¿Por qué Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos? ¿Es una forma para que las víctimas obtengan justicia, o previene para que cometan menos delitos? ¿En qué países se producen más ejecuciones? Aquí tienes todas las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la pena capital.
1. ¿Cuáles son los motivos de Amnistía Internacional para oponerse a la pena de muerte?
Es sencillo: la pena de muerte atenta contra el derecho humano más básico, el derecho a la vida, tal y como queda recogido en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la forma más extrema de trato inhumano y cruel a una persona por parte de los estados. Y además, siempre existe la posibilidad de ejecutar a alguien que es inocente del delito del que se le acusa, cometiendo así una injusticia tan dramática como irreversible.
Además, en todo el mundo se tiende a aplicar la pena de muerte de forma discriminatoria, ya que se suelen condenar con mayor frecuencia a personas empobrecidas pertenecientes a minorías étnicas o religiosas e incluso a personas con alguna discapacidad mental o intelectual. Y algunos gobiernos la usan para silenciar a la oposición y crear un clima de terror en la población y así tratar de acabar con las protestas. Tal y como hemos visto que ha ocurrido en los últimos años en Irán, donde tras el levantamiento “Mujeres, Vida, Libertad”, en 2023 se registró el mayor número de ejecuciones en los últimos ocho años.
Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte y las ejecuciones que se están llevando a cabo en Irán. © Pierre Crom / Amnesty International
2. ¿No puede servir la pena de muerte para ofrecer justicia a las víctimas?
Las personas que han perdido a sus familiares o seres queridos tienen derecho a que los acusados rindan cuentas ante la justicia y si se declaran culpables reciban una condena, pero sin recurrir a la pena de muerte. No se trata de que ningún delito pueda quedar impune, o que las víctimas dejen de recibir una reparación, pero tal y como han declarado muchas familias de personas asesinadas, la pena de muerte no alivia su sufrimiento, sino que simplemente lo extiende a otra familia.
Además, no se puede ofrecer justicia ante un crimen con otra injusticia: todas las personas, por muy grave que sea el delito que hayan cometido, siguen teniendo los mismos derechos humanos. Por lo que no se puede privar a nadie del derecho a la vida, por mucho dolor que haya provocado. Ejecutar a alguien, o la sola amenaza de hacerlo, supone trato inhumano tanto para la persona condenada como para sus seres queridos, por lo que los países que la aplican cometen la misma violencia que están condenando.
Finalmente, la pena de muerte tiene muy poco que ver con la búsqueda de la justicia. De hecho, tres de los países que la aplican con más frecuencia, (China, Irán y Arabia Saudí) tienen sistemas judiciales claramente injustos y sus resoluciones son muy poco transparentes
3. ¿Puede prevenir la pena de muerte la delincuencia o el terrorismo?
Este es uno de los argumentos más utilizados por los defensores de la pena capital. Pero tampoco es cierto. Según diferentes investigaciones, no existen pruebas de que la aplicación de la pena de muerte sirva más que las penas de prisión para evitar que se comentan los delitos más graves. Por el contrario, en aquellos países en que se ha dejado de aplicar la pena de muerte, las cifras de delincuencia no solo no han aumentado, sino que han disminuido. Así, los estudios apuntan a que para prevenir la delincuencia, en especial los crímenes más violentos, se deben tomar medidas preventivas y estructurales, que aborden factores socioeconómicos como las desigualdades sociales y la discriminación.
Sobre aplicar la pena de muerte a terroristas, muchas veces los Estados que sufren estos ataques recurren a estas condenas para mostrar “mano dura” contra quienes cometen actos que amenazan la seguridad nacional. Pero es muy improbable que la posibilidad de una ejecución detenga a personas dispuestas a morir por sus creencias. De hecho, muchos de ellos son terroristas suicidas.
Además, la ejecución de los condenados por actos de terrorismo sirve a sus organizaciones a presentarlos como “mártires” y que su condena sirva de justificación para nuevas acciones. Por otro lado, a menudo quienes están acusados de delitos de terrorismo son condenados tras confesiones realizadas bajo tortura y, por lo tanto, con escasa credibilidad. En otras ocasiones se juzga a civiles en tribunales militares, algo que está en contra del derecho internacional.
Una activista de Amnistía Internacional sostiene una pancarta en la que se lee "No a la pena de muerte". © Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket vía Getty Images
4. ¿No resulta mejor ejecutar a una persona a que viva siempre en la cárcel?
No. Además de la propia ejecución, la espera en el llamado “corredor de la muerte” supone un ejercicio de crueldad cotidiana al que se enfrentan hombres y mujeres, culpables e inocentes, incluso menores de edad y personas con discapacidad mental o intelectual. La pena de muerte elimina además cualquier posibilidad de rehabilitación o de la absolución, si finalmente se demuestra que la persona es inocente.
Siempre se puede liberar a una persona por un delito que no cometió, pero nunca se puede dar marcha atrás a la pena capital. Desde 1976, solo en Estados Unidos, 150 personas condenadas a muerte han sido absueltas posteriormente, aunque lamentablemente en algunos casos esta rectificación se produjo cuando ya habían sido ejecutados.
En este sentido, cabe recordar el caso del japonés Iwao Hakamada, quien estuvo 45 años en el corredor de la muerte tras la celebración de un juicio en el que denunció confesión bajo tortura y que fue finalmente absuelto de todos los cargos por los que se le acusó, tras una larga campaña internacional pidiendo su absolución.
5. ¿Existen métodos de ejecución considerados humanos e indoloros?
Por su propia esencia, toda forma de ejecución es inhumana, ya que en todo caso genera un sufrimiento mental previo inimaginable tanto a la persona presa como a sus allegados/as. En muchas ocasiones se defiende que la inyección letal es el método más humano, ya que parece ser menos cruel y que inflige menos sufrimiento físico que otros que se han usado tradicionalmente.
Pero ese intento por presentar de forma “humana” el hecho de asesinar a una persona solo busca una suerte de blanqueamiento para que resulte más aceptable para el conjunto de la sociedad el hecho de que, por ley, se le pueda arrebatar a alguien la vida.
Acto de calle de activistas de Amnistía Internacional para pedir el fin de las ejecuciones en Irán. © Amnesty International / Stephane Lelarge
6. ¿Es válida la pena de muerte si la mayoría de la sociedad de un país la respalda?
En muchas ocasiones, el apoyo a la pena capital está basada de ideas falsas como que puede reducir la delincuencia, en particular los asesinatos, las violaciones o el terrorismo. Así, numerosos gobiernos difunden esta idea aunque no haya ninguna prueba o estudio que lo demuestre, como se ha comentado anteriormente.
Además, las personas que apoyan esta medida pocas veces están informadas sobre el riesgo de ejecutar a inocentes, la falta de garantías en muchos procesos, y los riesgos de que se aplique de forma discriminatoria a minorías de todo tipo. Solo cuando los gobiernos ofrezcan de forma rigurosa esta información podrá existir un debate público real sobre esta medida.
En todo caso,los derechos humanos, incluido el derecho más básico –el derecho a la vida– son universales, por lo que no pueden depender del gobierno del país donde vivimos o de lo que opine la sociedad donde nos juzgan.
Varios asistentes sostienen pancartas durante una protesta contra la pena de muerte en Singapur, el 3 de abril de 2022. © Roslan Rahman/AFP vía Getty Images
7. ¿Qué delitos están castigados con la pena de muerte?
En la mayoría de países donde la legislación contempla la pena de muerte ésta se limita a castigar delitos como asesinatos o actos de terrorismo. Pero también existen otros países que aplican la pena capital a otros delitos que se podrían considerar menos graves, o incluso que no tienen ningún rigor jurídico.
Por ejemplo, tanto en Irán como en varios países del sudeste asiático se sigue aplicando la pena capital por tráfico de drogas. Como hemos visto, el régimen iraní también usa la pena de muerte como forma de represión ante los levantamientos populares que exigen más libertades y derechos, en especial para las mujeres. Los delitos por los que se les quita la vida a quienes protestan pueden ser tan abstractos y confusos como “propagar la corrupción en la tierra” o “enemistad con Dios”.
Asimismo, se teme que en Afganistán las mujeres puedan ser ejecutadas por los denominados “delitos de honor” como el adulterio. Y, de acuerdo a los datos de la plataforma ILGA, en una docena de países la homosexualidad esta castigada con la pena capital. El último en incorporarse a esta terrible lista ha sido Uganda, donde en mayo de 2023 se aprobó una ley donde se listaban los “agravantes” del delito de homosexualidad que se debían castigar con pena de muerte. Y, por desgracia, dos personas han sido ya acusadas por este cargo.
8. ¿En qué países se producen más ejecuciones?
En el año 2023, las ejecuciones registradas de forma oficial aumentaron hasta alcanzar la cifra más alta en muchos años: 1.153 penas de muerte en 16 países. Esto sin contar las miles que se teme que se apliquen en China, Vietnam y Corea del Norte, donde estos datos se consideran secreto de estado por lo que las cifras globales serían en realidad mucho mayores.
Como es habitual, la mayoría de las ejecuciones de las que se tiene conocimiento se llevaron a cabo en unos pocos países: Irán (al menos 853), Arabia Saudí (172) Somalia (al menos 38) y Estados Unidos (24).
En este 2024 se teme que las cifras no van a mejorar, puesto que las causas de la represión en los dos mayores ejecutores, China e Irán, no han disminuido, y ya en el mes de septiembre Arabia Saudí ha ejecutado a 198 personas, el mayor número de vidas desde 1990.
Manifestación para protestar por las condenas a muerte de presos políticos que corren riesgo inminente de ejecución en Irán. © Stefano Montesi - Corbis/Corbis vía Getty Images
9. ¿Se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte?
La respuesta a esta pregunta es contradictoria. Por una parte, como hemos visto, el pasado año aumentaron de forma notable – cerca de un 30%- el número de ejecuciones registradas de forma oficial, a las que habría que añadir las miles que se teme que lleven a cabo de forma clandestina en China, Vietnam y Corea del Norte. Y por desgracia, en la actualidad –al menos– 2.768 personas están condenadas a pena de muerte en el mundo
Sin embargo, los países que aplican la pena de muerte están en claro retroceso: 144, es decir, más de dos tercios de los estados, ya la han abolido por ley o en la práctica, frente a los 55 que la mantienen. Se trata de un avance firme y continuado en el tiempo. Cuando en 1977 Amnistía Internacional comenzó su campaña de forma global contra esta práctica, solo 16 países la habían abolido.
Además, cada vez más países restringen los delitos por los que se aplica, aunque el objetivo de las organizaciones de derechos humanos es que se ponga fin a esta práctica, por cualquier motivo, en cualquier lugar y para siempre.
10. ¿Y qué pasa en África Subsahariana?
En 2023, Amnistía Internacional documentó un fuerte aumento del uso de la pena de muerte en todo el África subsahariana. Lamentablemente, las ejecuciones registradas se triplicaron con creces y las condenas a muerte registradas aumentaron considerablemente, un 66%. Además, en 2024 el Presidente de la República Democrática del Congo anunció su voluntad de reanudar las ejecuciones en un intento por combatir a los grupos armados y la violencia de las bandas, en un sistema de justicia que no funciona y que el propio presidente describió como ‘enfermo’. A pesar de estas malas noticias, Zambia abolió la pena de muerte mientras que Gambia, Zimbabue y Kenia están tomando medidas legislativas positivas hacia su abolición, lo que allanará el camino para que otros países de todo el mundo sigan sus pasos.
