© Thomas Lohnes/AFP/Getty. Los migrantes a bordo del barco de rescate marítimo civil Sea-Watch 4 celebran el permiso para desembarcar en el puerto de Palermo, Sicilia, el 1 de septiembre de 2020
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los Estados se conjuraron para que el “desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos” no volviese a originar “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad”, según reza la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para ello era clave el reconocimiento de los derechos civiles y políticos como forma de asegurar que las discrepancias ideológicas y políticas no acabarían generando conflictos que llevasen a nuevas guerras y pudieran resolverse desde el respeto a la integridad física y la libertad de las personas.
La activista política bielorrusa Maria Kolesnikova lanza un discurso frente a las fuerzas de seguridad que impiden a los y las manifestantes llegar al Palacio Presidencial. Miles de personas se concentraron en el centro de Minsk para exigir la dimisión del presidente bielorruso Alexander Lukashenko. © Marina Serebryakova/Anadolu Agency a través de Getty Images
Los derechos civiles y políticos son aquellos que garantizan las libertades fundamentales de las personas y su participación activa en la vida política y social.
El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) es un tratado internacional que fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966. Consta de un preámbulo y 53 artículos, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, tres meses después de que fuese ratificado por 35 Estados. Actualmente ha sido ratificado por 173 países; otros seis Estados lo han firmado, pero no ratificado y 18 están totalmente al margen de este tratado. El PIDCP se desarrolló en dos protocolos facultativos. El primero fue aprobado conjuntamente con el Pacto y establece mecanismos internacionales de investigación y denuncia para contribuir al cumplimiento del mismo. El segundo, aprobado en diciembre de 1989 y vigente desde 1991, está destinado a abolir la pena de muerte.
Imagen tomada a bordo del barco de rescate humanitario SeaWatch3, que los gobiernos europeos dejaron varado durante 19 días en el Mediterráneo central en diciembre de 2018. © Chris Grodotzki / jib Collective para Sea-Watch
Al igual que su “hermano gemelo”, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDCP es la traducción jurídica de los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este texto, aprobado en diciembre de 1948 por la Asamblea General de Naciones Unidas era una enumeración de principios. Unos principios poderosos, sin duda, pero que no tenían ningún respaldo legal.
En 1951, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU comenzó los trabajos para redactar un tratado internacional de derechos humanos.
En el contexto de la polarización ideológica mundial a la que llevó la Guerra Fría, estos trabajos enseguida se dividieron en dos partes, debido a la insistencia del bloque occidental en la importancia de los derechos civiles y políticos y la insistencia del bloque comunista en la importancia de los derechos económicos y sociales. El primer borrador de ambos pactos fue presentado a la Asamblea General en 1954, pero la aprobación de los tratados se retrasó 12 años.
Retrato de la familia de Nguyen Ngoc Nhu Quynh en su casa en la ciudad de Nha Trang, Vietnam, tomada el 4 de octubre de 2018. Nguyen Ngoc Nhu Quynh es más conocida por su apodo Me Nam o Mother Mushroom en inglés. Es bloguera y presa de conciencia. Las autoridades de Vietnam la arrestaron en 2016 y la sentenciaron a 10 años de cárcel en 2017. © Panos / Amnistía Internacional
Sí. El propio pacto establecía la creación de un Comité de Derechos Humanos compuesto por 18 miembros que examinaría el grado de cumplimiento del PIDCP por parte de los Estados Parte. Dicho Comité recibiría informes periódicos de los Estados Parte y emitiría informes y comentarios a dichos Estados y al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.
A raíz de la creación en 2006 del Consejo de Derechos Humanos y del mecanismo conocido como Examen Periódico Universal (EPU), este proceso de revisión del cumplimiento del pacto se hizo notablemente más transparente.
Tanto los informes periódicos de los Estados Parte, como informes y recomendaciones emitidos por otros Estados, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, son públicos.
Los Estados Parte, al finalizar cada cuatro años la revisión de las medidas tomadas para garantizar el respeto de los derechos humanos en sus territorios y políticas, deben hacer público qué recomendaciones se comprometen a implementar, cuáles rechaza y cuáles son, simplemente, anotadas.
Los manifestantes protestan contra la brutalidad policial el 20 de octubre de 2020 en Lagos, Nigeria. El gobierno nigeriano había impuesto un toque de queda de 24 horas para reprimir las continuas protestas contra la Special Anti-Robbery Squad (SARS), una división policial acusada de abuso, extorsión y ejecuciones extrajudiciales. © Adetona Omokanye/Getty Images
El PIDCP reconoce numerosos derechos. Entre ellos se pueden destacar:
Un hombre espera en una plaza en Tijuana, México, para saber si su número es llamado y así poder solicitar asilo en los Estados Unidos. © Alli Jarrar/Amnistía Internacional
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