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Líbano

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

La situación de los derechos humanos seguía estando afectada por el conflicto armado de Siria. Líbano albergaba a más de un millón de personas refugiadas de Siria, pero las autoridades limitaban gravemente su derecho de asilo y mantuvieron restricciones que cerraban en la práctica las fronteras del país a quienes huían de Siria. La mayoría de los refugiados y refugiadas tenían graves dificultades económicas. Las mujeres estaban discriminadas en la ley y en la práctica, y carecían de protección adecuada contra la violencia sexual y otras formas de violencia. Los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrían explotación y abusos. Las autoridades no tomaron medidas para investigar la suerte de miles de personas desaparecidas o que habían quedado en paradero desconocido durante el conflicto que afectó a Líbano entre 1975 y 1990. La población palestina refugiada que vivía ya en Líbano seguía sufriendo discriminación. El Parlamento aprobó una nueva ley para establecer un Instituto Nacional de Derechos Humanos. Los tribunales continuaron imponiendo condenas a muerte. No se llevaron a cabo ejecuciones.

Continuó el estancamiento político debido a las tensiones entre los principales partidos políticos. Sin embargo, en octubre, el Parlamento eligió a un nuevo presidente, cargo vacante desde mayo de 2014. Las protestas públicas contra la continua falta de iniciativa del gobierno para dar una solución sostenible a la recogida y eliminación de residuos en el país disminuyeron en comparación con 2015.

Las condiciones de seguridad se deterioraron; hubo atentados con explosivos en la capital, Beirut, y en la gobernación de Bekaa. El 27 de junio, unos atentados suicidas con explosivos causaron la muerte de cinco personas y heridas a otras 28, en su mayoría civiles, en el pueblo predominantemente cristiano de Qaa, en el valle de Bekaa. Tras los atentados, el ejército detuvo a decenas de personas refugiadas, acusándolas de estar en Líbano en situación irregular.

Las zonas fronterizas del país seguían sufriendo ataques desde Siria, donde el grupo armado Estado Islámico continuaba reteniendo a soldados y miembros de las fuerzas de seguridad libaneses a los que había secuestrado en Líbano en 2014.

En septiembre, las autoridades judiciales dictaron acta de acusación formal contra dos agentes de los servicios de inteligencia del gobierno sirio por la presunta comisión, en 2013, de dos atentados simultáneos con explosivos en sendas mezquitas de la ciudad septentrional de Trípoli, en los que murieron 42 personas y resultaron heridas alrededor de 600, en su mayoría civiles. Ninguno de los dos había sido detenido al concluir 2016.

En octubre, el Parlamento aprobó una nueva ley por la que se establecía un Instituto Nacional de Derechos Humanos que incluía un comité para investigar el uso de la tortura y otros malos tratos en todos los centros de reclusión, como prisiones, comisarías de policía y centros de detención de personas inmigrantes.

Líbano albergaba a más de un millón de personas refugiadas de Siria, que se sumaban a unos 280.000 refugiados y refugiadas palestinos que había ya en el país y a más de 20.000 procedentes de Irak, Sudán, Etiopía y otros países.

Líbano seguía sin ser Estado Parte en la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 ni en su Protocolo de 1967. El derecho de los refugiados y refugiadas de Siria a solicitar asilo continuaba sometido a severas restricciones, pues las autoridades libanesas no los reconocían formalmente como tales. Las autoridades también mantuvieron los estrictos criterios introducidos en enero de 2015 y negaban la entrada a todos los refugiados y refugiadas de Siria que no los cumplían, cerrando en la práctica las fronteras del país a quienes huían del conflicto armado y la persecución en Siria. Seguía vigente la decisión, adoptada por el gobierno en mayo de 2015, de prohibir al ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, la inscripción de personas refugiadas recién llegadas. Dentro de Líbano, los refugiados y refugiadas sirios tenían problemas pecuniarios y administrativos para obtener o renovar los permisos de residencia, lo que los exponía al riesgo constante de sufrir detención arbitraria y devolución a Siria. También tenían graves dificultades económicas. Según la ONU, el 70% de las familias refugiadas sirias vivía por debajo del umbral de pobreza, y más de la mitad soportaba precarias condiciones de vivienda en edificios superpoblados y barrios con gran densidad de población.

Al concluir el año se había financiado sólo el 52% del llamamiento humanitario de la ONU para la población refugiada siria en Líbano y seguían siendo insuficientes las plazas de reasentamiento en otros países. Los recortes en la financiación obligaron a la ONU a reducir tanto el importe de sus ayudas a las personas refugiadas sirias en Líbano como el número de beneficiarios.

El 8 de enero, agentes de seguridad del aeropuerto de Beirut devolvieron a más de 100 personas a Siria, violando el principio de no devolución (non-refoulement). Eran personas refugiadas, que habían intentado viajar a Turquía a través de Líbano.

Los refugiados palestinos, muchos de ellos residentes desde hacía tiempo en Líbano, seguían sometidos a leyes discriminatorias que les negaban el derecho a tener y heredar propiedades y el acceso a la educación pública y a servicios de salud, y les impedían trabajar en al menos 35 profesiones. Al menos 3.000 refugiados palestinos que no poseían documentos de identidad oficiales sufrían restricciones adicionales para registrar nacimientos, matrimonios y defunciones.

Las mujeres seguían sometidas a leyes sobre la condición jurídica de las personas que mantenían disposiciones discriminatorias relativas al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia. La ley sobre nacionalidad continuaba impidiendo que las libanesas casadas con extranjeros transmitieran su nacionalidad a sus hijos e hijas. La misma ley no se aplicaba a los libaneses casados con extranjeras.

Las mujeres seguían sin estar protegidas de la violación conyugal, no penalizada por la Ley de Protección de las Mujeres y los Miembros de las Familias de la Violencia Intrafamiliar de 2013. Esta ley se aplicó en 2016 para enjuiciar a los esposos de Roula Yaacoub y Manal Assi, muertas a golpes a manos de sus cónyuges en 2013 y 2014, respectivamente; el segundo fue condenado a muerte, pero en julio se le conmutó la pena por cinco años de prisión.

Las mujeres refugiadas sirias y palestinas procedentes de Siria corrían el riesgo de sufrir abusos graves contra los derechos humanos, incluidos violencia de género, explotación y acoso sexual, especialmente en lugares públicos. Las refugiadas cabeza de familia estaban especialmente expuestas a sufrir acoso de hombres si no residían con familiares varones adultos. Muchas mujeres refugiadas de Siria carecían de permisos de residencia válidos y, como consecuencia, temían denunciar el acoso sexual u otros abusos a las autoridades libanesas.

Los trabajadores y trabajadoras migrantes estaban excluidos de la protección que ofrecía la Ley del Trabajo, lo que los dejaba expuestos a sufrir explotación laboral y abusos físicos, sexuales y psicológicos de sus empleadores. En especial seguían estando en situación de riesgo las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, en su mayoría mujeres, debido al sistema de patrocinio laboral kafala, que las mantenía atadas a sus empleadores.

Tribunal Especial para el Líbano

El Tribunal Especial para el Líbano, radicado en Países Bajos, proseguía con el enjuiciamiento in absentia de cuatro hombres acusados de complicidad en el homicidio del ex primer ministro Rafiq Hariri y de otras personas en un atentado con coche bomba perpetrado en Beirut en 2005. Los cuatro continuaban eludiendo la detención. Un quinto acusado murió en Siria.

El 8 de marzo, la Sala de Apelaciones del Tribunal absolvió a la periodista Karma Khayat y al medio que la empleaba, Al Jadeed TV, de desacato al tribunal. El 15 de julio, el Tribunal acusó al diario Al Akhbar y a su redactor jefe, Ibrahim al Amine, de desacato al tribunal por no obedecer la orden judicial de eliminar información sobre unos testigos confidenciales, y de obstrucción a la justicia. El 29 de agosto condenó a pagar 20.000 euros de multa a Ibrahim al Amine y, 5.000, a Al Akhbar.

El gobierno siguió sin establecer un órgano nacional independiente para investigar la suerte de los miles de personas que fueron sometidas a desaparición forzada o quedaron en paradero desconocido durante la guerra civil de Líbano (1975-1990) y que podrían haber sido víctimas de homicidio ilegítimo. Esta situación perpetuaba el sufrimiento de sus familias, que seguían afrontando obstáculos administrativos, legales, sociales y económicos como consecuencia de su desaparición forzada.

Los tribunales impusieron al menos 107 condenas a muerte por delitos de terrorismo. No se llevaban a cabo ejecuciones desde 2004.

República Libanesa
Jefe del Estado: Michel Aoun (tomó posesión del cargo en octubre)
Jefe del gobierno: Saad Hariri (sustituyó a Tamam Salam en diciembre)