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Bahréin

Información extraída de nuestro INFORME La situación de los derechos humamos en el mundo, abril 2024

Se sometió a personas presas a tortura y a tratos crueles e inhumanos, como desatención médica, retrasos en el tratamiento médico a modo de represalia y negación del contacto con familiares. Las autoridades continuaron imponiendo restricciones a la libertad de expresión y de asociación y recluyendo a personas por ejercer estos derechos. El gobierno no protegió adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras migrantes frente a la explotación, no tomó medidas adecuadas para abordar la crisis climática, y restringió el acceso a la atención médica a los niños y niñas apátridas.

Tortura y otros malos tratos

Al menos seis personas presas fueron sometidas a torturas y otros malos tratos a lo largo del año.

En febrero, Ahmed Jaafar Mohamed declaró ante la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía, organismo que investigaba los abusos cometidos por el gobierno, que unos guardias de la prisión de Jaw lo habían golpeado cuando fue devuelto de Serbia a Bahréin el 24 de enero. La Unidad de Investigaciones Especiales informó a la ONU de que estaba investigando la denuncia, pero no comunicó ningún resultado.

En marzo, las autoridades trasladaron al preso Ahmed Jaber Ahmed a un hospital externo después de que, tras 11 meses enfermo, quedase incapacitado para caminar o vestirse por sí mismo. En el hospital, le diagnosticaron una tuberculosis que se había extendido a la columna vertebral, por lo que fue necesario colocarle un corsé cervicotorácico. La privación de atención médica podía considerarse un trato o pena cruel, inhumano o degradante.

En mayo, AbdAli Khayer, recluso de Jaw encarcelado por cargos de terrorismo en un juicio colectivo, afirmó en una llamada grabada desde la prisión que cuando le dijo a un guardia que necesitaba tratamiento en la clínica de la prisión por un dolor de gota que le hacía difícil mantenerse en pie, el guardia respondió golpeándole con los puños.

Derecho a la salud

Las autoridades vulneraron el derecho a la salud de las personas presas al no proporcionarles una atención médica adecuada en comparación con la disponible en la comunidad.

Como medida punitiva, los funcionarios de prisiones negaban deliberadamente el acceso a la atención médica a la población penitenciaria que había alzado la voz. En represalia por haber coreado consignas propalestinas, las autoridades se negaron durante nueve meses a sacar de la prisión de Jaw al preso de conciencia AbdulHadi al Khawaja para llevarlo a una consulta médica por un posible glaucoma, con el consiguiente riesgo de que perdiese la visión.1

Cuando la tuberculosis, una enfermedad infecciosa, afectó a varios reclusos de la prisión de Jaw, la administración no adoptó medida preventiva alguna, ni siquiera el seguimiento de los contactos y la realización de pruebas diagnósticas. Las autoridades devolvieron a Hasan Abdulla Bati del hospital a su celda con otros ocho reclusos dos días después de que le diagnosticaran tuberculosis.2

Desde junio hasta el final del año, el Ministerio del Interior se negó a concertar una cita con el dentista para Hasan Mushaima, de 74 años, a pesar de que sufría graves dolores dentales y había perdido una pieza. Hasan llevaba encarcelado desde 2011 por participar en protestas multitudinarias.

Derechos de las personas detenidas

El personal penitenciario siguió restringiendo de forma punitiva las llamadas telefónicas y las videollamadas con familiares a los presos que replicaban a los guardias, a pesar de que el reglamento penitenciario establecía 4 llamadas a la semana. Continuó la prohibición de las visitas de familiares impuesta al inicio de la pandemia de COVID-19, en 2020, con lo que, cuando se suspendían sin explicación las llamadas programadas, las familias quedaban sin información. Del 11 al 21 de agosto, la administración de la prisión de menores de Dry Dock no permitió a Ali Isa AbdulIthnashr llamar a su familia después de que discutiera con un guardia.

En septiembre, sin explicación alguna, la prisión de Jaw negó a 14 presos el acceso a llamadas telefónicas después de trasladarlos de sus celdas habituales.

Las autoridades mantuvieron confiscados los escritos de AbdulJalil al Singace, encarcelado desde 2011 por ejercer su derecho a la libertad de expresión. En repuesta, AbdulJalil mantuvo una huelga de hambre de alimentos sólidos durante más de un año que deterioró considerablemente su salud.

En noviembre, las autoridades iniciaron dos nuevos procesamientos contra AbdulHadi al Khawaja por insultar a un guardia de prisión y corear lemas políticos.

Libertad de expresión y de reunión

Las autoridades siguieron encarcelando a personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

En febrero, Amnistía Internacional confirmó el uso del programa espía Pegasus contra tres bahreiníes que habían criticado al gobierno.3

Durante las dos últimas semanas de noviembre, las autoridades arrestaron y pusieron en libertad a seis miembros de la familia del preso de conciencia Hasan Mushaima por protestar pacíficamente en su favor. Uno de los detenidos permaneció recluido para interrogatorio durante dos días.

Continuaron recluidos 10 líderes que llevaban presos desde 2011 por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión durante las protestas multitudinarias de ese año, así como el preso de conciencia Sheij Ali Salman, líder de la oposición que cumplía cadena perpetua.

Derechos de las personas migrantes

El gobierno siguió dejando a los trabajadores y trabajadoras migrantes desprotegidos frente a la explotación que suponía el sistema de kafala (patrocinio).

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social no tomó las medidas necesarias para liquidar los salarios impagados de al menos 18 empleados de la empresa de construcción GP Zachariades, ya disuelta. Los empleados habían regresado a sus países de origen sin cobrar, ya que el Ministerio les había asegurado que trabajaría con los liquidadores de GP Zachariades, que se había beneficiado de contratos del gobierno de Bahréin, para garantizar que recibieran las cantidades adeudadas.

En agosto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló que las personas migrantes seguían sufriendo discriminación en el empleo y acceso limitado a vivienda, educación y asistencia médica adecuadas. En Bahréin no existía un salario mínimo legal en el sector privado, donde trabajaba la mayoría de las personas migrantes.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El gobierno restringió el acceso a la sanidad pública a las familias con hijos o hijas apátridas debido a la ley de nacionalidad de Bahréin, que discriminaba por motivos de género.

Según la Ley de Nacionalidad, las mujeres de Bahréin no transmitían su nacionalidad a sus hijos o hijas. En abril, las clínicas públicas empezaron a exigir a las familias de estos menores de edad apátridas que presentaran una solicitud cada vez que desearan recibir tratamiento sanitario público gratuito.

En agosto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por las leyes de Bahréin que tipificaban como delito el aborto en todos los casos, incluso cuando el embarazo era consecuencia de una violación, y discriminaban a las mujeres en materia de herencia y derecho a transmitir su nacionalidad.

Actuación deficiente contra la crisis climática

Bahréin no actualizó en 2022 su contribución determinada a nivel nacional para la reducción de emisiones de dióxido de carbono. El informe regional anual de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, patrocinada por la ONU, concluyó que la acción de Bahréin para reducir el cambio climático, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 de la ONU, estaba estancada. Según datos del Banco Mundial, Bahréin tenía el tercer nivel más alto del mundo de emisiones de dióxido de carbono per cápita.

  1. Bahrain: Human rights defender at risk of blindness due to denial of medical care, 1 de abril
  2. Bahrain: Prison officials’ inadequate response to tuberculosis cases in Jaw prison puts prisoners’ health at serious risk, 9 de junio
  3. Bahréin: Dispositivos de tres activistas hackeados con software espía Pegasus, 18 de febrero
Reino de Bahréin
Jefe del Estado: Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno: Salman bin Hamad al Jalifa