Personas migrantes contratadas en centros de Arabia Saudí franquiciados por el gigante francés del sector minorista Carrefour fueron engañadas por agencias de contratación de personal, obligadas a trabajar un número excesivo de horas, privadas de días de descanso y estafadas en sus ingresos; así lo afirma Amnistía Internacional.
En su nuevo informe, “I would fear going to work”: Labour exploitation at Carrefour sites in Saudi Arabia, la organización de derechos humanos también documenta cómo se obligaba a los trabajadores a vivir en alojamientos precarios, y su temor al “despido” si se quejaban o se oponían a trabajar horas extras.
Los abusos sufridos por algunas de las personas contratadas probablemente constituyen trabajo forzoso, incluido el tráfico de seres humanos para fines de explotación laboral; sin embargo, ni el grupo Carrefour ni su socio, el grupo Majid Al Futtaim, responsable de la franquicia en Arabia Saudí, han tomado medidas adecuadas para ponerles fin ni han ofrecido una reparación al personal afectado.
“Estas personas creían que estaban abriendo la puerta a una vida mejor y, en vez de eso, muchas fueron objeto de explotación y abusos atroces. Al no adoptar medidas, Carrefour no evitó este sufrimiento, que, en algunos casos, probablemente constituye trabajo forzoso, incluido tráfico de personas”, ha dicho Marta Schaaf, directora del Programa de Amnistía Internacional de Justicia Climática, Económica y Social y Rendición de Cuentas de las Empresas.
“Carrefour tiene, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, la obligación inequívoca de garantizar que no se cometen abusos en ninguna de sus operaciones, incluidas sus franquicias. Carrefour y Majid Al Futtaim deberían actuar ya para reparar los abusos, lo que implica indemnizar a las personas afectadas, y garantizar que el personal de sus operaciones no vuelve a sufrir daños.”
Este informe de Amnistía Internacional se publica sólo dos semanas antes de que el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examine una reclamación histórica contra el gobierno saudí en relación con el robo salarial, el trabajo forzoso y la prohibición de formar sindicatos. La reclamación fue presentada en junio de 2024 por la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), sindicato internacional, con el apoyo de Amnistía Internacional y otras organizaciones.
Engañadas, sobrecargadas y mal pagadas
La investigación de Amnistía Internacional sucede a un informe publicado por la organización en 2023 en el que ponía al descubierto los abusos cometidos en los centros de Amazon en Arabia Saudí, en los que estaba implicada una de las mismas empresas proveedoras de mano de obra. La investigación más reciente se basa en entrevistas e información facilitada por 17 hombres de Nepal, India y Pakistán. Todos trabajaban en instalaciones de Carrefour en Riad, Dammam y Yidda entre 2021 y 2024, y casi todos habían sido contratados por empresas proveedoras de mano de obra y enviados a Majid Al Futtaim.
Para conseguir el trabajo, los trabajadores pagaron una tasa media de 1.200 dólares estadounidenses a contratistas en su país de origen —a menudo contrayendo una deuda a interés elevado—, a pesar de que la legislación saudí y las propias políticas de Majid Al Futtaim prohíben cobrar tales tasas.
Los contratistas mintieron o engañaron prácticamente a todos los trabajadores entrevistados —a veces con la participación de las empresas proveedoras de mano de obra— acerca de la naturaleza y los beneficios de sus puestos en Arabia Saudí, o les hicieron creer que habían sido contratados directamente por empresas internacionales. Muchos se enteraron de que trabajaban para proveedores de mano de obra saudíes —de triste fama entre los trabajadores— después de haber pagado las tasas, y como la mayoría ya no podía recuperar el dinero, fueron incapaces de dar marcha atrás.
En Arabia Saudí, los hombres tuvieron que hacer frente a un trabajo arduo y a una reiterada remuneración inferior a la acordada. Contaron que tenían que caminar más de 20 kilómetros al día y trabajar 60 horas a la semana, a veces hasta 16 horas al día, sobre todo en periodos de aumento del negocio, como las rebajas y el mes de Ramadán. En incumplimiento de las propias leyes saudíes y políticas de Majid Al Futtaim, los trabajadores dijeron que los encargados de las instalaciones —que incluían supermercados y almacenes— a veces cancelaban sus días de descanso semanales.
Anand*, quien trabajó como recolector de almacén, contó lo siguiente a Amnistía: “En los almacenes de Carrefour no tratan al personal como seres humanos. Nos tratan como animales. Dicen todo el tiempo: ‘yalah, yalah’ [vamos, vamos]. Se pegan a nosotros para que trabajemos más deprisa.”
Muchos afirmaron que lo más duro de la experiencia era no cobrar debidamente las horas extras como establecen la legislación nacional y las políticas de la empresa. Era habitual que se les negara el pago mensual de decenas de horas extras, que sumaban cientos de dólares al año.
Además, el alojamiento proporcionado por las empresas proveedoras de mano de obra solía estar sucio y masificado, en incumplimiento de los requisitos de Majid Al Futtaim. Los trabajadores contaron que dormían entre seis y ocho en un cuarto, que uno describió como “un establo”.
El personal contratado describió una cultura basada en el miedo. A quienes planteaban quejas directamente a los responsables en instalaciones de Carrefour, o no les hacían caso, o les decían que las expusieran ante las empresas proveedoras de mano de obra. Algunos trabajadores que denunciaron públicamente sufrieron represalias por parte de las empresas proveedoras o los responsables de las instalaciones de Carrefour, lo que llevó a otros a guardar silencio. Aunque Majid Al Futtaim contó a Amnistía Internacional que su grupo prohíbe ejercer represalias contra quien exprese una “preocupación de buena fe”, los trabajadores contaron que, si se oponían a trabajar horas extras, eran amenazados con no recibir el sueldo o con el despido.
Baburam* contó a Amnistía Internacional:
“Era duro trabajar tantas horas. Pero el encargado no me dejaba marchar […] Decía: ‘Cuando termines de procesar los pedidos podrás irte’. ¿Qué podía hacer? Si no trabajábamos 15 horas, también decía: ‘Os despido. No os pago las horas extras’”.
Ser despedido de estas instalaciones podía significar que los trabajadores estuvieran “sin trabajo” hasta que el proveedor de mano de obra les asignara un nuevo puesto, a menudo semanas o meses más tarde. En ese tiempo, el trabajador no recibía remuneración alguna del proveedor ni apoyo del Estado saudí.
Gopal* contó: “Si me hubiera quejado, habría perdido mi trabajo. Por eso no podía quejarme. Una vez, 14 o 15 trabajadores se quejaron de eso y fueron expulsados de sus puestos. Cuando un trabajador pierde su empleo, el proveedor no vuelve a colocarlo durante cuatro o cinco meses.”
Alto riesgo de trabajo forzoso
La experiencia de los trabajadores entrevistados por Amnistía Internacional indica que los dos elementos clave del trabajo forzoso —trabajo involuntario y amenaza de penalización— están presentes en las operaciones de franquicia del grupo Carrefour en Arabia Saudí.
Aunque las políticas del grupo Carrefour dejan claro que conoce sus responsabilidades y asume el compromiso de respetar las normas internacionales de derechos humanos, también en todas sus franquicias y proveedores, la investigación de Amnistía Internacional demuestra que sus medidas de diligencia debida son totalmente insuficientes. Y eso a pesar de que en Arabia Saudí, la gravedad y frecuencia de los abusos laborales, incluido el trabajo forzoso, son muy elevadas y están bien documentadas.
“Es bien sabido que, a pesar de algunas reformas, las personas migrantes que trabajan en Arabia Saudí continúan sometidas al sistema kafala de patrocinio, no tienen salario mínimo garantizado y tienen prohibido unirse o formar sindicatos. Carrefour carece de justificación para no proteger a sus trabajadores de la explotación y evitar pagarles las indemnizaciones que merecen”, ha afirmado Marta Schaaf.
“El alto riesgo de explotación en Arabia Saudí subraya la innegable necesidad de acometer una reforma fundamental del sistema laboral del país. El Consejo de Administración de la OIT debe abrir con urgencia una investigación sobre violaciones de derechos humanos de los trabajadores y garantizar que Arabia Saudí pone sus leyes y prácticas laborales en plena consonancia con las normas internacionales.”
En respuesta a las conclusiones de Amnistía Internacional, el grupo Carrefour y el grupo Majid Al Futtaim afirmaron que habían abierto una investigación interna sobre el trato recibido por las personas migrantes que trabajan en las instalaciones saudíes, y el grupo Carrefour, además, ha encargado una auditoría a terceros sobre las operaciones de su socio de franquicia. Majid Al Futtaim detalló las medidas que ha adoptado para reparar los abusos desde que Amnistía Internacional alertó sobre ellos la primera vez, entre ellas trasladar a algunos trabajadores a nuevos alojamientos, revisar las políticas sobre horas extras y la prohibición de las tasas de contratación, mejorar la selección de nuevos proveedores y mejorar el acceso a su línea de atención al personal.
“No obstante, quedan importantes dudas en cuanto a por qué ninguna de las empresas reconoció ni abordó los abusos prolongados hasta que Amnistía Internacional alertó sobre ellos a mediados de 2024, ni siquiera cuando publicamos la investigación sobre uno de sus proveedores de mano de obra en 2023.La empresa aún no se ha comprometido a devolver las tasas de contratación ni a indemnizar al personal por los perjuicios sufridos”, ha afirmado Marta Schaaf.
*Los nombres de los trabajadores son ficticios.
Información complementaria
- El grupo Carrefour fue patrocinador de los Juegos Olímpicos de París de 2024 y tiene una facturación anual de más de 94.000 millones de euros.
- Los centros y almacenes de Carrefour en Arabia Saudí están gestionados por el grupo Majid Al Futtaim, radicado en Emiratos Árabes Unidos, a través de un contrato de franquicia con el grupo Carrefour, radicado en Francia.
- El Consejo de Administración de la OIT se reunirá el 7 de noviembre para debatir sobre la reclamación presentada por ICM (Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera).
- Tras la investigación de Amnistía Internacional sobre Amazon, Amazon pagó más de 1,9 millones de dólares estadounidenses en concepto de devolución de tasas de contratación a más de 700 trabajadores.
