Han tenido que pasar nueve meses para que se produjera el primer entierro de una víctima de la tragedia de Melilla. Se llamaba Adam Bakhit y provenía de Sudán.
Actualizado: 8 de junio de 2023
El 24 de junio de 2022, las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas sometieron a un escandaloso despliegue de fuerza ilegítima a personas que intentaban entrar en Melilla a través de un paso fronterizo entre España y Marruecos. Murieron al menos 37 personas negras, procedentes en su mayoría del África subsahariana, y al menos 77, todavía hoy, siguen desaparecidas. Sus seres queridos siguen sin tener respuestas sobre lo que les sucedió.
Utilizaron porras, gas lacrimógeno y balas de goma, en un recinto cerrado del que no podían salir. Finalizada la operación policial, decenas de personas quedaron heridas, ni las autoridades marroquíes ni las españolas les prestaron atención médica de manera rápida y adecuada, y decenas de ellas quedaron desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas.
470 personas que pasaron la valla fueron expulsadas de inmediato y entregadas a las fuerzas de seguridad marroquíes, sin evaluar el riesgo que corría su seguridad, si querían solicitar protección internacional o si necesitaban atención médica.
Hasta la fecha, Marruecos y España ni siquiera han facilitado información sobre las personas muertas y desaparecidas a sus seres queridos ni han reconocido ninguna irregularidad.
Decenas de personas permanecen en la morgue sin que sus familiares puedan reclamarlos o enterrarlos.
Exige a Marruecos y España que garanticen el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad, la justicia y la reparación y tomen medidas para garantizar la no repetición.
Ayúdanos a llegar a 10.000
Firma y enviaremos esta petición en tu nombre a los gobiernos de España y Marruecos.
Enviaremos esta petición junto con tu nombre, apellidos y país.
Sr. Presidente del Gobierno de España / Sr. Ministro de Justicia de Marruecos:
Me dirijo a ustedes con consternación por los sucesos del 24 de junio de 2022, cuando las fuerzas de seguridad marroquíes y españolas emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que pueden constituir tortura y otros malos tratos para detener de forma violenta a personas que intentaban cruzar la frontera en Melilla. Murieron al menos 37 personas negras, procedentes en su mayoría del África subsahariana, y al menos 77 están desaparecidas. Sus seres queridos siguen sin tener respuestas sobre lo que les sucedió.
Como saben, las fuerzas de seguridad emplearon porras, gas lacrimógeno y balas de goma, y les propinaron golpes y patadas en un recinto cerrado del que no podían escapar fácilmente, incluso después de que estuvieran bajo control policial y no pudieran moverse. Ni las autoridades marroquíes ni las españolas prestaron atención médica adecuada y rápida a las personas heridas, y decenas de ellas quedaron desatendidas a pleno sol durante al menos ocho horas en una exhibición de falta de humanidad que probablemente contribuyó a una pérdida de vidas evitable.
Las investigaciones iniciadas hasta ahora carecen de transparencia y no han arrojado ni siquiera la información más básica sobre lo sucedido, ni identificado a los responsables de estas acciones, que constituyen crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos. Además, se ha negado a los seres queridos información sobre las personas muertas y las desaparecidas.
Les insto a proporcionar justicia a las víctimas y sus familiares y, para ello, a:
• garantizar que se llevan a cabo investigaciones efectivas, independientes y transparentes sobre las muertes de personas y las lesiones sufridas por otras el 24 de junio, con el fin de poner a disposición de la justicia a los funcionarios responsables de uso ilegítimo de la fuerza, actos que podrían constituir tortura y otros malos tratos, expulsiones sumarias, devoluciones, traslados forzosos y desapariciones forzadas, incluidas, cuando corresponda, las personas con responsabilidad en la cadena de mando; y ayudar a garantizar la no repetición de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional; toda indagación sobre los hechos del 24 de junio debe incluir el mandato de investigar los motivos de preocupación en materia de racismo y discriminación como parte del espectro de potenciales violaciones de derechos humanos y vulneraciones del derecho internacional que ocurrieron el 24 de junio de 2022, y debe abarcar los motivos de preocupación persistentes en relación con las desapariciones forzadas desde ese día;
• garantizar que la investigación también examina la omisión por parte de las autoridades de prestar asistencia médica sin demora a las personas heridas, con el fin de hacer rendir cuentas a los responsables y de orientar la elaboración de directrices y normativas que impidan que se repitan este tipo de violaciones de derechos humanos;
• garantizar que las víctimas y sus familias tienen acceso oportuno a información sobre estas investigaciones, así como a justicia y reparación integral por los daños sufridos, y cumplir la obligación de investigar y determinar la suerte y el paradero de sus seres queridos;
• cooperar plenamente con los procedimientos especiales de la ONU y con otros mecanismos de derechos humanos internacionales y regionales que tratan de esclarecer la verdad sobre los sucesos del 24 de junio de 2022;
• velar por los derechos humanos mediante el cumplimiento y la aplicación de las recomendaciones de los órganos de tratados de la ONU con respecto a la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de las personas del África subsahariana en Ceuta y Melilla, incluidas las que piden a los gobiernos europeos que garanticen el acceso efectivo de todas las personas que buscan protección a los procedimientos oficiales para la presentación de solicitudes de asilo, y en concreto que eliminen las barreras existentes para las personas del África subsahariana.
Atentamente,
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