De cara a las elecciones presidenciales previstas para el domingo 28 de julio de 2024, Amnistía Internacional denunció la escalada de represión que ha definido al periodo electoral y emitió una alerta sobre la situación en el país en las próximas semanas. En este sentido, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional declaró:
“Venezuela ha atravesado en los últimos años uno de los periodos más deplorables en la historia de los derechos humanos del país. Las autoridades que han ostentado el poder estatal desde, al menos, 2014 hasta hoy han cometido graves y masivas violaciones de derechos humanos, incluidos posibles crímene de lesa humanidad, y han llevado al país a una emergencia humanitaria compleja que ha empujado a más del 25% de la población a salir de Venezuela, dejando atrás sus hogares y familias. Este contexto de represión, necesidad y búsqueda de una vida digna definen y caracterizan la inminente elección presidencial.”
“Los meses previos a estas elecciones han estado marcados por ataques incesantes al espacio cívico, decenas de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, represalias a comerciantes y prestadores de servicios a personas de la oposición, y medidas administrativas arbitrarias y abusivas. En un contexto de discursos amenazantes, censura y persecución, exigimos a las autoridades a garantizar y respetar de manera inequívoca los derechos de todas las personas en Venezuela durante y después de este 28 de julio.”
“Llamamos en los términos más contundentes posibles a que se liberen, inmediata e incondicionalmente, a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en el país, incluida Rocío San Miguel, Javier Tarazona y Carlos Julio Rojas. Exigimos además que se abstengan de realizar nuevas detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de tortura contra quienes piensen diferente y contra quienes defienden los derechos humanos. La política de represión del gobierno debe cesar de inmediato.”
Asimismo, recordó Piquer que “en el actual contexto de escalada de la represión, la investigación en curso por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tendría competencia para investigar a los perpetradores de posibles detenciones, tortura, violencia basada en género y persecución cometidos en el contexto electoral. Todas las autoridades responsables de estos crímenes, incluida la cadena de mando, podrán y deberán ser sometidos a tribunales de justicia independientes e imparciales con todas las garantías del debido proceso.”
“La comunidad internacional debe sostener un compromiso irrestricto con las personas defensoras de derechos humanos que llevan adelante una tarea titánica por la protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad en Venezuela. Asimismo, esperamos que mantengan su atención y llamados a la acción hacia las autoridades de Venezuela, en apoyo a los esfuerzos de las víctimas, familiares y defensores de derechos humanos por conseguir verdad, justicia y reparación por los crímenes perpetrados en el país. En ese sentido, es fundamental que tales compromisos se demuestren con la renovación de los mandatos de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el próximo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”
