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Acabemos con las violaciones de derechos humanos de la Ley Mordaza

Tres años de Ley Mordaza han implicado decenas de miles de multas relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión, reunión e información. Es hora de decir basta.

María Ángeles, activista de Ecologistas en Acción, es un ejemplo más del impacto de esta ley a la hora de reclamar derechos. Fue multada con 601 euros, según la Policía Nacional, por negarse a identificarse cuando protestaba contra el vertido de tierras y escombros en una finca a las afueras de Madrid. María Ángeles afirma lo contrario: "No me negué a identificarme, simplemente pedí explicaciones de por qué nos lo pedían”.

Cada vez es más difícil salir a la calle a protestar y reclamar derechos. Es lo que está sucediendo con la Plataforma Pro Soterramiento de Murcia, un movimiento vecinal que afirma llevar acumulados 50.000 euros de multas, con cerca de 40 personas sancionadas.

En estos tres años de Ley Mordaza se impusieron alrededor de 45.000 multas tan solo por faltas de respeto a la autoridad. Este precepto otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretación queda bajo su consideración.

Como puedes ver, la Ley Mordaza provoca indefensión, desmoviliza, persigue y criminaliza a activistas, periodistas y movimientos sociales que lleva a cabo acciones de protesta pacífica.

Además la Ley Mordaza constituye un intento de formalizar prácticas abusivas contra personas migrantes y refugiadas como son las "devoluciones en caliente".

Son muchos los motivos por los que la Ley de Seguridad Ciudadana debe ser modificada urgentemente. Hay un nuevo Gobierno y una mayoría parlamentaria que se comprometió a ello. ¿A qué esperan?

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Estimados Sres./Sras.:

El 1 de julio es el 3º aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la limitación ilegítima, innecesaria y desproporcionada de la libertad de expresión, reunión e información, además de ampliar, sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos, los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana.

Además, en relación con las expulsiones sumarias y colectivas en la frontera española con Marruecos, una sentencia del TEDH de 3 de octubre de 2017 y al menos dos mecanismos internacionales de Naciones Unidas, el Comité contra la Tortura (CAT) y el Comité de Derechos Humanos, han pedido a España examinar la ley que regula el “rechazo en frontera” para garantizar el principio de no devolución (non-refoulement).

Por ello, pido al Gobierno de España:
- Revisar en profundidad su legislación, especialmente la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.
- Incorporar mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias. Este mecanismo debe contar con capacidad para atender quejas individuales, investigar de oficio, y analizar y evaluar la legislación, reglamentos y procedimientos operativos de las actuaciones policiales. Así mismo debe tener capacidad para ordenar que se lleven a cabo procedimientos disciplinarios, y que el órgano encargado de llevarlos a cabo le informe sobre el resultado de dichos procedimientos, así como potestad para remitir directamente los casos a la fiscalía, cuando proceda.
- Derogar la disposición adicional décima sobre el Régimen especial de Ceuta y Melilla de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que busca dar cobertura legal a las expulsiones sumarias de España a Marruecos, prácticas ilegales, prohibidas por el derecho internacional.

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