Una delegación de activistas de derechos humanos y dirigentes comunitarios de Ecuador se unió a Amnistía Internacional en Washington D.C. la semana pasada para presentar devastadores relatos de primera mano de graves violaciones de derechos humanos y del impacto que las economías ilegales tienen en las comunidades indígenas y campesinas de todo Ecuador, y para instar al gobierno de Estados Unidos a ayudar a poner fin a estas violaciones de derechos humanos.
La delegación —compuesta por Amazon Watch, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos CEDHU, CDH Guayaquil, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, FOIN, y comunidades afectadas por la militarización— mantuvo reuniones con autoridades del gobierno estadounidense, incluidos miembros del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el Comité de Asuntos Exteriores del Senado y el Departamento de Estado, concretamente de la Oficina para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Oficina de Asuntos Político-Militares. También se reunió con representantes del Consejo de Seguridad Nacional de la Presidencia de Estados Unidos.
Asimismo, se reunió con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), y varios responsables de mandatos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para destacar la gravedad de los abusos contra los derechos humanos cometidos en Ecuador. Los debates incluyeron los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, la situación de las personas detenidas, la libertad de expresión, la situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida la criminalización de quienes ejercen activismo para defender sus tierras y territorios, y los derechos de las comunidades indígenas y campesinas.
“Estados Unidos puede implicarse más en ayudar a Ecuador a abordar su crisis de seguridad y poner fin a estas violaciones de derechos humanos”, ha declarado Daniel Noroña, director de Trabajo de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Aunque Ecuador ha recibido de Estados Unidos más de 200 millones de dólares en concepto de ayuda extranjera para asistencia a la seguridad, persiste una honda preocupación sobre la protección de los derechos humanos en la situación de creciente violencia y militarización. ¿Dónde está la rendición de cuentas? El Congreso, el Senado y el poder ejecutivo deben exigir activamente a sus homólogos ecuatorianos que la asistencia financiada por los contribuyentes se utilice de acuerdo con los derechos humanos internacionales y con las leyes federales estadounidenses. Ecuador no puede ser olvidado por la comunidad internacional.”
Según las organizaciones, los abusos contra los derechos humanos se han cometido en el contexto de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Ecuador (algunas de las cuales están financiadas por Estados Unidos), la expansión de la delincuencia organizada y las crecientes amenazas contra quienes defienden los derechos humanos. Además, se planteó la preocupación por la reducción el espacio de la sociedad civil y de los periodistas, así como por las violaciones de derechos humanos cometidas en las prisiones ecuatorianas.
Desde el 9 de enero de 2024, tras una oleada de violencia que sacudió a la sociedad ecuatoriana, el gobierno del presidente Noboa declaró el estado de emergencia debido a la grave agitación interna, y lo acompañó de la declaración de un “conflicto armado no internacional”, como medida para abordar la inseguridad, la crisis penitenciaria y la delincuencia organizada. Sin embargo, varios meses después de la implementación de estas medidas, ha surgido la preocupación en torno a su efectividad.
Pese a los esfuerzos realizados, no se han emprendido acciones estructurales para desmantelar las afianzadas redes de delincuencia organizada o reducir la violencia. Las políticas se han centrado en la militarización de las penitenciarías, las zonas costeras y las zonas fronterizas, sin abordar la proliferación de economías ilegales. Ante este telón de fondo, los informes de abusos contra los derechos humanos han aumentado, unidos a las operaciones policiales y militares en las calles y en las prisiones, que se han llevado a cabo con poca transparencia. En los últimos tres meses, Amnistía Internacional ha informado sobre denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidas tortura, ejecuciones extrajudiciales y amenazas y ataques contra personas que defienden los derechos humanos, y lo ha hecho en recientes presentaciones ante órganos de tratados de las Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos.
