Las autoridades egipcias han iniciado una nueva oleada de detenciones arbitrarias contra decenas de personas con ocasión de las protestas antigubernamentales, convocadas en un clima de creciente descontento público debido a la subida de los precios y los continuos cortes de electricidad, ha declarado hoy Amnistía Internacional.
Desde principios de julio, las fuerzas de seguridad egipcias han sometido a detención arbitraria a 119 personas, entre ellas al menos siete mujeres y un menor de edad, en seis o más provincias, en relación con el llamamiento en Internet a celebrar la “Revolución de la Dignidad” el 12 de julio. Las personas detenidas publicaron en sus cuentas de las redes sociales llamamientos a protestar y a destituir el gobierno del presidente Abdel Fattah al Sisi, basándose en el incremento de los precios y los cortes de electricidad que llevaban produciéndose todo el año. Las protestas no llegaron a materializarse.
“Es absolutamente vergonzoso que en Egipto protestar por el empeoramiento de las condiciones económicas y el nivel de vida suponga acabar en prisión. En lugar de silenciar a la población por expresar su descontento y seguir utilizando tácticas brutales para erradicar toda protesta pública, el gobierno de Egipto debe tomar medidas concretas dirigidas a realizar los derechos sociales y económicos de las personas”, ha declarado Mahmoud Shalaby, investigador de Amnistía Internacional sobre Egipto.
“Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.”
“Las autoridades egipcias deben poner en libertad inmediata e incondicional a todas las personas recluidas arbitrariamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Además, deben garantizar que la población pueda ejercer su derecho a la protesta sin temor a represalias”.
Egipto ha experimentado un aumento del descontento entre la población, que tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas ante las subidas de los precios de los alimentos y el combustible, junto con la escasez de medicamentos en todo el país.
En enero de 2024, la población egipcia se vio afectada por una sucesión de aumentos de precios, en especial de las tarifas de las telecomunicaciones y los billetes de metro. El gobierno egipcio aplica desde julio de 2023 medidas de ahorro, que incluyen cortes de electricidad de dos horas diarias en todas las regiones del país, exceptuando algunas provincias de gran afluencia turística. Los cortes repercuten en diversos aspectos de la vida en el país, como el acceso al agua, puesto que se precisan bombas eléctricas para llegar a las plantas más altas de muchos edificios. Los medios de comunicación locales han notificado las muertes de varias personas que quedaron atrapadas en un ascensor durante los cortes.
Amnistía Internacional entrevistó a especialistas en derechos humanos a cargo de la asistencia letrada de ocho personas detenidas, entre ellos abogados de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales (EIPR) y de la Comisión de Derechos y Libertades de Egipto (ECRF), que indicaron que, a fecha de 16 de julio de 2024, el número total de personas llevadas ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado (SSSP) por las causas penales que afectaban a sus clientes debido al llamamiento a protestar era de 119.
Ocho de las personas detenidas, de edad comprendida entre los 30 y los 60 años, no tenían antecedentes por activismo político y sus entornos y profesiones eran muy diversos. Siete habían publicado contenidos en Facebook y X (antes Twitter) con el hashtag “Revolución de la Dignidad” para llamar a las protestas contra el gobierno. Una de ellas publicó un vídeo en el que pedía al Parlamento que iniciara el proceso para destituir al presidente Abdel Fattah al Sisi.
Las fuerzas de seguridad detuvieron a las ocho personas en sus respectivos domicilios y lugares de trabajo en las provincias de El Cairo, Giza, Al Gharbia, Beni Souif, Mar Rojo, Alejandría y Menoufia para luego trasladarlas a comisarías o dependencias de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), donde mantuvieron incomunicadas a siete de las ocho personas entre dos y cinco días. Agentes de la NSA las interrogaron con los ojos vendados —lo que constituye malos tratos— y sin asistencia letrada.
Después, las autoridades llevaron a las personas detenidas ante la SSSP, que abrió investigaciones contra ellas con cargos de “unirse a un grupo terrorista”, publicar “noticias falsas” y “hacer uso indebido de las redes sociales”. La fiscalía ordenó la detención preventiva de estas ocho personas, junto con otras 111 que se enfrentaban a cargos similares, durante 15 días en espera de las investigaciones. Las pruebas contra las ocho personas detenidas eran capturas de pantalla de sus cuentas en las redes sociales, además de su teléfono móvil personal.
La fiscalía de la SSSP interrogó a las personas detenidas acerca de su vida personal y profesional, las razones por las que apoyaban el llamamiento a protestar y si esperaban o no que la población saliera a la calle el 12 de julio.
Un detenido de unos cuarenta años refirió a la fiscalía que era padre de tres menores y que tenía problemas para mantenerlos, pese a trabajar muchas horas en un empleo físicamente exigente, lo que le había llevado a apoyar el llamamiento para expresar su indignación.
Otro detenido de unos treinta años que trabajaba en una empresa privada explicó a la fiscalía que había escrito “Basta, Sisi, márchate” porque ya no conseguía cubrir sus necesidades vitales, dado que el salario nunca era suficiente a causa del aumento de los precios.
Información complementaria
Amnistía Internacional ya había documentado anteriormente que las autoridades egipcias llevaban a cabo detenciones preventivas masivas contra cientos de personas con ocasión de los llamamientos a protestar en la antesala de la COP27, en 2022.
Desde 2013, las autoridades egipcias reprimen con dureza los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica y acallan las voces críticas dentro y fuera de Internet. Miles de personas real o supuestamente críticas con el gobierno siguen siendo sometidas a detención arbitraria.
