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La nueva ley sobre ciberdelincuencia pone en peligro la libertad de expresión

Distrito financiero de Dohat, Qatar. © Amnesty International

Qatar ha introducido una nueva y controvertida ley sobre ciberdelincuencia que castiga la difusión de “noticias falsas” en Internet y constituye una grave amenaza para la libertad de expresión en el país. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

En virtud de esta nueva ley, las autoridades pueden prohibir los sitios web de los que consideren que amenazan la “seguridad” del país, y pueden castigar a cualquier persona que publique o comparta contenido online que “mine” los “valores sociales” o el “orden general” de Qatar, aunque la ley no define el significado de estos términos.

“La nueva ley sobre ciberdelincuencia supone un fuerte retroceso para la libertad de expresión en Qatar”, ha manifestado Said Boumedouha, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Contiene disposiciones amplias y vagamente redactadas que son totalmente contrarias a las normas internacionales. En la práctica, esas disposiciones otorgan al gobierno amplios poderes para castigar a cualquier persona que publique o comparta contenido que las autoridades consideren perjudicial para los ‘valores sociales' de Qatar o sus intereses nacionales.”

“Existe un peligro real de que esta nueva ley socave seriamente la expresión legítima y pacífica al facilitar la represión arbitraria de la disidencia pacífica.”

La ley aborda la piratería informática, la falsificación, la violación de los derechos de propiedad intelectual y otros actos reconocibles como delito según el derecho internacional, pero también dispone que los proveedores de telecomunicaciones deben bloquear el acceso a sitios web o proporcionar datos o registros a petición de las autoridades.

La libertad de expresión está sometida a un estricto control en Qatar y la prensa local ejerce habitualmente la autocensura.

El caso de Mohammed Rashid al-Ajami, conocido poeta qatarí, demuestra hasta qué punto las autoridades atenazan la libertad de expresión. Mohammed Rashid al-Ajami cumple una condena de 15 años de prisión por escribir y recitar un poema que se consideró que criticaba a la familia gobernante. El poema no incitaba al odio, el sectarismo o la violencia. Amnistía Internacional considera a Mohammed Rashid al-Ajami preso de conciencia, y ha pedido repetidamente su libertad inmediata e incondicional.

“El caso de Mohammed al-Ajami es un ejemplo perfecto de cómo las autoridades de Qatar han burlado a su antojo las normas sobre libertad de expresión en el pasado”, ha manifestado Said Boumedouha.

“Pese a los intentos de Qatar por presentarse como un país progresista comprometido con el respeto de las normas internacionales de derechos humanos, vemos cómo las autoridades hacen retroceder las libertades, en lugar de tomar medidas para garantizar que se protege la libertad de expresión."

En los últimos años, el gobierno también ha tratado de reforzar su control sobre la libertad de expresión a través de un nuevo proyecto de ley de medios de comunicación. Si se aprueba, esta ley exigiría que todas las publicaciones sean aprobadas por una “autoridad competente” designada por el gobierno y facultada para eliminar contenidos o impedir la impresión de publicaciones.

El derecho a la libertad de expresión en Qatar está restringido también por la Convención para la Represión del Terrorismo de 2004, adoptada por los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico (GCC) en noviembre de 2012.

Sobre la base de legislación deficiente relativa a la expresión y la asociación en cada uno de los seis Estados del GCC, una de las 20 disposiciones de la Convención es un compromiso vagamente formulado de reprimir la “injerencia en los asuntos internos” de otros países del GCC. Esto podría utilizarse para castigar las críticas a las acciones de otros Estados del GCC o de figuras públicas. Otras disposiciones establecen que los Estados del GCC pueden compartir datos personales de ciudadanos y residentes sin que ese intercambio pueda ser objeto de acciones judiciales.