Ante la noticia de que la policía de Moscú ha detenido a varias personas activistas y periodistas identificadas mediante reconocimiento facial como asistentes a la concentración pacífica de apoyo a Aleksei Navalny el 21 de abril, Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú, ha declarado:
“Este es un giro de los acontecimientos nuevo y sumamente inquietante. Nunca antes la policía había podido lanzar sus redes de forma tan amplia para identificar a personas que protestaban de forma pacífica y actuar contra ellas mediante el reconocimiento facial. La policía detuvo no sólo a quienes habían participado en las protestas, sino también a al menos tres periodistas que estaban simplemente informando sobre la concentración.
“Antes, el principal riesgo que corrían las personas que protestaban era que la policía las golpeara y las detuviera arbitrariamente en una concentración. Pero ahora evitar esta suerte no significa estar a salvo: el Estado represivo sabe quién eres y puede ir a buscarte en cualquier momento. El riesgo de tratar de ejercer tu derecho a la libertad de reunión pacífica nunca ha sido tan alto en Rusia.
“Reiteramos nuestra petición de que se prohíba el desarrollo y el uso de tecnologías de reconocimiento facial con fines de identificación. La persecución por las autoridades de las protestas pacíficas está llegando ya a un extremo totalmente inédito en Rusia”.
Información complementaria
En los últimos días, la policía de Moscú ha visitado el domicilio de decenas de activistas pacíficos que asistieron a la concentración de solidaridad con Aleksei Navalny el 21 de abril. Algunas de estas personas fueron detenidas inmediatamente; otras fueron citadas en una comisaría de policía para documentar su participación “ilegítima” en concentraciones pacíficas como trámite previo a una vista judicial sobre estas “infracciones”.
La mañana del 27 de abril, la policía acudió a los respectivos domicilios de Aleksei Korostelyov, reportero del canal de noticias independiente TV Dozhd; Oleg Ovcharenko, corresponsal de la emisora de radio Ekho Moskvy; y Aleksandr Rogoz, que trabaja para el diario Komsomolskaya Pravda.
Los tres fueron interrogados sobre su “participación” en la concentración de protesta, a pesar de que sus credenciales de periodista habían sido confirmadas y de que sus respectivas entidades empleadoras declararon que estaban cubriendo la manifestación “por encargo editorial”. Las personas que participan en protestas “ilegales” pueden ser condenadas a un máximo de 30 días de cárcel o el pago de una cuantiosa multa, o bien ser enjuiciadas penalmente e ir a prisión, dependiendo de los cargos concretos y de sus antecedentes de “infracciones” similares.
