“Las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”, ha declarado Amnistía Internacional la víspera del primer aniversario de los sucesos mortales ocurridos en la frontera del enclave español de Melilla.
Al menos 37 personas murieron después de que alrededor de 2.000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaran entrar en España desde Marruecos el 24 de junio de 2022. Continúan en paradero desconocido al menos otras 76. Las autoridades de España y Marruecos no han hecho hasta ahora una investigación efectiva e independiente, lo que deja a decenas de familias en una situación de angustia.
“Cuando se cumple un año de la masacre de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad. Sigue habiendo cadáveres en una morgue y en tumbas, y son bloqueados los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas e informar a sus familiares”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Las barreras a la verdad y la justicia son también un reflejo del trato dañino que continúa infligiéndose debido a la raza y la condición migratoria. Aun así, mientras se desvanece la esperanza de encontrar vivas a las 76 personas en paradero desconocido, la exigencia a las autoridades de que establezcan la verdad y garanticen justicia para las víctimas y sus familias es cada vez más potente.”
Un año después de la tragedia, las autoridades no han hecho ningún intento de repatriar los restos de las víctimas y al menos 22 cuerpos siguen en una morgue en Marruecos. Las autoridades de España y Marruecos no han facilitado una lista completa de nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación. Además, no han investigado adecuadamente acciones que constituyen crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, ni tampoco el racismo y la discriminación en la frontera.
Las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó su investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas.
Las autoridades marroquíes, por su parte, no han abierto ninguna investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y han hecho prácticamente imposible que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas. Las peticiones de información remitidas por escrito por Amnistía Internacional a los gobiernos marroquí y español no han recibido hasta ahora respuesta.
Mientras tanto, las autoridades españolas han seguido llevando a cabo prácticas ilegales en las fronteras, como expulsiones colectivas, en las que a menudo se hace uso excesivo de la fuerza. En el lado marroquí de la frontera, como consecuencia de la cooperación entre los dos países, las autoridades marroquíes siguen impidiendo que las personas subsaharianas negras alcancen territorio español para solicitar asilo en el puesto fronterizo.
Un informe de 2022 de Amnistía Internacional concluyó que los trágicos sucesos de junio de 2022 eran previsibles y la pérdida de vidas, evitable. En noviembre de 2022, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia dijo que la violencia de Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, a saber, utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.
“Sólo somos inmigrantes y somos seres humanos. No somos animales. Necesitamos respeto como cualquier otra persona”, ha dicho hoy a Amnistía Internacional Aboubida, de Sudán, que fue golpeado y rociado con gas lacrimógeno, y a quien se negó asistencia médica en Melilla.
“Lo sucedido en Melilla es un buen recordatorio de que las políticas migratorias racistas encaminadas a fortificar las fronteras y restringir las vías seguras y legales para quienes buscan seguridad en Europa tienen consecuencias reales y mortales. Es difícil no ver el elemento racista en lo sucedido en Melilla y la forma deshumanizadora en que se trata a las personas negras en las fronteras de Europa cuando viven, desaparecen o mueren”, concluyó Agnès Callamard.
“Hace un año, en medio de una creciente montaña de pruebas de violaciones graves y múltiples de derechos humanos, Amnistía Internacional exigió una investigación urgente e imparcial sobre las muertes de Melilla. Un año después, la conclusión de que nos enfrentamos a un encubrimiento deliberado y concertado es cada vez más evidente. Si no se aprenden las lecciones de Melilla —o del reciente naufragio frente a la costa griega— continuarán la pérdida arbitraria de vidas, la violencia y la impunidad en las fronteras, y se agravará el sufrimiento de quienes buscan protección.”
La masacre de Melilla en la nueva legislatura
Entre las 14 peticiones que ha trasladado Amnistía Internacional a los partidos políticos de cara a la cita electoral del 23 de julio se incluye que “Ceuta y Melilla dejen de ser lugares donde es prácticamente imposible pedir asilo, y donde se aplica una legislación excepcional al margen de las obligaciones internacionales contraídas por España”.
“En la anterior legislatura se perdió la oportunidad de terminar con las ‘devoluciones en caliente’. En la próxima es necesario que se adopten los cambios legislativos necesarios para asegurar las solicitudes de asilo en frontera y que tragedias como la de Melilla no vuelvan a producirse”, reclamó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Además de unirse mañana a la “I Marcha por la Justicia 24J” en Melilla, durante esta semana activistas de Amnistía Internacional han participado en actos en 30 localidades reclamando justicia para las víctimas y sus familiares. La organización mantiene abierta también una petición de firmas con esta reivindicación y hará entrega de las cerca de 22.000 muestras de apoyo conseguidas internacionalmente tanto a La Moncloa como a la Embajada de Marruecos en España.
Consulta el informe “Lo golpearon en la cabeza para comprobar si estaba muerto”. Pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por España y Marruecos en la frontera de Melilla.
