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Qatar

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se promulgaron nuevas leyes que mejoraron la protección jurídica de la población trabajadora migrante. Pese a las medidas del gobierno para controlar la propagación de la COVID-19, la población trabajadora migrante fue la más afectada por la pandemia. Las autoridades restringieron aún más la libertad de expresión. Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica. Se reanudaron las ejecuciones tras un paréntesis de 20 años.

Información general

Continuó la crisis del Golfo iniciada en 2017 y Qatar siguió sin mantener relaciones con Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos.

En enero, el emir nombró primer ministro a Sheij Jalid bin Jalifa bin Abdulaziz al Zani, que formó nuevo gabinete.

En marzo, el gobierno adoptó una serie de medidas para controlar la propagación de la COVID-19, como el acceso a atención médica gratuita, y proporcionó ayudas económicas a las empresas. Además, el emir introdujo reformas de la Ley de Prevención de Enfermedades Infecciosas que aumentaban la cuantía de las multas y las penas de prisión para quienes violasen sus disposiciones, y estableció una Fiscalía de Salud para el enjuiciamiento de tales casos.

En noviembre, el emir anunció la celebración en 2021 de las elecciones a la Asamblea Consultiva (órgano asesor que actuaba casi como un Parlamento), prometidas hacía tiempo.

Derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes

Se introdujeron reformas importantes para proteger a las personas migrantes de los abusos y la explotación laborales, pero las entidades empleadoras siguieron conservando unos poderes desproporcionados, pues supervisaban su entrada y residencia en el país y podían presentar cargos penales de “fuga” contra ellas. Tras anunciar el ministro de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales la abolición del sistema de kafala (patrocinio) en 2019, en enero, el Ministerio del Interior hizo extensiva la eliminación del requisito de permiso de salida a las personas migrantes empleadas en el servicio doméstico, aunque dispuso que debían informar a sus entidades empleadoras 72 horas antes de su partida.

En junio, el ministro anunció la apertura de una oficina conjunta con el Consejo Supremo del Poder Judicial para facilitar la implementación de las decisiones de los comités recién creados para resolver disputas laborales. Sin embargo, el acceso a la justicia de los trabajadores y trabajadoras migrantes siguió siendo en gran medida lento e infructuoso, y no estaban claras las condiciones en las que podían cobrar los salarios impagados con cargo al fondo de asistencia creado al efecto.

Alrededor de 100 migrantes que trabajaban en el proyecto de construcción de un estadio para la Copa Mundial de la FIFA estuvieron hasta siete meses sin cobrar el salario. Aunque la mayoría recibieron finalmente la mayor parte de su paga básica, en algunos casos tenían aún varios meses de salario o complementos pendientes al finalizar el año.1

Aunque en varias empresas había proyectos piloto para crear comités conjuntos que representaran a los empleados, los trabajadores y trabajadoras migrantes, a diferencia de los qataríes, seguían sin poder formar sindicatos o afiliarse a ellos.

En su informe de julio sobre una visita a Qatar, la relatora especial de la ONU sobre el racismo expresó gran preocupación por “la discriminación estructural de los no ciudadanos” y pidió al gobierno que tomase medidas urgentes para desmantelar el “sistema de castas de facto basado en el origen nacional”, especialmente en el sector privado.

En agosto, el emir firmó una serie de leyes que establecían un salario mínimo no discriminatorio que debía revisarse cada año, así como dos más que abolieron la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras migrantes tuvieran el “certificado de no objeción” de su entidad empleadora para cambiar de trabajo. La nueva legislación les permitía cambiar de empleo libremente, por medio de un trámite en Internet gestionado por el Ministerio de Desarrollo Administrativo, Trabajo y Asuntos Sociales.2 Para preparar el terreno, el gobierno había lanzado en julio una plataforma de reempleo para que tanto las empresas como los trabajadores y trabajadoras pudieran buscar nuevas oportunidades de contratación.

Trabajadoras domésticas migrantes

Las personas migrantes empleadas en el sector doméstico, en su mayoría mujeres, seguían sufriendo formas graves de abuso sin acceso a un recurso a pesar de lo dispuesto en la Ley de Trabajo Doméstico de 2017. En muchos casos, las personas para las que trabajaban las obligaban a hacer jornadas laborales de 16 horas sin descanso ni días libres y, aunque era ilegal, les confiscaban el pasaporte. Estos abusos se cometían en un clima de total impunidad. El único albergue para trabajadoras domésticas víctimas de abusos y explotación, establecido en 2019, no estaba plenamente operativo, lo que hacía que les resultara todavía más difícil huir de su lugar de trabajo y, más aún, denunciar formalmente los abusos.3

Derecho a la salud

La crisis de la COVID-19 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la población trabajadora migrante en Qatar.4 Aunque el gobierno introdujo algunas medidas positivas, como la gratuidad de la atención médica y de las pruebas diagnósticas para toda la población, los trabajadores y trabajadoras migrantes se vieron especialmente afectados por la pandemia y expuestos a la infección como consecuencia de las condiciones de hacinamiento y, a menudo, insalubridad en que vivían.5 El impago de salarios aumentó considerablemente a partir de marzo y, a pesar de las ayudas económicas concedidas por el gobierno para apoyar a las empresas y mitigar el impacto de la pandemia, miles de empresas dejaron de pagarlos puntualmente. Aunque el gobierno anunció medidas e iniciativas para ayudar a la población trabajadora migrante, la que vivía en zonas sometidas a confinamiento se quejó en algunos casos de falta de alimentos y suministros.

En abril, la policía detuvo a decenas de trabajadores migrantes nepalíes, a quienes dijeron que iban a hacerles la prueba de la COVID-19 y devolverlos luego a sus alojamientos. En cambio, los llevaron a centros de detención, donde los tuvieron recluidos varios días en condiciones terribles antes de expulsarlos a Nepal sin ninguna explicación ni el debido proceso.6

Libertad de expresión

Se restringió aún más la libertad de expresión con la aprobación, en enero, de una imprecisa ley que penalizaba una amplia variedad de formas de expresión y publicación.7 En virtud de ella, emitir o publicar información “tendenciosa” podía castigarse con hasta cinco años de cárcel y una multa de 100.000 riales qataríes (más de 25.000 dólares estadounidenses).

Las autoridades siguieron ejerciendo facultades ejecutivas arbitrarias e imponían sanciones administrativas, como la prohibición de viajar, sin proceso judicial, en algunos casos aparentemente como medida punitiva contra opiniones políticas o actividades pacíficas.8

Derechos de las mujeres

Las mujeres seguían estando discriminadas en la legislación y en la práctica.

La legislación relativa a la familia continuaba discriminando a las mujeres, que encontraban muchas más trabas para solicitar el divorcio y quedaban en una situación de grave desventaja económica si lo hacían o si sus esposos las abandonaban.

En el informe elaborado tras su visita a Qatar, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria señaló que las mujeres menores de 25 años debían obtener el permiso de sus tutores varones para realizar actividades cotidianas como firmar contratos y salir del país. Explicó que, el hecho de que no pudieran salir de casa sin el permiso de sus tutores legales derivaba en una privación de libertad de facto a manos de sus familias.

El 2 de octubre, tras hallar a una bebé abandonada en un cubo de basura del aeropuerto de Doha, la capital, las autoridades obligaron a varias mujeres a bajar del avión en el que se disponían a viajar y las sometieron a exámenes médicos íntimos forzados para determinar si alguna de ellas había dado a luz. El incidente causó tanta indignación pública que Qatar pidió disculpas y abrió una investigación sobre lo ocurrido.

Derecho a la privacidad

La aplicación de rastreo de contactos de Qatar, EHTERAZ, desarrollada por el Ministerio del Interior para contener la propagación de la COVID-19, tenía un defecto grave de seguridad que dejó expuestos datos personales confidenciales de más de un millón de usuarios. Una vez alertadas del error, las autoridades lo subsanaron con rapidez.9 La aplicación, como tantas otras, siguió siendo problemática debido a la falta de garantías de privacidad.10

Pena de muerte

En abril se reanudaron las ejecuciones tras un paréntesis de 20 años.

  1. Qatar: Trabajadores migrantes que trabajan en el estadio de la Copa Mundial de la FIFA llevan meses sin cobrar (noticia, 11 de junio)
  2. Qatar: Las nuevas leyes que protegen a los trabajadores y trabajadoras migrantes, un paso en la dirección correcta (noticia, 30 de agosto)
  3. Qatar: “¿Por qué quieres descansar?”: Abusos continuados contra trabajadoras domésticas en Qatar (MDE 22/3175/2020)
  4. Qatar: Trabajadores migrantes alojados en campos, en grave peligro en medio de la crisis de la COVID-19 (noticia, 20 marzo)
  5. COVID-19 makes Gulf countries’ abuse of migrant workers impossible to ignore (campaña, 30 de abril)
  6. Qatar: Trabajadores y trabajadoras migrantes, expulsados ilegalmente durante la pandemia de COVID-19 (noticia, 15 de abril)
  7. Qatar: Nueva ley represiva impone más restricciones a la libertad de expresión (noticia, 20 de enero)
  8. Qatar: Arbitrary executive action puts lives on hold (MDE 22/2772/2020)
  9. Qatar: Fallo de seguridad en aplicación de rastreo de contactos expone datos personales confidenciales de más de un millón de personas (noticia, 26 de mayo)
  10. Las aplicaciones de rastreo de contactos de Bahréin, Kuwait y Noruega, entre las más peligrosas para la privacidad (noticia, 16 de junio)

A continuación puedes ver contenidos relacionados con este país.

Qatar
Jefe del Estado: Tamim bin Hamad bin Jalifa al Zani
Jefe del gobierno: Jalid bin Jalifa bin Abdulaziz al Zani (sustituyó a Abdullah bin Nasser bin Jalifa al Zani en enero)

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