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Mujer realizando una actuación en el centro de un círculo durante una manifestación por el derecho al aborto en Madri

Manifestación por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en el centro de Madrid, en el marco del Día de Acción Global del 28 de septiembre. © Guillermo Gutierrez Carrascal/SOPA Images/Shutterstock

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¿Qué está pasando con el derecho al aborto en el mundo?

Por Mª Luisa Garcés de los Fayos, activista del Equipo de trabajo sobre el derechos de las mujeres en Amnistía Internacional ,
El acceso a servicios de aborto seguro, legal y accesible es una cuestión de derechos humanos para toda mujer, niña o persona que pueda quedarse embarazada. Negarlo o dificultarlo puede vulnerar derechos como la vida, la salud, la intimidad, la autonomía, la igualdad y la no discriminación, así como el derecho a no sufrir violencia ni tratos crueles, inhumanos o degradantes.

En los últimos años se han producido avances importantes. Argentina legalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 2020; Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 en 2022; y en 2024 Francia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar explícitamente en su Constitución la libertad garantizada de recurrir a una interrupción voluntaria del embarazo.

Sin embargo, estos avances conviven con retrocesos y barreras persistentes. Gobiernos y grupos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos impulsan recortes, restricciones legales, obstáculos administrativos y campañas de estigmatización que dificultan el acceso efectivo a la atención al aborto, especialmente para quienes sufren discriminación o viven en contextos de pobreza, ruralidad, migración o exclusión social.

Y todavía existen países como Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Malta, Andorra, Polonia o Marruecos en los que el aborto continúa estando penado o limitado a circunstancias muy específicas. Esto supone que 700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros. Pero no son las únicas que tienen que enfrentarse a restricciones legales en el aborto, ya que el 41% de las mujeres en edad de procrear viven en países con leyes muy estrictas sobre el aborto o en los que, a pesar de que el aborto sea legal, no tienen medios para ofrecer un aborto seguro y accesible.

“700 millones de mujeres en edad reproductiva no tienen acceso a servicios de aborto legales y seguros.”

Algunos de los obstáculos con los que las mujeres pueden encontrarse además de una legislación restrictiva, son la poca disponibilidad de servicios, los costes elevados, la estigmatización, la objeción de conciencia del personal sanitario –recientemente se han hecho públicos varios casos en España o Chile–, o la exigencia de requisitos innecesarios como el suministro de información engañosa. Muchas mujeres que quieren ejercer su derecho a decidir sobre su embarazo y maternidad se ven obligadas a desplazarse a otros países (o a otros estados en el caso de Estados Unidos o México). Una posibilidad a la que no todas pueden acceder porque la desigualdad socioeconómica también cuenta negativamente en el acceso al derecho a un aborto seguro.

En 2024, Afganistán, Argentina, Chile, Puerto Rico y Rusia pusieron en marcha leyes o políticas que reducen el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. El acceso a información sobre el aborto también se vio mermado al eliminarla de Internet empresas de redes sociales como Meta y TikTok.

En Estados Unidos, tras la decisión de la Corte Suprema en 2022 que determinó que el derecho al aborto no está protegido por la Constitución federal, cada estado pasó a tener la facultad de legislar en la materia.

El gobierno de Trump ha revertido drásticamente los derechos sexuales y reproductivos, generando un contexto jurídico imprevisible. En 2025, 13 estados mantenían prohibiciones totales y otros siete prohibían el aborto a las 18 semanas de gestación o antes; otros estados aplicaban límites gestacionales posteriores. Según el Instituto de Políticas de Equidad de Género, las mujeres embarazadas que viven en estados donde está prohibido abortar tienen el doble de probabilidades de morir durante el embarazo, el parto o poco después de dar a luz que las que viven en estados donde se garantiza el derecho. A esto se suman los obstáculos añadidos que sufren las mujeres de grupos marginados, como personas negras y otras comunidades racializadas, pueblos indígenas, migrantes en situación irregular, personas transgénero, residentes de zonas rurales y quienes viven en situación de pobreza. La creciente salida de profesionales de la salud de los estados con prohibiciones estrictas está agravando la falta de servicios de salud reproductiva, especialmente en áreas rurales y de bajos ingresos. A ello se suman las barreras socioeconómicas, que impiden a muchas personas desplazarse a otros estados para acceder a servicios de aborto.

"En 2025, 13 estados mantenían prohibiciones totales y otros siete prohibían el aborto a las 18 semanas o antes”.

Mujer con pañuelo verde durante una manifestación por el derecho al aborto en Madrid

Manifestación por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito en el centro de Madrid, en el marco del Día de Acción Global del 28 de septiembre.

El hecho de imponer restricciones en el acceso a un aborto seguro, no desemboca en un menor número de abortos, sino en un mayor número de mujeres y niñas que tienen que poner su vida en riesgo para que se les practique un aborto en unas condiciones que no cumplen los mínimos sanitarios.

En 2024, la OMS afirmaba que seis de cada diez embarazos no deseados terminan en aborto, lo que representa aproximadamente el 30% del total de embarazos a nivel mundial. La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1.000 en el primer caso y 39 por 1.000 en el segundo.

Obligar a una mujer a continuar con su embarazo o buscar un método de aborto inseguro constituye una violación de sus derechos humanos. Por eso, no podemos permitir que se dé marcha atrás en los avances conseguidos en derechos sexuales y reproductivos.

“La tasa de aborto no es tan diferente entre los países en los que está prohibido y los que no, siendo 36 por 1.000 en el primer caso y 39 por 1.000 en el segundo.”

Graves retrocesos en Estados Unidos

Texas mantiene una prohibición casi total del aborto

Tras décadas de la despenalización del aborto en Texas, en 2021 entró en vigor una ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas de gestación, antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Esta ley no permite excepciones en caso de violación o incesto, únicamente permite el aborto por motivos de salud en los que la vida de la madre corra peligro o su cuerpo pueda sufrir un fuerte deterioro. Además, se han establecido recompensas de hasta 10.000 dólares para la gente que denuncie a quienes ayudan a abortar.

“En Texas, la ley solo permite el aborto cuando está en riesgo la vida o la salud grave de la mujer, sin excepciones por violación o incesto. Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a quienes denuncien a personas que ayuden a abortar.”

Las prohibiciones del aborto y otras políticas restrictivas de los estados tienen un impacto desproporcionado en las comunidades más marginadas, que ya se enfrentan a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación. El informe “Abortion in the USA. The human rights crisis in the aftermath of Dobbs” incluye numerosas historias de personas embarazadas negras, indígenas, indocumentadas, LGBTQI+, discapacitadas, del medio rural y de ingresos bajos.

Algunos estados de EE. UU. protegen el acceso al aborto

Pese a las graves restricciones y retrocesos vividos en la mayoría de estados de Estados Unidos, afortunadamente los estados de Oregón, Vermont, Nuevo México, California, Minnesota, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Alaska, Hawái, Colorado, Massachusetts, entre otros, han conseguido proteger en sus legislaciones el derecho al aborto, algunos de ellos incluso blindándolo en la Constitución, como California, Oregón y Vermont.

En España, de la ley al hecho todavía hay un trecho

En España, aunque la ley sobre el acceso al aborto señala quela prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo se realizará en centros de la red sanitaria pública o vinculados a la misma,en la práctica esto sigue siendo excepcional, ya que la mayoría de los abortos se realizan en centros privados (8 de cada 10), lo que constituye una importante barrera de acceso al aborto.

Esto se debe, en gran parte, a la falta de un mecanismo efectivo que garantice el acceso al aborto en casos de objeción de conciencia por parte del personal sanitario.

La Ley Orgánica 1/2023introdujo la obligación de crear registros de profesionales sanitarios objetores de conciencia y poder así planificar la garantía de la prestación, mayoritariamente en la sanidad pública y, por tanto, cerca de los domicilios de las mujeres. Según datos oficiales difundidos en octubre de 2025, 13 de las 17 comunidades autónomas habían puesto en marcha registros de objeción de conciencia.

Irlanda del Norte, el acceso sigue limitado fuera de las grandes ciudades

Aunque el aborto fue despenalizado recientemente en Irlanda del Norte, la desigualdad y los obstáculos para acceder a los servicios y el estigma asociado al aborto siguen impidiendo que las personas reciban los cuidados de aborto que necesitan. Muchas mujeres no pueden acceder a servicios de aborto al vivir en localidades remotas. Viajar a Inglaterra, donde el acceso al aborto es más fácil, no es siempre una opción viable debido a los altos costes. Ante las barreras de acceso, algunas personas recurren a píldoras abortivas obtenidas por Internet. La regulación aplicable y los riesgos jurídicos varían según el país y las circunstancias.

El acceso a un aborto seguro es un derecho humano

Marcha contra la prohibición casi total del aborto en Polonia y desencadenada por la trágica muerte de Izabela, que falleció por septicemia tras negársele un aborto en el hospital de Pszczyna. © Grzegorz Żukowski

Polonia, restricciones al aborto y persecución de quienes prestan apoyo

Polonia es uno de los países de la Unión Europea con una política de aborto más restrictiva. En 2020 su Tribunal Constitucional eliminó uno de los únicos tres supuestos en los que estaba permitido abortar –por anomalía fetal grave e irreversible o enfermedad que haga inviable la vida del feto–. Únicamente está permitido cuando la vida o la salud de la persona embarazada corre peligro o si el embarazo es resultado de una violación o de incesto.

A pesar de las promesas electorales del nuevo gobierno y del debate público sobre los derechos reproductivos, en particular la mejora del acceso al aborto y la despenalización de la ayuda para abortar, aún no se ha reformado la legislación.

Quienes se oponen a las restricciones al aborto y brindan apoyo a personas que necesitan acceder a uno seguro enfrentan persecución, y en varios casos se han iniciado procesos penales contra activistas y familiares por prestar esa ayuda. En 2021, la defensora de los derechos humanos Justyna Wydrzyńska fue acusada de “ayudar a un aborto” y de “posesión de medicamentos sin autorización con el fin de introducirlos en el mercado”. Se trata del primer caso en Europa en el que una activista es enjuiciada por facilitar píldoras abortivas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha anunciado que evaluará las denuncias presentadas por mujeres polacas que podrían haber sido víctimas de violaciones al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que restringió severamente el acceso al aborto.

En febrero de 2025, un tribunal de apelación anuló la condena y devolvió el caso a primera instancia al considerar que Justyna no había tenido un juicio justo, debido a la falta de independencia en el nombramiento de la jueza que dictó la resolución inicial. Sin embargo, la causa no ha sido anulada y el juicio deberá repetirse.

Pero Justyna y su movimiento, Abortion Dream Team, no se rinden. En marzo de 2025 abrieron el primer centro en el país que proporciona información sobre el aborto seguro y apoyo a quienes abortan. Firma a continuación y enviaremos esta petición en tu nombre al Fiscal General de Polonia para exigir el retiro inmediato de todos los cargos contra Justyna y poner fin a la persecución de quienes brindan ayuda a las personas que buscan un aborto seguro.

Andorra, prohibición total y criminalización de defensoras

Según una investigación periodística de 2025, una media anual de 131 mujeres de Andorra viajaban a España para someterse a un aborto.

Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la organización de derechos de las mujeres Stop Violències, fue acusada por el gobierno de difamación criminal tras manifestar su preocupación por la prohibición total del aborto en su país en una reunión del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2019. En diciembre de 2023 fue a juicio acusada de “desprestigio a las instituciones”. Finalmente, y gracias a la presión internacional, fue absuelta en enero de 2024. Pero Vanessa ha pagado un alto precio por defender los derechos humanos. El proceso, prolongado durante más de cuatro años, afectó gravemente a su labor y a la de su organización.

República Dominicana mantiene la prohibición total del aborto

En República Dominicana, el aborto está penalizado en todos los supuestos. En 2014, la Cámara de Diputados aprobó un Código Penal que contemplaba despenalizarlo en tres circunstancias: cuando el embarazo pusiera en peligro la vida de la persona embarazada, cuando el feto no pudiera sobrevivir fuera del útero y cuando el embarazo fuera consecuencia de violación o incesto. Sin embargo, ese avance fue posteriormente anulado por el Tribunal Constitucional.

El debate legislativo se reabrió en los años posteriores, pero las propuestas para incorporar esas tres excepciones no prosperaron. En agosto de 2025 se promulgó un nuevo Código Penal que mantuvo la criminalización total del aborto, incluso en casos de violación o incesto, cuando la vida o la salud de la persona embarazada están en peligro o cuando el feto no puede sobrevivir fuera del útero.

África, algunos países mantienen restricciones severas al aborto

Aunque la Unión Africana aprobó en 2003 el Protocolo de Maputo, algunos Estados mantienen leyes muy restrictivas sobre el aborto. En Madagascar el aborto sigue siendo delito en todos los casos porque este país no ratificó dicho Protocolo. En Namibia el aborto solo está permitido en determinados supuestos, entre ellos la violación, el incesto o el riesgo para la vida de una persona embarazada. En 2025 una mujer fue detenida y procesada por tener supuestamente píldoras abortivas.

Marruecos, la penalización del aborto vulnera derechos

En Marruecos, el aborto está penalizado en casi todas las circunstancias y las mujeres que viven en la pobreza no pueden pagarse un aborto clandestino. El Código Penal marroquí solo permite el aborto cuando lo practica personal médico autorizado y se considera imprescindible para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. Quienes intentan o consiguen abortar pueden enfrentarse a penas de seis meses a dos años de prisión, además de multas, y a una pena adicional de prisión con arreglo a las disposiciones que castigan las relaciones sexuales fuera del matrimonio.

La legislación que prohíbe difundir información relacionada con el aborto restringe aún más el acceso a unos recursos médicos esenciales e incapacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus embarazos. “Incitar al aborto” por cualquier medio, incluso a través del discurso público o la distribución de materiales relacionados, puede conllevar penas de hasta dos años de prisión o multas. Mientras tanto, el personal médico que practica abortos al margen de la ley se expone a perder su licencia y, cuando son citados como testigos, deben declarar y revelar información sobre las operaciones de aborto en su conocimiento, sin respetar la confidencialidad de la paciente.

Estas restricciones, sumadas a la ausencia de directrices o protocolos médicos sobre la provisión del aborto legal, dejan a muchas mujeres sin una vía segura y legal para abortar.

El informe “My life is ruined: The need to decriminalize abortion in Morocco”, documenta las consecuencias ruinosas de la penalización del aborto en Marruecos, incluso en los casos de embarazo resultante de una violación. Ante la amenaza de cárcel, muchas recurren a métodos clandestinos y peligrosos para interrumpir el embarazo. Las que no lo consiguen son coaccionadas para llevar el embarazo a término y corren el riesgo adicional de ser procesadas en aplicación de las leyes que penalizan las relaciones sexuales fuera del matrimonio, lo que agrava la exclusión social y la pobreza, todo ello mientras soportan las dolorosas secuelas de sus intentos fallidos de aborto.

Mujeres con pañuelos verdes realizan una performance durante la marcha del 8M en Buenos Aires

Mujeres actúan durante una marcha por el Día Internacional de la Mujer. © Alessia Maccioni/SIPA

Meta y TikTok retiran de sus plataformas información sobre el aborto

Las redes sociales desempeñan un papel esencial a la hora de facilitar el acceso al derecho a la salud en todo el mundo, en particular en los lugares en los que el acceso a la información y a los servicios está restringido.

Todas las empresas, también Meta y TikTok, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluido el derecho a la salud y otros derechos conexos, como el de acceso a la información. Al ser dos de las empresas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo, sus acciones tienen consecuencias de alcance mundial.

Internet es una parte central de la vida moderna y uno de los principales canales a través de los cuales obtenemos información. Estas empresas tecnológicas privadas controlan qué información es accesible… y cuál se elimina.

En este momento, el acceso al aborto no solo está siendo restringido y atacado en todo el mundo, sino que empresas de redes sociales como Meta y TikTok están eliminando de sus plataformas la información sobre el aborto, y ofrecen muy poca o ninguna transparencia a las organizaciones de derechos reproductivos cuyo contenido retiran. Esta práctica impide que la gente acceda a información que salva vidas y tome decisiones informadas sobre su cuerpo.

La Marea Verde: un movimiento feminista imparable a favor del aborto en América Latina

Este movimiento feminista y de derechos humanos ha estado organizándose durante años para que el derecho a decidir sea reconocido y garantizado por la ley.

En 2018, cientos de miles de mujeres y niñas sumaron fuerzas para instar a los legisladores y las legisladoras a despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro a servicios médicos de interrupción del embarazo. La campaña reunió a activistas y organizaciones de diversos movimientos, entre ellas Amnistía Internacional Argentina. En diciembre de 2020, el Senado argentino aprobó la Ley 27.610, que permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, inclusive.

México, la despenalización federal abre camino, pero persisten diferencias entre estados

En 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucionales las normas federales que criminalizaban el aborto. La aplicación práctica y la regulación siguen dependiendo en gran medida  de los marcos estatales. Para finales de 2025, 23 de las 32 entidades federativas habían avanzado en su despenalización, aunque las condiciones de acceso difieren entre ellas.

Chile: el proyecto de aborto hasta las 14 semanas, en un futuro incierto

Durante el proceso constituyente iniciado tras el estallido social de 2019, la despenalización del aborto fue uno de los asuntos sometidos a debate. Sin embargo, la propuesta de nueva Constitución fue rechazada en 2022. Posteriormente, en mayo de 2025, el Gobierno presentó un proyecto de ley para regular la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, a petición de la persona embarazada, incluidas mujeres, adolescentes y niñas. La iniciativa, identificada con el Boletín n.º 17.564-11, fue aprobada en general por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados el 3 de marzo de 2026. Tras el cambio de gobierno del 11 de marzo de 2026, su futuro legislativo es incierto. Mientras tanto, siguen existiendo barreras para acceder a los servicios incluso en los tres supuestos ya permitidos por la ley, entre ellas la objeción de conciencia y las desigualdades territoriales en la disponibilidad de atención.

Derecho a un aborto legal y seguro

Manifestación por el derecho al aborto en el mundo, celebrada el 7 de mayo de 2022 en Ámsterdam, Países Bajos. © Pierre Crom/Getty Images

Colombia, aborto despenalizado hasta la semana 24

Las mujeres en Colombia, siguiendo la estela de las mujeres de Argentina y México, litigaron ante su Tribunal Constitucional por el derecho a no tener que ir a la cárcel, acusadas de abortar. 

Finalmente, en febrero de 2022, el Tribunal les dio la razón y despenalizó el aborto durante las primeras 24 semanas de gestación.

¡Ganan las niñas! Condenas históricas exigen a Ecuador y Nicaragua que ninguna niña sea obligada a ser madre

En enero de 2025, respondiendo a las demandas del Movimiento “Son Niñas, No Madres”, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que Ecuador y Nicaragua vulneraron los derechos humanos de tres niñas sobrevivientes de violencia sexual, a quienes se negó el acceso a la interrupción del embarazo y se impuso una maternidad forzada. El Comité señaló vulneraciones de derechos como la vida, la vida digna, el acceso a recursos efectivos, la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, la vida privada, la información, la igualdad y la no discriminación. Las decisiones constituyen un hito para la garantía de los derechos reproductivos: ofrecen una interpretación autorizada de las obligaciones de Ecuador y Nicaragua en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reclaman medidas de reparación para las víctimas y garantías de no repetición, y refuerzan estándares internacionales relevantes para la protección de niñas y personas embarazadas.

Mujeres con maletas marchan en Westminster simbolizando a quienes viajan desde Irlanda del Norte para abortar

28 mujeres, representando el número de mujeres que viajan cada semana desde Irlanda del Norte a Inglaterra o Gales para acceder a un aborto, participaron en una manifestación llamada "marcha de las maletas" en Westminster, Londres. © Steve Parkins/Shutterstock

Defender el derecho al aborto es urgente

Desde la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y su Programa de Acción en 1994, son muchos los países que han modificado sus leyes y su compromiso de prevenir los abortos inseguros, liberalizando el aborto y ampliando los motivos por los que el aborto es legal.

En la última década conviven los avances pero también el interés de gobiernos y grupos antiaborto por hacer retroceder los derechos reproductivos.

“En los últimos 30 años, más de 60 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso al aborto, en ocasiones reconociendo que el acceso al aborto sin riesgos es fundamental para la protección de la vida y la salud de las mujeres.”

Las leyes de derechos humanos y las normas de la Organización Mundial de la Salud exigen que los Estados despenalicen el aborto y eliminen las barreras de acceso. El Plan de Acción de Género de la Unión Europea también reitera su compromiso para garantizar un entorno legal, político y social propicio para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y muchos países europeos han sido líderes en la tendencia global de liberalización del acceso al aborto y para eliminar barreras. Sin embargo, todavía países de todo el mundo incumplen esta premisa e incluso eliminan los derechos ya conseguidos, como muestran los casos de Polonia y Estados Unidos.

Por eso es tan importante que actuemos para que los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, sigan avanzando y se amplíen en los países cuyos gobiernos aún no garantizan este derecho.

En Amnistía Internacional tenemos en marcha una campaña global para defender el derecho efectivo al aborto, mostrar el impacto que tiene su prohibición entre las personas que lo necesitan y denunciar las barreras a las que deben hacer frente las defensoras y defensores de este derecho y quienes prestan la atención médica.

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