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Jordania

Información extraída de nuestro INFORME 2021/22

Se seguía restringiendo la libertad de reunión pacífica, especialmente en virtud de la amplia legislación de excepción aprobada en 2020. Las autoridades también limitaban la libertad de expresión tanto dentro como fuera de Internet. La violencia de género aumentó en el contexto del deterioro de la situación económica y de las restricciones asociadas a la COVID-19, así como debido a la persistente falta de protección jurídica frente a este tipo de delitos. Jordania continuaba acogiendo a más de 2,7 millones de personas refugiadas que disfrutaban de acceso a la vacunación gratuita contra la COVID-19, pero estaban expuestas a un fuerte aumento de la inseguridad alimentaria.

Información general

Jordania comenzó su campaña de vacunación contra la COVID-19 en enero y, según el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados—, fue uno de los primeros países en ofrecer vacunas gratuitas a toda la población, incluidas las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

En abril, el expríncipe heredero Hamzah bin Al Hussein fue puesto bajo arresto domiciliario, acusado de planificar un golpe, lo que él negó.

En junio, el rey Abdalá ordenó la formación de un comité real de 92 miembros para “modernizar el sistema legislativo”.

La situación económica de Jordania continuó deteriorándose, debido en parte al impacto de las medidas de respuesta a la COVID-19. En septiembre, el gobierno volvió a abrir el país, pero mantuvo la Ley del Estado de Excepción promulgada al inicio de la pandemia en 2020, que le otorgaba amplios poderes.

Libertad de reunión

Las autoridades continuaron restringiendo la libertad de reunión pacífica, con acciones como detener arbitrariamente a personas que protestaban contra las medidas del gobierno en respuesta a la COVID-19.

En marzo estallaron protestas en las ciudades de Irbid, Salt, Aqaba y Karak tras la muerte de al menos 10 pacientes de COVID-19 a causa de la escasez de oxígeno en el hospital público de Salt. Los manifestantes exigían rendición de cuentas por las muertes y el cese de restricciones asociadas a la COVID-19 como el toque de queda nocturno, que tildaban de ineficaz. En diciembre, 5 personas fueron condenadas a 3 años de prisión tras ser declaradas culpables de las muertes de los pacientes. Los manifestantes también culpaban al gobierno del empeoramiento de la situación económica y pedían el fin de la Ley del Estado de Excepción, conocida como Ley de Defensa, que se utilizaba para limitar los derechos civiles y políticos. Las fuerzas de seguridad respondieron a los manifestantes con la fuerza, incluido el uso intensivo de gas lacrimógeno.

Con motivo del décimo aniversario del Movimiento 24 de Marzo —movimiento juvenil de 2011 que exigía reformas—, se convocaron protestas en Ammán y las ciudades septentrionales de Irbid, Mafraq y Ramtha para pedir el fin de la Ley de Defensa y la dimisión del Consejo de Ministros. No obstante, las fuerzas de seguridad impidieron que la gente se sumara a las protestas y detuvieron a decenas de personas. El Ministerio del Interior declaró que el gobierno “no toleraría protestas que empeorasen la crisis sanitaria”. Todas las personas detenidas quedaron en libertad poco después.

En mayo hubo varios días de protestas en solidaridad con la población palestina del barrio de Sheij Yarrah, en Jerusalén Oriental. El día 14 de ese mes, la policía antidisturbios utilizó gas lacrimógeno y efectuó disparos al aire con munición real para dispersar a manifestantes cerca del puente Rey Hussein, en el valle del Jordán.

El 30 de junio, las autoridades detuvieron a miembros del sindicato de docentes, incluido su presidente, Nasser al Nawasrah, horas antes de una marcha convocada en solidaridad con personal docente obligado a jubilarse anticipadamente. A principios de enero ya habían detenido a enseñantes que protestaban por el mismo motivo. Todas las personas detenidas fueron puestas en libertad poco después.

Libertad de expresión

El espacio de la sociedad civil continuó reduciéndose a medida que las autoridades endurecían las restricciones arbitrarias a la expresión dentro y fuera de Internet.

El 25 de marzo, las autoridades prohibieron de facto Clubhouse, una aplicación de red social basada en audio utilizada para debatir sobre diversos temas, incluidos los derechos civiles y políticos. En respuesta a la prohibición, varias organizaciones de derechos humanos publicaron indicaciones sobre el uso de determinadas redes privadas virtuales (VPN) para acceder a la aplicación que las autoridades bloquearon posteriormente.

Personal de varias organizaciones de derechos humanos habló a Amnistía Internacional sobre las interrupciones de Internet en marzo —incluida la prohibición de utilizar Facebook Live— realizadas con el objetivo de limitar la cobertura de las protestas.

En abril, tras el presunto golpe de Estado planeado, un cierre de Internet de dos días afectó a partes de Ammán occidental. Varias organizaciones informaron a Amnistía Internacional de que el cierre había tenido consecuencias negativas para el programa de vacunación y los negocios. El 6 de abril, el fiscal dictó una cláusula de silencio que impedía a los medios de comunicación tradicionales y a las redes sociales informar sobre las investigaciones del presunto plan de golpe de Estado. La cláusula de silencio continuaba en vigor al terminar el año.

Entre el 24 de junio y el 15 de julio, la Comisión Reguladora de las Telecomunicaciones, en coordinación con el Ministerio de Educación, interrumpió el servicio de las aplicaciones de mensajería para “preservar la integridad” de unos exámenes que se estaban celebrando.

El 1 de julio quedó en libertad bajo fianza Ahmad Tabanjieh Kinani, recluido durante casi un año por expresar pacíficamente su solidaridad con el sindicato de docentes. Había sido arrestado en agosto de 2020, acusado de actos penalizados en virtud de la Ley Antiterrorista.

Derechos laborales

La crisis económica dio lugar a un aumento sin precedentes del desempleo, que alcanzó el 25% en el primer trimestre y hasta el 50% en el caso de la población joven.

Durante el año se obligó a jubilarse anticipadamente a 146 docentes, incluidos varios miembros del sindicado de docentes y de su junta directiva, medida con la que, según la opinión general, se los castigaba por su participación en protestas en 2019 y 2020. La jubilación anticipada sumió en una mayor pobreza a familias que ya tenían dificultades a causa de las medidas contra la COVID-19.

El 28 de marzo, el primer ministro emitió la Orden de Defensa 28, que ponía fin a la práctica de encarcelar a personas por deudas y, en su lugar, disponía la prohibición de viajar. Miles de personas huían de Jordania por temor a ser encarceladas por deudas. El 14 de julio, el ministro de Justicia Ahmad al Zeyadat presentó un proyecto de ley que ofrecía más flexibilidad a las personas con deudas para que las saldaran, aunque al finalizar el año no se había aprobado.

Derechos de las mujeres

La violencia de género persistía, y la protección jurídica y la rendición de cuentas por esos delitos seguían siendo escasas.

En el primer semestre del año, varias organizaciones de derechos de las mujeres, así como la ONU, informaron de que los incidentes de violencia de género habían aumentado más de un 50% en comparación con el año anterior. Según el Instituto para la Solidaridad Internacional de las Mujeres en Ammán, al concluir septiembre habían muerto 14 mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito familiar.

La violencia de género aumentó en el contexto del empeoramiento de la situación económica que se vio agravado en gran parte por las medidas contra la COVID-19. No obstante, la gradual reapertura de los servicios y la eliminación de las restricciones a la libertad de circulación mejoró el acceso de las sobrevivientes a servicios especializados en violencia de género. Los organismos sobre violencia de género continuaron prestando sus servicios a distancia y presencialmente, y aumentaron la capacidad de sus líneas telefónicas de emergencia.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El 30 de septiembre, según el ACNUR, Jordania acogía a 670.637 personas refugiadas sirias, 66.665 iraquíes, 12.866 yemeníes, 6.013 sudanesas y 696 somalíes. Acogía también a 1.453 personas refugiadas de otros 52 países inscritas en el registro del ACNUR, además de los más de 2 millones de personas palestinas inscritas en el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, la agencia de la ONU para esta población.

En marzo, fueron deportados a Yemen sin el debido proceso al menos cuatro solicitantes de asilo de ese país que habían solicitado sendos permisos de trabajo y permanecido recluidos más de un mes antes de la deportación. En abril, ocho más habían recibido una orden de deportación. Personal de ayuda humanitaria denunció que las personas solicitantes de asilo se exponían a ser deportadas si no renunciaban a su certificado de petición de asilo antes de solicitar el permiso de trabajo. En noviembre, el periodista sirio Ibrahim Awad fue detenido arbitrariamente y recluido posteriormente en el campo para personas refugiadas de Azraq, a 100 kilómetros al este de Ammán.

En mayo, el gobierno anunció que permitiría que todas las personas refugiadas con documentos caducados los renovasen en el ACNUR hasta finales de año, y que la posesión de un documento caducado no impediría el acceso a servicios como la atención de la salud y la escolarización.

En junio, según el ACNUR, más de la mitad de las personas refugiadas sirias en Jordania que reunían las condiciones para vacunarse contra la COVID-19 ya habían recibido al menos una dosis.

En julio, el Programa Mundial de Alimentos anunció que 21.000 personas refugiadas sirias en Jordania dejarían de recibir ayuda alimentaria debido a la falta de fondos, y que la inseguridad alimentaria entre la población refugiada se había duplicado durante el año anterior, hasta alcanzar al 25%. Casi 2 de cada 3 personas refugiadas estaban al borde de padecer inseguridad alimentaria.

Pena de muerte

Las autoridades siguieron dictando sentencias de muerte; no se llevaron a cabo ejecuciones.

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