“Tres proyectos de ley aprobados hoy en la primera lectura por la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma) restringen drásticamente derechos y libertades en el país con la imposición de nuevas mordazas a quienes critican al gobierno al impedirles participar en la vida pública”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Los proyectos legislativos están dirigidos contra las personas que han apoyado organizaciones de la sociedad civil y religiosas que posteriormente fueron declaradas “extremistas” o “terroristas”, y amplía el ámbito de la ley sobre organizaciones “indeseables”.
“El régimen de Vladimir Putin persigue purgar totalmente del espacio de la sociedad civil a quienes más lo critican. El principal objetivo de este ataque más reciente y especialmente osado es el movimiento que encabeza Aleksei Navalny. Tras encarcelar injustamente a su archienemigo, el Kremlin apunta ahora a todas las personas que tuvieron el valor de apoyarlo”, afirmó Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú.
Con el primer proyecto de ley, las autoridades buscan castigar el ejercicio del derecho de asociación al proscribir de la vida pública a quienes divulguen una opinión crítica sobre el gobierno y trabajen conjuntamente para producir un cambio. Según esta ley, quienes funden, dirijan, trabajen para o participen en las actividades de una organización que posteriormente sea calificada de “extremista” o “terrorista” y sea consiguientemente prohibida no podrán concurrir a las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento durante un periodo de entre tres y cinco años tras la entrada en vigor de la prohibición de la organización. Además, el proyecto legislativo prevé su aplicación retroactiva.
La Fundación Anticorrupción de Aleksei Navalny, que ya ha sido declarada “agente extranjero”, lucha ahora contra el intento de las autoridades de calificarla de “organización extremista”. Según Leonid Volkov, que dirigía la red regional de Navalny antes de su disolución en abril, podrían verse afectadas por la nueva ley hasta 200.000 personas que contribuyeron a sus iniciativas de financiación colectiva. Aunque las personas aliadas y simpatizantes de Navalny son sin duda el objetivo principal, el proyecto de ley afectará también a otros muchos grupos civiles y religiosos que son o podrían ser víctimas de ella en aplicación de las poco precisas leyes rusas “antiextremistas” y “antiterroristas”.
“Esto no es más que un intento desesperado de aniquilar todo rastro de disidencia visible. Las autoridades están dispuestas a castigar a una parte significativa de la población por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de asociación reduciendo aún más sus vías para participar efectivamente en la vida pública”, prosiguió Natalia Zviagina.
Los otros dos proyectos legislativos amplían el ámbito de la ley sobre organizaciones “indeseables” con la introducción de la prohibición de participar en sus actividades en el extranjero, la asignación de la condición de “indeseable” a las organizaciones consideradas intermediarias en transacciones financieras con las que ya han sido prohibidas y el endurecimiento de las sanciones penales. Además, proponen que exista responsabilidad penal después de sólo un procesamiento administrativo y no dos, como en la actualidad y, en algunos casos, de forma inmediata.
“Este proyecto de ley parece redactado para dirigirse a otro grupo de la oposición, Otkrytaya Rossiya (Rusia Abierta), otra red que ha logrado establecerse en el vacío político creado por el régimen de Vladimir Putin. Sus activistas y simpatizantes ya han pagado un precio elevado y ahora se jugarán mucho más”, concluyó Natalia Zviagina.
“Instamos al Parlamento ruso a que no apruebe estos proyectos legislativos. Representan una seria amenaza para los derechos humanos y deberían ser de la máxima preocupación para la sociedad rusa y la comunidad internacional”.
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