En Nicaragua, la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora, afirmó Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy. ¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de represión en Nicaraguadocumenta los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión, quienes se encuentran sometidas a desapareción forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses.
“El gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar a callar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia”,dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
“Los 10 casos que hemos documentado son una muestra de un nuevo patrón de detenciones que van seguidas de desapariciones forzadas, y guardan enormes similitudes con los casos de otras decenas de personas que podrían estar en la misma situación. Exigimos al gobierno de Daniel Ortega que libere inmediatamente a todas las personas detenidas solo por ejercer sus derechos”.
Desde el inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, en abril de 2018, no han cesado los reportes sobre actos de hostigamiento contra las personas identificadas como opositoras al gobierno, defensoras de derechos humanos, periodistas, víctimas de violaciones de los derechos humanos y sus familias.
La nueva fase de la estrategia represiva del gobierno del presidente Ortega, que se destaca por la detención de un nuevo grupo de personas identificadas como opositoras al gobierno, tuvo inicio a partir del 28 de mayo de 2021. Desde esa fecha, hasta el 2 de agosto, más de 30 personas fueron privadas de su libertad, quienes se suman a las más de 100 personas que ya se encontraban en prisión solo por ejercer sus derechos humanos.
Luego de analizar los casos de 10 personas, Amnistía Internacional concluyó que sus detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos. Los casos documentados fueron los de Daysi Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Jorge Hugo Torres y Dora María Téllez.
Los 10 casos documentados no son casos aislados y ocurren en un contexto donde existen reiteradas denuncias de otras situaciones que guardan importantes similitudes y, por tanto, los casos analizados serían solo un grupo reducido de una lista más larga de víctimas.
En todos los casos documentados, hasta el 2 de agosto (fecha de cierre de la investigación), las autoridades no habían revelado de forma oficial la ubicación exacta de las personas detenidas – lo cual es una exigencia del derecho internacional. En la mayoría de los casos, la única información recibida sobre su posible ubicación ha sido brindada debido a la insistencia de los familiares, de manera verbal y por agentes policiales que se encuentran en la portería de la Dirección de Auxilio Judicial Complejo Policial Evaristo Vásquez (DAJ), conocida como el “Nuevo Chipote”. Sin embargo, meros dichos de agentes policiales, que están a cargo del ingreso de un centro de detención, no son prueba suficiente, oficial y creíble sobre el paradero y las condiciones de las personas detenidas.
Tanto el Ministerio Público como la Policía Nacional han emitido comunicados públicos reconociendo las detenciones. Sin embargo, en ninguno de ellos hacen mención del lugar de reclusión. Además, las familias no han podido visitar a las personas detenidas, sus equipos legales no han tenido acceso a entrevistarles, y las autoridades judiciales no han dado respuesta a los llamados a autorizar el ingreso de familiares y abogados.
La información referida a Amnistía Internacional da cuenta de que las familias y los representantes legales de las 10 personas detenidas presentaron más de 40 solicitudes, peticiones y recursos ante diferentes autoridades, y solicitaron acceso a los expedientes, revisión médica para las personas detenidas, entrevistas con sus abogados, visita familiar, libertad inmediata, entre otros. Lamentablemente, estos recursos han sido inefectivos y en la mayoría de los casos, desprovistos de respuesta de las autoridades.
La desaparición forzada es un crimen de derecho internacional y una de las más graves violaciones a los derechos humanos debido a que implica la violación de un conjunto de derechos humanos. Se define como una privación legal o ilegal de la libertad de una persona cometida por agentes estatales, o por otros actores que cuentan con la aquiescencia o tolerancia del Estado, sin reconocer posteriormente que la detención tuvo lugar, o, si se la reconoce, se niega información sobre la suerte o paradero de la persona privada de libertad.
“Esta semana se cumplen 90 días desde que iniciaron las detenciones más recientes. Sin embargo, las autoridades se siguen negando a entregar información oficial sobre el paradero y las condiciones de detención”, dijo Erika Guevara Rosas. “Las familias merecen tener la certeza de si sus seres queridos se encuentran con vida y el lugar en el que están recluidos. La angustia que viven es un castigo más de la política de represión del gobierno de Daniel Ortega”.
