“El fallo del más alto tribunal de apelación de Turquía que revoca las sentencias condenatorias infundadas del presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía y otras tres personas defensoras de los derechos humanos supone un inmenso alivio, pero también pone una vez más de relieve la motivación política de los procesamientos”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
La sentencia del Tribunal de Casación sobre la declaración de culpabilidad de Taner Kılıç, İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun —4 de las 11 personas defensoras de los derechos humanos en el caso de Büyükada, que fueron halladas culpables en julio de 2020— llega más de cinco años después de su detención en el verano de 2017. La causa contra Taner Kılıç se desestimó por considerarse que se había realizado una “investigación incompleta” y se remitió de nuevo al tribunal de primera instancia.
“El fallo emitido hoy pone fin a una parodia de la justicia de proporciones superlativas. Aunque sentimos un inmenso alivio por que finalmente se han revocado las sentencias condenatorias, resulta decepcionante que el tribunal dictaminara que el caso de Taner requería seguir siendo investigado”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Durante más de cuatro años, hemos visto funcionar los engranajes de la injusticia, pues las acusaciones contra estas cuatro valientes personas que defienden los derechos humanos han sido aceptadas como hechos por sucesivas instancias judiciales. El fallo de hoy revela el verdadero propósito de estos procesamientos de motivación política: utilizar los tribunales como un arma para acallar las voces críticas.”
Taner Kılıç, abogado especializado en derechos de las personas refugiadas y presidente honorario de la sección turca de Amnistía Internacional, fue arrestado en junio de 2017 y encarcelado durante más de 14 meses. Pese a la ausencia total de pruebas, en julio de 2020 fue condenado a seis años y tres meses de prisión por “pertenencia a organización terrorista”. İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun recibieron penas de 25 meses por “ayudar a una organización terrorista” y pasaron más de tres meses en prisión en 2017.
En 12 vistas judiciales, quedó demostrado reiterada y absolutamente, incluso en el informe policial del Estado, que cada una de las acusaciones formuladas contra estas cuatro personas que ejercen el activismo en favor de los derechos humanos era infundada.
En mayo, el Tribunal Europeo reafirmó que las autoridades turcas no tenían “ninguna sospecha razonable de que Taner Kılıç h[ubiera] cometido un delito”. También concluyó que su detención previa al juicio por cargos relacionados con el terrorismo estaba “directamente relacionada con su actividad como defensor de los derechos humanos”. Esta sentencia vinculante se hizo firme en octubre.
“Si bien hoy celebramos este fallo, no olvidamos que en toda Turquía muchos defensores y defensoras de los derechos humanos se consumen en prisión, viven con temor a ser detenidos o afrontan procesamientos infundados similares”, ha declarado Agnès Callamard.
“La victoria de hoy nos dará fuerza. Seguiremos apoyando a Taner hasta el final y luchando contra la implacable restricción de los derechos humanos en Turquía, y en nombre de las personas que se niegan a ser silenciadas por las amenazas del gobierno.”
Información complementaria
Taner Kılıç y Özlem Dalkıran son miembros fundadores de Amnistía Internacional Turquía. Durante los últimos 20 años han desempeñado un papel crucial defendiendo los derechos humanos desde la organización y desde la comunidad más amplia en favor de los derechos humanos en Turquía.
En el momento de su detención, en julio de 2017, İdil Eser era directora de Amnistía Internacional Turquía. Günal Kurşun, abogado, experto en derecho penal internacional y miembro de Amnistía Internacional Turquía desde sus inicios, es un destacado defensor de los derechos humanos en el país.
Taner Kılıç fue acusado de haber descargado y utilizado la aplicación de mensajería ByLock, que según le fiscalía se empleó para comunicarse con el Movimiento Gülen, un grupo al que se responsabiliza de organizar un intento de golpe de Estado en 2016.
Sin embargo, dos análisis periciales del teléfono de Taner Kılıç encargados por Amnistía Internacional concluyeron que no había rastro de que ByLock hubiera estado instalado en el teléfono. En junio de 2018, los argumentos de la fiscalía quedaron desprovistos de toda legitimidad en el informe policial presentado al tribunal, que también concluyó que no se había encontrado ningún indicio de instalación de ByLock en el teléfono de Kılıç. Con todo, el mero hecho de descargar o utilizar una aplicación no constituiría una prueba suficiente de presuntos delitos, como concluyó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una sentencia relativa a otro demandante, sin relación con las personas acusadas en el caso de Büyükada.
İdil Eser, Özlem Dalkıran y Günal Kurşun estaban entre las 10 personas, conocidas como los 10 de Estambul, que fueron detenidas por la policía cuando asistían a un taller sobre bienestar y seguridad digital el 5 de julio de 2017 en la isla de Büyükada, en Estambul.
El 4 de octubre de 2017, un fiscal de la ciudad presentó acta de acusación formal contra los 10 de Estambul y también contra Taner Kılıç, que presuntamente conocía los preparativos del taller y estaba en contacto con dos de las personas acusadas.
En la primera vista judicial, celebrada el 26 de octubre, el juez aceptó la petición de la fiscalía de fusionar el procesamiento de Kılıç, que se había iniciado en Izmir, con el de las otras 10 personas defensoras de los derechos humanos, aunque las acusaciones formuladas contra él no tenían nada que ver con el taller y los dos casos no estaban relacionados.
Previamente, Amnistía Internacional había publicado un análisis de la causa contra Taner Kılıç y detallado más información sobre el caso en general.>
