El 7 de junio de 2008 se impusieron en Guinea Ecuatorial largas penas de prisión a ocho hombres –seis ecuatoguineanos y dos extranjeros— tras un proceso judicial que no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Simon Mann, ciudadano británico, fue declarado culpable de haber intentado cometer delitos contra el jefe del Estado, el gobierno y la paz y la independencia de Guinea Ecuatorial en 2004. Lo condenaron a un total de 34 años de prisión. Había sido excarcelado en Zimbabue en mayo de 2007, tras cumplir condena por haber intentado comprar armas sin licencia, y había sido detenido de nuevo inmediatamente, en espera de su extradición a Guinea Ecuatorial para ser juzgado por dichos delitos. Mohamed Salaam, hombre de negocios libanés, residente en Guinea Ecuatorial desde hace varios años, fue declarado culpable de los mismos delitos y condenado a 18 años de cárcel. Había sido detenido sin orden judicial el 29 de marzo de 2008.
En el mismo juicio fueron juzgados también seis ecuatoguineanos que habían sido detenidos sin orden judicial en marzo y abril de 2008 (Véase Guinea Ecuatorial: Detenciones y muerte bajo custodia de un opositor político, Índice AI: AFR 24/003/2008). Fueron acusados y declarados culpables de asociación ilícita por ser miembros de la organización prohibida Partido del Progreso de Guinea Ecuatorial (PPGE) y celebrar reuniones a principios de 2006 y por posesión de armas y municiones. Cinco de ellos, Cruz Obiang Ebele, Emiliano Esono Michá, Gerardo Angüe Mangue, Gumersindo Ramírez Faustino y Juan Ecomo Ndong, fueron condenados a seis años de prisión, y el sexto, Bonifacio Nguema Ndong, a uno.
Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que los seis ecuatoguineanos fueran juzgados junto con Simon Mann, que estaba acusado de un presunto intento de golpe de Estado ocurrido en marzo de 2004, a pesar de que los cargos presentados contra ellos no guardaban ninguna relación con este suceso. De acuerdo con la información recibida por la organización, en el tribunal no se intentó en ningún momento relacionar a los seis ecuatoguineanos con el caso de Simon Mann ni se presentó ninguna prueba con tal fin.
Amnistía Internacional teme, además, que los seis ecuatoguineanos sean presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de asociación y reunión, y declarados culpables sobre la base de declaraciones que firmaron bajo coacción o tortura.
También son motivo de preocupación para Amnistía Internacional algunos aspectos de la fase previa al juicio que violaron el derecho a un juicio justo, a saber:
Los seis ecuatoguineanos y Mohamed Salaam fueron detenidos sin orden judicial, lo que violó la legislación de Guinea Ecuatorial y el derecho a no ser detenido arbitrariamente. Al menos en el caso de los ecuatoguineanos, no se informó con prontitud a los detenidos de los cargos presentados contra ellos, sino hasta un par de meses después de su detención.
Los ecuatoguineanos hicieron sus declaraciones bajo coacción, y no fue el juez de instrucción quien les tomó declaración, como dispone la legislación de Guinea Ecuatorial. Los acusados comparecieron por primera vez ante el juez de instrucción el 12 de junio de 2008, cuando les leyó los cargos formulados contra ellos. Hicieron sus declaraciones primeramente ante la policía y después ante el fiscal, en presencia del ministro de Seguridad Nacional, pero sin asistencia letrada, lo que constituyó una violación de su derecho a comunicarse con un abogado. Además, en contra de las disposiciones sobre juicios justos de las normas internacionales de derechos humanos, según las cuales no se puede obligar a nadie a declararse culpable ni a declarar contra sí mismo, los acusados fueron obligados a firmar declaraciones que no habían hecho.
Al menos dos de los ecuatoguineanos sufrieron trato cruel, inhumano y degradante, pues fueron golpeados bajo custodia policial.
Los acusados estuvieron recluidos en régimen de incomunicación en la prisión de Black Beach de Malabo, sin acceso a sus familias ni a sus abogados. Esta situación tuvo efectos negativos en sus salud física y mental, particularmente en el caso de Mohamed Salaam. La detención en régimen de incomunicación viola las disposiciones sobre juicios justos de las normas internacionales de derechos humanos, que garantizan a toda persona detenida el derecho de acceso a su familia, a un médico y a un abogado.
Violando también las disposiciones sobre juicios justos de las normas internacionales de derechos humanos, no se proporcionó a los acusados tiempo ni medios suficientes para preparar su defensa. No tuvieron acceso a un abogado hasta cinco días antes del comienzo del juicio, ni tuvieron tampoco acceso a toda la información necesaria para preparar la defensa.
Amnistía Internacional considera igualmente motivo preocupación algunos aspectos del mismo juicio, en particular:
Los ecuatoguineanos se retractaron ante el tribunal de sus declaraciones, alegando que las habían hecho bajo coacción y tortura. Sin embargo, éste no examinó las denuncias de coacción y permitió que las declaraciones se admitieran como prueba. Además, en la recapitulación que hizo al final del juicio, el fiscal general solicitó 20 años más de condena por no haber colaborado los acusados con la administración de justicia al decir ante el tribunal que los habían obligado con coacción a firmar las declaraciones.
Los seis ecuatoguineanos fueron declarados culpables de celebrar reuniones ilegales y ser miembros de un partido político prohibido, lo que supone una violación de su derecho a la libertad de asociación y reunión. Además, el fiscal no presentó pruebas de que estuvieran realmente en posesión de armas y municiones, por lo que no asumió la carga de la prueba. El fiscal no pudo demostrar más allá de toda duda razonable que los acusados fueron culpables. Al declarar culpables a los causados sin la práctica de la prueba, el tribunal violó su derecho a un juicio justo.
Sólo hubo servicio de interpretación en la parte del juicio dedicada directamente al interrogatorio de Simon Mann y Mohamed Salaam. El resto, incluida la lectura del acta de acusación, se celebró en español. Por consiguiente, estos dos hombres no pudieron seguir íntegramente el procedimiento, con lo que se violó su derecho de igualdad procesal. El primer día del juicio, Simon Mann entró en la sala con grilletes en los pies. Aunque el presidente del tribunal ordenó en seguida que se los quitaran, este hecho constituyó trato cruel, inhumano y degradante y vulneró la presunción de inocencia.
Amnistía Internacional ve con preocupación los informes sobre el estado de salud mental de Mohamed Salaam y pide a las autoridades ecuatoguineanas que cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y le permitan de inmediato el acceso a los debidos servicios médicos.
La organización insta a las autoridades de Guinea Ecuatorial a que respeten el derecho a un juicio justo y cumplan con las obligaciones internacionales que han contraído en materia de derechos humanos. En particular, Amnistía Internacional pide que se investiguen las denuncias de tortura y malos tratos y que se ponga a los presuntos responsables a disposición judicial. Además, las autoridades ecuatoguineanas deben permitir de inmediato a todos los presos el acceso a sus familias, a sus abogados y a los servicios médicos que puedan necesitar.
