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Orgullo 2020: Más discriminación y violencia contra el colectivo LGBTI durante la COVID-19

© REUTERS/Jonathan Ernst

  • Amnistía Internacional participará en la manifestación virtual del Orgullo LGBTI el próximo 4 de julio y anima a la ciudadanía a decorar sus balcones.
  • La organización ha puesto en marcha una ciberacción exigiendo que se deje de hostigar a activistas como Elżbieta Podleśna.

La COVID-19 está visibilizando y profundizando discriminación, violencia y otras violaciones de derechos humanos contra el colectivo LGBTI. En algunos países se impulsan medidas que pretenden invisibilizar a las personas trans, o se criminaliza al colectivo como presuntos responsables de la pandemia por parte de grupos políticos y religiosos. Todo ello dispara las alarmas ante un retroceso de los derechos de las personas LGBTI, en un año en el que no podrán celebrarse las Marchas del Orgullo.

Invisibilizar a las personas trans

En Hungría, el pasado 19 de mayo, el primer ministro, Viktor Orbán conseguía sacar adelante una ley que prohibía a las personas transgénero e intersexuales cambiar su género en el documento de identidad. Una medida que afecta a unas 30.000 personas en el país y que las expone a una mayor discriminación.

"¿Quién se atreve a usar su documento de identidad para recoger un paquete, ir al médico, solicitar un empleo, cuando apareces con un nombre que no se corresponde con tu identidad de género en un país donde ya de por sí existe un entorno intolerante y hostil contra la comunidad LGBTI? Sin duda, se trata de un grave retroceso para los derechos las personas transgénero e intersexuales ampliamente estigmatizadas en Hungría", manifestó Carlos Sanguino, responsable de diversidad sexual y de género en Amnistía Internacional España.

En numerosos países, las medidas de desescalada de la pandemia han ignorado la realidad de las personas trans. En lugares comoPerú, Colombia oPanamáse establecieron paseos en la calle días diferentes para hombres y mujeres. Las personas trans debían salir a la calle según el género que indica su documento de identidad, lo que les exponía a más discriminación, más multas, e incluso a violencia, también policial. No olvidamos el elevado número de asesinatos que sufre este colectivo. Entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2019 (últimos datos actualizados), 3314 personas trans fueron asesinadas en 74 países.

Las restricciones a la atención médica de todo aquello que no sea la COVID-19 en numerosas partes del mundo, está paralizando también procesos de transición de miles de personas trans en países, entre otros, Estados Unidos, India o Australia. Sus tratamientos hormonales permanecen en un limbo, la atención psicológica se ralentiza y las intervenciones se posponen. Todo ello impacta profundamente en la salud psicológica de estas personas.

"Los gobiernos deben garantizar que las personas LGBTI no son discriminadas en esta pandemia en cuanto al acceso al derecho a la salud, y deben tomar medidas que impidan la discriminación de este colectivo y sobre todo cualquier acción que ponga en riesgo su seguridad y sus vidas", señaló Carlos Sanguino.

Reconocimiento legal de personas trans en España

También en países como España la reforma de la Ley 3/2007 de 15 de marzo sobre personas transgéneroreguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, sigue esperando como consecuencia de la pandemia. Amnistía Internacional recuerda que es imprescindible adoptar todas las medidas necesarias para permitir a las personas trans adecuar la realidad legal a la identidad de género sentida mediante un procedimiento rápido y accesible, para lo que urge suprimir todo requisito médico. La ley debe suprimir las restricciones arbitrarias en cuanto a la edad para el reconocimiento legal del género, evaluándose cada caso concreto, y teniendo en cuenta la opinión libremente expresada por la persona menor sobre su interés superior, con arreglo a la evolución de sus capacidades.

Homofobia social y violencia contra el colectivo

Durante estos meses, líderes políticos y religiosos han intentado responsabilizar de la pandemia al colectivo LGBTI, e incluso administraciones permitieron trato cruel contra miembros de la comunidad LGBTI. En Israel o en Turquía, relevantes líderes religiosos aseguraron que la COVID-19 era un castigo divino por la homosexualidad, y que este colectivo tenía más riesgo de contraer la enfermedad. También en Turquía, líderes locales, veían detrás del arcoiris, símbolo internacional de la unión frente a la pandemia, una campaña encubierta para convertir a los y las menores en homosexuales.

Un rebrote del virus en Corea del Sur, al parecer en una zona de locales LGBTI, disparó la homofobia y las amenazas en las redes hacia el colectivo LGBTI, lo que dificultó a las autoridades localizar a las personas que pudieran estar contagiadas y tomar medidas para frenar dicho rebrote. Mientras, en países como Filipinaso Uganda, se toleraron tratamientos humillantes y violencia contra personas LGBTI bajo el pretexto de no cumplir los protocolos de la cuarentena. Los agentes de los barangay, policías locales filipinos, humilllaron sexualmente con total impunidad a miembros de la comunidad LGBTI, o en Uganda se produjeron el pasado 23 de marzo detenciones discriminatorias contra 23 personas atendidas por la Fundación Children of the Sun, que denunció violencia y que se les requisó todo el tratamiento para atender a las personas enfermas de VIH.

Todavía hoy en 70 países en el mundo se siguen penalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, y en 12 de ellos puede suponer pena de muerte.

Activistas en el punto de mira

Activistas LGBTI siguen siendo hostigados/as, también en plena pandemia. Es el caso de Elżbieta Podleśna, destacada activista polaca. El 6 de mayo de 2019, recién llegada de un viaje con Amnistía Internacional a Bélgica y Países Bajos, la policía registró su casa y fue arrestada y permaneció varias horas bajo custodia por supuestamente tener carteles que mostraban a la Virgen María con un halo de colores arcoíris. Fue acusada de "ofender creencias religiosas". Sigue a la espera de juicio, y si es declarada culpable, podría enfrentarse a dos años de prisión, por un ejercicio de libertad de expresión.

Buenas noticias

También en lo que va de año, se han producido buenas noticias para el colectivo LGBTI. El pasado mes de enero, en Irlanda del Nortepor primera vez las parejas del mismo sexo pudieron inscribirse en el registro para contraer matrimonio. Y el pasado 26 de mayo, Costa Rica legalizaba también el matrimonio homosexual.

Por otro lado, Alemaniaprohibía el pasado 8 de mayo el uso de "terapias de conversión", por considerar que la homosexualidad no se trata de una "enfermedad" y por tanto no precisa "curación". En esta línea Naciones Unidas en un informe reciente coincidía en este enfoque y constataba que "se realizan a través de intervenciones que causan grave dolor y sufrimiento y provocan daños físicos y psicológicos", lo que puede ser considerado tortura y malos tratos crueles y degradantes. En Estados Unidos, el Tribunal Supremo dictaba el pasado 15 de junio una sentencia histórica en la que aseguraba que los y las trabajadoras no pueden perder sus empleos por pertenecer al colectivo LGBTI.

Orgullo virtual

Ante la imposibilidad de que este año se puedan celebrar manifestaciones del Orgullo LGBTI, debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, Amnistía Internacional España animará a la decoración de balcones con colores arcoíris promovida por la Federación Estatal de Gais, Lesbianas, Trans y Bisexuales; y participará el próximo 4 de julio desde las 19.00 horas, en la marcha virtual, a través de la web oficial del Orgullo LGBTI.

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Dos años de cárcel por pintar un arcoíris: ¡ayúdanos a que Elżbieta Podleśna no vaya a la cárcel!

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