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Bahréin

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

El gobierno lanzó una campaña de represión en gran escala de todas las formas de disidencia, restringiendo el derecho a la libertad de expresión y de asociación de los defensores y defensoras de los derechos humanos y de quienes criticaban a las autoridades. La campaña se caracterizó por la imposición de prohibiciones de viajar; la detención, interrogatorio y reclusión arbitraria de defensores y defensoras de los derechos humanos; la disolución del grupo de oposición Waad y el cierre del diario Al Wasat, y la permanencia en prisión de líderes de la oposición. Se impusieron largas penas de prisión a decenas de personas en juicios injustos. Las autoridades privaron de la nacionalidad bahreiní a 150 personas, convirtiendo a la mayoría en apátridas. Se respondió a protestas masivas con fuerza excesiva que causó la muerte de cinco hombres y un niño y lesiones a centenares de personas. Las ejecuciones se reanudaron tras un paréntesis de casi siete años.

Bahréin se sumó a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto en la decisión de romper relaciones con Qatar. Bahréin seguía formando parte de la coalición dirigida por Arabia Saudí que participaba en el conflicto armado de Yemen (véase el apartado sobre Yemen).

En enero, el Decreto 1 de 2017 autorizó a la Agencia de Seguridad Nacional a practicar detenciones y realizar interrogatorios en casos ligados a “delitos de terrorismo”, revocando una recomendación de la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin. En abril, el rey revocó otra de las recomendaciones al ratificar una enmienda a la Constitución que volvía a permitir que los tribunales militares juzgaran a civiles. En diciembre, seis hombres fueron condenados a muerte en el primer juicio de civiles ante un tribunal militar, que se había iniciado en octubre. En junio, la Cámara Baja de Bahréin aprobó un decreto que puso fin a los derechos y prestaciones por jubilación de las personas a quienes se hubiera retirado la nacionalidad bahreiní, la hubieran perdido o hubieran obtenido sin autorización la de otro país.

En marzo, el gobierno de Estados Unidos aprobó la venta a Bahréin de nuevos aviones de combate F-16 y la modernización de los antiguos, medidas que, con la administración estadounidense anterior, habían estado condicionadas a la mejora de la situación de los derechos humanos en el país.

Durante el año se negó el acceso a Bahréin a ONG internacionales, incluida Amnistía Internacional, así como a periodistas que mantenían una postura crítica respecto al país.

La libertad de expresión estuvo sometida a graves restricciones durante el año. Las autoridades detuvieron, interrogaron y enjuiciaron a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas políticos y clérigos chiíes que criticaban las políticas del gobierno, a Arabia Saudí o a la coalición que dirigía en Yemen. El gobierno anunció que sería ilegal expresar afinidad con Qatar tras la ruptura de relaciones en junio, y detuvo a un abogado por esta causa. Continuaban en prisión defensores y defensoras de los derechos humanos y líderes de la oposición detenidos arbitrariamente en años anteriores por su oposición pacífica al gobierno y que eran presos y presas de conciencia.

En mayo, la Agencia de Seguridad Nacional detuvo e interrogó a la defensora de los derechos humanos Ebtisam al Saegh, que denunció luego haber sufrido tortura, incluidas agresiones sexuales, durante el tiempo que pasó bajo custodia. Ebtisam al Saegh fue detenida de nuevo en julio y su reclusión se prorrogó otros seis meses en espera de que terminara la investigación. Finalmente fue liberada en octubre, sin que se conociera la situación jurídica del caso. En julio, el defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab fue condenado a dos años de prisión por “difundir información y rumores falsos con el fin de desacreditar el Estado”. La condena fue confirmada en apelación en noviembre.

Continuaron las restricciones impuestas a los medios de comunicación y se persiguió a periodistas. El único diario independiente de Bahréin, Al Wasat, fue suspendido temporalmente y, al final, cerrado, tras informar de protestas en Marruecos. En mayo, la periodista Nazeeha Saeed fue declarada culpable de trabajar sin haber renovado su licencia de prensa, emitida por la Autoridad de Asuntos de Información, y condenada al pago de una multa de 1.000 dinares bahreiníes (2.650 dólares estadounidenses). El tribunal de apelación confirmó la multa en julio.

Las autoridades mantuvieron restricciones indebidas de la libertad de asociación. Seguía habiendo líderes de Al Wefaq y de otros partidos de oposición detenidos, y se sometió a hostigamiento a activistas políticos y a miembros de partidos de la oposición. Varios activistas políticos y miembros de partidos de oposición denunciaron que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional los habían amenazado, torturado o sometido a otros malos tratos en mayo.

En febrero, el Tribunal de Casación confirmó la disolución de Al Wefaq. En marzo, el ministro de Justicia demandó al grupo de oposición laico Waad por vulnerar la Ley de Asociaciones Políticas. En mayo, el Tribunal Administrativo Superior ordenó la disolución de Waad y la liquidación de sus bienes. El Tribunal de Apelación confirmó la sentencia en octubre.

Los líderes de la oposición y presos de conciencia Sheikh Ali Salman y Fadhel Abbas Mahdi Mohamed continuaban recluidos arbitrariamente. En abril se redujo a cuatro años la condena de prisión impuesta a Sheikh Ali Salman; en noviembre fue acusado de haber espiado para Qatar en 2011, lo que él negó, y al final del año estaba siendo juzgado. En marzo se presentaron cargos contra el ex secretario general de Waad, Ebrahim Sharif, por una serie de publicaciones en Twitter, entre ellas una imagen de Amnistía Internacional y un tuit que criticaba la ausencia de democracia en Bahréin.

Siguieron estando prohibidas las manifestaciones en la capital, Manama, y las autoridades usaron fuerza innecesaria y excesiva para dispersar protestas. Las autoridades continuaron deteniendo a manifestantes pacíficos por cargos de “reunión ilegal”. En enero hubo protestas masivas en su mayoría pacíficas en 20 pueblos tras la ejecución de tres hombres. En Duraz, las fuerzas de seguridad usaron munición real y fusiles semiautomáticos, hiriendo a cientos de personas, entre ellas Mustapha Hamdan, que murió posteriormente a causa de sus heridas. En febrero, centenares de manifestantes salieron de nuevo a la calle en varios pueblos cuando las autoridades se negaron a permitir la celebración del funeral de tres hombres que habían muerto a manos de la guardia costera tras haberse fugado de la prisión de Yaw el mes anterior.

Las autoridades siguieron restringiendo hasta mayo el acceso al pueblo de Duraz, donde continuaba organizándose a diario una sentada pacífica frente al domicilio de Sheikh Isa Qassem, líder espiritual de Al Wefaq. El 23 de mayo, las fuerzas de seguridad entraron en Duraz con cientos de vehículos blindados y golpearon a los manifestantes, lanzaron gas lacrimógeno desde los vehículos y desde helicópteros y dispararon perdigones. Murieron cuatro hombres y un muchacho de 17 años.

En febrero fue detenido el defensor de los derechos humanos Nader Abdulemam para que cumpliera una pena de seis meses de prisión que le había sido impuesta por participar en una “reunión ilegal” y animar en Twitter a sumarse a una protesta en Manama en enero de 2013. Estuvo recluido como preso de conciencia hasta su excarcelación en junio.

En mayo, el Tribunal de Apelación redujo a tres la pena de seis meses de prisión impuesta al Taha Derazi por participar en una “reunión ilegal” en Duraz en julio de 2016. Estuvo recluido como preso de conciencia hasta que fue excarcelado en agosto.

Las autoridades mantuvieron prohibiciones administrativas que impedían a decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas que se mostraban críticas viajar al extranjero, en concreto asistir a reuniones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En abril, unos días antes del examen periódico universal de Bahréin por la ONU, la Fiscalía citó a 32 activistas. A la mayoría se los acusó de “reunión ilegal” y se les impuso la prohibición de viajar. La mayor parte de las prohibiciones se levantaron en julio, tras la realización del examen periódico universal. En septiembre se empleó una táctica similar con motivo del periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el que se adoptaron las conclusiones del examen periódico universal de Bahréin.

Las autoridades obtuvieron órdenes judiciales para retirar la nacionalidad bahreiní al menos a 150 personas. La mayoría se convirtieron en la práctica en apátridas, pues no tenían otra nacionalidad. No hubo expulsiones.

Continuaron llegando denuncias de tortura y otros malos tratos bajo custodia, en concreto de personas a las que se interrogaba sobre delitos relacionados con el terrorismo. Según informes, solamente en mayo fueron torturadas o sometidas a malos tratos bajo custodia de la Agencia de Seguridad Nacional ocho personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos o el activismo político. Seguían celebrándose juicios sin garantías, y los tribunales se basaban en “confesiones” supuestamente obtenidas mediante coacción para dictar sentencias condenatorias por delitos de terrorismo.

Continuaron llegando informes de malos tratos en las prisiones de Dry Dock y Yaw, en especial de reclusión prolongada en régimen de aislamiento y falta de atención médica adecuada. Tras la fuga de 10 reclusos de la prisión de Yaw en enero, se introdujeron normas nuevas y arbitrarias, como la de que los presos debían permanecer encerrados en sus celdas la mayor parte del día. Les ponían grilletes en las piernas y los tobillos cada vez que salían de la celda, incluso para ir a la consulta médica. Once activistas de la oposición que seguían en prisión, entre ellos Abdulhadi al Khawaja, se negaron a acudir a las citas médicas para protestar por el uniforme carcelario obligatorio, los grilletes y el registro corporal completo y sin ropa exigidos para ir a las citas. En marzo, la administración de la prisión también redujo la duración de las visitas familiares de una hora a 30 minutos, y separó a los reclusos de los visitantes con una barrera de cristal.

El estudiante Ali Mohamed Hakeem al Arab denunció que en febrero y marzo lo habían torturado durante 26 días de interrogatorio con métodos como arrancarle las uñas de los pies, someterlo a descargas eléctricas y a palizas y obligarlo a firmar una “confesión”. En mayo, Ebtisam al Saegh y otras siete mujeres que criticaban al gobierno de forma pacífica denunciaron que las habían torturado y sometido a otros malos tratos bajo custodia de la Agencia de Seguridad Nacional. (Véase supra, “Libertad de expresión”.)

Persistía un clima de impunidad. Las autoridades continuaron sin hacer rendir cuentas a altos cargos por torturas y otras violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas de 2011 y a raíz de ellas. No se tuvo noticia de ninguna investigación o enjuiciamiento en relación con la muerte de seis personas, una de ellas menor de edad, a manos de las fuerzas de seguridad en Duraz entre enero y mayo de 2017.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sufriendo explotación. En marzo y junio, participaron en marchas para protestar pacíficamente por el impago de sus salarios.

Tras un paréntesis de casi siete años, Bahréin reanudó las ejecuciones en enero, cuando llevó a cabo las de tres bahreiníes. Los tribunales siguieron imponiendo la pena de muerte por delitos como el asesinato y por cargos de terrorismo.

Reino de Bahréin
Jefe del Estado: rey Hamad bin Isa al Jalifa
Jefe del gobierno: Shaij Jalifa bin Salman al Jalifa
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