“Es la Supercopa de la igualdad”. Con estas palabras presentó en 2019 el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, la primera edición que se celebraría en Arabia Saudí, en una controvertida decisión que el mandatario del fútbol español justificó en “la oportunidad de cambiar cosas” en el país saudí.
Dos años después, Amnistía Internacional denuncia la continuación de graves violaciones de derechos humanos en este país, en particular hacia las mujeres y las personas LGTBI, por lo que envió la semana pasada, tanto a la Federación como a los cuatro clubes que disputarán este torneo, unos brazaletes de color violeta con la propuesta de que los usen en sus partidos y en cualquier comparecencia pública.
Amnistía Internacional señala que el breve respiro de la represión que se vivió en Arabia Saudí durante su presidencia del G-20 se desvaneció al acabar la cumbre, lo que demuestra que dichos avances respondían más a una campaña de relaciones públicas que a la voluntad de sus autoridades, en particular del príncipe heredero Mohammed bin Salman, de llevar a cabo reformas reales. En este sentido, se ha vuelto a silenciar a todo aquel que se atreva a criticar al régimen saudí, las mujeres siguen sufriendo una discriminación legitimada por leyes y jueces, se han retomado las ejecuciones, y su participación en el conflicto de Yemen contribuye a matanzas de población civil que constituirían crímenes de guerra.
“Si bien en estos tres últimos años hemos sido testigos de algunos avances, como el levantamiento de la prohibición de conducir o la posibilidad de practicar deporte, incluida la creación de una Liga femenina, por desgracia, las buenas palabras del presidente Rubiales en 2019 están muy lejos de haberse convertido en realidad en Arabia Saudí. Es un hecho que defender la igualdad en ese país es algo muy arriesgado para las mujeres, como demuestran las condenas impuestas a mujeres activistas como Loujain al-Hathloul o Nassima al-Sada. Por eso, sea con este brazalete violeta que les proponemos, o de la forma que ellos consideren, pedimos que esta edición de la Supercopa destaque el importante papel de las mujeres activistas saudíes, en un país donde defender la igualdad puede conllevar largas penas de prisión, prohibición de salir del país o hablar con medios extranjeros”, lamentó el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Amnistía Internacional lleva años denunciando que países como Arabia Saudí intentan blanquear su atroz historial en derechos humanos con la organización de grandes eventos deportivos. “El hecho de que la RFEF haya decidido colaborar en este “lavado de imagen” de las autoridades saudíes y que esté dispuesta a que la Supercopa se España se juegue en este país hasta 2029 supone un desprestigio para este torneo y para todo el fútbol español”, declaró Beltrán.
“Hace unas semanas el mundo del deporte se indignaba a raíz de la prohibición expresa de las muestras de afecto entre las personas homosexuales que asistan al próximo Mundial de Qatar. Pues bien, tampoco veremos muchas en esta Supercopa, ya que en el país donde se juega, la homosexualidad se castiga con penas de cárcel y el adulterio conlleva incluso penas de flagelación”, denunció Beltrán. “No pedimos a los equipos que no jueguen en Arabia Saudí, ni a las aficiones que no sigan este torneo, pero sí confiamos en que un gesto de solidaridad hacia quienes sufren una represión día a día en el país pueda visibilizar y denunciar su precaria situación”, concluyó.
Palabras frente hechos
Tanto la RFEF como los cuatro equipos participantes han expresado su compromiso en defensa de los derechos humanos. En concreto, la RFEF ha declarado como “la mujer, junto a la buena gobernanza, la modernización y la transparencia constituyen un pilar fundamental en su trabajo, así como su compromiso de liderar desde la Federación la lucha contra la discriminación y de defender y proteger a la mujer y a los menores en el fútbol”.
El Athletic Club, establece en su Código Ético cómo “todos y cada uno de los miembros que integran el Athletic Club están obligados a guardar un respeto escrupuloso a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948”.
Por su parte, el Código Ético del F.C. Barcelona afirma el compromiso del club con “los derechos humanos […] así como a llevar a cabo procesos de diligencia debida en sus propias actividades y en las que guarden relación directa con sus operaciones, productos y servicios prestados”.
También el Real Madrid señala, en su Informe de Responsabilidad Corporativa 2019/2020 su interés en “contribuir a actividades comunitarias que reflejen el compromiso del Real Madrid con los Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación, la violencia y la desigualdad”. Además, el club blanco ha sido el primer equipo de fútbol en adherirse al Pacto Mundial, una iniciativa de Naciones Unidas en la que el sector privado se alinea con diez principios que incluyen el apoyo y respeto a los derechos humanos en su ámbito de influencia.
Por último, el Atlético de Madrid anunció que ha puesto en marcha un plan de Responsabilidad Social Corporativa de tres años, en el que se incluye un apartado sobre el respeto de los derechos humanos.
Según Esteban Beltrán, director de Amnistía en España, “todas estas declaraciones, estatutos y códigos éticos no deberían quedarse simplemente en el papel. El mundo del fútbol tiene una responsabilidad que va más allá de lo deportivo. No solo la Federación Española, también los equipos participantes deben aprovechar su participación en la Supercopa para elevar la voz sobre la situación de derechos humanos en Arabia Saudí y así ser consecuentes con sus propios códigos éticos, estatutos, etc.”
Información complementaria
Esta es la situación de los derechos humanos en Arabia Saudí en relación a los siguientes temas.
Mujeres. La discriminación de las mujeres y niñas es continua, tanto en la ley como en la práctica. El sistema de tutela masculina sigue limitando sus vidas en aspectos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos o la herencia. Además, continúan sin recibir la ayuda suficiente sin son víctimas de violencia sexual u otras agresiones. Si bien activistas que en 2019 estaban encarceladas, como Loujain al Hathloul, Nassima al Sada o Samar Badawi, fueron liberadas en 2021, actualmente continúan bajo restrictivas medidas como por ejemplo, la prohibición de salir del país durante cinco años, hablar con medios extranjeros, así como la posibilidad de ser detenidas en cualquier momento, ya que sus condenas solo se han suspendido, no anulado.
LGTBI. La agencia de seguridad de Arabia Saudí clasificó a finales de 2019 la homosexualidad como “idea extremista”, por lo que podría castigarse con prisión. Además, el presidente del Consejo de Altos Estudios de Arabia Saudí dijo el pasado mes de diciembre que "el crimen de la homosexualidad es uno de los más atroces y feos".
Pena de muerte. En 2020 se produjo una reducción del 85% en el número de ejecuciones respecto al periodo anterior. Sin embargo, en 2021 las ejecuciones volvieron a aumentar, y solo entre enero y julio de 2021, al menos 40 personas fueron ejecutadas, superando las 27 ejecuciones en el año 2020. El 15 de junio de 2020, las autoridades saudíes ejecutaron a Mustafa al Darwish, un joven que había sido detenido en 2015 por su supuesta participación en unas protestas contra el gobierno en la Provincia Oriental, y tras un juicio claramente injusto que incluyó confesiones extraídas bajo tortura.
Libertad de expresión. La libertad de expresión, de reunión y de movimiento en Arabia Saudí son una quimera. Amnistía Internacional ha documentado al menos 39 casos de personas que permanecen actualmente en prisión por su activismo, su defensa de los derechos humanos o sus críticas al gobierno saudí. En uno de estos casos, el Tribunal condenó a un trabajador humanitario, Abdulrahman al Sadhan, a 20 años de prisión por un tuit satírico en el que criticaba las políticas gubernamentales. Mientras que el activista Israa al Ghomgham fue condenado a ocho años de cárcel y ocho años de prohibición de viajar por participar en protestas pacíficas contra el gobierno. En este sentido, según Reporteros Sin Fronteras, Arabia Saudí fue en 2021 el quinto país del mundo con más periodistas encarcelados (31).
Yemen. Más de cuatro millones de personas se han visto desplazadas internamente debido a un conflicto que ya dura siete años y que, según datos de Naciones Unidas, se habrá cobrado a finales de este año más de 377.000 víctimas directas o indirectas. Los ataques indiscriminados e ilegítimos en los que ha participado el ejército saudí han matado o herido a civiles, han destruido viviendas, y centros médicos, entre otras instalaciones civiles. Estos ataques y la obstrucción simultánea de la ayuda humanitaria han agravado la propagación de la pandemia y la pobreza. El país se enfrenta a una hambruna inminente a gran escala, y se calcula que más de 16 millones de yemeníes sufren inseguridad alimentaria.
Jamal Kashoggi. En septiembre de 2020, ocho hombres recibieron una condena definitiva por el brutal asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía en 2018. El Tribunal Penal de Riad conmutó cinco penas de muerte impuestas inicialmente y condenó a los ocho acusados a entre siete y 20 años de cárcel. Las autoridades permitieron la asistencia de personal diplomático al juicio, pero lo mantuvieron cerrado a medios de comunicación y observadores independientes. Además, no se reveló la identidad de los procesados ni los cargos a los que se enfrentaban. Por ello, Amnistía Internacional ha pedido insistentemente que se abra una investigación internacional, independiente e imparcial, en la que se identifique a todas las personas involucradas, cualquiera que sea su rango o posición, a fin de garantizar que los responsables del homicidio de Jamal Khashoggi responden ante la justicia.
Más información sobre Arabia Saudí
Arabia Saudí en el Informe Anual de Amnistía Internacional 2020/21.
