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Bahréin

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Continuaron los juicios injustos de manifestantes y de personas que criticaban en Internet al gobierno y familiares suyos, así como otras medidas contra la libertad de expresión. También siguieron celebrándose juicios colectivos de cantidades excesivas de personas, que en algunos casos constituían juicios masivos, así como otros juicios injustos. Se infligieron malos tratos y, en algunos casos, tortura, a personas privadas de libertad. La Defensoría del Pueblo del Ministerio del Interior, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía siguieron siendo ineficaces en la salvaguardia de los derechos humanos y el castigo de los abusos contra ellos. Las mujeres sufrían discriminación en la legislación. Las condiciones de reclusión eran deficientes. Los trabajadores y trabajadoras migrantes vivían en unas condiciones terribles, que los hicieron especialmente vulnerables a la infección durante la pandemia de COVID-19.

Información general

La respuesta de las autoridades de Bahréin a la pandemia de COVID-19 incluyó considerables restricciones de la circulación y la vida social. Aunque, según informes, se hacían numerosas pruebas diagnósticas, el proceso carecía de un nivel básico de transparencia y no brindaba protección adecuada a la población trabajadora migrante. Las autoridades implantaron una aplicación de rastreo de contactos que, por su naturaleza invasiva, puso en peligro la privacidad de millones de personas al rastrear en tiempo real la ubicación de quienes la usaban.1

Bahréin siguió negando el acceso a entidades independientes de observación de los derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y los órganos de derechos humanos de la ONU. Por otra parte, siguió formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí en el conflicto armado de Yemen.

Libertad de expresión

Bahréin carecía de medios de comunicación independientes. Todos los periódicos y emisoras del país apoyaban al gobierno y eran propiedad de personas próximas a él o estaban gestionados por ellas.

Bahréin usó la COVID-19 como pretexto para aumentar la represión de la libertad de expresión. En marzo, la Fiscalía amenazó con actuar contra cualquier persona que publicase o difundiese “noticias falsas” o “rumores tendenciosos”, so pretexto de que “las circunstancias actuales” exigían el “apoyo a las agencias e instituciones del Estado”. Unos días después, el Ministerio del Interior anunció que su Dirección General de Delitos Informáticos había asignado personal para “vigilar y rastrear cuentas [de redes sociales] infractoras”. Esta medida desembocó en el inicio de decenas de investigaciones y enjuiciamientos en aplicación del artículo 168 del Código Penal, que penalizaba la publicación de “noticias falsas”.

Quienes denunciaban violaciones de derechos humanos y sus familiares eran objeto de represalias. Las autoridades incoaron más de 20 causas contra Kameel Juma Hasan, de 17 años e hijo de la expresa Najah Ahmed Yusuf, después de que ambos se negaran a ser confidentes de los servicios de seguridad del Estado y de que Najah Ahmed Yusuf hubiera denunciado ante grupos de derechos humanos y medios de comunicación internacionales que había sufrido agresiones sexuales durante su interrogatorio en 2017.2

En junio, Nabeel Rajab, director del proscrito Centro de Derechos Humanos de Bahréin, fue puesto en libertad vigilada tras cumplir cuatro años de cárcel por criticar en Twitter el historial del gobierno en materia de derechos humanos.

Seguían en prisión 12 de los dirigentes cívicos, religiosos y políticos chiíes más destacados del país. De ellos, 11 estaban encarcelados desde 2011 por su participación en las manifestaciones multitudinarias de la oposición de ese año. Sheikh Ali Salman, líder del mayor bloque político legal de Bahréin entre 2006 y 2011, continuaba cumpliendo una pena de cadena perpetua impuesta en 2018 por cargos falsos de “espionaje” para Qatar.

El destacado clérigo chií Sheikh Isa Qasim seguía en exilio forzado en Irán, adonde había ido en 2018, después de que las autoridades bahreiníes le retirasen la nacionalidad.

Tortura y otros malos tratos

Los fiscales no abordaban efectivamente las denuncias de tortura interpuestas ante ellos, a pesar de que había informes generalizados sobre su práctica en lugares concretos y de que las víctimas a menudo identificaban la agencia y, en ocasiones, el nombre y rango de los presuntos torturadores. No había constancia de que en los últimos cuatro años hubiera habido enjuiciamientos en los que se hubiera dictado sentencia condenatoria por torturas infligidas para obligar a hacer una confesión.

El 13 de julio, el Tribunal de Casación, máxima autoridad judicial de Bahréin, confirmó por segunda vez las condenas a muerte impuestas en 2014 a Mohamed Ramadhan Isa y a Husain Ali Moosa. En una poco frecuente investigación sobre una denuncia de tortura, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía había hallado “sospechas de delito de tortura” en las “confesiones” de Husain Ali Moosa. Sin embargo, el tribunal de apelación se había basado una vez más en su “confesión” como prueba para dictar sentencia y había manifestado incorrectamente en ésta que Mohamed Ramadhan Isa había firmado asimismo una confesión.

También en julio, la Defensoría del Pueblo del Ministerio del Interior aseguró que múltiples casos que le habían sido remitidos sobre personas detenidas en régimen de incomunicación estaban fuera de su competencia, a pesar de su claro mandato legal de investigar todas las infracciones de la ley cometidas por personal del Ministerio del Interior.3

En septiembre se supo por fuentes creíbles que los guardias de la prisión de Yaw habían dado una paliza a Ali Abdul Husain al Wazeer y le habían roto muchos huesos. Sin embargo, a pesar de que se informó de ello a la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía y la Institución Nacional de Derechos Humanos, ninguno de estos tres organismos abordó efectivamente el caso.

Condiciones de reclusión

Las condiciones de reclusión, especialmente en la prisión central de Yaw, en el sureste del país, eran precarias: faltaba saneamiento y se infligían con frecuencia malos tratos, como confiscación arbitraria de objetos personales, represalias por denunciar y negación de atención médica adecuada.

En abril, la administración de la prisión de Yaw puso varios días en régimen de aislamiento al periodista encarcelado Mahmood Abdul Redha al Jazeeri después de que éste hubiera dado a conocer un mensaje grabado en el que calificaba de operación de limpieza de imagen una inspección de seguridad televisada que la Institución Nacional de Derechos Humanos había hecho a la prisión con motivo de la COVID-19. La Institución Nacional de Derechos Humanos no investigó ni condenó este castigo.

En enero, tras un brote de sarna en la prisión de Yaw que duró varios meses, la Institución Nacional de Derechos Humanos, en lugar de instar a que se mejoraran las condiciones de las personas recluidas allí, reiteró el llamamiento de las autoridades del centro a que las que tuvieran “alergias” cumplieran las “instrucciones sobre salud” oficiales. A pesar de la pandemia de COVID-19 y de las infecciones entre el personal penitenciario, la población reclusa de Yaw no recibió mascarillas, guantes ni desinfectante de manos, y tampoco le hicieron pruebas periódicas para detectar el virus.

Ahmed Merza Ismaeel, recluso enfermo de anemia falciforme —que puede causar dolor extremo si no se trata— siguió recibiendo medicación de la administración de la prisión sólo esporádicamente.

En agosto, justo después de la festividad religiosa chií de la Ashura, los guardias del Reformatorio y Centro de Rehabilitación de Menores de Dry Dock, cerca de Al Hidd, confiscaron objetos religiosos personales de las celdas de algunos de los menores, entre ellos Kameel Juma Hasan, de 17 años y cuya familia denunció en septiembre ante la Institución Nacional de Derechos Humanos que tenía dolor dental, pero no se le había administrado ningún tratamiento. Otro menor recluido en el mismo sector denunció que no había recibido tratamiento para el dolor y la hemorragia que padecía en un oído.

No hubo declaraciones ni noticias de visitas a centros por parte de la Comisión de Derechos de las Personas Presas y Detenidas, órgano de supervisión creado tras los disturbios políticos de 2011.

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación bahreiní. El artículo 4 de la Ley de Nacionalidad impedía a las mujeres bahreiníes transmitir su nacionalidad a sus hijos e hijas; por su parte, el artículo 353 del Código Penal daba impunidad a los violadores que contrajeran matrimonio con sus víctimas.

Un paso positivo fue la adopción, en agosto, de la Decisión núm. 51 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social para anular la normativa que limitaba las profesiones que podían ejercer las mujeres. Sin embargo, el ministro conservó la autoridad de imponer restricciones de este tipo en aplicación del artículo 31 de la Ley del Trabajo Doméstico en el Sector Privado de 2012.

Bahréin mantuvo su reserva al principio central del artículo 2 de la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, alegando que no deseaba estar obligado por ninguna disposición del tratado que no cumpliera la “ley islámica”.

Derechos de las personas migrantes

El sistema de patrocinio (kafala) para emplear a trabajadores y trabajadoras migrantes en Bahréin puso a éstos en una posición aún más vulnerable y en riesgo de contraer la COVID-19 durante la pandemia.4 Esta situación se sumaba a sus condiciones de vida insalubres en alojamientos masificados, escasa protección jurídica y acceso limitado a atención preventiva de la salud y tratamiento médico.

Juicios injustos

El Tribunal de Casación siguió confirmando los resultados de juicios masivos plagados de irregularidades. En junio, desestimó 48 de los 49 recursos presentados tras el juicio masivo de 169 personas acusadas de unirse a una organización terrorista. El 13 de septiembre concluyó un juicio colectivo de 39 chiíes, entre los que había 14 menores de edad, con la imposición de penas de prisión para todos los procesados, a algunos de los cuales se les impidió asistir a la vista de la sentencia. El 3 de noviembre finalizó otro juicio masivo de 52 presuntos miembros de una “célula terrorista” con la imposición de 51 condenas.

Pena de muerte

Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte, en algunos casos tras juicios manifiestamente injustos.

El Tribunal de Casación confirmó las de Zuhair Ebrahim Abdulla y Husain Abdulla Khalil el 15 de junio, y las de Mohamed Ramadhan Isa y Husain Ali Moosa el 13 de julio. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.

  1. Las aplicaciones de rastreo de contactos de Bahréin, Kuwait y Noruega, entre las más peligrosas para la privacidad (noticia, 16 de junio)
  2. Bahréin: Represalias contra un joven bahreiní y su familia (MDE 11/3011/2020)
  3. Bahrain: Joint public letter to King calling for commutation of death sentences (MDE 11/2861/2020)
  4. Bahrain: Ensure protection of migrant workers in COVID-19 response (MDE 11/2168/2020)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Reino de Bahréin
Jefe del Estado: Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno: Salman bin Hamad al Jalifa (sustituyó en noviembre a Jalifa bin Salman al Jalifa)

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