Menor ejecutado a pesar de las peticiones de clemencia

Londres.- Amnistía Internacional ha presenciado con indignación cómo Irán, una vez más, ha ejecutado a un menor, declarado culpable de un crimen que se cometió antes de que él cumpliera los 18 años. Rostam Tajik, ciudadano afgano de 22 años de edad, fue ejecutado públicamente en Isfahán el 10 de diciembre: irónicamente, el mismo día que la ONU conmemora anualmente como Día de los Derechos Humanos. Según los informes, fue condenado a qisas (represalia) por la Sección 9 del Tribunal General de Isfahán por el asesinato –cometido en mayo de 2001, cuando él tenía 16 años– de una mujer, Nafiseh Rafi’i. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo. Según el periódico iraní Keyhan, Rostam Tajik, aprendiz del esposo de Nafiseh Rafi’i, entró en la casa de la pareja para robar. Sin embargo, una vez dentro, mató a la mujer y cortó la garganta a su hija de 11 años, cuyos gritos alertaron a los vecinos. Rostam Tajik huyó, y los vecinos llevaron a la hija al hospital, donde pudieron salvarle la vida. Rostam Tajik escapó a Qazvin, al oeste de Teherán, pero fue detenido más tarde. El 9 de diciembre, Philip Alston, relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, pidió a las autoridades iraníes que no siguieran adelante con la ejecución. El relator especial ha declarado: “En un momento en que prácticamente todos los demás países del mundo han renunciado firme y claramente a la ejecución de personas por delitos que cometieron siendo menores, el enfoque iraní resulta especialmente inaceptable [...] Y resulta aún más sorprendente porque la obligación de abstenerse de esas ejecuciones no es sólo clara e incontrovertible, sino también porque el propio gobierno de Irán ha declarado que cesará esta práctica”. Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, Irán se ha comprometido a no ejecutar a ninguna persona por un delito que se cometiera cuando esa persona fuera menor de 18 años. Sin embargo, en lo que va de año Irán ha ejecutado al menos a ocho menores, dos de los cuales aún no habían cumplido los 18 años en el momento de ser ejecutados. El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, que vigila la aplicación por parte de los Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño, instó en enero de 2005 a Irán a suspender de inmediato todas las ejecuciones de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y a abolir el uso de la pena de muerte en esos casos. El Comité dijo que deploraba el hecho de que Irán hubiera seguido llevando a cabo ese tipo de ejecuciones incluso después de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. Entre esas ejecuciones se encontraba la de Iman Farokhi, condenado por un delito que se cometió cuando tenía 17 años y ejecutado el mismo día en que el Comité examinaba el segundo informe periódico de Irán. Hay un proyecto de ley que prohibiría el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por personas menores de 18 años y que lleva ya cuatro años estudiándose, pero aún no se ha aprobado. Las autoridades gubernamentales han hecho además una distinción entre el asesinato (castigado con qisas) y otros delitos punibles con la muerte, indicando que, aunque se promulgara, el proyecto de ley no impediría la ejecución de todas las personas que fueran menores de 18 años en el momento de cometerse su delito. Amnistía Internacional insta al gobierno iraní a tomar urgentemente las medidas necesarias para garantizar que ninguna persona en Irán puede ser condenada a muerte por ningún delito, incluido el asesinato, cometido cuando esa persona fuera menor de 18 años. Irán ha ejecutado al menos a otras cinco personas desde principios de diciembre.