años anteriores. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes continuaban expuestos a sufrir explotación y abusos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte. Se llevó a cabo una ejecución.

Emiratos Árabes Unidos siguió formando parte de la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen. Junto con Arabia Saudí, entrenó, financió y apoyó a fuerzas activas en Yemen, algunas de las cuales estaban bajo su control directo. Estas fuerzas aplicaban prácticas arbitrarias e ilegales de detención, especialmente en Adén, donde llevaron a cabo una campaña de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas (véase el apartado sobre Yemen). Emiratos Árabes Unidos se unió a Arabia Saudí, Bahréin y Egipto en la ruptura de relaciones con Qatar (véase el apartado sobre Qatar).

En septiembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial reiteró su llamamiento a Emiratos Árabes Unidos para que estableciera una institución nacional de derechos humanos, con arreglo a los Principios de París. Las autoridades rechazaron o no implementaron declaraciones y recomendaciones de órganos de derechos humanos de la ONU, entre ellas las emitidas conjuntamente por procedimientos especiales, el alto comisionado para los Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

En junio, un tribunal belga que juzgaba in absentia a ocho mujeres de la familia Al Nahyan —la familia gobernante de Abu Dabi— las declaró culpables de tráfico de seres humanos y trato degradante de hasta 23 trabajadoras domésticas.

Las autoridades seguían restringiendo arbitrariamente la libertad de expresión y de asociación, valiéndose del Código Penal y de leyes antiterroristas y contra los delitos informáticos que penalizaban las críticas pacíficas a políticas o a funcionarios del Estado. Al menos 13 hombres fueron detenidos o juzgados por estos motivos. En Dubái, fueron detenidos dos hombres por “vestir de forma femenina”, lo que violaba su derecho a la libertad de expresión.

En marzo, el gobierno anunció la creación de la Fiscalía Federal de Delitos de Tecnologías de la Información, con el mandato de investigar y enjuiciar delitos que incluían la expresión pacífica de opiniones. En agosto, las autoridades de Dubái suspendieron durante un mes el sitio web de noticias Arabian Business por publicar “información falsa” sobre proyectos inmobiliarios frustrados.

También en marzo fue detenido el destacado defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor, que al terminar el año no había tenido acceso a un abogado. Estaba recluido en régimen de aislamiento y, salvo por dos visitas familiares, incomunicado, lo que violaba la prohibición de la tortura y otros malos tratos.

También en marzo, el Tribunal Federal de Apelación de la capital, Abu Dabi, confirmó la pena de 10 años de prisión impuesta a Nasser Bin Ghaith, preso de conciencia detenido arbitrariamente en 2015 y que durante el juicio había denunciado que lo habían torturado. En abril se declaró en huelga de hambre para protestar por que no se le permitía ver la sentencia del tribunal de apelación ni reunirse con su abogado.

En junio, el fiscal general de Emiratos Árabes Unidos anunció que toda persona que expresara afinidad con Qatar podía ser condenada hasta a 15 años de prisión y al pago de una multa. En julio, Ghanim Abdallah Matar fue detenido por un vídeo que había publicado en Internet y en el que expresaba solidaridad con el pueblo de Qatar.

El Tribunal Supremo Federal confirmó la condena de tres años de prisión, multa de 500.000 dírhams emiratíes (136.135 dólares) y expulsión impuesta a Tayseer al Najjar, periodista y preso de conciencia jordano, recluido desde diciembre de 2015 por publicaciones en Facebook consideradas “perjudiciales para la reputación y el prestigio del Estado emiratí”.

El defensor de los derechos humanos y preso de conciencia Mohammed al Roken seguía en prisión, cumpliendo una pena de 10 años impuesta tras un juicio colectivo injusto en 2013 (conocido como el juicio de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”). En mayo fue galardonado con el Premio Internacional de Derechos Humanos Ludovic Trarieux.

Seguían siendo habituales los informes de tortura y malos tratos, incluida la denegación de atención médica a personas bajo custodia. No se llevaban a cabo investigaciones independientes sobre las denuncias de tortura de los detenidos.

En mayo, varios reclusos de la prisión de Al Razeen, de Abu Dabi, entre los que figuraba Imran al Radwan, se declararon en huelga de hambre para protestar por los registros corporales sin ropa forzados, el presunto acoso sexual y otros malos tratos de los guardias penitenciarios.

Las autoridades se negaron a excarcelar al menos a cinco personas que ya habían cumplido su pena, entre ellas Osama al Najjar, preso de conciencia detenido en 2014. Las autoridades de la prisión de Al Razeen, donde estaban recluidos los condenados en el caso de “los 94 de Emiratos Árabes Unidos”, acosaban de manera habitual a las familias de los reclusos y les impedían visitarlos.

Continuaba la discriminación de las mujeres en la ley y en la práctica, sobre todo en relación con el matrimonio y el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos e hijas. Las mujeres carecían de protección adecuada frente a la violencia sexual y la violencia en el ámbito familiar.

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes, que representaban la gran mayoría de la mano de obra privada, seguían expuestos a sufrir explotación y abusos. Continuaban estando ligados a sus empleadores en virtud del sistema de patrocinio laboral (kafala) y no podían ejercer los derechos asociados a la negociación colectiva. Los sindicatos seguían estando prohibidos, y los trabajadores y trabajadoras migrantes que participaban en huelgas podían ser expulsados, con la prohibición durante un año de regresar a Emiratos Árabes Unidos.

En septiembre entró en vigor la Ley Federal 10 de 2017, que limitaba las horas de trabajo y establecía un descanso semanal y 30 días de vacaciones remuneradas al año, así como el derecho a conservar los documentos personales. Al parecer, la Ley permitía que los trabajadores y trabajadoras resolvieran su contrato de trabajo si el empleador incumplía cualquiera de sus condiciones, y estipulaba que las disputas fueran resueltas por tribunales especializados, así como por los tribunales ordinarios. No obstante, los trabajadores y trabajadoras seguían estando expuestos a que los empleadores los acusaran de delitos muy generales e imprecisos, como “no proteger los secretos de su empleador”, que conllevaban multas de hasta 100.000 dírhams emiratíes (27.225 dólares) o seis meses de prisión.

En septiembre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por la ausencia de seguimiento y aplicación de las medidas de protección a los trabajadores y trabajadoras migrantes, así como por las dificultades de éstos para recurrir a la justicia, entre otras cosas por temor a consecuencias adversas si interponían denuncias.

Los tribunales impusieron condenas a muerte, y el 23 de noviembre se llevó a cabo una ejecución.

Emiratos Árabes Unidos
Jefe del Estado: Shaij Jalifa bin Zayed Al Nahyan
Jefe del gobierno: Shaij Mohamed bin Rashid al Maktum
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