Casi dos años después de la violenta represión contra las protestas que se dieron entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, la búsqueda por justicia, memoria y reparación en Perú continúa. Alrededor de 1.500 personas fueron heridas y 50 perdieron la vida, pero nadie ha sido detenido en todo este tiempo. Hablamos con Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Organización Nacional de Víctimas de las protestas 2022/23 y presidenta de la asociación de Ayacucho, quien perdió a su hermano durante las protestas, y Mario Ilaquita, cuyo hijo de 19 años murió a consecuencia de una bala durante el transcurso de una manifestación.
¿Por qué decidís formar parte de una organización de víctimas de las protestas en Perú?
Yovana: Nosotros hemos formado primero una asociación en Ayacucho porque teníamos la necesidad de buscar justicia y sabíamos que cada uno por nuestro lado nunca lo hubiéramos logrado, porque es un largo camino. Cada región tenía su asociación, pero en febrero decidimos organizarnos nacionalmente para buscar todos juntos justicia. Somos más que una organización, somos una familia para ayudarnos entre todos.
Mario: Yo estoy en la asociación de Puno “Víctimas 9 de enero” para buscar la justicia a las personas muertas y heridas. Muchos no han querido formar parte por amenazas, porque les llaman terroristas si te han herido. Pero nosotros estamos en busca de justicia porque la respuesta de mi país hasta ahora ha sido indignante.
Yovana Mendoza, vicepresidenta de la Organización Nacional de Víctimas de las protestas 2022/23 y presidenta de la asociación de Ayacucho, quien perdió a su hermano durante las protestas en Perú. © Amnistía Internacional
Con un registro de 50 personas fallecidas por confrontaciones directas con agentes estatales, ¿cómo os justifica el gobierno su actuación a las asociaciones de víctimas?
Mario: No nos dan ninguna respuesta, no hay ningún policía inculpado. Ni –como en el caso de mi hijo– la bala que estaba en su cuerpo es la que utilizan los mismos policías.
¿Y qué trato habéis recibido las asociaciones de víctimas por parte de las autoridades?
Yovana: No hemos tenido buen trato. Primero, a las personas heridas no las han atendido como deberían, limpiaban sus heridas y las mandaban a casa, a algunas incluso con las balas dentro de su cuerpo. A veces mientras las atendían les decían que no tenían que haber ido a las protestas, o que deberían haber fallecido en vez de estar heridas.
Por parte de la Fiscalía no hemos tenido un buen trato. Primero sí, con las primeras diligencias en Ayacucho sí estuvo bien. Pero en abril centralizaron todos los casos en Lima, y ese ha sido un gran obstáculo para todas las regiones, porque ya no podíamos hacer seguimiento de los casos y nos costaba hacer las declaraciones. El fiscal nos preguntaba cosas como si mi hermano sabía usar armamento o si era un terrorista, y desde ahí creo que nos estaban intentando asustar. Pero no tenemos por qué tener miedo porque ninguna de las personas fallecidas tenía relación con eso. Tampoco podemos ir a la policía porque son ellos los que están siendo investigados.
¿Por qué se afirma que la represión ha sido discriminatoria con la población indígena y campesina?
Yovana: Ha habido mucha discriminación, primero porque prácticamente todas estas masacres han sido en regiones andinas. Entre las personas heridas hay estudiantes universitarios, pero la mayoría son personas campesinas. Será por eso que hemos recibido este maltrato, porque para ellos no valemos lo mismo, no ahora sino desde siempre.
Mario Ilaquita, cuyo hijo de 19 años murió a consecuencia de una bala durante el transcurso de una manifestación. © Amnistía Internacional
¿Qué esperáis de los procesos judiciales iniciados contra los responsables de esta represión?
Mario: Yo quisiera que se reconociera quién dio las órdenes de disparar a las personas que se manifestaban, y qué policías dispararon. Que se reconozca que las personas fallecidas eran inocentes, que algunas eran menores de edad, que otras perdieron la vida por auxiliar a otras heridas. Queremos que nos den respuestas, queremos que los policías que dispararon acaben en la cárcel, y que digan que quienes cayeron eran inocentes. como mi hijo.
Yovana: Como organización nacional lo que nosotros esperamos es que acaben presos los que dieron las órdenes y quienes dispararon. Todos deben estar presos paragarantizar que en el futuro ningún gobierno, ningún policía, ningún militar vuelva a cometer lo que se cometió en 2022 y 2023. Es la única forma para que haya una garantía de que no se vuelva a repetir. También lo que queremos es que haya una reparación para quienes han quedado huérfanos/as, para las viudas, para los padres y madres que se han quedado sin sus hijos/as, y que, de alguna forma, el Gobierno repare todo el daño que ha hecho a su pueblo.
¿Algo ha cambiado desde esas protestas en relación al derecho de protesta?
Yovana: Ha empeorado porque hay unas leyes que permiten que quienes salimos a la calle a protestar podamos ser denunciados por `terrorismo urbano´. Y si los dirigentes de una asociación hacemos un llamamiento para acudir a las protestas, ya somos traicioneros de la patria, según el portavoz del gobierno. Están sacando leyes para que no les pase nada a los policías o militares que disparen a la población porque ellos mismos van a ser quienes lleven a cabo la investigación. Además, a quienes han llevado a cabo esos actos de represión, les han aumentado el sueldo y les han ascendido. Con todo esto se anima a los policías y militares a que nos repriman con mayor fuerza.
Yo estuve en una protesta en julio en una protesta en Lima, pidiendo justicia como siempre. Ahí nos agarraron, nos golpearon, nos echaron gases directo al rostro, nos pegaron patadas. Sales pero no sabes si vas a volver a casa vivo, muerto o herido. Nos califican de terrorismo urbano y de vándalos, pero no somos personas que hagamos mal a nuestro país. Amamos a nuestro país, y por eso salimos a protestar, porque es nuestro derecho y queremos que se respete.
En esta gira, ¿cuál es el papel que pedís que desempeñe tanto el Gobierno de España como las autoridades europeas en relación a esta vulneración de derechos?
Mario: Pedimos a España que nos apoye para encontrar esta justicia, y que no se vuelva a repetir nunca más algo así en nuestro país.
Yovanna: Sí, que puedan presionar al Gobierno, a los congresistas y quien lleva estos casos en Perú. Que esto no quede en Perú, que se sepa en todo el mundo. Porque cuando la presidenta Dina Boluarte tiene esa facilidad de viajar a cualquier lugar con sus ministros, ella dice que en el Perú no pasó nada y que Perú está en paz. ¿Acaso no pasó nada cuando hubo 50 personas muertos, 1.500 heridas, y aún hoy sigue la represión?
