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Arabia Saudí

Información extraída de nuestro Informe 2016/17

Las autoridades restringían severamente el derecho de libertad de expresión, asociación y reunión, deteniendo y encarcelando a quienes las criticaban, a defensores y defensoras de derechos humanos y a activistas de los derechos de las minorías por cargos imprecisos. La tortura y otros malos tratos bajo custodia seguían siendo habituales, especialmente durante el interrogatorio, y los tribunales continuaban admitiendo “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura para dictar sentencias condenatorias en juicios injustos. Las mujeres estaban discriminadas en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las autoridades seguían deteniendo y expulsando a las personas migrantes en situación irregular. Los tribunales dictaron numerosas penas de muerte, incluso por delitos no violentos y contra personas condenadas por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad; se llevaron a cabo decenas de ejecuciones. Las fuerzas de la coalición dirigida por Arabia Saudí cometieron en Yemen violaciones graves del derecho internacional, crímenes de guerra incluidos.

Arabia Saudí sufrió crecientes problemas económicos debido a la caída de los precios mundiales del petróleo y al coste de su intervención militar continuada en el conflicto armado de Yemen. Esta situación se reflejó en la reducción de los gastos del Estado en bienestar social y en construcción, lo que provocó el despido de miles de personas, en su mayoría trabajadores y trabajadoras migrantes del sur de Asia. En abril, las autoridades lanzaron “Visión 2030”, un plan para diversificar la economía y acabar con la dependencia del país de los ingresos derivados de la extracción de combustibles fósiles. En septiembre, el Consejo de Ministros anunció recortes en los sueldos de los ministros del gobierno y en las bonificaciones que se pagaban a los empleados públicos.

Las relaciones entre Arabia Saudí e Irán siguieron deteriorándose, situación exacerbada por su apoyo a bandos contrarios en los conflictos de la región. Tras ejecutar el gobierno al destacado clérigo musulmán chií Sheikh Nimr al Nimr y a otras personas el 2 de enero, unos manifestantes irrumpieron en la embajada saudí en la capital iraní, Teherán, y la incendiaron, por lo que Arabia Saudí rompió relaciones diplomáticas con Irán y expulsó a sus diplomáticos. Las autoridades de Teherán prohibieron a la ciudadanía iraní asistir a la peregrinación anual a La Meca (hach) en Arabia Saudí.

El 4 de julio se perpetraron atentados suicidas con explosivos, aparentemente coordinados, en uno de los lugares más sagrados del islam en Medina, en el consulado estadounidense en Yidda y en una mezquita chií de Qatif, matando a cuatro personas.

En septiembre, el Congreso estadounidense votó por una amplia mayoría anular el veto del presidente estadounidense Barack Obama a la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, abriendo a las familias de las víctimas mortales de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos la posibilidad de demandar por daños y perjuicios al gobierno saudí.

En octubre, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU instó al gobierno a que detuviera de inmediato la ejecución de las personas condenadas a muerte por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de 18 años, pusiera en libertad de inmediato a todos los menores condenados a muerte en juicios injustos y conmutara las penas de los demás, y prohibiera “inequívocamente” en la ley la imposición de la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento de su presunto delito.

A lo largo del año, la coalición militar dirigida por Arabia Saudí que apoyaba al gobierno yemení reconocido internacionalmente continuó bombardeando en Yemen zonas controladas o disputadas por las fuerzas huzíes y sus aliados, matando e hiriendo a miles de civiles. Algunos ataques fueron indiscriminados, desproporcionados o dirigidos deliberadamente contra la población civil y bienes de carácter civil, como escuelas, hospitales, mercados y mezquitas. Algunos de los ataques de la coalición constituían crímenes de guerra. La coalición empleó armamento suministrado por los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, incluidas bombas de racimo, prohibidas internacionalmente por ser de efecto intrínsecamente indiscriminado y representar un riesgo continuo para la población civil debido a que a menudo no estallan en el impacto inicial. En diciembre, la coalición admitió que sus fuerzas habían utilizado municiones de racimo de fabricación británica en 2015 y aseguró que no iba a volver a hacerlo. Los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido continuaron ayudando a la coalición con armas, entrenamiento, información de inteligencia y apoyo logístico, a pesar de las violaciones graves del derecho internacional cometidas por sus fuerzas en Yemen.

En junio, el secretario general de la ONU eliminó a Arabia Saudí de una lista de Estados y grupos armados responsables de violaciones graves de los derechos de la infancia durante los conflictos después de que el gobierno saudí amenazara con reducir su apoyo económico a programas clave de la ONU.

Las fuerzas huzíes y sus aliados llevaron a cabo reiterados ataques transfronterizos indiscriminados, bombardeando zonas pobladas civiles, como Nayran y Yazán, en el sur de Arabia Saudí, en las que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil.

Las autoridades seguían restringiendo severamente la libertad de expresión y reprimiendo la disidencia. Hostigaban, detenían y enjuiciaban a sus detractores —como escritores y comentaristas activos en Internet, activistas políticos y de los derechos de las mujeres, miembros de la minoría chií y defensores y defensoras de los derechos humanos—, encarcelando a algunos después de que los tribunales los condenaran a prisión por cargos imprecisos.

En marzo, el Tribunal Penal Especializado de la capital, Riad, condenó al periodista Alaa Brinji a cinco años de prisión y a una multa, seguidos de la prohibición de viajar durante ocho años, por unos comentarios que había publicado en Twitter.

También en marzo, el Tribunal condenó al escritor y ulema Mohanna Abdulaziz al Hubail a seis años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros seis, tras declararlo culpable in absentia de cargos como “insultar al Estado y a sus gobernantes”, promover manifestaciones y participar en ellas, y “solidarizarse con los miembros detenidos” de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, que eran presos de conciencia. El Tribunal ordenó asimismo el cierre de su cuenta de Twitter.

Las autoridades no permitían la existencia de partidos políticos, sindicatos ni grupos independientes de derechos humanos, y continuaban deteniendo, enjuiciando y encarcelando a quienes constituían organizaciones no autorizadas o formaban parte de ellas.

Seguían prohibidas todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011. Algunas personas que habían infringido la prohibición fueron detenidas y encarceladas. Aunque las huelgas continuaban siendo muy poco frecuentes, en septiembre, los trabajadores y trabajadoras extranjeros y saudíes de un hospital privado de Jobar hicieron un paro laboral para protestar por varios meses de impago de salarios.

Las autoridades continuaban deteniendo y enjuiciando a defensores y defensoras de los derechos humanos por cargos imprecisos y demasiado generales, valiéndose de la legislación antiterrorista y de leyes concebidas para silenciar la crítica pacífica. Entre las personas detenidas, enjuiciadas o que cumplían penas de prisión había varios miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, organización independiente de derechos humanos, creada en 2009 y que las autoridades cerraron en 2013.

En mayo, el Tribunal Penal Especializado condenó a Abdulaziz al Shubaily, uno de los fundadores de la Asociación, a ocho años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros ocho y de comunicarse a través de las redes sociales. Lo declaró culpable de difamar e insultar a altos magistrados en aplicación de la ley sobre delitos informáticos. También estaba acusado de “comunicarse con organizaciones extranjeras” y proporcionar información sobre violaciones de derechos humanos a Amnistía Internacional.

En octubre comparecieron ante el Tribunal Penal Especializado para ser juzgados Mohammad al Otaibi y Adbullah al Attawi, cofundadores de la Unión por los Derechos Humanos. Se presentó a ambos una lista de cargos relacionados con su labor por los derechos humanos, entre ellos “participar en el establecimiento de una organización y anunciarla antes de tener autorización” y “romper la unidad nacional, propagar el caos e incitar a la opinión pública”.

Decenas de activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos más seguían cumpliendo largas penas de prisión por cargos similares, basados en el ejercicio pacífico de sus derechos humanos.

En enero, agentes de los servicios de seguridad detuvieron brevemente a la defensora de los derechos humanos Samar Badawi en relación con sus actividades a favor de la libertad de su ex esposo, el abogado de derechos humanos encarcelado Waleed Abu al Khair.

Según las autoridades, las fuerzas de seguridad detuvieron a centenares de personas sospechosas de delitos de terrorismo, entre las que había presuntos afiliados y simpatizantes de los grupos armados Estado Islámico y Al Qaeda, aunque facilitaron pocos detalles. Algunos detenidos fueron recluidos en el Centro de Terapia y Tratamiento Mohammed Bin Nayef, concebido para “terroristas” y “seguidores de ideas desviadas”.

En abril, las autoridades estadounidenses trasladaron a nueve detenidos —todos de nacionalidad yemení— desde el centro de detención de Guantánamo, en Cuba, a Arabia Saudí.

Se continuaba equiparando con “terroristas” a defensores y defensoras de los derechos humanos y a quienes manifestaban su disidencia política. Tras ser excarcelado de la prisión de Al Hair de Riad, donde había cumplido una pena de cuatro años, Mohammed al Bajadi, defensor de los derechos humanos y fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue recluido otros cuatro meses en el Centro de Terapia y Tratamiento Mohammed Bin Nayef, donde recibió “sesiones de terapia” religiosa y psicológica semanales.

En febrero, el Tribunal Penal Especializado comenzó a juzgar a 32 hombres, 30 de ellos de la minoría chií, por los cargos de espiar para Irán y entregarle información de inteligencia militar, y apoyar las protestas de Qatif, Provincia Oriental, donde la mayoría de la población era chií. La fiscalía pidió la pena de muerte para 25 de los enjuiciados. En diciembre, el Tribunal condenó a 15 de ellos a muerte tras un juicio injusto. Otros 15 fueron condenados a entre 6 meses y 25 años de prisión, y 2 resultaron absueltos.

En noviembre, 13 mujeres fueron sometidas a juicio ante el Tribunal Penal Especializado por cargos relacionados con su participación en protestas convocada en la ciudad de Burayda.

En abril, el Consejo de Ministros promulgó nuevas normativas que reducían las facultades del Comité para la Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio, la policía religiosa de Arabia Saudí, en particular prohibiéndole practicar detenciones y seguir a sospechosos y pedirles que se identificaran.

Las autoridades continuaban practicando numerosas detenciones arbitrarias y mantenían a los detenidos bajo custodia durante periodos prolongados sin remitirlos a un tribunal competente, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal exigía que todos los detenidos fueran presentados ante un tribunal en el plazo de seis meses. Eran habituales la reclusión en régimen de incomunicación durante el interrogatorio y la negación del acceso a un abogado, lo que menoscababa el derecho de los detenidos a un juicio justo y aumentaba el riesgo de que sufrieran tortura y otros malos tratos.

En septiembre, las autoridades de seguridad detuvieron arbitrariamente al activista de derechos humanos Salim al Maliki después de que publicase en Twitter unas imágenes de vídeo de guardias de frontera desalojando a miembros de comunidades tribales de la región de Yazán, cerca de la frontera de Arabia Saudí con Yemen. Estuvo recluido en régimen de incomunicación durante las seis primeras semanas, y al terminar el año continuaba privado de libertad.

Los funcionarios de los servicios de seguridad seguían infligiendo con impunidad tortura y otros malos tratos bajo custodia, especialmente para obtener “confesiones” a fin de utilizarlas como prueba contra los detenidos en el juicio. Los tribunales dictaban a menudo sentencias condenatorias basándose en “confesiones” impugnadas, hechas en prisión preventiva.

El abogado que representaba a la mayoría de los 32 hombres acusados de espiar para Irán afirmó que habían sido obligados a “confesar”. Tras la detención, fueron recluidos en régimen de incomunicación y se les negó el acceso a sus familias y a un abogado durante tres meses; algunos fueron sometidos a régimen de aislamiento prolongado.

Penas crueles, inhumanas o degradantes

Las autoridades continuaban imponiendo y administrando castigos corporales que violaban la prohibición de la tortura y otros malos tratos, en particular penas de flagelación. En febrero, el Tribunal General de Abha condenó al poeta y artista palestino Ashraf Fayadh a recibir 800 latigazos y a 8 años de prisión al conmutarle la pena de muerte que le había sido impuesta por apostasía en 2015 a causa de sus textos.

La minoría musulmana chií de Arabia Saudí seguía sufriendo una discriminación arraigada, que limitaba severamente su acceso a los servicios y empleos públicos y su libertad de expresión religiosa. Las autoridades continuaban deteniendo a activistas chiíes e imponiéndoles penas de prisión o de muerte tras juicios injustos ante el Tribunal Penal Especializado.

En junio, el Tribunal Penal Especializado condenó a muerte a 14 miembros de la minoría chií tras declararlos culpables de cargos como disparar contra funcionarios de seguridad, incitar al caos y participar en manifestaciones y disturbios. Otros 9 hombres fueron condenados a prisión, y uno fue absuelto.

Las mujeres y las niñas continuaban estando discriminadas en la ley y en la práctica, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos. Las mujeres seguían estando jurídicamente subordinadas a los hombres y en situación de inferioridad a ellos en lo relativo al matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia, y no tenían acceso a la educación superior, al empleo remunerado y a los viajes al extranjero sin la aprobación de su tutor varón. También seguían teniendo prohibido conducir vehículos.

El plan de reforma económica del gobierno “Visión 2030” incluía metas para aumentar del 22% al 30% la participación de las mujeres en la mano de obra del país e “invertir” en sus capacidades productivas para “reforzar su futuro y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad y nuestra economía”. Al concluir el año, no había constancia de que se hubieran iniciado reformas legales ni otras medidas necesarias para alcanzar estos objetivos, aunque el ministro de Justicia decidió en mayo que las mujeres recibieran una copia de su certificado de matrimonio, exigido en caso de disputas legales entre cónyuges. La Asamblea Consultiva debatió una propuesta de ley que, de ser promulgada, permitiría a las mujeres obtener el pasaporte sin la aprobación de un tutor varón.

En agosto, una campaña emprendida en Twitter con el lema de “Las mujeres saudíes exigen el fin de la tutela” hizo que decenas de miles de mujeres expresaran su oposición al sistema de tutela masculina. Fuentes activistas calculaban que, en septiembre, 14.000 mujeres saudíes habían firmado una petición en Internet en la que se solicitaba al rey Salmán la abolición del sistema.

El 11 de diciembre fue detenida e interrogada Malak al Shehri por haber publicado en las redes sociales un fotografía suya sin abaya (túnica de cuerpo entero). Quedó en libertad el 16 de diciembre, pero su condición jurídica no estaba clara.

Las autoridades mantuvieron las medidas enérgicas que aplicaban a las personas migrantes en situación irregular, y detuvieron y expulsaron a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes.

Decenas de miles de trabajadores y trabajadoras migrantes fueron despedidos sin haber cobrado durante meses su salario después de que el gobierno recortase los gastos en contratos con constructoras y otras empresas. Numerosas personas indias, paquistaníes, filipinas y de otras nacionalidades quedaron abandonadas a su suerte, sin comida, agua ni visados de salida; algunas bloquearon carreteras como medida de protesta.

Los tribunales continuaban imponiendo condenas a muerte por diversos delitos, entre ellos algunos de drogas que no implicaban violencia y que, según el derecho internacional, no deben acarrear la pena de muerte. Muchas personas fueron condenadas a muerte en juicios injustos por tribunales que las declararon culpables sin investigar adecuadamente sus denuncias de que sus “confesiones” habían sido obtenidas mediante coacción, incluida la tortura.

El 2 de enero, las autoridades llevaron a cabo 47 ejecuciones, —según informes, 43 mediante decapitación y 4 por fusilamiento— en 12 localidades del país.

Entre las personas en espera de ejecución había algunas condenadas por presuntos delitos cometidos cuando eran menores de edad, como cuatro chiíes condenados a muerte por participar en protestas en 2012, cuando tenían menos de 18 años.

Reino de Arabia Saudí
Jefe del Estado y del gobierno: rey Salmán bin Abdulaziz al Saud
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