El nuevo gobierno del primer ministro iraquí Mohammed Shia’ al Sudani debe romper con las deficiencias de los gobiernos anteriores respecto a la justicia, la verdad y la reparación, y debe abordar las violaciones de derechos humanos generalizadas cometidas en Irak. Así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional en una carta abierta.
El primer ministro se ha comprometido públicamente al menos en dos ocasiones a proteger las libertades públicas y los derechos humanos. Sin embargo, cuando aún no han transcurrido varios meses desde que su gobierno ocupara el poder, el Ministerio del Interior ha establecido nuevos mecanismos para vigilar los “contenidos indecentes” en las redes sociales, lo que ya ha dado lugar a que los tribunales condenen a prisión a seis personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
La organización ha instado al gobierno a garantizar un progreso significativo en el proceso paralizado de rendición de cuentas por la represión de las protestas en 2019 y a priorizar cuestiones largamente demoradas como el acceso de las personas desplazadas al sustento, la violencia de género y la imposición de condenas a muerte tras juicios injustos.
“Lo que realmente mide el compromiso de un gobierno para con los derechos humanos no son las promesas que formula, sino las acciones que emprende. La población de Irak se merece más que una retórica hueca y un círculo interminable de abusos”, ha manifestado Aya Majzoub, directora adjunta para Oriente Medio y el Norte de África.
“Es una señal preocupante que, después de tan sólo unos meses en el cargo, el gobierno de Al Sudani haya iniciado una campaña para reprimir los ‘contenidos indecentes’ en la web, y con ello haya provocado el procesamiento de personas que han publicado vídeos inofensivos de ellas mismas bailando y haciendo bromas. Mientras tanto, los responsables de delitos graves tales como secuestros, tortura y homicidios cometidos en el contexto de las protestas de octubre de 2019 aún no han comparecido ante la justicia.”
Represión del derecho a la libertad de expresión
En enero de 2023, el Ministerio del Interior estableció un comité para vigilar lo que considera contenidos “indecentes” en las redes sociales y remitir a personas para ser procesadas en virtud de artículos del Código Penal que tipifican como delito actos de “indecencia pública”. También estableció “Balgh” (denuncia, en árabe), una plataforma donde la gente puede denunciar contenido de las redes sociales que “viola la moral pública, contiene mensajes negativos e indecentes y socava la estabilidad social”.
El comité ha remitido al menos 16 casos para ser investigados penalmente por las autoridades judiciales, algunos de ellos procedentes de la plataforma “Balgh”. Los tribunales de lo penal ya han condenado a prisión a seis personas por sus publicaciones en redes sociales, y están investigando a otras ocho. La AFP ha informado de que algunas de las personas procesadas eran conocidas por crear contenido relacionado con música y comedia.
Los tribunales de lo penal siguen procesando a personas por expresar opiniones políticas críticas. El 5 de diciembre de 2022, un tribunal de lo penal de Bagdad condenó a Haidar al-Zaidi, de 20 años, a tres años de prisión por un tuit que criticaba al fallecido subcomandante de las Unidades de Movilización Popular. Al-Zaidi fue condenado en virtud del artículo 226 del Código Penal, que castiga con siete años de cárcel o una multa todo “insulto a la Asamblea Nacional o al gobierno o a los tribunales o a las fuerzas armadas o a cualquier otro órgano constitucional o a las autoridades públicas o a agencias o departamentos oficiales o semioficiales”.
Al-Zaidi negó haber publicado el tuit. La detención de Al-Zaidi en diciembre provocó manifestaciones en Nasiriya, gobernación de Dhi Qar, en las que la policía antidisturbios disparó munición real contra la multitud y mató a tres manifestantes. Desde entonces, Al-Zaidi ha sido liberado y los cargos en su contra han sido retirados después de que las Unidades de Movilización Popular retiraran la denuncia contra él, tras una reunión entre un miembro de las Unidades y la familia de Al-Zaidi.
Priorizar la justicia, la verdad y la reparación
Durante el movimiento de protesta que comenzó en octubre de 2019, Amnistía Internacional documentó una oleada de mortales violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad iraquíes, incluidas facciones de las Unidades de Movilización Popular. Esta brutal represión, que abarcó los meses de lo que se conoce como las protestas de “Tishreen”, se saldó con cientos de muertes y miles de personas heridas, a causa de prácticas que incluían los homicidios selectivos y la tortura. Mientras tanto, las personas que sobrevivieron y las familias que buscan justicia han sufrido ataques e intimidación, por lo que algunas han huido al extranjero.
Hasta el momento no ha habido anuncios públicos sobre los resultados de los numerosos comités creados para investigar violaciones de derechos humanos.
El 15 de febrero, el primer ministro Al-Sudani dirigió la aceleración de las investigaciones sobre “los sucesos que acompañaron las manifestaciones de octubre de 2019”. Amnistía Internacional pide al primer ministro que garantice que se realice un progreso significativo en los procedimientos de rendición de cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar hace casi tres años, y que los responsables de los abusos comparezcan sin demora ante la justicia.
Abordar la violencia de género
La violencia de género es un largo motivo de preocupación en Irak, donde las organizaciones de derechos de las mujeres del país documentan frecuentemente los denominados “homicidios por motivos de honor” y otros actos de violencia de género. El reciente asesinato de Tiba Ali, de 22 años, a manos de su padre en enero puso de manifiesto la urgente necesidad de que Irak dé prioridad a las acciones contra la violencia de género, lo cual incluye aprobar una ley sobre la violencia intrafamiliar que sea conforme con las normas internacionales.
Desplazadas, abandonadas y olvidadas
Las personas desplazadas en Irak se enfrentan a numerosas dificultades, incluidas detenciones arbitrarias, la falta de oportunidades de ganarse la vida y obstáculos para obtener documentación básica. Entre 2020 y 2021, el Ministerio de Migración y Desplazamiento cerró apresuradamente campos de personas internamente desplazadas, a pesar de las graves dificultades para que estas personas regresaran sin peligro a sus casas. Estas personas siguen corriendo peligro de ser detenidas arbitrariamente y sufrir otro tipo de acoso por parte de agentes armados y fuerzas de seguridad, así como falta de oportunidades de ganarse la vida y obstáculos para obtener la documentación civil básica necesaria para circular libremente y para acceder a muchos servicios esenciales.
Amnistía Internacional pide al gobierno que ponga fin a esta discriminación y garantice el retorno seguro de todas las personas desplazadas, incluidas las repatriadas desde el noreste de Siria.
Juicios injustos y condenas a muerte
Se siguen dictando condenas a muerte: al menos 20 personas han sido condenadas a la pena capital desde que el gobierno de Al-Sudani ocupó su cargo.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método de ejecución utilizado por el Estado. La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.
“El primer ministro tiene la oportunidad de poner fin a la brutal práctica de Irak de condenar a personas a muerte, a menudo tras juicios injustos, anunciando una moratoria de todas las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte en su totalidad”, ha manifestado Aya Majzoub.
