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Senegal

Información extraída de nuestro INFORME 2020/21

Se modificó el Código Penal con objeto de aumentar las condenas para quienes cometieran abusos sexuales contra menores de edad y actos de violación. La policía usó fuerza excesiva. Hubo protestas de población reclusa en relación con las deficientes condiciones sanitarias, y amenazas de profesionales de la salud con convocar huelgas por los recursos insuficientes. Había comunidades en peligro de sufrir desalojos forzosos. Se registró un rebrote de la violencia en el conflicto de Casamancia.

Información general

En enero se modificó el Código Penal con objeto de penalizar los abusos sexuales contra menores de edad y los actos de violación y aumentar las condenas para ambos delitos.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno introdujo en marzo legislación sobre el estado de excepción que le otorgaba amplios poderes para gobernar sin supervisión parlamentaria. La mayoría de las medidas restrictivas se levantaron en junio, incluido el toque de queda de ámbito nacional.

El partido gobernante, la oposición y organizaciones de la sociedad civil se unieron en la Comisión Política para el Diálogo Nacional para debatir sobre reformas relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

La violencia reapareció en la región de Casamancia, donde se llevaron a cabo varios ataques contra posiciones militares y homicidios selectivos.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para mantener el orden público.

En enero, un hombre murió bajo custodia policial en la ciudad de Fatick tras ser presuntamente golpeado por la policía. La autopsia, que reveló que había muerto por “causas naturales”, dio lugar a protestas violentas. Las autoridades abrieron entonces una investigación sobre tres agentes de policía presuntamente responsables.

En mayo, la gendarmería utilizó gas lacrimógeno durante una conferencia de prensa de jóvenes convocada en Cabo Skirring para poner de relieve la falta de agua apta para el consumo en la localidad. Al menos dos participantes resultaron gravemente heridos.

En junio, cuatro manifestantes resultaron heridos cuando la policía dispersó violentamente la manifestación en la que participaban contra la demolición en 2013 de sus viviendas en el suburbio de Gadaye, en la capital (Dakar).

Libertad de expresión y de reunión

En junio, la policía arrestó a Assane Diouf tras criticar éste al gobierno en un videodebate en directo. El hombre permanecía detenido por cargos como incitar a una concentración armada y proferir insultos públicos a través de Internet.

En agosto, miembros de la organización religiosa Dahiratoul Moustarchidine wal Moustarchidati saquearon la oficina del periódico Les Échos tras afirmar este medio que el líder de la organización había contraído la COVID-19. Se detuvo a seis sospechosos .

En septiembre, Adja Ndiaye, periodista que trabajaba para Dakaractu, fue insultada y agredida por agentes de policía en Dakar mientras realizaba un reportaje. A causa de la agresión, sufrió lesiones en el cuello y en la espalda y su cámara también resultó dañada.

Derecho a la salud

Profesionales de la salud

En junio, el Sindicato Autónomo de Médicos, Farmacéuticos y Cirujanos-Dentistas de Senegal (SAMES) amenazó con convocar una huelga por el inadecuado suministro de equipos de protección individual y otros recursos para gestionar la pandemia de COVID-19, y profesionales médicos que trabajaban en primera línea amenazaron con ir a la huelga por el impago de salarios y las deficientes condiciones de trabajo.

Condiciones de reclusión

Los centros de detención estaban abarrotados y los riesgos para la salud de la población reclusa se agravaron a causa de la COVID-19. En octubre había 10.804 personas privadas de libertad, de las que 5.052 estaban detenidas en espera de juicio. Entre marzo y septiembre, el gobierno puso en libertad a 3.731 personas presas en respuesta a la pandemia de COVID-19.

La muerte por COVID-19 de dos detenidos en la prisión de Thiès dio lugar a huelgas de hambre de la población reclusa para pedir pruebas de detección masivas. Al menos seis personas murieron, al parecer a causa de las deficientes condiciones de reclusión bajo custodia policial y en las prisiones de Thiès y Diourbel.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Se sometió a activistas LGBTI a campañas difamatorias y amenazas de muerte. En virtud del Código Penal, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo eran punibles con hasta cinco años de prisión. En octubre, 25 hombres y niños fueron arrestados en una fiesta privada en Dakar, acusados de “actos contra natura” y detenidos. El 6 de noviembre, un tribunal de Dakar condenó a dos de los hombres inculpados a seis meses de prisión, y a otros cinco a tres meses. El resto, incluidos los que eran menores de edad, fueron absueltos.

Derechos de la infancia

Un anteproyecto de ley para regular las escuelas coránicas aguardaba la aprobación del Parlamento. Según informes, 12 estudiantes de estos centros fueron torturados y sufrieron otros malos tratos a manos de sus maestros. En febrero, un niño de 13 años murió a causa de los golpes que le propinó su maestro en la ciudad de Louga. En marzo, el Tribunal de lo Penal de Dakar condenó a un maestro coránico 10 años de prisión por “agresión y golpes y heridas a una persona menor de 13 años”, y otro miembro del personal fue condenado a 5 años de cárcel por no ayudar a la víctima.

En respuesta a la pandemia de COVID-19, el gobierno afirmó que había sacado a 2.015 niños y niñas de las calles, había devuelto a 1.424 de ellos a sus familias y había ingresado a los demás en centros gubernamentales.

Desalojos forzosos

Las comunidades rurales de la región de Thiès siguieron impugnando la amenaza de desalojo forzoso ante la invasión de sus tierras por empresas agrícolas y petroquímicas. Una comunidad agraria de la localidad de Ndingler, cerca de la ciudad de Mbour, perdió 0,75 kilómetros cuadrados de tierras comunitarias en favor de un proyecto de agronegocio. En julio, las autoridades mediaron para lograr una tregua que permitió a los agricultores un acceso limitado a sus tierras.

Los habitantes de la localidad de Tobène acusaron a una empresa petroquímica de contaminar sus tierras de cultivo y cuestionaron la decisión del gobierno de asignar seis hectáreas adicionales de tierra de labor a la empresa. Los residentes se quejaron de la oferta de indemnización de la empresa, 9 millones de francos CFA (16.110 dólares estadounidenses). En agosto, las manifestaciones se tornaron violentas y la gendarmería detuvo a 22 residentes, entre ellos el activista Ardo Gningue, quien afirmó que lo habían torturado y sometido a otros malos tratos durante su detención en la ciudad de Tivaouane.

Abusos cometidos por grupos armados

Se registró un rebrote de la violencia en Casamancia. En agosto, Hamidou Diémé, excombatiente del grupo armado Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia, murió en Diégoune (región de Ziguinchor) a manos de hombres armados no identificados. Al terminar el año no se había puesto a nadie a disposición de la justicia por el ataque.

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Jefe del Estado y del gobierno: Macky Sall

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