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Los derechos humanos deben ser la piedra angular de la nueva Constitución

Manifestantes por la paz, la libertad de expresión y un estado secular en Túnez el pasado 16 de octubre, en los días anteriores a las elecciones a la Asamblea Constituyente. Autor: European Parliament/Ezequiel Scagnetti bajo licencia CC BY-NC-ND 2.0

Amnistía Internacional insta a la Asamblea Constituyente Nacional, que hoy se reúne por primera vez para redactar la nueva Constitución de Túnez, a garantizar que se abordan los defectos de la antigua Constitución y que en el nuevo texto se incorporan garantías fundamentales de derechos humanos.

La Asamblea debe, ante todo, reflejar en la nueva Constitución las obligaciones internacionales contraídas por Túnez en materia de derechos humanos, en particular respecto a: la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos por encima del derecho nacional; el principio de no discriminación; la protección del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica; la independencia del poder judicial; las garantías judiciales en el sistema de justicia penal; la protección frente a la tortura y otras formas de malos tratos; el derecho a la vida; y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales.

Las disposiciones de la antigua Constitución tunecina –suspendida el 23 de marzo de 2011– no protegían los derechos humanos básicos y las libertades fundamentales de la población de Túnez. Los miembros de la oposición política, los activistas, los defensores y defensoras de los derechos humanos y, en la práctica, cualquiera que manifestara una opinión discrepante eran reprimidos implacablemente y se enfrentaban a detención y reclusión arbitraria.

Las fuerzas de seguridad y el poder judicial eran parte de la maquinaria represiva de las autoridades, en lugar de instituciones para la protección de los derechos de la población. Las condiciones penitenciarias y el trato a los reclusos eran notoriamente malos; las leyes se aprobaban para aumentar la represión, no para proteger a los tunecinos.

La tortura era generalizada, imperaba la impunidad y se utilizaba la retórica antiterrorista para justificar los abusos. Se celebraba el “milagro económico" de Túnez mientras los sindicalistas eran encarcelados y mientras amplios sectores de la población veían negado un nivel mínimo esencial de derechos económicos, sociales y culturales.

En primer lugar, y ante todo, la nueva Constitución debe mantener la supremacía del derecho internacional por encima del derecho nacional, y debe garantizar que los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales en los que Túnez es parte son exigibles ante los tribunales de justicia.

-Debe garantizarse la independencia del poder judicial, especialmente la independencia respecto al poder ejecutivo, y deben garantizarse también las salvaguardias que protegen a los jueces frente a presiones e influencias. Debe incluirse el principio de inamovilidad en el cargo. Además, la Constitución debe establecer claramente que los jueces serán nombrados sobre la base de su capacidad y su cualificación, sin recurrir a forma alguna de discriminación adversa.

-La Asamblea Constituyente Nacional debe defender y respetar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, y debe garantizar que toda restricción de estos derechos se limita exclusivamente a las permitidas por el derecho y las normas internacionales.

-Debe prohibirse la discriminación, y deben identificarse claramente las razones en base a las cuales se prohíbe de acuerdo con el derecho internacional; es decir: debe prohibirse la discriminación por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, orientación sexual, identidad de género, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Amnistía Internacional recomienda asimismo que la Asamblea incluya en la nueva Constitución una disposición que establezca claramente que las mujeres y los hombres gozan de los mismos derechos en la ley y en la práctica, y gozan de igualdad de oportunidades en el ámbito político, económico, cultural y social.

-Para garantizar un juicio justo y poner fin a la impunidad, en la nueva Constitución deben desarrollarse y definirse las salvaguardias judiciales existentes, con el fin de garantizar que se establecen las salvaguardias necesarias. Ante el legado de impunidad imperante en Túnez, la Constitución debe establecer que ningún miembro del aparato de seguridad puede actuar por encima de la ley. Otras salvaguardias que deben incluirse son la presunción de inocencia, el derecho a un abogado, la adecuación de las condiciones de reclusión a las normas internacionales, el derecho a ser informado inmediatamente de los motivos de la detención, el derecho a impugnar sin demora la legalidad de la detención, el uso exclusivo de tribunales civiles para juzgar a civiles, el derecho a contar con tiempo suficiente para preparar la defensa, la inadmisión de testimonios obtenidos mediante tortura u otras formas de malos tratos, el derecho de apelación y la indemnización por la detención ilegítima. Además, la nueva Constitución debe incluir garantías sobre el fin de la impunidad y sobre la rendición de cuentas de los responsables de violaciones de derechos humanos.

-Debe incluirse la prohibición absoluta y clara de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las disposiciones deben establecer asimismo que el derecho a no ser sometido a tortura y otros malos tratos es absoluto y no admite excepciones, y que los testimonios obtenidos mediante tortura u otras formas de malos tratos no pueden ser nunca admisibles.

-La nueva Constitución debe garantizar asimismo el derecho a la vida, y debe prohibir la pena de muerte como castigo para cualquier delito. Amnistía Internacional considera que la pena de muerte debe ser abolida, ya que viola el derecho a la vida y es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante; no es posible que un país respete plenamente los derechos humanos y, al mismo tiempo, condene a muerte a personas.

-Deben garantizarse los derechos económicos, sociales y culturales; para ello debe garantizarse el nivel mínimo de estos derechos, y debe garantizarse también la ausencia de discriminación en el acceso a servicios públicos esenciales. Asimismo, es preciso proteger y respetar los derechos laborales y sindicales y debe garantizarse que las víctimas de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales tienen acceso a remedios efectivos.

Aunque hará falta algo más que una nueva constitución para prevenir totalmente las violaciones de derechos humanos, una constitución que consagre los derechos humanos y las libertades fundamentales es una poderosa herramienta para conseguirlo. La constitución puede ser el instrumento que oriente a instituciones y autoridades en Túnez, y puede ser el garante final de los derechos de la población tunecina.

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