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Los Juegos Olímpicos y los derechos humanos

Londres.- Concluidos los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, los preparativos para los de 2008 en Pekín están en marcha. “Amnistía Internacional se alegra de que China vaya a ser objeto de la atención mundial en los cuatro años que quedan hasta 2008. En China se cometen diariamente graves abusos contra derechos humanos fundamentales. Debemos aprovechar esta atención para poner fin a estos abusos y garantizar la conservación de la dignidad humana, como afirma la Carta Olímpica."

 

Cuando Pekín fue elegida como sede de los Juegos, en 2001, dirigentes chinos y del Comité Olímpico afirmaron que los derechos humanos en China mejorarían al ser el país anfitrión.

 

Por ejemplo, Francois Carrard, director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), afirmó que “apostaba” por la mejora de los derechos humanos; Jacques Rogge, presidente del COI, dijo: “Estamos convencidos de que los Juegos Olímpicos mejorarán el expediente de derechos humanos de China”, y Wang Wei, secretario general del Comité Organizador de Pekín, señaló: “Confiamos en que la venida de los Juegos a China no sólo promocione nuestra economía, sino también mejore los derechos humanos”.

 

“Hay muy poco que apoye estas afirmaciones de confianza, al menos hasta ahora”, afirma Amnistía Internacional. “Sin embargo, nuestra intención es utilizar la atención que despierta la Olimpiada para presionar todo lo que podamos en los años que quedan para su celebración, a fin de ver los derechos humanos en China mejorar más allá de lo que afirman los dirigentes chinos y olímpicos”.

 

Desde la elección de Pekín como anfitriona de la Olimpiada, en 2001, prácticamente no ha mejorado nada el expediente de derechos humanos de China. La inminente llegada de la llama olímpica ha tenido un escaso efecto en este ámbito. Por el contrario, la reubicación forzosa de comunidades enteras sin ofrecerles ninguna compensación o con compensaciones mínimas para ganar terreno para las instalaciones olímpicas de Pekín es un ejemplo de cómo los derechos humanos en realidad se han deteriorado como consecuencia directa de los preparativos de la Olimpiada.

 

Uno de los proyectos de construcción que las autoridades de Pekín han sacado a concurso bajo el lema “Un nuevo Pekín, una nueva Olimpiada: una oportunidad para China y para el mundo” es una cámara de ejecución en la que los condenados a muerte por el Tribunal Popular Superior de Pekín serán ejecutados mediante inyección letal.

 

"Amnistía Internacional cree que una cámara de ejecución es una negación clara de la conservación de la dignidad humana que Pekín, como anfitriona de los Juegos Olímpicos, se ha comprometido a respetar y defender."

 

Ser sede de la Olimpiada es un importante espaldarazo internacional para el pueblo chino. Ahora es tarea del gobierno defender “el respeto por los principios éticos fundamentales universales” y mejorar significativamente los derechos humanos de sus ciudadanos.

 

Información complementaria

Entre los aspectos de derechos humanos que necesitan mejorar claramente en China figuran:

 

Pena de muerte: China sigue ejecutando a más personas cada año que todos los demás países del mundo juntos. Un importante legislador del suroeste del país afirmó recientemente que en China se ejecuta a “casi 10.000” personas al año. Amnistía Internacional pide la suspensión inmediata de la pena de muerte como paso previo hacia la abolición.

 

“Reeducación por el trabajo”: En China hay más de 250.000 personas detenidas en campos de trabajo por cargos vagamente definidos. Personas que nunca han recibido asistencia letrada ni han comparecido ante un tribunal, y cuya situación carece de cualquier forma de supervisión judicial. Amnistía Internacional pide que la “reeducación por el trabajo” sea suprimida inmediatamente.

 

Tortura: Es una práctica endémica en el país, y hay grandes probabilidades de que una persona que pase por el sistema de justicia penal sea torturada en alguna etapa de este tránsito. Amnistía Internacional pide al gobierno chino que coopere plenamente con el relator especial sobre la tortura y que aplique con carácter de urgencia todas las recomendaciones que se le formulan.

 

Libertad de expresión y religión: Miles de personas son detenidas y condenadas cada año por ejercer pacíficamente dos derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de religión. Amnistía Internacional pide que se reconozcan y reflejen en la ley garantías constitucionales a la libertad de expresión y religión, y que las personas detenidas por ejercerlas pacíficamente sean puestas en libertad inmediatamente.