Un año después del comienzo de las protestas multitudinarias de Líbano, las autoridades no sólo no han atendido las demandas populares legítimas de derechos sociales y económicos, sino que, además, han recurrido cada vez más a la represión del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.
Desde el estallido de las protestas el 17 de octubre de 2019, las autoridades libanesas han hecho reiteradamente uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones mayoritariamente pacíficas, valiéndose de palizas, gas lacrimógeno, balas de goma y, a veces, munición real. Tampoco han protegido a las personas participantes en ellas de los ataques de simpatizantes armados de partidos políticos. Además, han intentado reprimir el movimiento de protesta deteniendo arbitrariamente y procesando a activistas y periodistas, incluso ante tribunales militares.
“Durante el último año, la gente se ha echado una y otra vez a la calle para participar en manifestaciones mayoritariamente pacíficas, a pesar del peligro de sufrir palizas, detenciones y citaciones de las autoridades. Muchas personas tomaron las calles después de la devastadora explosión de Beirut, aun estando heridas, e incluso entonces las fuerzas de seguridad dispararon contra ellas”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Este último año se ha caracterizado por la constante y catastrófica falta de medidas de las autoridades libanesas para atender las demandas de derechos sociales y económicos básicos, para proteger el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión, para proteger las manifestaciones de los ataques de agentes no estatales armados y para proteger el derecho a la vida. Ha transcurrido un año y la gente sigue alzando, indignada, la voz en las manifestaciones para pedir que sus dirigentes rindan cuentas.”
En vez de centrarse en atender las demandas legítimas que hicieron estallar las protestas, las autoridades han intentado silenciar con intimidaciones el activismo y las críticas. Desde noviembre de 2019 hasta la fecha, Amnistía Internacional ha documentado cómo las autoridades libanesas han emprendido una campaña de intimidación en el marco de la cual se ha citado e interrogado a más de 80 activistas por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Internet o por participar en protestas contra las autoridades.
Amnistía Internacional pide a las autoridades libanesas que pongan fin al hostigamiento a que someten a activistas y periodistas por su vinculación con el movimiento de protesta de octubre. Deben respetar el derecho a ejercer la libertad de expresión y poner fin al uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas. Deben también investigar y hacer rendir cuentas a los agentes y mandos presuntamente responsables de violaciones del derecho a la libertad de expresión y de reunión y a la justicia.
Información adicional
El 17 de octubre de 2019 estallaron protestas multitudinarias sin precedente en todo Líbano. Durante semanas, decenas de miles de personas se manifestaron pacíficamente en ciudades y pueblos de todo país para expresar arraigados motivos de queja relacionados con sus derechos sociales y económicos en el contexto de un rápido empeoramiento de la situación económica. El ejército y las fuerzas de seguridad libanesas respondieron a esas protestas mayoritariamente pacíficas con palizas, gas lacrimógeno, balas de goma y, a veces, munición real y perdigones. Centenares de manifestantes llegaron a los hospitales con heridas en los ojos, la cabeza, el cuello y el pecho, y decenas de personas más fueron detenidas y quedaron recluidas ilegalmente. Muchas denunciaron haber sufrido bajo custodia brutales palizas, que en ocasiones constituían tortura.
El 8 de agosto, miles de personas se echaron de nuevo a la calle para expresar su indignación y su duelo tras la explosión del puerto de Beirut el 4 de agosto. Su principal demanda era la rendición cuentas: hacer rendir cuentas a las autoridades responsables de poner en peligro vidas civiles. Pero la repuesta del ejército y las fuerzas de seguridad consistió en disparar contra multitudes desarmadas, hiriendo a más de 230 personas; unas recibieron el impacto de perdigones en los ojos, y otras, el de botes de gas lacrimógeno que les habían lanzado a la cabeza y la cara.
Las familias de las víctimas, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, han pedido que se abra una investigación internacional, debido a la falta de confianza en el Estado. Pero lo que han hecho las autoridades libanesas es remitir la investigación al Consejo Judicial –órgano de excepción cuyos procedimientos carecen intrínsecamente de independencia e imparcialidad y que no tiene competencia para juzgar a autoridades en ejercicio–, a pesar de las graves denuncias formuladas contra las instituciones públicas.
