Los gigantes del vehículo eléctrico BYD, Mitsubishi y Hyundai son los fabricantes que salen peor parados en una nueva clasificación del sector en materia de derechos humanos realizada por Amnistía Internacional. El estudio revela que los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo no están mostrando debidamente cómo abordan los riesgos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales, dejando a las comunidades en peligro de explotación, riesgos para la salud y daños ambientales causados por la rápida expansión de la minería necesaria para obtener los metales empleados en la fabricación de baterías.
En su nuevo informe, Recharge for Rights: Ranking the Human, Rights Due Diligence Reporting of Leading Electric Vehicle Makers, Amnistía Internacional aplica criterios basados en normas internacionales para evaluar exhaustivamente las políticas de diligencia debida en materia de derechos humanos y prácticas autodeclaradas de 13 grandes fabricantes de vehículos eléctricos y elabora una tabla de calificación. En ella se indica qué marcas de automóviles cumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos y se resalta cuáles no muestran que están abordando los motivos de preocupación en este respecto.
En vista de que la demanda mundial de minerales para baterías va en aumento, Amnistía pide a los fabricantes en su informe que identifiquen y mitiguen los riesgos para los derechos humanos que conllevan sus cadenas de suministro, como desalojos forzosos, daños para la salud derivados de la contaminación ambiental y abusos contra los derechos humanos de los pueblos indígenas en países donde se extraen tales minerales, como Filipinas y República Democrática del Congo.
“El gran auge de la demanda de metales para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos está ejerciendo una presión inmensa sobre las comunidades afectadas por su minería”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Los abusos contra los derechos humanos ligados a la extracción de minerales para la transición energética son alarmantes y generalizados, y la respuesta de la industria brilla por su ausencia. Las comunidades sufren desalojos forzosos, problemas de salud causados por la contaminación y dificultades de acceso al agua.”
“Los abusos contra los derechos humanos ligados a la extracción de minerales para la transición energética son alarmantes y generalizados, y la respuesta de la industria brilla por su ausencia. Las comunidades sufren desalojos forzosos, problemas de salud causados por la contaminación y dificultades de acceso al agua. Ante el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, los fabricantes deben garantizar que se respetan los derechos humanos.”
Resultados dispares en todos los ámbitos
La tabla de calificación de Amnistía, que puntúa sobre 90, evalúa el desempeño de las empresas en función de criterios como el compromiso con políticas de derechos humanos, el proceso de identificación de riesgos, el mapeo y los informes sobre la cadena de suministro, y las medidas de reparación.
Ninguna de las empresas superó los 51 puntos en la evaluación de Amnistía Internacional sobre diligencia debida en materia de derechos humanos. La última empresa de la lista era la china BYD, que sólo obtuvo una calificación de 11/90. La alemana Mercedes-Benz fue la que puntuó más alto, con 51/90.
“Aunque hubo algún avance, las calificaciones en general fueron una gran decepción. BYD, uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos, y de crecimiento más rápido, obtuvo el último puesto en nuestra evaluación. Esto pone de manifiesto una grave falta de transparencia sobre su diligencia debida en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de baterías”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Otras empresas con baja puntuación, como Hyundai y Mitsubishi, no aportan información en profundidad sobre la implementación en todas las áreas clave de diligencia debida en materia de derechos humanos. Estas empresas informan sobre compromisos que a menudo son imprecisos, y aportan escasas pruebas de medidas significativas adoptadas, lo que demuestra que aún les queda un largo camino que recorrer para cumplir las normas internacionales.”
Empresas como Renault y General Motors, aunque han manifestado su compromiso con la diligencia debida en materia de derechos humanos y superan en puntuación a otras empresas, siguen aportando escasa evidencia de que han incorporado plenamente estos compromisos a las operaciones de su cadena de suministro, con información limitada sobre sus evaluaciones de riesgos y la participación de grupos de interés, y falta de transparencia en lo referente a la cadena de suministro.
“La falta de transparencia en torno a las cadenas de suministro mostrada por estas empresas es un grave problema si se tiene en cuenta la probabilidad de que estén abasteciéndose de baterías fabricadas con minerales como el cobalto o el níquel, cuya minería se realiza en condiciones que pueden perjudicar los derechos humanos”, ha afirmado Agnès Callamard.
Impacto en las comunidades indígenas
Si bien es imperativa para acelerar la descarbonización y ayudar a frenar el ritmo de subida de la temperatura global, la transición rápida de los vehículos impulsados por combustibles fósiles a los vehículos eléctricos tiene un coste oculto.
“La actividad de extracción de los minerales empleados en los vehículos eléctricos puede conllevar grandes riesgos para las personas y el medioambiente. Investigaciones anteriores de Amnistía Internacional han demostrado que el cobalto industrial está relacionado con los desalojos forzosos de la República Democrática del Congo. Las empresas de automóviles, como compradores internacionales de minerales, deben ejercer su enorme influencia sobre las empresas mineras y fundidoras para que mitiguen estos riesgos en materia de derechos humanos”, ha dicho Agnès Callamard.
En cuanto a revelar el mapeo de las cadenas de suministro, empresas como BYD, Geely Auto, Hyundai, General Motors y Mitsubishi Motors obtienen las calificaciones más bajas al no proporcionar información detallada sobre sus cadenas de suministro. BYD llega al extremo de no revelar los nombres de fundiciones, refinerías y yacimientos mineros. Geely Auto sólo facilita localizaciones generales de proveedores, sin especificar los yacimientos concretos de extracción de los minerales.
La misma falta de transparencia muestran Hyundai y Mitsubishi Motors, al no aportar pruebas de un mapeo completo de la cadena de suministro ni identificar los yacimientos de minería de cobalto, cobre, litio y níquel, lo que dificulta a las partes interesadas comprobar cómo afectan estas operaciones a las comunidades cercanas.
Seguir avanzando
Todas las empresas, incluidas las implicadas en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos, tienen el deber de respetar todos los derechos humanos dondequiera que operen. Para cumplir su responsabilidad de respetar los derechos humanos, como subrayan los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas deben ejercer la diligencia debida en esa materia para identificar, prevenir y mitigar los efectos adversos sobre estos derechos que puedan causar o contribuir a causar o que guarden relación directa con sus operaciones, productos o servicios, y para rendir cuentas sobre sus medidas para abordarlos.
Aunque algunas empresas evaluadas han adoptado medidas para reconocer sus obligaciones en materia de derechos humanos y ajustar sus políticas empresariales a las normas internacionales sobre esos derechos, todavía es necesario hacer mucho más. Por ejemplo, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Stellantis, Tesla y VW Group, aunque han obtenido las calificaciones más altas, aún pueden hacer más para demostrar que aplican tales políticas abordando los riesgos en materia de derechos humanos y proporcionando reparación efectiva a las personas afectadas.
“Ante el impulso que está ganando la transición mundial a los vehículos eléctricos, la competición global que fomenta y los grandes beneficios que genera, Amnistía Internacional pide a todos los fabricantes de automóviles que mejoren sus medidas de diligencia debida en materia de derechos humanos y las pongan en consonancia con las normas internacionales sobre esos derechos”, ha afirmado Agnès Callamard. “Asimismo pedimos a los gobiernos que refuercen su propia regulación de la diligencia debida en materia de derechos humanos sobre las empresas incorporadas a su territorio o sus licencias de exportación e importación.”
“Los rezagados deberán hacer más esfuerzos y darse más prisa para demostrar que los derechos humanos no son palabras huecas sino un asunto que se toman muy en serio. Es el momento de cambiar de marcha y asegurarse de que los vehículos eléctricos no dejan un legado de abusos contra los derechos humanos. La industria debe impulsar un futuro energético justo sin dejar a nadie atrás.
FIN
