Libia

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humanos en el mundo", abril 2026.

Milicias rivales utilizaron armas de gran calibre de manera imprecisa en zonas densamente pobladas, lo que causó víctimas civiles. Grupos armados y milicias detuvieron a mujeres usuarias de redes sociales y a otras personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Seguía habiendo miles de personas recluidas arbitrariamente. La tortura y otros malos tratos seguían siendo una práctica generalizada y sistemática. Se publicaron en Internet “confesiones” obtenidas mediante tortura. Las mujeres y las niñas, así como quienes pertenecían a minorías étnicas, sufrían una discriminación muy arraigada. Se sometió a personas LGBTIQ+ a detención arbitraria y enjuiciamiento. La Guarda Costera Libia, respaldada por la Unión Europea, y los grupos armados continuaron interceptando en el mar, en el oeste y el este del país, respectivamente, a miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes y devolviéndolas a centros de detención libios en los que eran sometidas a tortura y otros malos tratos y a violencia sexual. La Guardia Costera Libia disparó contra dos barcos de salvamento de ONG. Miles de personas fueron expulsadas de forma colectiva y sumaria a países vecinos. Una milicia del oeste de Libia suspendió la actividad de organizaciones internacionales de ayuda a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios injustos; no se registraron ejecuciones. La impunidad de los crímenes de derecho internacional continuaba muy arraigada, pero, por primera vez desde que la situación de Libia se había remitido a la Corte Penal Internacional (CPI) en 2011, un presunto responsable de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra fue detenido en el extranjero y entregado a la Corte.

Información general

Las autoridades rivales de Libia no consiguieron acordar un gobierno de unidad. En agosto, la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia desveló un plan para celebrar las largamente demoradas elecciones presidenciales y legislativas.

En julio y agosto se anularon o postergaron las elecciones municipales en 20 localidades por injerencias de grupos armados vinculados a las autoproclamadas Fuerzas Armadas Árabes Libias, que controlaban el este y el sur del país.

Según informes de medios de comunicación, el Gobierno de Unidad Nacional y la milicia Aparato de Disuasión para Combatir el Terrorismo y el Crimen Organizado, también conocida como Rada, alcanzaron un acuerdo en septiembre para prevenir una escalada de los enfrentamientos armados que amenazaba con producirse en la capital, Trípoli. Al concluir el año se desconocía el número de personas que permanecían bajo custodia de la Rada, que seguía ejerciendo influencia sobre el aeropuerto de Mitiga de la capital, Trípoli.

A raíz de un aumento de las llegadas de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes a Grecia por mar, las autoridades de este país y de la Unión Europea pidieron renovar la colaboración con las autoridades rivales libias en materia de control migratorio. El 15 de octubre, la Cámara de los Diputados italiana confirmó la renovación por otros tres años del memorándum de entendimiento entre Italia y Libia en materia de cooperación migratoria, en virtud del cual se proporcionaba una importante ayuda material y técnica a la Guardia Costera Libia del Gobierno de Unidad Nacional.

Detención arbitraria y juicios injustos

Seguía habiendo miles de personas recluidas arbitrariamente, solo por su afiliación política u origen tribal, tras juicios manifiestamente injustos o sin base legal.

En julio, la Fiscalía de Trípoli anunció que durante el primer semestre del año se había ordenado la excarcelación de 258 personas que la Rada mantenía recluidas arbitrariamente en la prisión de Mitiga. El 15 de abril, un tribunal de Trípoli condenó a nueve hombres y una mujer libios y a un ciudadano pakistaní a penas de entre tres y 15 años de prisión por injuriar la religión, promover grupos prohibidos y defender el cambio constitucional, entre otros cargos. Las sentencias condenadoras se dictaron tras un juicio manifiestamente injusto.¹

El 2 de noviembre, el Tribunal Constitucional resolvió que la Ley núm. 4 de 2017 de la Cámara de Representantes, relativa al enjuiciamiento de civiles ante tribunales militares por delitos de terrorismo y contra el Estado, era inconstitucional.

Tortura y otros malos tratos

Seguían practicándose sistemáticamente tortura y otros malos tratos en prisiones y centros de detención de todo el país. Entre los métodos denunciados figuraban palizas, descargas eléctricas, violencia sexual y posturas en tensión. Las milicias y los grupos armados siguieron publicando en Internet “confesiones” obtenidas mediante tortura.

En enero circularon en las redes sociales unos vídeos del interior de la prisión de Gernada, situada 250 km al noreste de Bengasi y controlada por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, en los que un grupo de hombres ataviados con uniforme de camuflaje o ropas de civil infligían a reclusos tortura y otros malos tratos, incluidas palizas con barras de hierro. El 16 de enero, el fiscal militar de las Fuerzas Armadas Árabes Libias anunció investigaciones, pero al concluir el año no se había publicado más información al respecto. Las personas allí recluidas continuaron hacinadas en salas mal ventiladas y sin acceso a una atención de la salud adecuada.

En mayo se difundieron en las redes sociales unos vídeos en los que el parlamentario Ibrahim al Dersi aparecía con el torso desnudo en un espacio reducido y mal iluminado de paredes de hormigón. Llevaba una pesada cadena de metal sujeta con un gran candado alrededor del cuello y tenía signos visibles de tortura. En los vídeos, suplicaba a Saddam Haftar, jefe de facto del grupo armado Tarik Ben Zeyad, que lo liberara. Desde su desaparición el 16 de mayo de 2024 en Bengasi se desconocían su suerte y su paradero.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Grupos armados y milicias detuvieron y recluyeron arbitrariamente a activistas, manifestantes, periodistas y personas dedicadas a la creación de contenido en línea por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

El 14 de mayo, milicias afines al Gobierno de Unidad Nacional abrieron fuego contra manifestantes para dispersar unas protestas antigubernamentales en el barrio de Abu Salim y la plaza de los Mártires de Trípoli. Según la ONG Libya Crimes Watch, los disparos hirieron al menos a tres personas.

Ataques ilícitos

El 12 de mayo, tras conocerse la noticia del asesinato de uno de los más poderosos líderes de las milicias de Trípoli —Abdel Ghani al Kikli, conocido como “Gheniwa”—, estallaron enfrentamientos armados entre milicias rivales en zonas residenciales densamente pobladas. En ellos intervinieron la Brigada 444 —afín al Gobierno de Unidad Nacional—, la Rada y la Autoridad de Apoyo a la Estabilidad, y se emplearon armas de gran calibre, incluidos cañones antiaéreos, de manera inapropiada e imprecisa. Según informes de una ONG de Trípoli, las hostilidades causaron la muerte de 53 civiles.

El Ministerio del Interior anunció que había recibido 69 informes de daños a bienes, especialmente viviendas y automóviles, de residentes de Trípoli.

Impunidad

En mayo, el Gobierno de Unidad Nacional disolvió el Departamento de Operaciones y Seguridad Judicial e integró a sus miembros en el Ministerio del Interior. No verificaron individualmente sus antecedentes para excluir y someter a rendición de cuentas a aquellos sobre los que pesaran sospechas razonables de haber participado en crímenes de derecho internacional bien documentados contra personas libias, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas.

Tras la destitución en mayo de Lotfi al Harari, exjefe de la Agencia de Seguridad Interna, las autoridades no investigaron la tortura y otros crímenes de derecho internacional que al parecer se habían cometido bajo su mando.

En julio, la Fiscalía emitió órdenes de captura contra 172 miembros de la milicia Autoridad de Apoyo a la Estabilidad —que había estado bajo el mando de “Gheniwa” (véase supra)— en relación con incidentes de asesinato, tortura, secuestro y detención arbitraria. Decidió que 11 de ellos permanecieran detenidos, pero no abordó la situación del resto.

En agosto, la CPI hizo pública la orden de detención que había emitido el 10 de noviembre de 2020 contra Saif Suleiman Sneidel, miembro de una facción armada de la Brigada Al Saiqa, adscrita a las Fuerzas Armadas Árabes Libias, conocida como Grupo 50. Lo acusaba de cometer los crímenes de guerra de asesinato, tortura y atentados contra la dignidad personal en Bengasi o en zonas circundantes. Además de él, seguían en libertad otros siete libios contra los que pesaban órdenes de detención de la CPI.

En septiembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la que renovaba su asistencia técnica y sus actividades para el fomento de la capacidad en Libia, lo que distaba mucho del mecanismo de investigación y supervisión que propugnaban las ONG y, por tanto, entrañaba el riesgo de afianzar aún más la impunidad.

En noviembre, la Fiscalía ordenó la detención de Osama Njeem, exjefe del Departamento de Operaciones y Seguridad Judicial y miembro veterano de la milicia Rada. La CPI había emitido contra él una orden de detención en relación con incidentes de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes infligidos a reclusos en la prisión de Mitiga, así como con una muerte bajo custodia. Las autoridades italianas lo habían detenido en enero, pero, en lugar de entregarlo a la Corte, lo habían devuelto a Libia. En octubre, la CPI concluyó que Italia había incumplido sus obligaciones internacionales según el Estatuto de Roma al no haber ejecutado adecuadamente la orden de detener y entregar a Osama Njeem mientras se encontraba en su territorio.

El 1 de diciembre, las autoridades alemanas entregaron a la CPI a Khaled Mohamed Ali El Hishri (también conocido como “Al Buti”), otro miembro veterano de alto rango de la milicia Rada. La Corte había ordenado su detención por crímenes de lesa humanidad y de guerra, también en relación con incidentes que habían tenido lugar en la prisión de Mitiga.

Discriminación

Mujeres y niñas

Las mujeres sufrían discriminación, en la ley y en la práctica, en asuntos como el matrimonio, la custodia de hijos e hijas, el derecho a la nacionalidad, el acceso a cargos públicos y el empleo.

En marzo, la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli detuvo a una creadora de contenido para las redes sociales a raíz de que compartiera contenido personal, acusándola sin fundamento de “producir y mostrar material pornográfico”. La fiscalía ordenó su detención en espera de juicio durante 10 días.

Personas LGBTIQ+

Las relaciones sexuales consentidas entre personas adultas del mismo sexo seguían estando penalizadas. La Agencia de Seguridad Interna de Trípoli y otras milicias y grupos armados detuvieron en Trípoli al menos a nueve personas por su identidad de género u orientación sexual reales o supuestas, según Libya Crimes Watch.

En febrero, la Agencia de Apoyo a los Departamentos de Seguridad en las Regiones, una milicia vinculada al Ministerio del Interior, publicó un vídeo en el que nueve hombres y dos mujeres “confesaban” haber cometido “homosexualidad” y “formado una red para propagar el VIH”.

Minorías étnicas y pueblos indígenas

Los miembros de las comunidades tebu y tuareg, que carecían de documento nacional de identidad debido a las leyes y normas discriminatorias que regían la ciudadanía libia, se enfrentaban a obstáculos para acceder a la educación y a los servicios de salud.

Entre agosto y octubre, el Batallón Subul al Salam, grupo armado comandado por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y la policía del distrito de Kufra adscrita a ellas llevaron a cabo homicidios ilícitos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de miembros de la comunidad tebu del distrito debido a su origen étnico.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Fuerzas de seguridad, milicias, grupos armados y otros agentes no estatales de toda Libia continuaban cometiendo impunemente abusos y violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

La Guardia Costera Libia (respaldada por la Unión Europea), y las Fuerzas Navales Especiales Libias (vinculadas a las Fuerzas Armadas Árabes Libias) y el grupo armado Tariq Ben Zeyad interceptaron en el mar, en el oeste y el este del país, respectivamente, al menos a 26.940 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes y las devolvieron a Libia.

El 24 de agosto, agentes de la Guardia Costera Libia efectuaron disparos contra el Ocean Viking —barco de salvamento de una ONG— desde una embarcación financiada por la Unión Europea que había sido donada por Italia. El 26 de septiembre, agentes de la Guardia Costera Libia dispararon contra un barco de salvamento de la ONG Sea-Watch. La Comisión Europea afirmó que las autoridades libias habían abierto una “investigación” sobre este último incidente.

En mayo, el Gobierno de Unidad Nacional disolvió el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular, que en teoría operaba bajo supervisión del Ministerio del Interior pero disponía de su propio presupuesto, y lo sustituyó por un nuevo órgano instituido en el Ministerio, la Administración General de Lucha contra la Migración Irregular. La decisión conllevó el cierre de los centros de detención que el Departamento mantenía en Trípoli, con excepción del de Tajoura, pero no afectó a los que administraba en el este del país, que permanecían abiertos. Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el Departamento mantenía recluidas al menos a 5.818 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes en toda Libia. Había miles más recluidas directamente por grupos armados y milicias en centros de detención no oficiales.

Tanto en los centros del Departamento de Lucha contra la Migración Irregular como en los no oficiales, las condiciones de reclusión eran crueles e inhumanas.

La Guardia de Fronteras Libia (adscrita al Ministerio del Interior), el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular y los grupos armados detuvieron arbitrariamente a cientos de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que habían sido expulsadas colectivamente y transferidas a Libia por las autoridades tunecinas o argelinas (véase el apartado sobre Túnez).

Grupos afines a las Fuerzas Armadas Árabes Libias continuaron sometiendo a expulsiones colectivas sin el debido proceso a miles de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

El 7 y 8 de febrero, a raíz de unos registros efectuados por el Ministerio del Interior en lugares donde había trata de personas, se encontraron en los distritos de Wahat, en el noroeste del país, y Kufra, en el sudeste, sendas fosas comunes con un total de 93 cadáveres.

En marzo, fuerzas afines al Gobierno de Unidad Nacional llevaron a cabo en todo el oeste de Libia una oleada de detenciones masivas y por motivos raciales de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes subsaharianas. La represión coincidió con un aumento de los discursos de incitación a la discriminación racial y a la violencia contra ellas, propagados por personas de nacionalidad libia usuarias de las redes sociales y por autoridades del Gobierno de Unidad Nacional. La violencia racial que se desató provocó la muerte de un ciudadano extranjero el 13 de marzo en la ciudad de Sabratha.

En marzo, la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli también emprendió una campaña de represión contra las organizaciones humanitarias internacionales de ayuda a personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Suspendió la actividad de 10 de ellas durante varios meses y sometió a miembros de su personal a interrogatorios ilícitos y les confiscó el pasaporte. El 9 de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores informó a Médicos Sin Fronteras de que disponía de un plazo de un mes para poner fin a todas sus actividades en el país.

Pena de muerte

Libia mantenía la pena de muerte por una amplia variedad de delitos. Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte por cargos de asesinato tras juicios manifiestamente injustos. No se registraron ejecuciones.

Derecho a un medioambiente saludable

Libia continuó sin ratificar el Acuerdo de París ni presentar planes formales de mitigación y adaptación climáticas. Seguía siendo uno de los mayores productores de combustibles fósiles de África.