Ante la absolución del japonés Iwao Hakamada, que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución, Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional para Asia Oriental, ha manifestado:
“Nos alegra enormemente la decisión del tribunal de exonerar a Iwao Hakamada. Tras soportar casi medio siglo de encarcelamiento indebido y pasar otros 10 años a la espera de un nuevo juicio, esta decisión es un reconocimiento importante de la profunda injusticia que Hakamada ha sufrido durante la mayor parte de su vida. Además, pone fin a la ejemplar lucha para limpiar su nombre que ha librado su hermana Hideko y todas las personas que lo apoyaron.
Este día que hoy celebramos y que tanto se ha hecho esperar, en que se hace justicia con Hakamada, nos recuerda también el daño irreversible que causa la pena de muerte. Instamos firmemente a Japón a abolir la pena de muerte para evitar que esto vuelva a ocurrir.
Las autoridades japonesas deben revisar también todas las condenas a muerte ya impuestas, en especial cuando preocupa que la persona condenada tenga alguna discapacidad mental o intelectual. Sólo la total abolición de la pena capital garantizará que no se repitan nunca errores de este calibre y que no se prive a nadie de la vida de manera irreversible y arbitraria. Amnistía Internacional seguirá luchando por la abolición de la pena de muerte y por reformas que garanticen la equidad y la justicia para todas las personas”.
Información complementaria
El 26 de septiembre de 2024, el Tribunal de Distrito de Shizuoka, en un fallo esperado desde hacía mucho tiempo, absolvió a Hakamada Iwao, a quien se considera la persona que más tiempo ha pasado presa en espera de ejecución en el mundo.
En su primer juicio, Hakamada fue declarado culpable de asesinar a su empleador y a la familia de éste. La sentencia se basó en gran medida en una “confesión” forzada después de 20 días de interrogatorio policial, de la que Hakamada se retractó durante el juicio, alegando que la policía lo había amenazado y golpeado. Hakamada fue condenado a muerte por el Tribunal de Distrito de Shizuoka en 1968 y pasó más de 45 años en espera de ejecución.
En marzo de 2014, el Tribunal de Distrito de Shizuoka concedió un nuevo juicio a Hakamada, que salió de prisión después de que aparecieran pruebas de ADN que ponían en duda la fiabilidad de su sentencia condenatoria.
La decisión de celebrar un nuevo juicio también se basó en más de 600 pruebas que reveló la fiscalía, y que desvirtuaban la validez de pruebas anteriores.
En junio de 2018, el Tribunal Superior de Tokio anuló la decisión de la instancia inferior y denegó a Hakamada un nuevo juicio, tras una apelación de la fiscalía. Los abogados de Hakamada apelaron esta decisión, lo que llevó a que el Tribunal Supremo de Japón revocara la decisión del Tribunal Superior en diciembre de 2020, pidiéndole que volviera a examinar la apelación. Finalmente, en marzo de 2023 el Tribunal Superior de Tokio también falló a favor de la decisión del Tribunal Supremo de volver a juzgar a Hakamada.
El nuevo juicio de Hakamada comenzó oficialmente en octubre de 2023. La “confesión” forzada fue excluida de las pruebas. Desde entonces, los fiscales han seguido expresando su apoyo a que se confirme la sentencia condenatoria y se condene a muerte a Hakamada.
Japón ha seguido llevando a cabo ejecuciones, incluidas las de personas con apelaciones pendientes, lo cual viola las salvaguardias internacionales para garantizar la protección de los derechos de las personas condenadas a muerte. La última ejecución en Japón se llevó a cabo el 26 de julio de 2022. A 31 de diciembre de 2023, se habían confirmado 107 de las 115 condenas a muerte existentes, con lo que las personas afectadas corrían peligro de ser ejecutadas. Las personas condenadas a muerte seguían siendo recluidas en régimen de aislamiento y, en ausencia de salvaguardias efectivas o evaluaciones psiquiátricas periódicas, continuaba imponiéndose la pena capital a personas con discapacidad mental (psicosocial) e intelectual, en violación del derecho y las normas internacionales.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia de la persona acusada o del método de ejecución utilizado por el Estado.
