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Libia

Información extraída de nuestro Informe 2017/18

Fuerzas afines a tres gobiernos rivales, así como grupos armados y milicias, cometieron con impunidad violaciones graves del derecho internacional y abusos contra los derechos humanos. Todas las partes en el conflicto efectuaron ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas que causaron muertes de civiles y cometieron homicidios ilegítimos. Los grupos armados secuestraron, detuvieron arbitrariamente y mantuvieron recluidas de forma indefinida a miles de personas. La tortura y otros malos tratos eran generalizados en las prisiones controladas por los grupos armados, las milicias y las autoridades estatales. Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sufrían de manera generalizada y sistemática graves abusos y violaciones de derechos humanos a manos de funcionarios públicos, contrabandistas de personas y grupos armados. Las mujeres sufrían discriminación, incluidas restricciones arbitrarias de su derecho a viajar. La pena de muerte continuaba en vigor; no se tuvo noticia de ninguna ejecución.

Tres gobiernos rivales y cientos de milicias y grupos armados seguían compitiendo por el poder y el control del territorio, lucrativas rutas comerciales y emplazamientos militares estratégicos. El Gobierno de Acuerdo Nacional, respaldado por la ONU, siguió reforzando sus posiciones en la capital, Trípoli, ganando gradualmente territorio mediante alianzas estratégicas y, a menudo, enfrentamientos armados. En mayo, la Brigada de Revolucionarios de Trípoli y la Brigada Abu Salim, adscritas al Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional, expulsaron a la coalición de milicias que respaldaba al Gobierno de Salvación Nacional de sus posiciones clave en Trípoli. Entre ellas figuraban el emplazamiento de la prisión de Hadba, donde estaban recluidos ex altos cargos del gobierno de Muamar al Gadafi, y el aeropuerto internacional de Trípoli, donde tomaron el control de zonas estratégicas clave, como la carretera de acceso.

El autoproclamado Ejército Nacional Libio, bajo el mando de Khalifa Haftar, consolidó su poder e hizo considerables avances en el este del país tras derrotar a la Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi en esta ciudad y expulsar de ella, del puerto petrolero de Ras Lanuf y de la base militar de Al Yufra, en el desierto, a las Brigadas de Defensa de Bengasi. En mayo, la tercera fuerza de Misrata atacó la base aérea de Brak al Shati con la ayuda de las Brigadas de Defensa de Bengasi, causando la muerte de 141 personas, incluidos soldados del Ejército Nacional Libio, pero éste recuperó el control de la base con ayuda de ataques aéreos de la fuerza aérea egipcia.

En julio, la Asamblea Constituyente aprobó el nuevo proyecto de Constitución, que había empezado a redactarse en 2014. No se fijó una fecha para el referéndum constitucional.

En septiembre y noviembre, Estados Unidos efectuó varios ataques con vehículos aéreos no tripulados (drones) en Libia, especialmente al sur de Sirte, contra el grupo armado Estado Islámico. En mayo, el grupo armado Ansar al Sharia en Libia anunció su disolución.

En septiembre, el Consejo de Seguridad de la ONU amplió el mandato de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) hasta el 15 de septiembre de 2018. Ghassan Salamé, recién nombrado representante especial de la ONU para Libia, expuso su plan de acción, que incluía la reforma del Acuerdo Político Libio, auspiciado por la ONU, la convocatoria de un congreso nacional y la celebración de elecciones legislativas y presidenciales en 2018. En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su compromiso con el Acuerdo como único marco viable para el periodo de transición.

Continuaba habiendo enfrentamientos armados esporádicos entre fuerzas rivales en todo el país, y grupos armados y milicias efectuaron ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas que causaron muertes de civiles. En febrero, los enfrentamientos entre milicias en la zona de Abu Salim de Trípoli mataron a dos personas civiles e hirieron a tres, una de ellas menor de edad, que fue alcanzada en la cabeza por una bala perdida. En julio estallaron enfrentamientos entre dos milicias cerca del aeropuerto de Mitiga, en Trípoli, por el control de un complejo turístico costero local. Las milicias usaron armas explosivas que tenían efectos sobre amplias superficies, incluidas granadas propulsadas por cohete, en zonas civiles densamente pobladas. En un caso, los proyectiles alcanzaron una playa y mataron a cinco civiles —dos mujeres y tres menores de edad— de la misma familia. Un médico forense de Trípoli confirmó que las muertes habían sido causadas por metralla de una granada propulsada por cohete.

En marzo, fuerzas del Ejército Nacional Libio rompieron el asedio que habían impuesto a un complejo de apartamentos de la zona de Ganfuda, en Bengasi, lanzando un ataque para expulsar a las fuerzas de las Brigadas de Defensa de Bengasi de uno de sus últimos baluartes en la ciudad. Los dos meses de asedio habían interrumpido todos los suministros a la zona, incluidos los de comida y agua, dejando a civiles y combatientes heridos sin acceso a atención médica y otros servicios básicos. El ataque contra Ganfuda fue indiscriminado y causó la muerte de al menos cinco civiles. Combatientes del Ejército Nacional Libio posaron en fotos con los cadáveres, incluido el cadáver exhumado de un comandante de las Brigadas de Defensa de Bengasi muerto en ataques aéreos previos y que había sido enterrado días antes del ataque terrestre.

En julio, el Ejército Nacional Libio endureció su asedio a la ciudad de Derna en su combate contra la Asamblea Consultiva de los Muyahidín de Derna, dificultando el acceso a comida, combustible y suministros médicos, lo que provocó un rápido deterioro de la situación humanitaria en la ciudad. Una serie de ataques aéreos contra Derna causaron la muerte a decenas de civiles e hirieron a otros, menores de edad incluidos.

En marzo se filmó a combatientes adscritos al Ejército Nacional Libio matando a combatientes de la Asamblea Consultiva de Revolucionarios de Bengasi capturados, acto que constituía una violación grave del derecho internacional humanitario y un crimen de guerra. En agosto, la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra Mahmoud el Werfelli por presuntos crímenes de guerra cometidos cuando era comandante de campo de la Brigada de Fuerzas Especiales (Al Saiqa), adscrita al Ejército Nacional Libio, incluida su participación en los homicidios de combatientes de marzo.

Entre febrero y octubre se hallaron varias fosas comunes en Bengasi. En al menos cuatro ocasiones, se encontraron en diferentes partes de la ciudad grupos de cadáveres con las manos atadas a la espalda y, en algunos casos, con los ojos vendados y señales de tortura y de homicidio a modo de ejecución. En agosto se hallaron los cadáveres de seis hombres no identificados en un contenedor de basura en el barrio de Shabneh, en el este de Bengasi. Tenían signos de tortura y heridas de bala en la cabeza y el pecho. El 26 de octubre se encontraron los cuerpos de 36 hombres en una carretera del desierto al sur de la localidad de Al Abyar; entre ellos los de un sheij sufí de 71 años que había sido secuestrado en agosto y un estudiante de Medicina.

Periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos estaban especialmente expuestos a sufrir hostigamiento, ataques y desaparición forzada a manos de grupos armados y milicias adscritas a diversas autoridades de los gobiernos rivales.

En el oeste, las fuerzas de Disuasión Especial (Radaa), que actuaban bajo las órdenes del Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional, practicaron una serie de detenciones dirigidas contra personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de asociación y otros derechos. En septiembre detuvieron arbitrariamente a un imán en Trípoli por usar presuntamente su mezquita para incitar a la violencia. El imán seguía detenido al concluir el año. En noviembre se presentaron en un salón del cómic en Trípoli y detuvieron a 20 personas, entre organizadores y asistentes. Las dejaron en libertad a final de ese mes.

En el este, fuerzas asociadas al Ejército Nacional Libio atacaron a periodistas y otras personas por haber criticado supuestamente a Khalifa Haftar y a las fuerzas del Ejército Nacional Libio. Grupos armados integrados por seguidores del madjalismo, rama del salafismo inspirada por el sheij saudí Rabee al Madjali, quemaron libros y secuestraron a miembros de un grupo estudiantil que había organizado un acto en su universidad, en Bengasi, el Día de la Tierra. Uno de los secuestrados fue el fotógrafo Abdullah Duma, posteriormente liberado. En septiembre, un presentador de radio de la ciudad de Al Marj estuvo detenido durante casi tres semanas por criticar abiertamente una decisión de Abdelraziq al Nathouri, gobernador militar del este de Libia perteneciente al Ejército Nacional Libio.

Milicias, grupos armados y fuerzas de seguridad afines a los gobiernos rivales siguieron deteniendo arbitrariamente y manteniendo recluidas de forma indefinida a miles de personas. En el este, las milicias que actuaban como fuerzas de seguridad asociadas al Ejército Nacional Libio secuestraron y encarcelaron a personas sin cargos ni juicio. En junio, un grupo armado secuestró al camarógrafo Musa Khamees Ardia en Bayda y lo trasladó a la prisión de Granada, en el este. Quedó en libertad sin cargos el 3 de noviembre.

Grupos armados y milicias secuestraron y mantuvieron recluidas ilegítimamente a centenares de personas por sus opiniones, origen, supuesta filiación política o presunta riqueza. Entre las víctimas había activistas políticos, profesionales del derecho, activistas de derechos humanos y otros civiles. Las milicias perpetraban secuestros con el fin de pedir rescate a las familias, negociar un canje de detenidos o silenciar las críticas. En abril, una milicia secuestró a un profesor universitario en Sayyad, a las afueras de Trípoli, y lo mantuvo recluido durante 47 días en un lugar no revelado, con poco acceso a comida, agua y medicamentos. En agosto, milicianos no identificados secuestraron al ex primer ministro Ali Zeidan en un hotel de Trípoli; lo liberaron al cabo de ocho días.

Seguía predominando una cultura de impunidad que animaba a los perpetradores de abusos graves a cometerlos sin temor de tener que rendir cuentas, lo que a su vez ponía en peligro las perspectivas de estabilidad política. Los tribunales y las fiscalías no ejercían sus funciones y a menudo temían represalias por su trabajo. Continuó vacante el cargo de fiscal general. En septiembre, el fiscal jefe Sadik Essour anunció que se habían dictado 800 órdenes de detención y remitido a 250 personas a los tribunales por su participación en actos de violencia política. En octubre, pocas horas antes del comienzo de uno de estos juicios, un atentado suicida con armas de fuego y explosivos contra un tribunal de Misrata, controlada por el Gobierno de Acuerdo Nacional, causó la muerte de cuatro hombres —dos civiles y dos guardias de seguridad— e hirió al menos a 40 personas. El Estado Islámico reivindicó su autoría.

La tortura era generalizada en las prisiones, donde miles de personas permanecían recluidas sin cargos. Muchas de ellas estaban encarceladas desde 2011 sin supervisión judicial ni medios para impugnar la legalidad de su detención.

Ninguna de las partes en el conflicto aplicó las disposiciones de derechos humanos previstas en el Acuerdo Político Libio de diciembre de 2015, auspiciado por la ONU, como las que imponían la obligación de liberar a las personas detenidas sin fundamento legal.

Alrededor de 40.000 exhabitantes de la localidad de Tauarga, cerca de Misrata, siguieron desplazados por sexto año consecutivo. En junio, el alcalde de Misrata, el ayuntamiento de Tauarga y el presidente del Comité de Reconciliación Misrata-Tauarga firmaron un acuerdo político en presencia del primer ministro Serraj, aparentemente para permitir el retorno a Tauarga de los desplazados. Sin embargo, el acuerdo no mencionaba la rendición de cuentas por delitos cometidos en el pasado. Tres días después, cuando un grupo de familias de Tauarga trató de volver, habitantes de Misrata encargados de un control de seguridad las amenazaron e intimidaron, obligándolas a regresar a Trípoli. Al concluir el año no se habían producido avances en el retorno de los habitantes de Tauarga ni en la implementación del acuerdo.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo eran sometidas de manera generaliza y sistemática a graves abusos y violaciones de derechos humanos por funcionarios de centros de detención, la Guardia Costera libia, contrabandistas de personas y grupos armados. Algunas eran detenidas tras ser interceptadas por la Guardia Costera libia en el mar cuando trataban de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Se calculaba que había hasta 20.000 personas recluidas en centros de detención administrados por la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal del Ministerio del Interior del Gobierno de Acuerdo Nacional. Soportaban condiciones terribles de hacinamiento extremo, sin acceso a atención médica ni alimentación adecuada, y eran sometidas sistemáticamente a tortura y otros malos tratos, incluidos violencia sexual, palizas brutales y extorsión. Mientras que la Dirección General para la Lucha contra la Migración Ilegal controlaba formalmente entre 17 y 36 centros, los grupos armados y las bandas delictivas gestionaban miles de lugares de reclusión ilícitos en todo el país como parte de un lucrativo negocio de contrabando de personas. En noviembre, un vídeo emitido por el medio de comunicación estadounidense CNN mostrando la aparente venta de migrantes como esclavos suscitó indignación internacional. La legislación libia seguía penalizando la entrada, estancia o salida irregulares de personas extranjeras y careciendo de un marco jurídico para el asilo. En noviembre, el ACNUR —la Agencia de la ONU para los Refugiados— anunció que había llegado a un acuerdo con las autoridades libias para alojar temporalmente a las personas de un centro de tránsito que necesitaban protección internacional. Sin embargo, no hubo avances en la firma de un memorándum de entendimiento para reconocer formalmente las actividades del ACNUR en Libia. La Organización Internacional para las Migraciones calculaba que había 416.556 migrantes en el país al final de septiembre. El ACNUR declaró que a fecha de 1 de diciembre había 44.306 personas registradas como refugiadas o solicitantes de asilo en Libia, pero probablemente el número real de personas refugiadas fuera mayor. Durante el año, la Organización Internacional para las Migraciones siguió facilitando el “retorno voluntario” de 19.370 personas a sus países de origen, a menudo desde centros de detención. Una novedad significativa fue que el ACNUR empezó a evacuar a personas refugiadas y solicitantes de asilo, llevando a 25 personas a Níger para su reasentamiento en Francia en noviembre y a 162 personas a Italia en diciembre.

El conflicto en curso perjudicaba especialmente a las mujeres, afectando de forma desproporcionada su derecho a la libertad de circulación y a participar en la vida política y pública.

En febrero, el ejército del este del país emitió el Decreto 6 de 2017, que prohibía a las mujeres libias menores de 60 años viajar al extranjero sin un tutor legal varón. Tras la indignación pública que suscitó y las peticiones de la sociedad civil para que se retirara, el 23 de febrero fue sustituido por el Decreto 7, que disponía que ninguna mujer ni hombre libio de entre 18 y 45 años podía viajar al extranjero sin una “aprobación de seguridad” previa. El Decreto no especificaba el procedimiento exigido para obtener dicha aprobación ni los criterios que se aplicarían para concederla o denegarla.

La intimidación y el acoso siguieron impidiendo a las activistas de gran resonancia participar en actividades públicas y políticas.

Estado de Libia
Jefe del Estado: en disputa
Jefe del gobierno: Fayez Serraj
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