En los últimos seis meses, las autoridades saudíes han intensificado descaradamente la persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos y disidentes, y han incrementado las ejecuciones, tras la interrupción de los enjuiciamientos de activistas y el acusado descenso del uso de la pena de muerte durante la presidencia saudí del G20 el año pasado, según ha declarado Amnistía Internacional en un nuevo documento publicado hoy.
Arabia Saudí: Represión de la libertad de expresión tras la presidencia del G20documenta cómo, una vez traspasada la presidencia del G20, las autoridades de Arabia Saudí han procesado o condenado a por lo menos 13 personas, o bien han ratificado sus condenas en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado. Después de que se produjera una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en 2020, al menos 40 personas han sido condenadas a muerte de enero a julio de 2021, más que en todo 2020.
“Tan pronto como se desvaneció la atención sobre Arabia Saudí por el G20, las autoridades reanudaron su despiadada persecución a quienes se atreven a expresar sus opiniones libremente o criticar al gobierno. En uno de los casos, el Tribunal Penal Especializado impuso a un trabajador humanitario la exorbitante condena de 20 años de prisión por un simple tuit en el que criticaba las políticas económicas”, ha declarado Lynn Maalouf, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“El breve respiro en términos de represión coincidiendo con la presidencia saudí de la cumbre del G20 del pasado noviembre indica que las ilusiones de reforma no eran más que una campaña de relaciones públicas.”
En febrero de 2021, el príncipe heredero Mohammed bin Salman prometió que Arabia Saudí adoptaría nuevas leyes y reformaría las actuales para “apuntalar los principios de la justicia, imponer la transparencia” y “proteger los derechos humanos”. El príncipe anunció planes para cuatro leyes fundamentales: una Ley sobre el Estado Civil, una Ley de Transacciones Civiles, un Código Penal de Sentencias Discrecionales y una Ley de Sistema Probatorio. Sin embargo, las autoridades todavía no han publicado ninguna información acerca de la materialización de dichas promesas de reforma.
Por el contrario, en lugar de mostrar cualquier avance en materia de derechos humanos, el Tribunal Penal Especializado —tristemente famoso tribunal antiterrorista del país— reanudó los juicios, con la consecuente imposición de penas de prisión en juicios manifiestamente injustos. En al menos tres casos, personas que ya habían cumplido largas penas de prisión por su activismo pacífico fueron arrestadas y condenadas otra vez en nuevas causas o vieron aumentadas sus condenas. En junio de 2021, un joven de la minoría chií fue ejecutado tras la ratificación de una condena a muerte dictada tres años antes en un juicio manifiestamente injusto.
Los juicios ante el Tribunal Penal Especializado son intrínsecamente injustos y las personas acusadas están sometidas a procedimientos deficientes que violan tanto las leyes saudíes como el derecho internacional. En muchos casos, las personas acusadas permanecen recluidas en régimen de incomunicación y aislamiento durante meses y se les niega el acceso a asistencia letrada. El Tribunal impone sistemáticamente a las personas acusadas condenas a largas penas de prisión e, incluso, a la pena de muerte, en sentencias basadas en “confesiones” obtenidas a través de tortura.
En abril de 2021, el Tribunal condenó al trabajador humanitario Abdulrahman al Sadhan a 20 años de prisión y a 20 años más sin poder viajar, por sus opiniones satíricas publicadas en Twitter sobre las políticas del gobierno. Los cargos se basaron en disposiciones antiterroristas imprecisas, algunas de las cuales penalizan la libertad de expresión pacífica.
Otro ejemplo de la actuación del Tribunal es la condena de la activista de derechos humanos Israa al Ghomgham, en febrero de 2021, a ocho años de prisión y a ocho años de prohibición de viajar por cargos relacionados con su activismo y participación pacíficos en protestas antigubernamentales.
Mohammad al Rabiah, que había sido detenido en mayo de 2018 por su apoyo a la campaña a favor del derecho de las mujeres a conducir en Arabia Saudí, fue condenado en abril de 2021 por el Tribunal a seis años de prisión, más otros seis sin poder viajar. Los cargos contra él incluían: “tratar de perturbar la cohesión social y de debilitar la unidad nacional” y “escribir y publicar un libro con opiniones sospechosas”.
Incluso los defensores y defensoras de los derechos humanos que fueron puestos en libertad siguen enfrentándose a prohibiciones de viajar y prohibiciones de uso de las redes sociales impuestas por el Tribunal. La tan esperada liberación en 2021 de las destacadas defensoras de los derechos humanos Loujain al Hathloul, Nassima al Sada y Samar Badawi se vio empañada por restrictivas medidas, entre ellas, la prohibición de viajar durante cinco años y la posibilidad de ser arrestadas de nuevo en cualquier momento, ya que sus condenas, a pesar de haberse suspendido, no se han anulado.
Además, se obliga a todas las personas defensoras de los derechos humanos que quedan en libertad tras haber cumplido sus penas de prisión a firmar compromisos que suelen consistir, entre otros, en la prohibición de hablar en público, de realizar labores de derechos humanos o de usar las redes sociales. Estas medidas son una violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.
En 2020, hubo una reducción del 85% en el número de ejecuciones registradas en Arabia Saudí. Inmediatamente después de terminar la presidencia saudí del G20, se reanudaron las ejecuciones, con 9 personas ejecutadas sólo en diciembre de 2020. Entre enero y julio de 2021, al menos 40 personas fueron ejecutadas, más de las 27 de todo el año 2020. En muchos casos, las ejecuciones tuvieron lugar tras sentencias condenatorias en juicios manifiestamente injustos, ensombrecidos por denuncias de tortura durante la detención previa al juicio para obtener “confesiones” forzadas, cuya investigación la fiscalía obvió sistemáticamente.
En junio de 2021, Mustafa Darwish, un joven saudí de la minoría chií, fue ejecutado a raíz de la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Penal Especializado en 2018 por una serie de delitos relacionados con el terrorismo, en un juicio manifiestamente injusto. En una de las sesiones del juicio oral, declaró ante el juez lo siguiente: “Me amenazaron, me pegaron y me torturaron para obtener una confesión [...]. Confesé porque temía por mi vida”.
Los planes de Arabia Saudí de llevar a cabo reformas legislativas y en materia de derechos humanos no significan nada mientras continúen las ejecuciones, los juicios injustos y el castigo incesante de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y periodistas. “Instamos al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer un mecanismo de observación y presentación de informes sobre la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí”, ha declarado Lynn Maalouf.
“Si las autoridades saudíes quieren mostrar al mundo que están de verdad dispuestas a respetar los derechos humanos, un primer paso sería liberar de inmediato y sin condiciones a todos los defensores y defensoras de los derechos humanos que permanecen en reclusión simplemente por ejercer pacíficamente sus derechos humanos, y garantizar que se anulan sus condenas y se levantan todas las demás sanciones.”
Según las investigaciones de Amnistía Internacional, al menos 39 personas permanecen actualmente entre rejas por su activismo, su labor de derechos humanos o sus manifestaciones verbales discrepantes en Arabia Saudí.
