El derecho a la libertad religiosa es un derecho humano
A pesar de que la religión católica es profesada en todos los continentes, en algunos de ellos de forma mayoritaria, en países como Egipto, Pakistán, Irán, Indonesia, China, Burkina Faso, Laos o Argelia, las personas cristianas son minoría y, en distintos grados, sufren hostigamiento, restricciones a la libertad de culto y, en algunos contextos, ataques letales que quedan impunes.
Amnistía Internacional considera que una persona no puede ser perseguida ni hostigada por sus creencias religiosas. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión de la persona incluye el derecho a manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Pakistán: persecución de las minorías cristianas
En Pakistán, las acusaciones de blasfemia siguen desencadenando violencia contra las minorías religiosas, entre ellas la comunidad cristiana. Las leyes sobre la blasfemia son imprecisas, generales y coercitivas, lo que facilita su uso indebido para resolver disputas personales o castigar a quienes disienten.
Viviendas e iglesias cristianas incendiadas durante los ataques en Jaranwala, Pakistán, el 16 de agosto de 2023. Decenas de templos y casas fueron destruidos tras falsas acusaciones de blasfemia contra dos residentes cristianos. © Naeem Ahmad
La violencia en Jaranwala y la impunidad de los ataques
El 16 de agosto de 2023, acusaciones de blasfemia contra dos residentes cristianos en Jaranwala desencadenaron una turba que destruyó más de 20 iglesias y alrededor de 80 viviendas cristianas. Pese a la magnitud de la violencia, la rendición de cuentas ha sido mínima: en 2025 un tribunal absolvió a varios acusados por falta de pruebas, y organizaciones cristianas denunciaron investigaciones policiales deficientes y la omisión de pruebas clave. Esta impunidad envía un mensaje peligroso y refuerza el clima de miedo y vulnerabilidad en el que vive la comunidad cristiana en Pakistán.
Casos de condenas a muerte por blasfemia
Las acusaciones de blasfemia en Pakistán no solo alimentan ataques colectivos, sino que también han llevado a la condena a muerte de personas cristianas por motivos arbitrarios o falsos. Los tribunales paquistaníes siguen aplicando leyes vagas y coercitivas que ponen en riesgo la vida de quienes pertenecen a minorías religiosas.
En enero de 2022, una mujer fue condenada a muerte por las autoridades por haber enviado, supuestamente, mensajes “blasfemos” a través de WhatsApp. Ese mismo año, en octubre, en la localidad de Ghotki, un hombre con discapacidad física murió ahogado en el estanque del templo donde vivía, después de que un visitante lo acusara de blasfemia.
Shagufta Kausar y su esposo, Shafqat Emmanuel, fueron condenados a muerte en Pakistán por presunta blasfemia tras el envío de mensajes de texto “blasfemos”, acusación que siempre negaron. Pasaron siete años en prisión antes de ser absueltos en 2021. © Family of Shafqat and Shagufta
Otro caso emblemático es el de Shagufta Kausar y su esposo, Shafqat Emmanuel, también condenados a muerte tras ser declarados culpables de blasfemia. Pasaron siete años en prisión antes de poder recurrir la sentencia y ser finalmente absueltos en 2021.
El caso Aasia Bibi: símbolo de la persecución religiosa
El caso quizá más famoso, que provocó una oleada de solidaridad internacional sin precedentes, fue el de la mujer cristiana, Aasia Noreen, conocida como Aasia Bibi.
En junio de 2009 Aasia trabajaba como bracera en el campo y la esposa de un anciano de la aldea le pidió que trajera agua para beber. Al parecer otras braceras musulmanas se negaron a beber del agua, afirmando que era sacrílego e “impuro” aceptar agua de Aasia Bibi, dado que no era musulmana.
Aasia Bibi se sintió ofendida y se desencadenó una discusión entre las mujeres. Estas llevaron el caso el clérigo de la localidad y la acusaron de haber hecho comentarios despectivos sobre el profeta Mahoma. El clérigo informó a la policía local, y aquí comenzó su pesadilla por culpa del sistema judicial paquistaní. Aasia fue condenada a muerte en Pakistán por blasfemia en 2010. Tras una gran presión internacional y tras pasar ocho años en la cárcel, el Tribunal Supremo la absolvió de todos los cargos por falta de pruebas.
Tras conocerse la absolución, se produjeron protestas violentas en las principales ciudades del país, y multitudes enfurecidas bloquearon carreteras e incendiaron vehículos. El entonces primer ministro Imran Khan apareció en televisión para confirmar la absolución y denunciar la violencia. Sin embargo, tras dos días de protestas, su gobierno dio marcha atrás, y accedió a que el Tribunal Supremo admitiera una “petición de revisión” que buscaba revocar la absolución. En 2019 pudo por fin salir de la cárcel, aunque tuvo que abandonar Pakistán en el mayor de los secretismos.
Egipto: restricciones a la libertad de culto
Las autoridades egipcias han intensificado su represión contra las personas que no profesan creencias aprobadas por el Estado y persiguen cada vez más a las personas que tratan cuestiones religiosas en Internet, en incumplimiento de las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos. Entre mediados de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026, las fuerzas de seguridad detuvieron al menos a 29 personas debido a la publicación de contenidos en línea que se apartaban de las narrativas religiosas autorizadas por el Estado; al menos cuatro de las personas detenidas denunciaron tortura tras su detención, y al menos a 11 se les negó asistencia letrada durante el interrogatorio. Una murió bajo custodia.
En Egipto, las personas cristianas nacidas musulmanas llevan tiempo afrontando hostigamiento por parte del gobierno, en algunos casos con procesamientos penales por cargos de “desprecio de las religiones”, en particular si se sospecha que hacen proselitismo o si tratan de cambiar su religión en sus números de identificación nacionales. Todas las personas egipcias mayores de 16 años están obligadas a tener y llevar siempre consigo el número de identificación nacional. Lo necesitan para acceder a la educación superior, la atención sanitaria y el empleo, así como para llevar a cabo cualquier trámite administrativo y económico. Las autoridades egipcias llevan largo tiempo negando reconocimiento legal y documentos de identidad a las personas bahaíes, así como a quienes se convierten del islam al cristianismo o a otras religiones.
Los cristianos coptos, la minoría religiosa más numerosa de Egipto, siguen padeciendo la discriminación de las autoridades y recibiendo una protección inadecuada del Estado frente a los ataques sectarios, o incluso siendo víctimas directas de los ataques de las fuerzas de seguridad.
El caso de Said Abdelrazek
Said Abdelrazek está detenido en Egipto por ejercer su libertad de creencia. Tras convertirse al cristianismo, ha sufrido persecución, tortura y un proceso judicial que podría llevarle a cadena perpetua. Imagen basada en fotografía publicada por USCIRF, con tratamiento artístico. Fuente original: USCIRF / FoRB Victims List.
Said Abdelrazek huyó de Egipto hacia Rusia en 2018 buscando asilo, tras años de persecución y vigilancia que comenzaron poco después de su conversión al cristianismo en 2016. No obstante, en julio de 2024 fue deportado de regreso a Egipto por las autoridades rusas (en violación del principio internacional de non-refoulement) debido a contenidos compartidos en redes sociales. A su llegada al aeropuerto fue torturado y sometido a desaparición forzada. Durante 10 días lo sometieron a tortura y otros malos tratos al intentar borrarle los tatuajes cristianos, incluida una cruz de grandes dimensiones, lo que le causó intenso dolor y sangrado en los brazos. También lo mantuvieron suspendido durante horas en posición de “crucifixión”. Antes de dejarlo en libertad, fue interrogado sobre sus creencias y presionado para que reconsiderase su conversión y facilitase información sobre otras personas conversas.
El 15 de julio de 2025, Said Abdelrazek fue detenido en su casa de El Cairo por fuerzas de seguridad, tras haber intentado realizar trámites legales para que su fe cristiana fuera reconocida en sus documentos de identidad nacionales. Tras su arresto, fue acusado de cargos imprecisos y graves, como “establecer y dirigir un grupo en violación de la ley” y “desprecio de la Esencia Divina”, delitos que se derivan íntegramente de su conversión religiosa y que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua.
Desde su detención en 2025, Said permanece recluido en la prisión 10 de Ramadán bajo condiciones calificadas como crueles e inhumanas, sufriendo un deterioro grave de su salud con dolores extremos en la zona lumbar y las vías urinarias. Su acceso a la defensa legal ha sido drásticamente limitado. Su juicio, que comenzó en abril de 2026 ante un tribunal de terrorismo, se desarrolla en medio de denuncias por la vulneración de sus garantías procesales y el uso del sistema penal para castigar su libertad de creencia.
Nigeria: violencia generalizada, no un conflicto religioso
Según la última documentación de Amnistía Internacional, la violencia letal en Nigeria se caracteriza por ataques generalizados de grupos armados y “bandidos” contra comunidades rurales, sin distinguir entre población cristiana y musulmana. Las autoridades no han cumplido su obligación de prevenir estos ataques, proteger a la población civil ni garantizar justicia para las víctimas.
En numerosos estados –como Benue, Plateau, Kaduna, Katsina o Zamfara– hombres armados han atacado aldeas, quemado casas, asesinado a decenas de personas y secuestrado a civiles, incluidas niñas y niños en escuelas, con fines de extorsión y rescate. Entre las personas asesinadas o desplazadas hay agricultores cristianos y musulmanes, así como líderes religiosos, lo que demuestra que el motor principal de la violencia es criminal y vinculado a disputas por la tierra, inseguridad y economía, más que un conflicto estrictamente religioso.
Amnistía Internacional ha señalado que las autoridades nigerianas están fracasando a la hora de proteger a las comunidades, investigar los homicidios y llevar a los responsables ante la justicia. La impunidad persistente alimenta un ciclo de violencia en el que miles de personas han sido asesinadas o desplazadas internamente, y donde familias enteras siguen viviendo en campamentos precarios sin acceso adecuado a servicios básicos.
Indonesia, Irán, Argelia y Bielorrusia: leyes que restringen la conversión o el culto cristiano
En Indonesia, la comunidad cristiana continuó sufriendo una situación de intolerancia marcada por restricciones al culto y ataques contra lugares de oración. El informe documenta cómo las autoridades locales justificaron agresiones de grupos de civiles contra encuentros religiosos alegando la falta de permisos oficiales para realizar actividades de culto. Estos incidentes incluyeron actos de vandalismo, como la retirada forzosa de símbolos religiosos (cruces) y la interrupción violenta de servicios de enseñanza religiosa que se saldaron con personas heridas, entre ellas menores de edad.
En Irán, las minorías religiosas, incluida la cristiana, siguieron sufriendo discriminación legal y práctica que afectó a su acceso a la educación, el empleo y otros derechos. Las personas consideradas musulmanas que se convierten al cristianismo o se declaran ateas continuaron expuestas a detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, así como a penas de prisión y, potencialmente, de muerte por cargos relacionados con la “apostasía” o con supuestas amenazas a la seguridad nacional. Las autoridades llevaron a cabo redadas en “casas iglesia” y procesaron a personas convertidas al cristianismo con cargos vagos de “propaganda contra el sistema”, “reunión y connivencia para cometer delitos contra la seguridad nacional” o “promoción de grupos desviados”, imponiendo penas de cárcel, multas y destierro interno.
“En muchos países, las falsas acusaciones de blasfemia y las leyes discriminatorias siguen destruyendo vidas y dejando impune la violencia contra las minorías cristianas.”
En Argelia, las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de religión mediante la denegación arbitraria de la inscripción en el registro a la Iglesia Protestante de Argelia. Como consecuencia de esta situación, los 47 templos protestantes del país permanecieron cerrados, ya fuera por cumplimiento de un mandato judicial o por el temor de los propios fieles a ser objeto de enjuiciamientos arbitrarios por profesar su fe
En Bielorrusia, el marco legal sobre religión continuó imponiendo un sistema de registro estricto y discrecional de comunidades religiosas, que afecta especialmente a iglesias no registradas y congregaciones de minorías cristianas. Las autoridades mantuvieron la posibilidad de sancionar administrativa o penalmente a las personas que participaban en cultos no autorizados, reuniones de oración en domicilios privados o actividades consideradas “extremistas”, utilizando la legislación sobre extremismo de forma amplia para silenciar voces religiosas críticas o independientes. Este entorno normativo, sumado a la represión generalizada de la sociedad civil, limita severamente la libertad de culto y de organización de algunas comunidades cristianas, que se ven obligadas a operar de forma semi-clandestina.
China, Burkina Faso, Laos y Kirguistán: otras formas de represión religiosa
En distintos países de Asia y África, las comunidades cristianas también sufren represión estatal, ataques armados y restricciones a la libertad de culto. Aunque los contextos varían, la violencia, la discriminación y la falta de protección siguen siendo constantes que ponen en riesgo la vida y la fe de miles de personas.
En China, las autoridades intensificaron el control sobre las actividades religiosas mediante vigilancia, redadas y acciones judiciales contra comunidades no registradas, deteniendo a dirigentes cristianos y tomando por la fuerza iglesias no autorizadas. Se siguió actuando contra iglesias de casa y congregaciones no registradas, cerrando lugares de culto, retirando símbolos religiosos e imputando a pastores y fieles cargos vagos como “organizar y utilizar un culto para menoscabar el cumplimiento de la ley”.
En Burkina Faso, en un contexto de conflicto armado y expansión de grupos armados, las comunidades cristianas continuaron expuestas a ataques mortales contra iglesias y espacios de culto. En febrero y agosto de 2024, grupos armados atacaron iglesias en Essakane y Kounla, matando a decenas de fieles durante los oficios religiosos, en un clima de impunidad y ausencia de protección efectiva por parte del Estado.
En Laos, las autoridades locales y actores no estatales siguieron hostigando a comunidades cristianas, especialmente en zonas rurales. Se documentaron casos de destrucción de casas iglesia, quema de textos religiosos y agresiones contra líderes cristianos, incluido el asesinato a tiros del pastor khmu Thongkham Philavanh en la provincia de Oudomxay, que quedó sin una investigación efectiva.
En Kirguistán, una nueva ley restrictiva sobre religión prohibió toda actividad religiosa no inscrita en el registro estatal, elevó los requisitos para volver a inscribirse y sólo permite registrar comunidades de al menos 500 personas adultas en la misma región. Además, impuso una prohibición general de determinadas prendas religiosas y se usaron motivos imprecisos de “extremismo” para clausurar comunidades.
Qué deben hacer los gobiernos para proteger a las minorías religiosas
Los gobiernos tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencias, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos.
Deben revocar o reformar las leyes que permiten o favorecen la discriminación por motivos de religión, como las disposiciones sobre blasfemia o las normas que restringen la construcción de lugares de culto. Asimismo, deben adoptar políticas integrales de lucha contra la intolerancia y la violencia sectaria, que incluyan medidas educativas, sociales y judiciales para prevenir la incitación al odio y proteger a las comunidades en situación de riesgo.
Es fundamental que los Estados investiguen de forma independiente, rápida y exhaustiva todos los ataques cometidos contra personas o grupos por motivo de su religión o creencias, y que lleven ante la justicia a las personas responsables, incluidos los funcionarios públicos que, por acción u omisión, hayan contribuido a la impunidad.
Finalmente, los gobiernos deben garantizar la reparación integral a las víctimas, asegurar que puedan practicar su fe sin miedo ni represalias y promover un entorno seguro y plural donde todas las personas, con independencia de su credo, puedan disfrutar plenamente de sus derechos humanos.
