Preocupaciones de Amnistía Internacional ante la visita de Uribe a España

Madrid.- Con motivo de la visita que el presidente colombiano, Álvaro Uribe realiza a España entre los días 11 y 13 de julio, Amnistía Internacional ha expresado por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sus preocupaciones sobre la crisis de derechos humanos que se vive en ese país así como sus peticiones sobre qué medidas del actual ejecutivo colombiano no se deben apoyar. Estas preocupaciones se centran en el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación por los crímenes padecidos durante el conflicto interno que abarca más de cuatro décadas. Durante los últimos 20 años el conflicto se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran mayoría de ellas, civiles muertos fuera de combate. Más de 3 millones de personas se han convertido en desplazados internos. A lo largo del 2004 se asesinó o se hizo "desaparecer" al menos a 1.400 civiles. Aproximadamente 1.250 personas fueron secuestradas y en torno a 287.000 fueron obligadas a huir de sus hogares, una cifra superior a la del 2003. La impunidad de la que gozan los responsables de violaciones y abusos contra los derechos humanos es una piedra angular de la grave crisis de derechos humanos que sigue viviendo Colombia. Para Amnistía Internacional, esta visita supone una gran oportunidad para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para analizar con el presidente de Colombia las principales preocupaciones en materia de derechos humanos en este país y demostrar de una vez por todas que al actual ejecutivo español los derechos humanos en Colombia le preocupan: Ley de Justicia y Paz Aprobada por el Congreso el pasado 21 de junio con el objeto de regular la actual desmovilización de grupos armados ilegales, especialmente paramilitares. Durante 2004 fueron ya desmovilizados más de 2.500 paramilitares, la mayoría de los cuales se ampararon en el Decreto 128, con lo que el gobierno concedió amnistías de facto a responsables de abusos contra los derechos humanos. Además, el Decreto 2.767, permitió a los paramilitares desmovilizados "cooperar" con las fuerzas de seguridad a cambio de dinero. Amnistía Internacional ha manifestado reiteradamente que la Ley de Justicia y Paz, que establece un marco jurídico para estas desmovilizaciones, no cumple las normas internacionales sobre el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Amnistía Internacional teme que la verdadera finalidad de la Ley de Justicia y Paz sea no sólo garantizar la impunidad de los paramilitares implicados en violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, no haciendo nada para que sean sometidos a investigaciones judiciales completas e imparciales, sino también que no se identifique y no se haga rendir cuentas a quienes los patrocinan desde las fuerzas de seguridad y a los demás responsables de facilitar sus actividades ilegales. Respuestas al proceso de desmovilización Siguen sin respuesta importantes preguntas respecto al proceso de desmovilización de los paramilitares. Desde que éstos anunciaron un alto el fuego en 2002, se les ha considerado responsables de más de 2.200 homicidios y "desapariciones". Hay también claros indicios de que las estructuras paramilitares han quedado intactas tras la "desmovilización" y de que muchos paramilitares desmovilizados están siendo "reciclados", principalmente como informantes pagados del ejército. Además, Amnistía Internacional sigue documentando casos de violaciones de derechos humanos cometidos por paramilitares operando en colusión con las fuerzas armadas. Recomendaciones de la ONU Las organizaciones de derechos humanos llevamos años denunciando la falta de cumplimiento por parte del Gobierno colombiano de las recomendaciones de las Naciones Unidas. El Gobierno colombiano se ha comprometido en reiteradas ocasiones a cumplirlas y la comunidad internacional año tras año se lo exige, la última vez ha sido a través de la declaración de la presidencia del 61º periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el pasado mes de abril. La aprobación de la Ley de Justicia y Paz el 21 de junio es un mal comienzo para un gobierno que se supone se ha comprometido a cumplir dichas recomendaciones. Violencia contra las mujeres La violencia sexual contra las mujeres y niñas, incluida la violación, forma parte integrante de los 40 años de conflicto armado de Colombia, y las pruebas y testimonios desvelados por Amnistía Internacional sugieren que se trata de una práctica generalizada. La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación genital, son utilizados con frecuencia por las fuerzas de seguridad y los paramilitares como parte de sus tácticas de terror contra las comunidades a las que acusan de colaborar con grupos de guerrilla. Las mujeres afrodescendientes, las indígenas y campesinas, las que habitan en barrios marginales y las desplazadas internas corren especial peligro. El gobierno colombiano tiene la responsabilidad de prevenir y castigar la violencia contra las mujeres. Sin embargo, y pese a las repetidas recomendaciones de las Naciones Unidas y otros órganos internacionales, hay pocos indicios que sugieran que el gobierno ha tomado medidas suficientes para poner fin a estos abusos. Los grupos armados de oposición Los grupos armados de oposición son responsables de infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles. Las FARC han llevado acabo ataques utilizando armas de forma desproporcionada e indiscriminada, acarreando la muerte de numerosos civiles. Es urgente que las "fuerzas guerrilleras" y el gobierno lleguen a un acuerdo humanitario para garantizar la protección de la población civil en el conflicto.