Ante la celebración, este fin de semana, de la cumbre del G-7, durante la que se espera que las autoridades intensifiquen innecesariamente las medidas policiales y judiciales, incluido el despliegue sin precedente de personal judicial, Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Francia, ha manifestado:
“Cuando miles de manifestantes se preparan para echarse a la calle este fin de semana, la presencia anunciada de más de 13.000 agentes de policía, la fuerte restricción de las reuniones públicas y el aumento de las medidas judiciales para detener y procesar a participantes en las protestas son motivo de gran preocupación.
“La apresurada colocación de celdas prefabricadas ante los juzgados de Bayona y la llegada de decenas de fiscales y jueces más son señal de que podrían producirse detenciones masivas indiscriminadas y condenas por vía rápida.
“Aunque las autoridades tienen el deber de garantizar el orden público, están también obligadas a facilitar la celebración de reuniones pacíficas. Deben evitar tomar duras medidas de orden público como las observadas en manifestaciones recientes. No deben aplicar leyes draconianas para procesar a personas por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente.”
Información complementaria
Amnistía Internacional ha sabido a se ha vaciado un centro de reclusión de migrantes de Hendaya para utilizarlo como lugar de detención. Tiene 100 salas de detención, según el Colegio de Abogados de Bayona.
Se han levantado edificios prefabricados para juicios rápidos y se ha llevado a decenas de fiscales y jueces.
Hay una protesta prevista para el 24 de agosto en Hendaya, a 30 kilómetros de Biarritz. Para el 25 de agosto se han planeado varios actos pacíficos de desobediencia civil en una zona próxima, donde las autoridades han anunciado que no se permitirán las reuniones públicas. Estas protestas atraerán a diversos grupos, incluidos los Gilets Jaunes (“chalecos amarillos”) y activistas contra el cambio climático.
No deben utilizarse balas de goma ni granadas instantáneas de gas lacrimógeno para controlar las protestas, dados los centenares de lesiones que estas armas han causado en los últimos nueve meses.
