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México: Aprobación apresurada de leyes de seguridad pública pone en riesgo los derechos humanos

AP Photo/Marco Ugarte, File

El Congreso de México se apresta a aprobar un paquete de leyes en materia de seguridad pública con normas contrarias al derecho internacional que pondrían en riesgo los derechos humanos de la población y socavarían así la estrategia de seguridad del nuevo gobierno, señaló hoy Amnistía Internacional.

“Si el Congreso aprueba esta legislación, la Guardia Nacional se constituirá en un todopoderoso cuerpo de seguridad, sin supervisión independiente, con perniciosas facultades como detener personas migrantes y permitir el uso de la fuerza si consideran que las manifestaciones públicas no son legítimas”, señaló Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

El Senado mexicano aprobó el martes 21 de mayo cuatro leyes en materia de seguridad como parte de un acuerdo legislativo para implementar la nueva Guardia Nacional impulsada por el gobierno federal. Si bien las nuevas leyes tienen avances para la protección de los derechos humanos, cuentan también con una serie de retos y de graves errores que podrían provocar más abusos en un país asolado por más de una década de crisis de seguridad y de violaciones a los derechos humanos.

“Integrantes del Senado señalaron públicamente que las recomendaciones de Amnistía Internacional estaban retomadas en los borradores, hasta entonces secretos, que estaban discutiendo. Sin embargo, las leyes tienen deficiencias que la organización pudo haber señalado si el Senado hubiese permitido la participación efectiva de organizaciones de la sociedad civil”, dijo Tania Reneaum.

Amnistía Internacional se encuentra preocupada por varias normas incluidas en la legislación que están en contra de normas y estándares de derechos humanos. Entre ellas, la ausencia de mecanismos independientes de control del actuar de las policías y de la Guardia Nacional, y la falta de salvaguardas para limitar el uso de la fuerza durante manifestaciones, la ley autorizaría, por ejemplo, el uso de la fuerza cuando éstas no tengan un “objeto licito”, requisito que sería valorado por las propias fuerzas de seguridad, incluida la Guardia Nacional.

La esperada creación de una ley de uso de la fuerza fue ensombrecida por contradicciones en su texto y errores técnicos que van desde las definiciones erróneas de uso de la fuerza y de tipos de armas hasta requisitos insuficientes para autorizar el uso de fuerza letal. La ley tiene un peligroso listado de conductas que autorizarían el uso de fuerza letal sin mayores controles y sin exigir una decisión que tome en cuenta las circunstancias de cada caso.

Amnistía Internacional nota con preocupación que, si bien los principios que deben regir del uso de la fuerza, que son legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas, están mencionados en la legislación, su definición se aleja de los estándares internacionales y su uso es problemático y contradictorio, pues algunos artículos de la ley parecen establecer un menor grado de protección de los derechos humanos.

La organización saluda la creación de un registro de detenciones que podría ser un paso importante para prevenir detenciones arbitrarias y otras violaciones de derechos humanos como la tortura y las desapariciones forzadas. La organización se mantendrá atenta a su implementación y a la creación, ordenada por la misma ley, de un registro de detenciones de personas migrantes que deberá responder a las normas de protección internacionales sobre estas poblaciones.

“Lamentamos la prisa y la opacidad con que el Senado aprobó estas leyes sin hacer públicos sus borradores, lo que impidió que recibiera contribuciones puntuales de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, de los organismos internacionales de derechos humanos y de otras personas expertas. Este es un error que la Cámara de Diputados tiene posibilidad de enmendar para asegurar la mayor protección a los derechos humanos y, para tal fin, la organización está dispuesta a contribuir con insumos técnicos para el proceso legislativo”, apuntó Tania Reneaum.

Las leyes aprobadas por el Senado de la República son la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y modificaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas leyes deberán ser discutidas por la Cámara de Diputados para ser aprobadas definitivamente. Amnistía Internacional insta a los miembros de la Cámara de Diputados a adoptar las modificaciones necesarias para que las leyes respeten el derecho internacional de los derechos humanos.