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Arabia Saudí

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Las autoridades restringieron severamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Se detuvo a muchos defensores y defensoras de los derechos humanos y personas críticas con el gobierno, y algunos fueron condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías. Varios activistas chiíes fueron ejecutados, y muchos más fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado. La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual. Pese a limitadas reformas, las mujeres sufrían una discriminación sistémica en la ley y en la práctica y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las autoridades hicieron amplio uso de la pena de muerte y llevaron a cabo decenas de ejecuciones. La coalición dirigida por Arabia Saudí siguió cometiendo violaciones graves del derecho internacional en Yemen.

En junio, Arabia Saudí, Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos rompieron relaciones con Qatar, lo que afectó negativamente a miles de nacionales y de trabajadores y trabajadoras migrantes.

Ese mismo mes, el rey Salmán reorganizó la estructura política y de seguridad, reduciendo considerablemente las atribuciones del Ministerio del Interior. El 17 de junio le retiró la facultad de investigar y enjuiciar delitos y la transfirió a la Fiscalía, que puso bajo su autoridad directa. En julio, un real decreto estableció la Presidencia de la Seguridad del Estado, con el cometido de abordar todos los asuntos relacionados con la seguridad del Estado, incluido el “terrorismo”, y dependiente directamente del rey, lo que redujo aún más las funciones del Ministerio. Durante este periodo hubo también cambios en varios altos cargos, pero el más significativo se produjo el 21 de junio, cuando el rey nombró a su hijo Mohammed bin Salmán príncipe heredero, destituyendo a su sobrino Mohammed bin Naif Al Saud.

En mayo, la relatora especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo concluyó que la legislación antiterrorista de Arabia Saudí incumplía las normas internacionales, e instó al gobierno a que pusiera fin a los enjuiciamientos de personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos o autoras de blogs u otros escritos, entre otras, sólo por expresar opiniones no violentas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó Arabia Saudí en mayo para participar en la cumbre de Riad, a la que asistieron representantes de más de 55 Estados, en su mayoría árabes o de mayoría musulmana. Durante la visita se anunció un acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudí para el suministro de armas por valor de 300.000 millones de dólares estadounidenses.

La coalición militar dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente continuó bombardeando en Yemen zonas controladas o disputadas por las fuerzas huzíes y sus aliados, matando e hiriendo a civiles. Algunos de los ataques constituyeron crímenes de guerra. Un informe de la ONU publicado en septiembre concluía que la coalición liderada por Arabia Saudí seguía siendo la causante principal de víctimas civiles en el conflicto. (Véase el apartado sobre Yemen.) En octubre, el secretario general de la ONU incluyó la coalición dirigida por Arabia Saudí en su informe anual sobre la infancia y los conflictos armados, creando una nueva categoría concebida expresamente para limitar las condenas a la coalición.

La minoría musulmana chií continuaba discriminada debido a su fe, lo que limitaba su derecho a la libertad de expresión religiosa y su acceso a la justicia, y restringía arbitrariamente otros derechos, como los relativos al empleo y los servicios públicos. Los activistas chiíes seguían expuestos a ser detenidos, encarcelados y, en algunos casos, condenados a muerte en juicios sin garantías. En julio fueron ejecutados cuatro hombres chiíes condenados a muerte por delitos relacionados con protestas.

Entre mayo y agosto, las fuerzas de seguridad empezaron a desalojar el distrito de Al Masura de la localidad de Al Awamiya, en la Provincia Oriental, de población mayoritariamente chií, para implementar proyectos de desarrollo urbanístico. Estallaron enfrentamientos armados, caracterizados por el uso de artillería pesada y bombardeos terrestres, entre las fuerzas de seguridad y hombres armados que se negaban a marcharse, por lo que hubo decenas de muertos y heridos entre los habitantes y la ciudad sufrió daños importantes. Las autoridades acusaron a los hombres armados de “actividades terroristas” y otros delitos y prometieron tomar medidas enérgicas contra ellos. Según sus habitantes, las autoridades prohibieron la entrada de ambulancias y asistencia médica en la zona, y muchas familias que permanecían en ella se quedaron sin comida, agua, tratamiento médico y otros bienes básicos. Los informes indicaban que durante la operación fueron detenidas decenas de personas, entre las que había activistas.

Por ejemplo, el 15 de mayo fue detenido el defensor de los derechos humanos Ali Shaaban tras expresar en Facebook su solidaridad con los habitantes de Al Awamiya. Al terminar el año continuaba recluido.

En julio, las familias de 15 hombres chiíes acusados de espiar para Irán y condenados a muerte en un juicio colectivo manifiestamente injusto tuvieron conocimiento de que la sala de apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado sus penas. En diciembre, se comunicó a algunas de ellas que las condenas habían sido confirmadas tras la revisión del Tribunal Supremo, por lo que los hombres corrían riesgo inminente de ejecución.

El Tribunal Penal Especializado continuaba enjuiciando a activistas chiíes por su presunta participación en las protestas de 2011 y 2012. Se seguía utilizando la pena de muerte contra la disidencia política. Al menos 38 hombres chiíes corrían riesgo de ejecución, entre ellos cuatro que habían sido condenados a muerte por participar en protestas en 2012, cuando eran menores de 18 años.

Las autoridades seguían reprimiendo a activistas pacíficos y disidentes, acosando a escritores, comentaristas activos en Internet y otras personas que ejercían su derecho a la libertad de expresión manifestando opiniones contrarias a las políticas del gobierno.

Tras el anuncio de la decisión de romper las relaciones con Qatar, las autoridades advirtieron de que las expresiones de afinidad con ese país y las críticas a las medidas del gobierno se considerarían un delito punible en aplicación del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos. Seguían prohibidas todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Dos años después de la aprobación de la ley de asociaciones no se había creado ninguna nueva organización independiente de derechos humanos en aplicación de sus disposiciones. Las organizaciones independientes de derechos humanos que habían sido clausuradas, como la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, la Unión por los Derechos Humanos, el Centro Adala de Derechos Humanos y el Observatorio de Derechos Humanos en Arabia Saudí, siguieron inactivas. Casi todos sus integrantes habían sido declarados culpables y condenados, habían huido del país o habían sido llevados ante el Tribunal Penal Especializado para ser juzgados.

En octubre, las autoridades aprobaron una nueva Ley Antiterrorista que sustituía a la de febrero de 2014 e introducía condenas específicas para los delitos de “terrorismo”, incluida la pena de muerte. La Ley seguía usando una definición de los actos de terrorismo imprecisa y demasiado general, que permitía que fuera usada como instrumento para reprimir aún más la libertad de expresión y a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Las autoridades continuaban deteniendo, enjuiciando y condenando a defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos imprecisos, basados en su mayor parte en la Ley Antiterrorista de febrero de 2014. Por ejemplo, los 11 miembros fundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, que las autoridades habían cerrado en 2013, fueron condenados a prisión.

Tras ver confirmada su condena en apelación, Abdulaziz al Shubaily, defensor de los derechos humanos y miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue detenido en septiembre para empezar a cumplir su condena de ocho años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros ocho y de escribir en las redes sociales. Había sido declarado culpable de, entre otros cargos, “ofender la integridad del sistema judicial y de los jueces” y “violar el artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos” al “incitar a la opinión pública contra los gobernantes del país y firmar declaraciones publicadas en Internet en las que se pedía a la gente que se manifestara”.

A principios de enero, el ingeniero informático y activista de derechos humanos Essam Koshak fue citado para ser interrogado; le preguntaron de forma insistente sobre su cuenta de Twitter. Su juicio ante el Tribunal Penal Especializado comenzó el 21 de agosto. Se enfrentaba a varios cargos relacionados con su activismo en Internet.

El 21 de agosto se inició en el Tribunal Penal Especializado el juicio contra el defensor de los derechos humanos Issa al Nukheifi. Se enfrentaba a varios cargos relacionados con sus publicaciones en Twitter. Había sido detenido el 18 de diciembre de 2016, y al finalizar 2017 permanecía recluido en la prisión general de La Meca.

Los servicios de seguridad seguían practicando detenciones arbitrarias y recluyendo a personas sin cargos ni juicio durante periodos largos sin remisión a un tribunal competente, lo que vulneraba el Código de Procedimiento Penal. Con frecuencia se mantenía a los detenidos en régimen de incomunicación durante los interrogatorios y se les negaba el acceso a abogados, lo que incumplía las normas internacionales sobre juicios justos. En febrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria declaró que Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoon, tres jóvenes detenidos por cargos relacionados con protestas y que corrían riesgo inminente de ejecución, estaban recluidos arbitrariamente. El Grupo de Trabajo declaró que se les había privado de libertad sin ningún fundamento jurídico, pues habían sido enjuiciados y condenados basándose en leyes promulgadas dos años después de su detención, lo que era contrario al derecho internacional.

En septiembre, las autoridades practicaron una serie de detenciones que afectó a más de 20 destacadas figuras religiosas, escritores, periodistas e intelectuales.

En noviembre detuvieron a centenares de funcionarios, exfuncionarios y empresarios sin revelar detalles de los cargos formulados contra ellos. Algunos quedaron en libertad posteriormente, al parecer tras llegar a un acuerdo económico.

La tortura y otros malos tratos bajo custodia continuaban siendo práctica habitual y generalizada. Los tribunales seguían declarando culpables a los acusados y confirmando condenas a muerte basándose en controvertidas “confesiones” hechas en prisión preventiva. Los agentes de seguridad continuaban sometiendo a personas detenidas a torturas y otros malos tratos con total impunidad.

En julio se comunicó por teléfono a las familias de 14 hombres condenados a muerte por cargos relacionados con protestas la confirmación de sus condenas. Había documentación judicial según la cual los 14 hombres habían sido sometidos a detención prolongada previa al juicio y habían denunciado haber sido objeto de tortura y malos tratos durante su interrogatorio para obtener “confesiones”. En la imposición de las condenas, aparentemente el Tribunal Penal Especializado se basó sobre todo en las “confesiones” como prueba contra los procesados, sin investigar sus denuncias de tortura.

Las mujeres y las niñas seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica a pesar de las reformas prometidas por el gobierno. Las mujeres debían tener autorización de un tutor varón —su padre, esposo, hermano o hijo— para matricularse en un centro de enseñanza superior, buscar empleo, viajar o casarse. También continuaban sin recibir protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos.

En abril, el rey Salmán emitió un real decreto en el que instaba a las entidades públicas a que se abstuvieran de pedir la autorización de un tutor varón salvo para los servicios en que estuviera estipulado en el reglamento. El decreto ordenaba también a las entidades públicas que revisaran sus reglamentos y elaborasen una lista de los procedimientos que exigían la autorización de un tutor. Este decreto podía aumentar la libertad de las mujeres para controlar su vida; sin embargo, al concluir el año no se había aplicado. Ese mismo mes, Arabia Saudí fue elegida miembro de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de la ONU.

En septiembre, el rey promulgó otro real decreto que permitía a las mujeres conducir vehículos y que entraría en vigor el 23 de junio de 2018. El decreto especificaba que se aplicaría de conformidad con “las normas legales establecidas”, sin más aclaraciones, lo que planteaba dudas sobre cómo se implementaría en la práctica. Tras este anuncio, activistas de los derechos de las mujeres que habían hecho campaña contra la prohibición de conducir denunciaron que habían recibido llamadas telefónicas en las que se les advertía de que no comentasen públicamente la noticia so pena de ser interrogadas.

El 19 de abril, Maryam al Otaibi, activista de 29 años que había participado activamente en la campaña para acabar con el sistema de tutela masculina, fue detenida en la capital, Riad, tras huir de un entorno familiar abusivo en Al Qassim. Fue interrogada después de que su padre, que era también su tutor legal, la denunciase por abandono del hogar familiar. El 30 de julio quedó en libertad bajo fianza. Al concluir el año su caso seguía en los tribunales y corría el riesgo de ser detenida de nuevo.

Loujain al Hathloul, destacada defensora de los derechos humanos que había estado detenida por desobedecer la prohibición de conducir, fue detenida de nuevo el 4 de junio, al llegar al aeropuerto de Dammam. Tras ser interrogada en relación con su activismo, salió en libertad cuatro días más tarde. No estaban claras las condiciones de su liberación.

Las autoridades continuaban aplicando medidas enérgicas a los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular, y detuvieron y expulsaron a miles. En marzo, el Ministerio del Interior lanzó una campaña denominada “Una nación sin infracciones” en la que dio a los trabajadores y trabajadoras migrantes un plazo de 90 días para regularizar su situación o salir del país sin ser penalizados.

Los tribunales siguieron imponiendo la pena de muerte por diversos delitos, como los de drogas, o por conductas que según las normas internacionales no deberían penalizarse, como la “hechicería” y el “adulterio”. Muchas personas fueron condenadas a muerte en juicios injustos ante tribunales que las declararon culpables sin investigar adecuadamente las denuncias de que sus “confesiones” habían sido obtenidas mediante coacción, incluida tortura. Por lo general, las autoridades no informaban a las familias de los condenados de su ejecución inminente ni inmediatamente después de ella.

El 11 de julio, Yussuf Ali al Mushaikhass, padre de dos hijos, fue ejecutado junto con otros tres hombres por delitos de terrorismo relacionados con protestas antigubernamentales celebradas en la Provincia Oriental entre 2011 y 2012. Su familia no supo de la ejecución hasta después de que fuera llevada a cabo, cuando vieron un anuncio del gobierno en la televisión. Al parecer, el tribunal había basado en gran medida la declaración de culpabilidad en “confesiones” que, según había declarado Yussuf al Mushaikhass ante él, se habían obtenido mediante tortura y otros malos tratos.

El 13 de septiembre fue ejecutado Said al Saiari. Había sido condenado a muerte por el Tribunal General de Nayran en 2013, a pesar de haberse determinado que no había pruebas suficientes para declararlo culpable. Al dictar su fallo, el tribunal se basó en las declaraciones juradas del padre de la víctima, que aunque no había estado presente en el lugar del asesinato, creía que Said al Saiari era el responsable.

Reino de Arabia Saudí
Jefe del Estado y del gobierno: rey Salmán bin Abdulaziz al Saud
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