El 11 de mayo de 2011, hace ahora 10 años, nació el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul.
Es el instrumento jurídico internacional de ámbito continental más importante y específico para prevenir y luchar contra todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres. Está en vigor desde el 1 de agosto de 2014. Lo han firmado 46 países europeos y ratificado 34. Para estos países es vinculante.
Reconoce que: la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos; que es una manifestación del desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de ésta, privándola así de su plena emancipación; y que la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave para la prevención de dicha violencia machista.
Con estas premisas, y aspirando a crear una Europa libre de violencia contra las mujeres, establece los siguientes objetivos fundamentales:
Proteger a las mujeres contra toda forma de violencia posible, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
Contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres;
Concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
Promover la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica;
Apoyar y ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para cooperar de manera eficaz y adoptar un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica.
Además, el Convenio de Estambul protege a todas las mujeres y niñas sin discriminación y contiene disposiciones específicas para mujeres y niñas refugiadas y migrantes. Introduce la posibilidad de otorgar a las mujeres migrantes supervivientes de violencia doméstica un permiso de residencia autónomo cuando su estado de residencia depende del de su pareja abusiva. También solicita a los gobiernos que reconozcan la violencia de género contra las mujeres como una forma de persecución y un criterio a tener en cuenta cuando buscan protección internacional en Europa.
¿Por qué es tan importante el Convenio de Estambul?
La vigencia actual del Convenio de Estambul y la necesidad de su cumplimiento lo vemos con numerosos ejemplos en los que se siguen vulnerando los derechos de mujeres y niñas, y también con los resultados positivos de su aplicación:
La mutilación genital femenina (MGF) es una de las formas de violencia de género y puede considerarse tortura. Tiene graves consecuencias para la salud física y psicológica de mujeres y niñas a lo largo de toda su vida. En Europa se calcula que hay 500.000 víctimas y que 180.000 más están en riesgo de sufrirla cada año. En España, para prevenir e informar a las familias que viven aquí y proceden de países en los que se practica, se aprobó en 2015 un Protocolo común de actuación sanitaria ante la MGF en el Sistema Nacional de Salud.
En Europa las encuestas dicen que una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física y o sexual desde los 15 años de edad, y cuando se pregunta a la población europea, el 74% cree que la violencia contra las mujeres es común en su país. Las mujeres europeas se movilizan defendiendo que el sexo sin consentimiento debería considerarse violación. Amnistía Internacional ha analizado la situación en 31 países y sólo 12 tienen leyes que definen como violación las relaciones sexuales sin consentimiento.
La buena noticia es que varios ya han modificado su legislación al respecto en los últimos años, como Grecia, Suecia, Portugal y Dinamarca. También Croacia en 2020 armonizó en su legislación la definición de violación con las normas internacionales y agravó las penas para los delitos de violencia de género. Con estos cambios aumentaron más del doble las denuncias por violación. En Suecia también se ha constatado, con la nueva ley en 2018, un aumento significativo de los procesamientos y condenas por violación.
Los confinamientos y las medidas de aislamiento ante la crisis de la COVID-19 han expuesto a las mujeres y las niñas a mayores riesgos de abusos a manos de sus parejas o de otras personas de la familia y a menudo las instituciones las dejan sin el apoyo que tanto necesitan. En Europa, en países como Italia, Reino Unido, Alemania, Austria, Dinamarca, España, aumentaron las llamadas a los centros de atención de víctimas de violencia de género. Dinamarca y Bélgica han creado nuevos centros adicionales de cuidados. El Parlamento Europeo, ONU Mujeres y otras organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional han exigido a los gobiernos europeos que tomen medidas de prevención y protección.
EnEspaña más de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido violencia sexualen algún momento de su vida. El 85% de las víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual son mujeres, y el 96% de los responsables de estos delitos son hombres. La mayoría de estos delitos quedan impunes. La palabra de la mujer es cuestionada y pasa a ser ella la juzgada en vez del agresor. Actualmente se está tramitando un Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual que por primera vez aborda un enfoque integral y pone en el centro el consentimiento de la mujer.
En España faltan Centros Especializados para atender a las víctimas de agresión sexual y violación. El informe del Grupo de Expertas (GREVIO) para el cumplimiento del Convenio de Estambul, señaló esta carencia. Solo Asturias y el Ayuntamiento de Madrid cuentan con Centros de Crisis abiertos las 24 horas del día y todos los días del año, lo que deja desatendida a una gran parte de la población, en particular las zonas rurales. Crear una red de estos Centros es una reivindicación de Amnistía Internacional que ya se contempla en el Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual. Extremadura se ha comprometido también a abrir un centro de crisis. Y el 5 de abril el Ministerio de Igualdad dio a conocer haber destinado 19,8 millones de euros para iniciar la puesta en marcha de, al menos, un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en cada provincia, más otros dos en Ceuta y Melilla.
¿Cuáles son los riesgos para el Convenio de Estambul?
Los avances conseguidos por las mujeres con sus reivindicaciones y movilización frente a la violencia sexual, legislativas, de sensibilización y cambios en los comportamientos, de dotación de medios y recursos económicos para prevenir y atender a las víctimas, también van acompañados de graves retrocesos y de la fuerte oposición de varios países al Convenio de Estambul, que tienen consecuencias catastróficas para los derechos de las mujeres y las niñas, no solo en Europa, sino que repercuten en todo el mundo:
El gobierno de Turquía, el país anfitrión donde nació el Convenio de Estambul, ha anunciado que retira su adhesión, y si la decisión no se revierte, entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
El Parlamento de Hungría aprobó en mayo de 2020 una declaración pidiendo al gobierno que no ratificara el Convenio, ya firmado en 2014.
El gobierno de Polonia también tiene un plan para retirarse del Convenio y promueve que el Tribunal Constitucional examine su compatibilidad con la Constitución polaca porque es “nocivo por sus elementos de carácter ideológico”.
El Tribunal Constitucional de Bulgaria ya dictó sentencia contra la ratificación del Convenio por ser incompatible con su Constitución. Tampoco lo ha ratificado Eslovaquia, que lo había suscrito en 2011.
La República Checa también rechazó ratificarlo en 2020 aunque estaba pendiente de hacerlo desde 2018.
Por lo tanto, el Convenio de Estambul sigue siendo imprescindible en la lucha contra la violencia y por los derechos de las mujeres y las niñas. Debe garantizarse que todos y cada uno de los países de Europa lo ratifiquen lo antes posible y asegurar que ninguno lo abandone.
MILLONES DE NIÑAS EN RIESGO DE SER ENVENENADAS EN IRÁN
Más de 13.000 niñas han sido envenenadas en Irán por participar en actos de protesta en defensa de los derechos de las mujeres. Son ataques directos al derecho a la salud y a la educación de millones de niñas. Es muy urgente que las autoridades iraníes investiguen todos estos envenenamientos y que los responsables no queden impunes.
