Madrid.- Amnistía Internacional, que ha llevado a cabo una comparativa entre las dos normativas que contienen la suspensión de desalojos para las personas en situación de vulnerabilidad económica y social, la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), y el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo (RDL), concluye que es necesario prorrogar este último, que finaliza el próximo 31 de diciembre, hasta que haya una mejora en la LEC y esta cumpla con los estándares internacionales sobre desalojos.
"Lo fundamental es que no haya nadie que se quede sin hogar como consecuencia de un desalojo. Y por lo tanto, lo más urgente es prorrogar el denominado "escudo social" una vez más, hasta que la LEC incluya la obligatoriedad de que exista una vivienda alternativa digna para que se ejecute un desalojo", señala Teresa García, responsable de Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional.
El RDL por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 se ha prorrogado hasta en diez ocasiones. Sin embargo, parece que el próximo 31 de diciembre va a finalizar, y como consecuencia, miles de personas en situación vulnerable corren el riesgo de ser desalojadas de sus hogares, puesto que el propio texto indica que a partir de ese día los desalojos se van a reanudar automáticamente. En los casos de impago de alquiler, de impago de suministros o expiración de plazo, los desalojos se llevarán a cabo en el plazo de 10 días desde que se reactiven y sin, parece, poder acogerse a las suspensiones de la LEC.
Teniendo en cuenta que el 74% de los desalojos ejecutados en 2023 fueron por impago del alquiler, impago de suministro o expiración del plazo contractual, que el precio de la vivienda en régimen de alquiler no para de aumentar y el incremento de la inflación, es necesario mantener esas medidas que protegen a las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Una crisis que no se afronta como lo que es: la vivienda es un derecho humano
Amnistía Internacional aplaudió que se aprobara la Ley de Vivienda, la primera estatal en democracia a la que tildó de “un paso decisivo en la dirección correcta con evidentes debilidades”. La organización reconoce que la propia Ley de Vivienda hizo algunas modificaciones en la LEC para ampliar el concepto de vulnerabilidad económica y social. En ese sentido, uno de los elementos esenciales para poder considerar que una persona se encuentra en situación de vulnerabilidad económica es qué porcentaje de sus ingresos dedica al pago de la vivienda y los suministros, y que la LEC establece en el 30%, mientras que en el caso del RDL es del 35%.
Con esta modificación de la LEC se mejoró ligeramente la duración de la suspensión de los desalojos respecto al anterior texto: se pasa de suspensiones de hasta un mes a dos meses en caso de que la propiedad sea de personas física; y de tres hasta cuatro meses cuando la propiedad sea de persona jurídica o gran tenedor. Sin embargo, en el caso del RDL el plazo de suspensión está ligado a su propia vigencia, algo que puede ser mucho más duradero.
"Esta serie de medidas, tanto las introducidas en la ley de vivienda, a través de la reforma de la LEC, como las del RDL, suponen mejoras a la hora de proteger a las personas frente a los desalojos, pero no son suficientes. Todavía las autoridades no asumen su responsabilidad de que todas las personas tengan acceso a una vivienda digna, que es un derecho humano, no un bien ganancial", lamenta García.
Amnistía Internacional exige además una mayor transparencia: “Por primera vez sabemos que la cantidad total de desalojos fue menor en 2023 que en 2008, año de inicio de la recesión económica y que conllevó una crisis de vivienda que todavía dura. En concreto un 2% menos, dado que la cantidad de desalojos en 2023 fue de 26.659 y en 2008 fue de 27.251. Sin embargo, no existen datos desagregados (por edad, tipo de vulnerabilidad, sexo, nacionalidad) sobre cuántas personas han perdido su hogar como consecuencia de un desalojo y, por lo tanto, no conocemos la verdadera magnitud del problema, solo la punta del iceberg”.
“También es necesario que se sistematicen los datos sobre los procedimientos que se encuentran en suspensión por la aplicación del RDL, para conocer su impacto y poder investigar si el descenso de desalojos en 2023 respecto a 2008 está relacionado con la aplicación del RDL o se debe a otro motivo. Y así, también sería posible conocer el número de unidades familiares que están en riesgo de perder su vivienda si no se renueva el RDL”.
Recomendaciones de Amnistía Internacional
Representantes de las distintas Comunidades Autónomas se reúnen mañana en la localidad de Santander en la Conferencia de Presidentes para abordar, entre otros temas, el de la vivienda. Ante esa reunión, la organización recomienda a todas las autoridades competentes:
- Prorrogar el Real Decreto-ley 11/2020 hasta que se modifique la LEC para cumplir con los estándares internacionales sobre desalojos.
- Subordinar la temporalidad de las suspensiones en la LEC a la existencia de alternativa de vivienda digna.
- Desarrollar medidas y acciones para evitar que se reanuden automáticamente aquellos lanzamientos suspendidos por el RDL 11/2020.
- Garantizar que el desalojo es el último recurso, ampliando la mediación y conciliación de la LEC a todos los casos de desalojo de vivienda habitual para personas en situación de vulnerabilidad económica y/o social.
- Cumplir con la obligación marcada en el RDL y la LEC de coordinación entre los juzgados y las administraciones públicas competentes, así como con los estándares y recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otos mecanismos internacionales en desalojos.
- Mejorar la transparencia para obtener datos de la verdadera magnitud de la situación de la vivienda en España, tanto de desalojos como de acceso, de las personas en situación de vulnerabilidad económico-social.
- Reconocer y blindar el derecho a la vivienda como derecho subjetivo en la Constitución española.
