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Los derechos humanos en España llevan dos años amordazados

Firma para poner fin a los #2añosdemordaza de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Cristina Fallarás es periodista. La multaron con 601€ por “desobediencia” durante una concentración frente a la embajada de México en protesta por los asesinatos de periodistas en este país. “Un policía me pidió que me subiera a la acera, le dije que no había espacio y que no podía, pero él insistió de malos modos”.

Muchos activistas del movimiento social Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han sido multados en acciones de protesta para frenar desalojos. Ricardo Rosado, por ejemplo, acumula en multas 3.000 euros por “desconsideración, falta de respeto e insultos a la policía”.

A Belen Lobeto, que no pertenece a ninguna organización, la multaron por llevar un bolso con la imagen de un gato y las siglas ACAB “All Cats Are Beautiful” (Todos los gatos son bonitos) que la policía interpretó como “All Cops Are Bastards” (Todos los policías son bastardos). La denuncia fue retirada por la repercusión que tuvo su caso en redes sociales.

Estos casos son solamente algunos de los ejemplos de cómo estos dos años de la llamada Ley Mordaza que Amnistía Internacional calcula podría llevar alrededor de 34.000 sanciones sólo en 2016 por conductas amparadas por el derecho de reunión expresión e información.

Son dos años de vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana que han confirmando lo previsible: más poder para la policía, menos garantías para que la ciudadanía defienda sus derechos y un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de reunión pacífica,  información y expresión.

Pero no nos vamos a rendir. Porque ninguna ley va a lograr silenciar la protesta.

Que no te amordacen también a ti. ¡Firma!

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26.608 firmas
Fima y enviaremos esta petición en tu nombre a Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ministro del Interior de España

Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.

Estimado Sr. Ministro de Interior:

El 1 de julio es el 2º aniversario de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Amnistía Internacional manifiesta su preocupación por la limitación ilegítima, innecesaria y desproporcionada de la libertad de expresión, reunión e información, además de ampliar, sin establecer ningún mecanismo de control que impida los abusos, los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana.

Por ello, pido al Gobierno de España:

- Revisar en profundidad su legislación, especialmente la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, eliminando aquellos artículos que puedan limitar o interferir de manera desproporcionada en el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reunión, expresión e información.

- Incorporar mecanismos independientes de investigación y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias. Este mecanismo debe contar con capacidad para atender quejas individuales, investigar de oficio, y analizar y evaluar la legislación, reglamentos y procedimientos operativos de las actuaciones policiales. Así mismo debe tener capacidad para ordenar que se lleven a cabo procedimientos disciplinarios, y que el órgano encargado de llevarlos a cabo le informe sobre el resultado de dichos procedimientos, así como potestad para remitir directamente los casos a la fiscalía, cuando proceda.

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