Como reacción a un discurso televisado esta mañana (7 de enero) por el presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, en el que pide a las fuerzas de seguridad que “disparen sin previo aviso” contra cualquier disturbio tras las recientes protestas masivas que han derivado en violencia, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha declarado:
“Las autoridades kazajas tienen el deber de mantener el orden, pero dar una aprobación general a la policía y las tropas para que disparen sin previo aviso es ilegal, y constituye una receta para el desastre. Podría abrir el camino a reacciones reflejas que den lugar a homicidios ilegítimos. A menos que se revoque de forma clara e inmediata esta orden, el ya terrible historial de derechos humanos de Kazajistán y la crisis a la que ha dado lugar empeorarán aún más”.
"Las autoridades kazajas tienen el deber de mantener el orden, pero dar una aprobación general a la policía y las tropas para que disparen sin previo aviso es ilegal, y constituye una receta para el desastre. Podría abrir el camino a reacciones reflejas que den lugar a homicidios ilegítimos". Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central
“Según el derecho internacional, los agentes de policía nunca deben usar fuerza letal salvo como último recurso, es decir, cuando sea estrictamente necesario para protegerse o proteger a otras personas del peligro inminente de muerte o lesiones graves, y sólo si todas las demás opciones para rebajar la tensión han fracasado.
Cuando el uso de la fuerza y armas de fuego sea estrictamente necesario, los principios pertinentes de la ONU están claros. Las fuerzas de seguridad deben siempre advertir claramente cuando vayan a abrir fuego, con la excepción de si dicha advertencia las pondría a ellas o a otras personas en peligro. Si no dan una advertencia, aumenta el riesgo de herir de gravedad o matar a transeúntes inocentes. Esta orden general de no dar aviso previo resulta extremadamente peligrosa, y hace referencia a una política de ‘primero mata y luego piensa’.
La presencia de individuos o grupos violentos no elimina la obligación de las fuerzas de seguridad kazajas de proteger el derecho de reunión pacífica.”
Información complementaria
El 2 de enero estallaron protestas en la región de Mangystau, sureste de Kazajistán, por el fuerte aumento del precio del gas, que luego se extendieron a otras grandes ciudades, incluida la más grande del país, Almaty.
Las protestas se fueron volviendo gradualmente violentas: las multitudes irrumpieron en las oficinas administrativas del ayuntamiento de Almaty y las incendiaron, y saquearon armas de fuego de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. En respuesta, la policía disparó gas lacrimógeno y granadas paralizantes contra los manifestantes, y más tarde utilizó armas de fuego. Hay vídeos y testimonios de testigos presenciales que demuestran cómo las fuerzas de seguridad dispararon abiertamente con munición real contra la multitud, entre otros lugares cerca de la Plaza de la República de Almaty el 6 de enero.
Las autoridades también restringieron Internet y otras vías de comunicación, y advirtieron a todos los medios de comunicación de que no debían “violar” la indebidamente restrictiva ley de medios de comunicación del país. La comunicación con la población de Kazajistán, y especialmente de Almaty, está gravemente alterada, y es intermitente en el mejor de los casos.
El Ministerio del Interior ha declarado que se ha detenido a más de 3.800 personas, y ha confirmado cientos de heridas y 26 muertes entre manifestantes y agentes. Es probable que el número de muertes de manifestantes sea mucho más alto, habida cuenta de que al principio se citaron palabras de activistas y policías que hablaban de “decenas” de bajas, y el presidente Tokayev habló de “centenares”.
La policía detuvo arbitrariamente e interrogó el 4 de enero al menos a dos destacados periodistas del servicio de radio local Azzattyk de RFE/RL, y posteriormente a otros trabajadores de medios de comunicación.
El 5 de enero, el gobierno de Kazajistán solicitó ayuda militar a Rusia y sus otros aliados regionales en la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva, que prometieron proporcionar colectivamente cerca de 3.000 efectivos militares, teóricamente para restaurar el orden tras la violencia y abordar una “amenaza” externa inespecífica.
Durante años, las autoridades han reprimido los derechos fundamentales del pueblo kazajo prohibiendo no sólo las manifestaciones pacíficas sino también los partidos políticos de oposición. Se ha detenido y encarcelado tras juicios injustos a numerosos líderes de protestas pacíficas, defensores y defensoras de los derechos humanos, personas que publican blogs y otras. En 2011, al menos 14 manifestantes murieron después de que la policía reprimiera una manifestación en Zhanaozen. Esos sucesos no se han investigado de forma exhaustiva y efectiva.
En virtud del derecho y las normas internacionales, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sólo deben utilizar las armas de fuego como último recurso cuando sea necesario para protegerse o proteger a otras personas de un peligro inminente de muerte o lesiones graves.
Los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley disponen: “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se identificarán como tales y darán una clara advertencia de su intención de emplear armas de fuego, con tiempo suficiente para que se tome en cuenta, salvo que al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, se creara un riesgo de muerte o daños graves a otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias del caso”.
