Ante la sentencia de un Tribunal de Apelación que resuelve que dos comunidades del delta del Níger no pueden demandar judicialmente al gigante del petróleo Shell en Reino Unido porque no cabe imputar a la sociedad matriz la responsabilidad de los actos de su filial en Nigeria, Joe Westby, encargado de campañas de Amnistía Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos, ha declarado: “Con esta resolución, el tribunal ha infligido un golpe no sólo a las comunidades Ogale y Bille, que viven todos los días con las devastadoras consecuencias de los vertidos de petróleo de Shell, sino a las víctimas de los abusos contra los derechos humanos que cometen las empresas en todo el mundo. Esta sentencia sienta un peligroso precedente y hará más difícil exigir responsabilidades a las empresas de Reino Unido.
“La idea de que las poderosas multinacionales no son responsables de la conducta de sus filiales en otros países ha permitido que Shell eluda la responsabilidad de toda una serie de escandalosos abusos contra los derechos humanos cometidos durante decenios. Este es un ejemplo clarísimo de los obstáculos casi insuperables que para obtener justicia afrontan las personas que se luchan contra poderosas multinacionales. “Los documentos internos de Shell muestran que la sede central de la empresa conoce muy bien desde hace decenios la masiva contaminación por petróleo causada por sus operaciones en Nigeria y que ha elegido no ponerlas fin. Si no se puede exigir responsabilidades a Shell por estos abusos bien documentados, ¿qué esperanza hay de que otras empresas respondan ante la justicia de sus actos? Las comunidades llevarán ahora su lucha por la justicia al Tribunal Supremo; esta podría ser su última oportunidad para que recuperar su medio ambiente”. Información complementaria Las comunidades Ogale y Bille presentaron en 2016 sendas demandas contra Royal Dutch Shell plc (RDS) y su filial nigeriana, de la que posee el 100%, Shell Petroleum Development Company of Nigeria (SPDC). La decisión de hoy desestima el recurso presentado por las comunidades contra una sentencia de enero de 2017 que establecía que no cabía responsabilizar a RDS de los actos de SPDC. En una decisión dividida, una sala de tres magistrados resolvió desestimar la demanda.“Esta sentencia sienta un peligroso precedente que hará más dificil exigir a las empresas responsabilidades sobre los abusos que cometen”Joe Westby, Amnistía Internacional