Las autoridades iraníes desactivaron deliberadamente el acceso a Internet durante las protestas que estallaron en todo el país en noviembre de 2019, para de esa manera ocultar la auténtica magnitud de los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad. Así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Cuando se cumple un año de la jornada más letal de las protestas, Amnistía Internacional ha lanzado un nuevo micrositio, A web of impunity: The killings Iran’s internet shutdown hid, en el que documenta cómo se ocultó al mundo la letal represión que causó la muerte de al menos 304 personas.
“Cuando el pasado noviembre empezaron a llegar noticias de Irán sobre la mortífera represión, el mundo se quedó conmocionado por la brutal violencia de las fuerzas de seguridad. Las autoridades bloquearon deliberadamente el acceso a Internet en Irán para ocultar la verdadera magnitud de las terribles violaciones de derechos humanos que estaban cometiendo en todo el país”, ha manifestado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El gobierno pensó que podía silenciar a la población dejando al país sin conexión a Internet, pero el pueblo iraní estaba decidido a contar la verdad al mundo. Nuestro nuevo sitio web es un tributo al valor de todas las personas que capturaron con una cámara las escenas de violencia que las autoridades querían ocultar.”
El micrositio es el resultado de una investigación conjunta de Amnistía Internacional y la Escuela Hertie, en asociación con el proyecto IODA sobre la detección y análisis de los cortes de Internet. En él se presentan más de 100 vídeos verificados procedentes de 31 ciudades y se expone el uso reiterado de armas de fuego, cañones de agua y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad iraníes contra transeúntes y manifestantes desarmados.
Hasta la fecha, nadie ha sido investigado penalmente ni ha rendido cuentas por los homicidios. Amnistía Internacional pide una vez más a los Estados Miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ordenen una investigación sobre los homicidios ilegítimos para garantizar que los responsables de ordenarlos, planearlos y ejecutarlos responden ante la justicia en juicios justos.
Represión de las protestas y bloqueo de Internet
El 15 de noviembre de 2019 estallaron protestas en todo el país, después de que el gobierno anunciara una subida importante del precio del combustible. En las protestas que tuvieron lugar durante los cinco días siguientes, las fuerzas de seguridad mataron al menos a 304 hombres, mujeres, niños y niñas. La mayoría de las víctimas murieron por disparos en la cabeza o el torso, lo que indica que las fuerzas de seguridad dispararon a matar. Se cree que el número real de muertes es mucho mayor pero, debido a los esfuerzos de las autoridades iraníes para encubrirlas, la cifra real quizá no se conozca nunca.
El 16 de noviembre, las autoridades empezaron a cerrar el acceso a Internet en el país. La investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional ha demostrado que además ese fue el día más mortal de las protestas, con al menos 100 manifestantes y transeúntes muertos.
Conforme se intensificaban las protestas, las autoridades de Irán impusieron un bloqueo casi total de Internet y ordenaron a diferentes proveedores de servicios de Internet que desactivaran el acceso a la red. IODA observó pérdidas constantes en la conectividad, que empezaron hacia las dos de la tarde, hora local, del 16 de noviembre, cuando se ordenó a los operadores de telefonía móvil que desactivaran el servicio. A las siete de la tarde, Irán había caído en una tiniebla digital.
El tráfico nacional en Internet se mantuvo para permitir que ciertas actividades, como los servicios gubernamentales y bancarios, pudieran continuar, y minimizar así las pérdidas financieras en la economía del país. La conexión a Internet no se empezó a recuperar hasta unos cinco días más tarde, hacia las diez de la mañana del 21 de noviembre. No se restableció por completo hasta el 27 de noviembre.
Cierres de Internet y derechos humanos
Los cierres de Internet ocurren cuando un Estado u otro actor interrumpe intencionadamente el acceso a Internet de un sector específico de la población o en una región concreta. El bloqueo puede adoptar formas diversas. Las autoridades pueden reducir la velocidad de Internet para dificultar el acceso a la red, o pueden ordenar a los proveedores de servicios de Internet su cierre total.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha declarado que los “Estados…no deben [...] bloquear o dificultar la conexión a Internet en relación con las reuniones pacíficas”. Sin embargo, en los últimos años muchos Estados han utilizado cada vez más el cierre de Internet como herramienta para sofocar o silenciar la disidencia, en particular cuando se enfrentan a protestas o levantamientos.
Desde las protestas de noviembre de 2019, el acceso a Internet en Irán se ha interrumpido en varias ocasiones coincidiendo con nuevas protestas. El derecho internacional de los derechos humanos protege la organización de protestas pacíficas, la crítica abierta contra las políticas del Estado y la documentación de violaciones de derechos humanos, actividades que dependen en gran medida de la capacidad de acceder a Internet.
Hoy, Amnistía Internacional también se une a la coalición #KeepItOn, una asociación de más de 220 organizaciones que hacen campaña contra los cierres de Internet.
“El acceso a Internet es esencial para proteger los derechos humanos, especialmente cuando hay protestas. Las autoridades iraníes deben comprometerse a no dejar nunca más al país sin conexión, y deben respetar el derecho de manifestación pacífica”, ha declarado Sam Dubberley, director del proyecto Evidence Lab del Programa de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.
Destapar los homicidios ocultos
Amnistía Internacional documentó por primera vez el uso de fuerza letal contra manifestantes en los días que siguieron al inicio de la represión, y detalló la muerte de al menos 304 personas en una investigación que publicó en mayo de 2020.
La organización ha verificado las muertes recopilando indicios a partir de vídeos y fotografías, certificados de defunción y enterramiento, y relatos de testigos presenciales y de familiares, amistades y personas conocidas de las víctimas sobre el terreno, así como información recogida por activistas de derechos humanos y periodistas.
Según nuevas investigaciones llevadas a cabo por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional, en la gran mayoría de los casos en todo el país no había indicios de que los manifestantes representaran una amenaza inminente para la vida o un peligro de causar lesiones graves. En este sentido, el uso intencionadamente letal de armas de fuego por parte de las autoridades estaba totalmente injustificado y era ilegítimo.
En el micrositio, Amnistía Internacional ha publicado datos clave que ha recopilado, como fotos de las víctimas y detalles sobre la causa y el lugar de sus muertes, que pueden descargarse en inglés y en farsi.
Amnistía Internacional pide de nuevo a las autoridades iraníes que garanticen que se llevan a cabo investigaciones penales independientes e imparciales sobre todas las muertes ocurridas durante las protestas de noviembre de 2019, como primer paso para acabar con la impunidad.
